Preocupación por reiterados ataques contra la prensa en Norte de Santander

Agresiones directas

El pasado viernes, 11 de octubre, la vivienda del columnista Renso Said Sepúlveda fue violentada pero no le hurtaron nada. En su columna del diario la Opinión, Renso aseguró: “el mensaje está claro: me quieren intimidar”.

Las opiniones del columnista han generado malestar entre diferentes autoridades locales, una de ellas motivó una dura reacción de sectores políticos de la región y otra provocó una respuesta pública del Alcalde de Cúcuta, quien descalifica al periodista más no discute sus opiniones.

Desde el mes de marzo, la FLIP ha registrado que la policía del departamento ha adelantado diligencias, al parecer de control disciplinario interno, que afectan el derecho de los periodistas a reservar sus fuentes. La FLIP también registró declaraciones públicas de altos mandos policiales de la región en las que estigmatizan el ejercicio del periodismo.

Durante los meses de junio y julio, y en el marco de las protestas sociales en la región del Catatumbo se registraron siete ataques que dejaron 10 periodistas víctimas.  

Acoso judicial  

Las agresiones físicas no son las únicas violaciones a la libertad de prensa en Norte de Santander. La FLIP ha recibido el reporte de 5 casos que se enmarcan dentro de la categoría de acoso judicial. En estos, se puede evidenciar el uso de mecanismos judiciales, como denuncias penales, por los delitos de injuria y calumnia o el uso de acciones de tutela, con el fin de silenciar o castigar investigaciones periodísticas o columnas de opinión relacionadas con temas de interés público.

El caso más preocupante se encuentra en el municipio de Ocaña. En dicho lugar, durante el 2013, se han reportado tres casos de denuncias penales contra periodistas que se refieren a temas de interés público.

Los tres casos que se reportaron en Ocaña se relacionan con la administración municipal. Dos de estos surgen por inconformidades de funcionarios públicos con publicaciones relacionadas con su gestión, obviando el deber de todo servidor público a tener una tolerancia mayor a la crítica. El otro es una denuncia por parte de una empresa privada que recibió la adjudicación de una licitación para el alumbrado público de Ocaña, situación que se torna relevante al ser la ejecución de recursos públicos por parte de un privado.

La FLIP recuerda que el uso injustificado de acciones judiciales contra periodistas puede constituirse en formas indirectas de censura. Al respecto, la Declaración de principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.”

La FLIP no desconoce que la posibilidad de adelantar procesos judiciales es un derecho de todos los ciudadanos. No obstante, recuerda a las diferentes autoridades locales y funcionarios públicos del departamento que las publicaciones que se hagan sobre aspectos relacionados con su gestión son de interés público y la posibilidad de iniciar acciones judiciales es excepcional, so pena de que se cause un daño grave a la sociedad. En ese sentido, la Corte Constitucional indicó en la sentencia T 066 de 1998 que “su papel de figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la sociedad.”.

En la misma línea, la FLIP recuerda a los operadores judiciales que, al momento de decidir sobre procesos relacionados con publicaciones periodísticas, se debe valorar el interés público de los artículos que generan inconformidad y la aplicación de los estándares de libertad de expresión desarrollados en diferentes sentencias, como la C 442 de 2011 y la Sentencia de casación penal del 10 de julio de 2013. Proceso 38.909 en el caso de Luis Agustín González contra Leonor Serrano.

La FLIP hace un llamado a las autoridades locales y departamentales para atender de manera especial las denuncias realizadas por los periodistas y crear espacios para generar confianza por parte de los periodistas, quienes en varias ocasiones no se atreven a denunciar pues los agresores son los mismos funcionarios públicos.