La FLIP rechaza decisión judicial que ordena rectificación a periodista por información de interés público en contexto electoral

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión del Juzgado Único Administrativo de Leticia que ordena a la periodista Camila Zuluaga y a Caracol Televisión rectificar información relacionada con un proceso judicial en el que está vinculada la candidata al Congreso, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, justo a pocos días de las elecciones del 8 de marzo.

La noticia objeto de la tutela se refería a la existencia de un proceso de pérdida de investidura contra la candidata, asunto que se encuentra pendiente de decisión en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Durante el trámite de la acción de tutela, el juez ordenó como medida provisional realizar una aclaración sobre el estado del proceso judicial, que fue realizada por el medio en los tiempos establecidos. Sin embargo, a pesar del cumplimiento de la orden preventiva, la sentencia posterior concluyó que debía realizarse una rectificación adicional, por considerar que la información era subjetiva, lo que resulta desproporcionado frente al contenido de la información difundida.

El proceso que cursa contra la candidata es un hecho verificable y de interés público para el electorado, especialmente en el marco de una contienda electoral. Informar sobre procesos judiciales que involucran a candidatos hace parte del ejercicio legítimo del periodismo y contribuye al debate público en democracia, pues permite que la ciudadanía conozca estos hechos, los evalúe libremente y cuente con más elementos para ejercer su derecho al voto de manera informada.

En este sentido, dado que el contenido difundido se basaba en hechos verificables —la existencia de un proceso judicial en curso— y no en afirmaciones falsas o inventadas, su publicación no convierte la información en subjetiva ni puede considerarse una vulneración de los derechos fundamentales de la candidata.

Para la FLIP, este tipo de decisiones puede enviar una señal preocupante al periodismo, particularmente en periodos electorales. Si informar sobre procesos judiciales de candidatos termina en órdenes de rectificación o sanciones, los medios pueden verse presionados a evitar la cobertura de temas que son relevantes para el debate público.

En una democracia, la transparencia sobre la trayectoria pública y los procesos judiciales de quienes aspiran a cargos de elección popular es un elemento fundamental del debate público. Limitar la circulación de esta información afecta el derecho de la sociedad a estar informada y debilita las condiciones para un voto libre e informado.

La FLIP hace un llamado a las autoridades judiciales para que al analizar casos relacionados con libertad de expresión, especialmente en contextos electorales, apliquen los estándares constitucionales e interamericanos que protegen de manera reforzada el debate público sobre asuntos de interés general. Asimismo, reiteramos el llamado a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que fortalezca la formación de servidores judiciales en materia de libertad de expresión, con el fin de evitar interpretaciones y decisiones desproporcionadas que terminen restringiendo el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a estar informada.