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Mujeres periodistas, la FLIP y El Veinte piden al Consejo de Estado que proteja al periodismo ante expresiones estigmatizantes del presidente

Mujeres periodistas, la FLIP y El Veinte piden al Consejo de Estado que proteja al periodismo ante expresiones estigmatizantes del presidente

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Saturday, 28 September 2024

Mujeres periodistas, la FLIP y El Veinte piden al Consejo de Estado que proteja al periodismo ante expresiones estigmatizantes del presidente

El Consejo de Estado admitió hoy 27 de septiembre la acción de tutela presentada por El Veinte y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el respaldo de Linterna Verde, en representación de 19 mujeres periodistas. El objetivo es proteger sus derechos fundamentales ante las reiteradas expresiones estigmatizantes del presidente Gustavo Petro contra la prensa, en particular, contra las mujeres periodistas.

Desde el inicio del actual Gobierno, hemos registrado diversos episodios de estigmatizaciones contra la prensa por parte del presidente, seguidos de agresiones a periodistas en redes sociales. En el pasado, hemos realizado varios llamados al presidente Petro para que modere su discurso frente a los medios de comunicación. Sin embargo, estas peticiones, al igual que las de otras organizaciones de la sociedad civil, no han sido acogidas, lo que ha generado un ambiente cada vez más hostil para quienes ejercen el periodismo en Colombia. El uso del término “muñecas de la mafia” por parte del presidente para referirse a mujeres periodistas, durante un discurso el 30 de agosto en Nuquí, Chocó, constituye un agravante dentro de un patrón de estigmatizaciones que sexualiza y descalifica profesionalmente a las mujeres periodistas, afectando su credibilidad y seguridad.

La tutela presentada señala la vulneración de tres derechos fundamentales de las mujeres periodistas en Colombia. En primer lugar, se denuncia la violación a la libertad de expresión, un derecho que exige que los funcionarios públicos actúen con especial cuidado hacia quienes ejercen el periodismo, particularmente las mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos de violencia. En segundo lugar, se argumenta la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el uso de expresiones como “muñecas de la mafia” refuerza estereotipos de género, cosificando a las periodistas y atacando su integridad personal. Finalmente, se señala la violación del derecho a una vida libre de violencia, al considerar que las estigmatizaciones presidenciales fomentan un clima de violencia verbal y digital, generando un entorno hostil que dificulta el libre ejercicio del periodismo por parte de las mujeres.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha advertido sobre los riesgos de un clima digital violento y cómo este puede llevar a la autocensura entre los periodistas. Las expresiones del presidente, repetidas en una alocución presidencial el 1° de septiembre, intensificaron las agresiones en redes sociales, según lo constatado por Linterna Verde. El monitoreo reveló un incremento de contenido violento y ofensivo hacia mujeres periodistas en plataformas como X, lo que ha dificultado su labor y exacerbado el ambiente de inseguridad.

A pesar de que el 9 de septiembre el presidente firmó una directiva para instruir a los funcionarios del Gobierno en la garantía de la libertad de prensa, sus continuos ataques verbales se mantienen, contraviniendo este mandato y reforzando un discurso de desprestigio generalizado contra el periodismo, llegando a compararlo con regímenes totalitarios como el nazismo.

Ante esta situación, decidimos acudir a la justicia para que ordene al presidente corregir su comportamiento y se garantice el ejercicio libre y seguro del periodismo en Colombia. La tutela, presentada a título personal por las periodistas Claudia Julieta Duque, Jineth Bedoya, Pilar Cuartas, María Fitzgerald, Juanita Vélez, Paola Herrera, María Paulina Baena, María Jimena Duzán, Jineth Prieto, Sara Trejos, Diana Salinas, Tatiana Duque, Ana Cristina Restrepo, Catalina Ruiz-Navarro, Camila Zuluaga, Luz María Sierra, María Paula Martínez, Claudia Báez y Laura Ardila, busca que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de quienes ejercen la libertad de prensa, especialmente en un entorno digital donde la violencia simbólica se traduce en amenazas reales para su integridad y labor.