La FLIP rechaza las falsas amenazas del periodista Yesid Toro contra él y colegas del Valle del Cauca

Toro indicó que escribió el panfleto porque buscaba “el pago de unos dineros que me adeudaba el Programa de Protección y la prórroga del esquema de seguridad que me había brindado el Estado, al cual he renunciado esta misma tarde”. El periodista pidió perdón públicamente e indicó que se ponía en disposición de la Fiscalía.

La FLIP considera que las justificaciones dadas por Toro, aunque no son suficientes, dejan en evidencia dificultades del programa de protección a periodistas. La ineficiencia administrativa por parte de las entidades públicas permite que en muchos casos se lleven a cabo malas prácticas que, como en el caso de lo hecho por Toro, pueden constituir delitos. Precisamente, la FLIP indicó en su informe anual de 2013, publicado en 2014, que el proceso de asignación de medidas a Toro tuvo dificultades y retrasos constantes. Posteriormente, el periodista manifestó a la FLIP en dos ocasiones que la Unidad Nacional de Protección  (UNP) no había hecho desembolsos por el concepto de subsidios de transporte.

La FLIP destaca que las medidas de protección que se asignen por parte del Estado deben estar enfocadas, más que en asignación de rubros económicos, en brindar mecanismos que mitiguen el riesgo y en trabajar de forma armónica con los entes investigativos para lograr la sanción de los responsables. La asignación de dinero por parte del Estado como medida de protección, como en al caso de Toro, es un mecanismo que cuando falla facilita el fraude, sin embargo, la FLIP es clara en que no lo justifica.

La FLIP no desconoce las amenazas de las que Toro fue víctima anteriormente. No obstante, es importante destacar y es altamente preocupante que este sea el segundo caso en un año en el que un periodista miente a la FLIP y a las autoridades por medio de actuaciones de mala fe. La FLIP hace un llamado a los comunicadores para que recuerden que la labor de las organizaciones de Derechos Humanos y de las autoridades se basa en el principio de buena fe frente a las denuncias que las personas en riesgo hacen. No cumplir con esta obligación pone en riesgo la credibilidad de hechos que ocurran posteriormente en contra de sus colegas.