Policía colombiana debe aclarar su relación con ‘Hacking Team’

La débil legislación sobre inteligencia en Colombia facilita el uso de herramientas tecnológicas invasivas, desproporcionadas y sin control efectivo.

Las organizaciones firmantes hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra preocupación por la debilidad de la legislación de inteligencia frente a la garantía de derechos humanos y ahora nos vemos obligadas a insistir en ello a raíz de las recientes filtraciones sobre Hacking Team y su relación con la Policía colombiana.

En este contexto, la denuncia sobre la existencia de un sistema de control remoto, proveído por Hacking Team en manos de la inteligencia colombiana, provoca sospechas acerca de la imposibilidad del Estado de controlar usos indebidos y alerta sobre la posible comisión de delitos a partir de herramientas contratadas por el Estado colombiano.

La policía, en comunicado de prensa, reconoció que adquirió una plataforma tecnológica para potencializar la capacidad de detección de amenazas del terrorismo y la criminalidad organizada en el ciberespacio colombiano. Esta compra se realizó a través de la empresa colombiana Robotec. Afirmó que la compra tiene fines legales y señaló que la adquisición se hizo a través de un proceso contractual legal. Sin embargo, las características de Galileo la han situado como una herramienta desproporcionada, un instrumento con capacidad de violación a los derechos humanos que ha sido objeto de rechazo por parte de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La seguridad nacional es un fin legítimo del Estado, un derecho de la ciudadanía y una obligación que este debe garantizar acudiendo al uso de herramientas adecuadas. Sin embargo, la impresionante capacidad de intromisión de Galileo en la vida de las personas y la potencialidad de su abuso hacen necesario que el Estado colombiano y la Policía Nacional, en particular, rindan más explicaciones. Plantear que para garantizar la seguridad de la sociedad colombiana debemos resignarnos a perder la propia, es un falso dilema sobre el cual la sociedad colombiana ya ha asumido demasiados sacrificios.

Los documentos filtrados plantean que, en Colombia, Galileo ha sido objeto de dos procesos contractuales. El primero con Robotec que está vigente hasta 2016. El otro está en proceso de contratación con NICE (empresa israelí) y debería entrar en vigencia este año. Sin embargo, hace falta aclarar y revisar los procesos contractuales, las motivaciones y evaluaciones realizadas por el gobierno para establecer si se ajustan a la ley. La policía aún no ofrece información al respecto. De hecho, contrario a lo que dice la Policía en su comunicado, sí hay pruebas de relaciones directas con Hacking Team, existen correos filtrados entre cuentas de la Policía y de ‘Hacking Team’ durante 2015, en donde se piden activaciones de “exploits” de Galileo.

Adicionalmente, de las filtraciones podemos afirmar que la adquisición del software por la inteligencia de la Policía no es la única preocupación. Surgen otras dudas que no han sido respondidas por la institución. Se menciona que el presupuesto de adquisición de Galileo está vinculado con PUMA, una herramienta para investigación criminal y no para inteligencia, una herramienta que desde hace meses la fiscalía suspendió porque estableció que podía ser usada en forma inapropiada. En otros correos, se habla de la posible existencia de una oficina de la DEA en el país que tendría acceso a todo el tráfico en línea que pasa por los proveedores de acceso a Internet en Colombia. Son temas que deben ser aclarados sin vacilar.

Las organizaciones abajo firmantes consideramos que las revelaciones sobre Hacking Team y su relación con autoridades Colombianas son de extrema gravedad, por ello:

1. Pedimos a las autoridades colombianas que, cuando se elabore y/o implemente el marco legal de inteligencia e investigación criminal en Colombia se haga énfasis tanto en  la intimidad y seguridad ciudadana como en la seguridad nacional.
2. Recordamos a las autoridades que la actividad de inteligencia y la investigación criminal deben estar orientadas por principios como los de necesidad, proporcionalidad e integridad de las comunicaciones que castigan especialmente herramientas tan intrusivas como Galileo. Estos principios rigen desde el diseño de las normas, hasta la planeación operativa (que incluye estudio de proveedores y herramientas) y la ejecución de las  mismas actividades de inteligencia.
3. Insistimos en que el uso de herramientas tecnológicas en la actividad de inteligencia o en la investigación criminal debe estar sujeto a efectivos controles judiciales, políticos, y también debe contemplar controles externos, independientes y estrictos que incluyan la participación de la sociedad civil.
4. Solicitamos un informe detallado sobre la adquisición, uso o empleo pasado, actual y potencial de la herramienta Galileo, en el cual la Policía Nacional y otras autoridades implicadas. La información develada es razón suficiente para que se rindan cuentas sobre los riesgos y potenciales vulneraciones a los derechos humanos como la intimidad, el habeas data y las libertades de expresión, circulación, reunión y asociación, así como sobre los controles legales existentes y aplicados a dicha adquisición.
5. Invitamos al Congreso de la República para que cite a un debate de control político, a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación para que indaguen si a través de esta tecnología se han consumado violaciones a los derechos humanos y delitos.

Las organizaciones abajo firmantes creemos que el gobierno tiene la oportunidad y puede aprovechar estas revelaciones en forma positiva para evitar aumentar la vulnerabilidad de la ciudadanía colombiana en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Firman:

Fundación Karisma
Colnodo
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)