Récord de periodistas atacados: 299 en dos meses

Transcurridos dos meses de protestas sociales, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advierte que los reporteros que han cubierto las manifestaciones de los últimos dos meses han sido atacados, heridos, amenazados y detenidos de manera ilegal. 

Este escenario, lejos de encontrar un freno institucional, ha sido normalizado por las principales autoridades, un grave síntoma de un Estado que descuida los pilares de la democracia. Resulta prioritario y urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga un control estricto del incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones para procurar las condiciones óptimas para ejercer una prensa independiente y libre de violencias. 

Durante estos dos meses, la FLIP ha documentado 260 casos y un total de 299 víctimas de agresiones contra la prensa, que se concentraron donde hubo puestos de resistencia de la protesta como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18).

 

En el 58% (152) de las agresiones, el agresor fue identificado como un integrante de la fuerza pública. Incumpliendo de esta manera su deber de protección y de garantes con el trabajo a periodistas y convirtiéndose en una fuerza censora.

Entre el 27 y 28 de junio recibimos 14 denuncias de ataques a periodistas: once fueron agresiones físicas y tres amenazas. Entre otros, un periodista denunció que fue golpeado con el arma de dotación en la cabeza, otro recibió un puño en la cara por parte de un agente del ESMAD mientras que hacía el cubrimiento, y dos periodistas mujeres de RCN fueron empujadas y agredidas físicamente por agentes de esta fuerza pública, en el momento que registraban en video los abusos que estos cometían.

Los cuerpos de seguridad que actúan en el contexto de manifestaciones y protestas deben tener especialmente presente que los periodistas, camarógrafos, fotoreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en las manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. La libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente.

El récord de estos registros no ha encontrado freno institucional. El silencio de las autoridades, la ausencia de un rechazo público y fehaciente de los hechos violentos y la falta de una directiva clara de cero tolerancia promueven el miedo y la autocensura. Sumado a esto, observamos indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa. Las investigaciones penales de dos casos de agresiones de fuerza pública a la prensa, plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron archivadas porque no se cumplió con un mínimo de diligencia para contactar a las víctimas y por una presunta falta de pruebas para identificar al agresor, que al parecer imposibilitaba la continuación de la investigación. Gracias a las denuncias públicas, las investigaciones fueron reabiertas.

En este sentido, solicitamos a los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, donde se han presentado el mayor número de ataques, que revisen el diseño de los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de prevención de violencia contra la prensa, que se garanticen las condiciones de seguridad para la integridad física de los reporteros y se permita ejercer el periodismo independiente. El derecho a grabar, a acceder a información y difundirla son un componente fundamental para la convivencia democrática.

Por otro lado, reiteramos que los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental para la rendición de cuentas sobre los hechos ocurridos durante las manifestaciones. En aras de respaldar esta labor es indispensable desentrañar las causas y patrones de los riesgos diferenciados a los que está expuesta la prensa en estos escenarios. Para ello, hacemos un llamado a la CIDH para que inste al Estado a formular políticas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas de manera diferenciada.