La impunidad de crímenes contra periodistas se fortalece de la falta de investigación y diligencia del Estado
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Thursday, 03 November 2022
La impunidad de crímenes contra periodistas se fortalece de la falta de investigación y diligencia del Estado
Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.
En Colombia, de los 164 asesinatos a periodistas, solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18% de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad. Este escenario de impunidad ha sido denunciado reiteradamente tanto por la FLIP, como por organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.
Además, las estadísticas muestran que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes; de hecho en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales. Ejemplo de esto son los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en el 2020 y 2021, respectivamente. Aunque en sus casos se condenaron a algunos sicarios, aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones. Solo se puede desarticular el riesgo para la prensa local cuando se condene a todos los responsables y haya una reparación en términos de verdad.
A este panorama se le suma el creciente número de amenazas hacia los y las periodistas. A corte del 28 de octubre de este año, documentamos 172 amenazas, la misma cantidad que se registró en todo el 2021, en el 2020 registramos 152. Además del aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones.
Este fue el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre y quien recibió amenazas desde el 2019. Desde ese año, el comunicador denunció a la Fiscalía las agresiones de las que era víctima, algunas provenían de grupos armados ilegales y otras eran anónimas. En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.
El caso de Moreno no es aislado, en el pasado hemos alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas. Ejemplo de esto es el caso del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo del 2000. En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas.
A finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110. Esto significa que la Fiscalía no los seguirá investigando ni hará ningún esfuerzo por individualizar a las o los responsables.
Lo anterior refleja la falta de acciones del Estado dentro del Plan de Acción de la Organización de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de Impunidad, que en el 2022 cumple 10 años. Es fundamental que el Estado se apropie de esta lucha para poder garantizar la integridad de la prensa y, así, asegurarse que la sociedad siga accediendo a la información.
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Friday, 03 November 2017
Continúa la impunidad en crímenes contra la prensa
Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.
Saturday, 24 March 2018
SIP, FLIP y RFK piden declarar de lesa humanidad crimen de Nelson Carvajal
Bogotá D.C./ Miami, FL. / Washington, D.C., 23 de marzo de 2018 --
A tan solo un mes de que prescriba el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron el miércoles 21 de marzo una solicitud a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia, para que declare el homicidio como crimen de lesa humanidad.
El homicidio de Carvajal es un caso emblemático que señala el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, ilustra la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.
Nelson Carvajal Carvajal fue periodista radial en Pitalito, Huila. Fue director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en ese municipio. Reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Fue asesinado el 16 de abril de 1998 por un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, donde era director.
El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las FARC.
Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados.
Durante el proceso, miembros de la familia Carvajal han sido víctimas de amenazas y muchos debieron salir al exilio. También fueron asesinados testigos y varios fiscales abandonaron la causa tras recibir amenazas. Otros procesos judiciales asociados a la muerte de Carvajal fueron archivados en forma prematura.
En 2002, el caso fue presentado por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso fue remitido en el 2015 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano. La Corte ya deliberó sobre el caso y se espera un fallo definitivo en las próximas semanas.
Vea aquí la solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación.
Tuesday, 17 April 2018
FLIP rechaza decisión de la Fiscalía que niega la declaratoria de lesa humanidad en el caso Carvajal
El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.
Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.
La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.
El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.
A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:
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La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.
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Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.
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Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.
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El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.
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Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.
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En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.
La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.
La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.
