La profundización de la democracia en Colombia requiere de un mayor acceso a la información pública

Este 28 de septiembre se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información Pública. A propósito de esta fecha, la FLIP hace un llamado urgente a las instituciones del Estado a tomar medidas para enfrentar los desafíos que experimenta este derecho en la coyuntura política actual. El acceso a la información no es un derecho más, sino que es un pilar para asegurar la protección de otros derechos tales como la justicia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la verdad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, entre otros.

En un momento en el que se revelan graves violaciones a los derechos humanos por parte de ex altos mandos del Ejército ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el país se enfrenta a un nuevo escándalo de financiación ilegal de las campañas presidenciales que pone en entredicho la legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuestiona la independencia y la eficacia de la Fiscalía; se exige una mayor rendición de cuentas sobre el impacto ambiental de los proyectos mineroenergéticos y la deforestación; se desconoce el verdadero alcance de la corrupción en las grandes obras públicas y se carece de información verificable sobre la cobertura y la calidad del sistema de salud, es imprescindible que las instituciones asuman un mayor compromiso con el acceso a la información y así facilitar la participación ciudadana en la solución de estos problemas.

Este año, bajo el lema de la UNESCO, "la importancia del espacio digital para el acceso a la información", en la FLIP observamos con preocupación cómo la violencia digital obstruye el debate público en línea. Líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas son blanco de hostigamiento, incluso por funcionarios públicos, lo que amenaza con cerrar nuestro espacio cívico. La normalización de la desinformación y la propaganda política en las redes sociales de funcionarios y entidades oficiales agrava aún más esta crisis.

Resulta igualmente grave cómo desde las cuentas oficiales en redes sociales de instituciones públicas se comparten o se amplifican publicaciones que contienen contenido falso o inauténtico. Se ha normalizado que desde las redes sociales de políticos o de entidades se incumpla el deber de veracidad en las comunicaciones bien sea desinformando sobre hechos de interés, señalando ciudadanos o haciendo propaganda política.

A nivel global, organismos multilaterales como la UNESCO y varias organizaciones de derechos digitales reclaman que empresas como Facebook, Instagram, YouTube o TikTok revelen su algoritmo para que la ciudadanía entienda cómo se seleccionan y se muestran los contenidos a las y los usuarios. También exigen a estas plataformas mayores garantías para comunidades y personas que sufren más la discriminación y los discursos de odio: pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas trans, y otros grupos de especial protección constitucional.

Desde hace nueve años, Colombia cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), que establece los estándares internacionales para garantizar este derecho. Sin embargo, muchas y muchos funcionarios públicos desconocen esta norma y numerosas entidades públicas incumplen sus disposiciones, negándose a hacer pública la información que tienen en su poder o a entregarla cuando los ciudadanos y ciudadanas la solicitan mediante derechos de petición. Como consecuencia, ciudadanía y periodistas se ven forzados a recurrir, cada vez con mayor frecuencia, a la acción de tutela para que un juez ordene la entrega de información que debería ser de fácil acceso.

Esta realidad vuelve urgente que el gobierno nacional asuma su compromiso en la implementación completa de la Ley, como requisito indispensable para la garantía de otros derechos fundamentales y la profundización de la democracia en Colombia. De ello dependen la construcción de la memoria histórica, la transparencia en la financiación de las campañas políticas y en la contratación estatal, la protección de comunidades vulnerables, la transición energética y en general, el bienestar y la democracia de las y los colombianos.