El Estado y su silencio cómplice

Sorprende el mutismo de las autoridades frente a los niveles inusitados de violencia contra la prensa en el cubrimiento del paro nacional. ¿Es una forma de respaldo o de negación a las agresiones? Por acción o por omisión, lo que han hecho las entidades públicas sienta un precedente pésimo sobre la voluntad política del Estado para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información de alto interés público.

 

En los días cuando la prensa estuvo bajo ataque, como no se había visto en décadas, resultaba prioritario que las instituciones, llamadas a garantizar la libertad y la pluralidad informativa, lucharan por la protección de los/as reporteros/as. Sin embargo, ninguna institución estatal ni autoridad pública defendió el ejercicio del periodismo de manera clara y sin ambigüedades. Era un primer paso fundamental en la urgencia de encontrar medidas específicas que garantizaran que el trabajo vital que hace la prensa se hiciera sin temor a represalias ni lesiones. La ausencia de esta defensa terminó generando un ambiente de permisividad, fomentando la censura y, consecuentemente, negándole información independiente a la ciudadanía. El Estado incumplió su responsabilidad de proteger un derecho establecido en la Constitución. 

 

Entes de control de papel

El 8 de junio del 2021, la Fiscalía General de la Nación notificó a los periodistas del medio de comunicación LocoSapiens que archivaría la investigación abierta a raíz de las agresiones que sufrieron tres periodistas del equipo por parte de la fuerza pública en Sibaté, Cundinamarca. Esta fue la justificación: “Sin embargo, se realizaron los actos de verificación pertinentes, estableciéndose que, el denunciante no ha mostrado ningún interés frente a los hechos denunciados, razón por la cual no se cuenta con elementos materiales probatorios que pudiesen ser útiles para la indagación que avoquen éxito, concluyendo así, que es imposible contar con información necesaria.” 

Había transcurrido un mes desde que los periodistas pusieron la denuncia. La Fiscalía contaba con el material probatorio de la agresión que, además, fue conocido ampliamente por la opinión pública: en el video se escucha cómo los reporteros gritan a todo pulmón que son prensa mientras se refugian detrás de unos arbustos intentando esquivar los disparos de la Policía. Suspender la investigación de este caso desconoce todos los mandatos constitucionales de la Fiscalía. Al día siguiente la FLIP publicó un comunicado en el que informaba sobre la situación y horas más tarde, la entidad anunció que reabriría la investigación. 

Para la FLIP, la Fiscalía no parece tener la intención de recabar en los orígenes de estas agresiones ni adoptar medidas de prevención, mucho menos un compromiso claro de investigación y sanción de esta violencia. Es preocupante la falta de diligencia con la que se están conduciendo las investigaciones, en particular, en aquellos casos donde hay responsabilidad de agentes públicos.

Lea y descargue aquí la edición de protestas de Páginas para la Libertad de Expresión

Alcaldías trasnochadas 

Pocas autoridades territoriales han emitido respuestas frente a la violencia contra la prensa. La mayoría han sido emisiones tardías, algunas, desarticuladas con las agresiones directas y sostenidas de los dos meses de protestas, y otras fueron reactivas y con interés político para posicionar un mensaje de presunta garantía de la libertad de prensa frente a la CIDH. Nada más alejado de la realidad. 

En el caso de Bogotá y Medellín la alcaldesa y el alcalde se pronunciaron el 29 de junio y 2 de julio, respectivamente. Sus mensajes abordaron solo casos muy particulares. En la capital del país, al momento de la comunicación de Claudia Lopez, se habían registrado 65 agresiones, y en Medellín 33. La falta de respaldo por parte de las máximas autoridades en las ciudades es alarmante, favorece la continuidad de las agresiones e invisibiliza la gravedad de la violencia contra la prensa.

Por otro lado, la FLIP no ha conocido comunicaciones directas de los alcaldes de Popayán y Cali, a pesar de que ambas ciudades han sido focos de violencia contra periodistas durante las jornadas del paro.

Fuerza agresora, no garante

Los hechos de violencia policial cometidos durante los meses de las manifestaciones impulsaron una conversación nacional sobre la Policía. Su desenlace fue el anuncio del presidente Duque de que impulsará ante el Congreso una reforma. 

El abuso de la fuerza por parte de los agentes ha tenido una afectación directa sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y desde las manifestaciones del 2019 los espacios de protestas y los lugares militarizados son un entorno sumamente hostil para la prensa: disparos de balas de goma, daños al equipo, lesiones y amenazas hacen parte del cubrimiento. En total, 216 periodistas resultaron agredidos por un agente. 

Las falencias de las fuerzas armadas en cuanto a formación en asuntos de libertad de expresión quedaron totalmente expuestas. También quedó en evidencia la alta estigmatización que existe en la institución hacia el trabajo que hacen los medios de comunicación. Normalmente, antes o después de una agresión, los agentes lanzaban alguna frase como “prensa amarillista” o algún comentario ‘aleccionador’ sobre cómo debían los reporteros hacer su trabajo. 

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El ministro de Defensa, Diego Molano, lejos de asumir una postura acorde con esta realidad, profundizó en la estigmatización: en diferentes espacios, cerrados y públicos, arremetió contra la libertad de expresión y reprochó el libre flujo de información en las redes sociales. 

El ministro fue la cabeza visible de la campaña #ColombiaEsMiVerdad que defendió diciendo: “información como ésta es terrorismo digital y es falsa”, “es falso que la policía ataca la manifestación pública y pacífica” y “unámonos, la mentira genera odio”. 

Lejos de respaldar la labor de la prensa y el libre flujo de la información, lo que hizo esta propuesta fue señalar y poner en riesgo a los/as periodistas que cubren estos escenarios. 

Cuando el Congreso le adelantó la fallida moción de censura a Molano, éste no hizo ningún reconocimiento, ni se pronunció sobre el riesgo de autocensura que generan este tipo de mensajes. El ministro se reafirmó en su discurso: “Muchas veces es muy fácil decir mentiras que no requieren evidencia y se mueven raudas por las redes sociales. Pero a los funcionarios públicos nos corresponde asumir la verdad (...) como funcionario público asumimos esa responsabilidad”.