Periodistas en riesgo por fallas en la UNP

• La Unidad Nacional de Protección publicó un informe sobre el avance en la reingeniería de la institución, allí anuncian que se han reducido los tiempos de las evaluaciones de riesgo.
  
  
• La FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas que denuncian fallas en los procesos de evaluación de riesgo de la UNP.
  
  
• La FLIP ha solicitado en varias ocasiones que espacios como el CERREM sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección.
  
  

La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que revise con urgencia las deficiencias que tiene el proceso de evaluación de riesgo e implementación de medidas de protección a periodistas. Es imperioso que la UNP cree alternativas dirigidas a proteger y cuidar de manera efectiva a los y las  periodistas. 

En el 2019 la Fundación conoció la propuesta de reingeniería de la UNP que derivó del “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos”, planteado dentro del Plan de Acción Oportuna del Gobierno Nacional en el año 2018. En el informe de diciembre de 2020 sobre el avance de la reingeniería, la UNP menciona que se han reducido los tiempos de la realización de los estudios gracias a elementos como la “potencialización de los medios de comunicación (llamadas, reuniones virtuales, establecimiento de enlaces en las regiones), la realización de reuniones virtuales para realizar las actividades concernientes a la evaluación del riesgo y mayor disponibilidad y continuidad de tiempo de los analistas de riesgo para realizar las actividades”. 

Sin embargo, en el último mes la FLIP ha recibido quejas de cuatro periodistas cuyos estudios de riesgo fueron realizados a finales del 2020. Estos reclamos están relacionados con el medio y la forma en las que se realizaron las entrevistas, la tardanza en el proceso de evaluación y notificación del resultado, y el rigor con el que se evalúa y custodia la información recolectada. 

La UNP no ha actuado con proporcionalidad ante la situación de riesgo de los denunciantes. Tal es el caso de uno de los periodistas a quien se le asignó un chaleco y un celular después de reportar cuatro amenazas y un desplazamiento en solo un año. Por la insuficiencia y falta de idoneidad de las medidas, el reportero no ha podido seguir ejerciendo plenamente su labor periodística.

Los cuatro periodistas coinciden en que en ningún caso los y las analistas se trasladaron hasta los lugares en donde se origina la situación de riesgo y que todas las evaluaciones se hicieron vía telefónica. Esto dificulta una lectura comprensiva y precisa sobre el contexto en el que se encuentran los periodistas, pues son elementos determinantes para establecer el nivel de riesgo.

En dos casos, periodistas de Bogotá y Sucre mencionaron que les fue cambiado el/la analista de riesgo tres veces en los cuatro meses que tardó el estudio. Uno de ellos mencionó que tuvo que proporcionar la misma documentación en las tres ocasiones. Los periodistas manifiestan que las razones de los cambios de analistas no fueron explicadas debidamente y tampoco quedó clara la trazabilidad de la información aportada. A uno de los periodistas, incluso, se le compartió información de otra persona que también se encontraba en evaluación, un error sumamente grave que pone en riesgo a la persona evaluada y que deja muchas dudas sobre el manejo seguro de la información que obtiene la UNP.  

Sumando a esto, la FLIP conoció un caso en el que una comunicadora tuvo que repetir hechos que ya conocía la Unidad, lo que revictimizó a la periodista. Además, esto no corresponde a la aplicación de un enfoque diferencial. En este caso, la persona que realizó la evaluación no contaba con el perfil necesario para realizar el estudio. 

De ninguna manera las restricciones que se han adoptado para hacer frente a la pandemia pueden debilitar el conocimiento pleno del contexto en el que están los y las periodistas. Este es esencial para un proceso de evaluación serio y completo. Es indispensable que la UNP se articule con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para obtener contextos regionales más robustos y tener en cuenta las alertas tempranas. Las fallas en los procesos de evaluación impiden que el riesgo se analice de forma idónea lo que implica que difícilmente la decisión que tome la UNP frente a la asignación de medidas corresponda de manera integral y efectiva a las necesidades de protección de los periodistas.

La Fundación ha solicitado en varias ocasiones de manera pública y privada que espacios como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) sean más transparentes y den más espacio de veeduría a las organizaciones de la sociedad civil sobre la información que se tiene en cuenta para recomendar las medidas de protección. Sin embargo, con el tiempo, este espacio se ha vuelto más restrictivo y las organizaciones de la sociedad civil tienen menos información sobre las decisiones que se toman en este comité. Esto es de suma importancia para la prevención de los hechos violentos en contra de las personas que, como los periodistas, ejercen en Colombia una labor central para garantizar la democracia y la pluralidad de voces a lo largo del territorio colombiano.