Perfilamientos ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos en la mira de los EE.UU.

El 16 julio de 2020, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que de ser aprobado por el Senado, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe para determinar si la asistencia del sector de seguridad de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia fue utilizada para fines de vigilancia o inteligencia ilegal a la población civil. También tendría por objeto identificar si entre los afectados habría defensores de derechos humanos, periodistas, personal judicial y miembros de la oposición.   

Esta alerta se emitió después de que Revista Semana publicara su investigación “Carpetas secretas”, en la que denuncia las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. Luego de la denuncia pública, persisten las dudas sobre el posible uso de la asistencia internacional ofrecida por los Estados Unidos para adelantar estas labores ilegales de vigilancia.

Este tema ha despertado la preocupación de los congresistas de Estados Unidos y al menos 100 de ellos le solicitaron al Secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, que le exija al gobierno de Iván Duque que se comprometa con la implementación del Acuerdo de paz para de proteger a los defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas. Sin embargo, hasta la fecha no hay una respuesta pública del Gobierno sobre esta petición.    

Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha revelado los hallazgos de los procesos disciplinarios y penales que anunció en mayo de 2020 cuando se publicó la denuncia ni ha dado respuesta a los derechos de petición presentados por la FLIP y los periodistas afectados. En ese sentido, la Fundación considera indispensable y oportuno que la cooperación internacional le solicite al Gobierno de Iván Duque celeridad en los resultados de las investigaciones con el fin de proteger a los reporteros que se encuentran en riesgo por estas acciones de vigilancia. Al respecto es importante que las autoridades estadounidenses adelanten una veeduría exhaustiva de estos procesos con el fin de que los resultados permitan conocer la verdad sobre los responsables de las labores de inteligencia y cuál fue el alcance de las mismas.  

Para la FLIP es importante que este reporte contenga información detallada sobre la participación de los agentes estatales colombianos en las labores de vigilancia dirigidas a la prensa, que detalle las actividades, los objetivos y su alcance con el fin de identificar la cadena de mando involucrada en estas acciones. Adicionalmente, de acuerdo a lo planteado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el informe deberá dar cuenta del uso de recursos de asistencia al sector de seguridad para estas labores proveniente de ese país y la respuesta por parte del Departamento de Estado y la Dirección de Inteligencia Nacional frente a estas denuncias. En ese sentido, se espera que el reporte responda a las siguientes preguntas, formuladas por los reporteros afectados, al Estado colombiano: 

• ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?
  
  

• Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?
  
  

• ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?
  
  

• ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización? 
  
  

La FLIP valora positivamente el compromiso de las autoridades estadounidenses por adelantar acciones de veeduría alrededor de estas denuncias que involucran a las fuerzas armadas de Colombia. Esto envía un mensaje contundente de rechazo frente a este tipo de acciones antidemocráticas y pone de manifiesto la necesidad de que haya celeridad en las investigaciones por parte del Gobierno colombiano y las autoridades judiciales. 

Para la FLIP es indispensable el esclarecimiento del alcance de estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar para evaluar el riesgo que estas representan para los periodistas. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país.   

En este sentido, la FLIP le hace un llamado al Departamento de Estado y a la Dirección de Inteligencia Nacional para que de ser el caso publiquen sus hallazgos con el fin de que sean tenidos en cuenta en las investigaciones que el Estado colombiano está adelantando. Este insumo puede ser vital para agilizar las investigaciones disciplinarias y penales, así como las evaluaciones de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección, de manera que se adopten las medidas de seguridad necesarias para proteger a los periodistas que han sido víctimas de violaciones a la libertad de prensa por parte del Estado.

La Fundación también reitera el llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad de los agresores y asignar las sanciones correspondientes.