Periodista en El Espinal cumple arresto domiciliario tras sanción judicial desproporcionada

El periodista Rafael Hernández, director del medio digital Noticias Radar: Contamos la Verdad, en El Espinal (Tolima), se encuentra actualmente cumpliendo arresto domiciliario debido a un proceso de tutela en donde se intenta censurar una publicación periodística de interés público. La FLIP rechaza de manera contundente lo ocurrido y señala que este caso es especialmente grave porque evidencia cómo los mecanismos judiciales están siendo usados de manera desproporcionada para restringir la libertad de prensa, en especial cuando se trata de información de altísimo interés público.

El caso se originó en 2025, tras la publicación de una entrevista que realizó Hernández a una ciudadana sobre presuntos actos de acoso laboral en contra de Carlos Alfonso Melo, director administrativo de Cafasur, una caja de compensación local. En respuesta a dicha publicación, Melo presentó una solicitud de rectificación en la que no solo pidió corregir la información publicada, sino también exigió al medio entregar datos de las fuentes, audios, documentos, soportes de verificación e información relacionada con denuncias anónimas. Ante lo desproporcionado de la solicitud, el periodista se negó a dar respuesta y, por ello, Melo presentó una acción de tutela.

En segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué ordenó al periodista responder lo pretendido por Melo, decisión que Hernández acató en enero de este año. Sin embargo, pese a haber atendido la orden judicial, el tribunal posteriormente resolvió de manera excesiva sancionar al periodista por desacato con tres días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos. Actualmente, Hernández se encuentra cumpliendo la sanción de arresto domiciliario hasta el día sábado, tras ser notificado por la Policía.

La FLIP rechaza la sanción privativa de la libertad impuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. No es aceptable y resulta contrario a la Constitución Política que un periodista sea privado de su libertad y sancionado con una multa económica tan alta por difundir asuntos que para la ciudadanía son de altísimo interés público. La decisión adoptada por el juez resulta desproporcionada, innecesaria y excesiva, y puede generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico del municipio. Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, al afirmar que las sanciones privativas de la libertad por expresiones relacionadas con asuntos de interés público pueden convertirse en restricciones indirectas a la libertad de expresión, al generar autocensura y evitar que la información circule.

Además la presentación de exigencias como responder solicitudes formales, explicar los métodos de verificación, o entregar información sobre fuentes y materiales reservados no solo vulneran la reserva a la fuente, sino que también le dan al periodista una carga desproporcionada que puede desgastar, intimidar y obstaculizar su labor informativa.

La FLIP le solicita de manera urgente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el marco de sus competencias disciplinarias y de control sobre la actuación de los funcionarios públicos, revisen el trámite del incidente de desacato y evalúen el contenido de la decisión adoptada en dicho trámite, particularmente en el marco de las garantías del debido proceso y los estándares de libertad de expresión. Además, insta a las autoridades judiciales a que apliquen los estándares de protección a la libertad de expresión y evalúen la proporcionalidad de las sanciones impuestas en casos relacionados con el ejercicio periodístico.

En este sentido, la FLIP también le solicita a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla fortalecer los procesos de formación y capacitación de jueces en materia de libertad de expresión, ante la reiterada adopción de decisiones judiciales que desconocen los estándares constitucionales e interamericanos de protección de este derecho fundamental.

El periodismo es esencial para garantizar el acceso a información de interés público y el control ciudadano sobre las instituciones. Un periodismo libre es indispensable para la transparencia e integridad de los procesos democráticos.