Periodista de El Heraldo es víctima de acoso judicial

El Grupo Argos denunció penalmente al periodista Horacio Brieva Mariano, de El Heraldo, por los delitos de injuria, calumnia y pánico económico, en represalia por las columnas de opinión en las que ha cuestionado las presuntas afectaciones ambientales derivadas de los proyectos de construcción que adelanta la empresa en Barranquilla y su área metropolitana. Según la defensa de la empresa, Brieva incurre en una supuesta “campaña sistemática de desinformación y ataques infundados” que habría afectado el buen nombre y la reputación de la organización y que busca influir en la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas del grupo empresarial.

Entre 2022 y mayo de este año, el periodista ha publicado 42 columnas de opinión en las que expone presuntas irregularidades ambientales en proyectos del Grupo Argos, como el de la Ciudadela Mallorquín en Puerto Colombia, Atlántico, en el que denuncia la presunta deforestación de varias hectáreas de bosque seco tropical y la construcción en una zona ambientalmente protegida. Adicionalmente, la lideresa social y defensora de la naturaleza María Esther Correa también ha cuestionado dicho proyecto y ha sido acusada de participar en el “sistemático plan de pánico económico, calumnia e injuria en contra de Grupo Argos”, lo que deja en evidencia un patrón de silenciamiento en contra de quienes visibilizan estos temas.

La denuncia penal interpuesta por Grupo Argos vulnera el derecho a la libertad de expresión y desconoce los principios de una sociedad democrática. En lugar de recurrir a mecanismos de rectificación o debate público, la empresa ha optado por utilizar de forma abusiva el sistema judicial, configurando así una estrategia de acoso judicial. Estas prácticas pretenden intimidar, desgastar y silenciar a las voces críticas, desincentivando la participación ciudadana y la denuncia de posibles afectaciones ambientales. Así mismo, es preocupante que se invoque el delito de pánico económico, cuya pena puede alcanzar hasta 12 años de prisión, lo cual es desproporcionado frente al deber de denuncia que asiste al periodismo, particularmente en asuntos de interés público como el medio ambiente.

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Constitucional colombiana han reafirmado la protección reforzada que merece la libertad de expresión, especialmente en asuntos ambientales por su evidente interés público. En el caso Baraona Bray contra Chile, la Corte Interamericana sostuvo que garantizar la libertad de expresión en estos temas es esencial para la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático.

Por su parte, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-534 de 2024, señaló que el acceso a la información ambiental es fundamental y que limitar su difusión vulnera la rendición de cuentas, restringe el debate público y desalienta la participación social. De forma complementaria, la Sentencia T-219 de 2009 recordó que el derecho a opinar es la más amplia manifestación de la libertad de expresión, sin exigencias de veracidad o imparcialidad, y que la sociedad democrática debe tolerar incluso opiniones molestas o perturbadoras.

En consecuencia, instamos al Grupo Argos a desistir de su denuncia contra el periodista Brieva, pues el derecho penal es la herramienta más restrictiva y severa para dirimir responsabilidades y sólo debe usarse de manera excepcional. Perseguir penalmente el ejercicio periodístico vulnera el núcleo esencial de la libertad de expresión y envía un mensaje inhibidor a quienes se atreven a investigar sobre asuntos de interés público, afectando el debate democrático sobre asuntos de alto interés como la protección del medio ambiente.

Así mismo, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación que, en caso de que la denuncia avance, desestime la petición interpuesta por Grupo Argos, en respeto a los estándares internacionales de la protección de la libertad de expresión y el deber de veeduría y denuncia que tiene el periodismo sobre temas de interés general. Es fundamental que el Estado garantice un entorno seguro, libre y sin represalias para el ejercicio del periodismo ambiental y la defensa de los derechos colectivos, asegurando que las voces que vigilan, denuncian y protegen el interés público puedan expresarse sin miedo y con plena libertad, como pilar esencial de una sociedad democrática.