Hace dos años la prensa vivió uno de los periodos más violentos, durante el paro nacional 224 periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública: agresiones físicas, amenazas, daños a sus equipos y obstrucciones fueron las que más se reiteraron. A la fecha, no ha habido sanciones de parte de Policía Nacional ni de la Procuraduría General en contra de los responsables. Tampoco existen avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a periodistas en contextos de manifestaciones sociales.

Desde el 2019, remitimos 44 casos de abuso policial a la Policía Nacional, para que iniciaran investigaciones disciplinarias. En la mayoría de casos enviamos información relevante sobre las agresiones, como la fecha, hora y lugar del ataque, en otros casos incluso se compartieron imágenes, vídeos y los números de las placas de las o los agentes involucrados. No obstante, en marzo de este año, la Policía nos informó que solo el 15% de estos casos se encuentran abiertos, y hasta ahora en ninguno de ellos se han impuesto sanciones a los responsables.

A la Procuraduría General de la Nación le remitimos dieciocho casos para que sancionara a los funcionarios públicos involucrados en agresiones contra la prensa y/o vigilara los procesos disciplinarios que se estaban desarrollando en la Policía. De estos, cinco casos se encuentran abiertos y en otro la Procuraduría concedió la vigilancia solicitada.

Uno de los puntos más preocupantes es que tanto la Policía como la Procuraduría dicen desconocer algunos de los casos que les remitimos. En otras palabras, aparentemente no se tramitaron la totalidad de las quejas que enviamos a ambas instituciones. En el caso de la Policía, esta dice no tener información de quince casos, mientras que la Procuraduría no tiene registros de cinco de ellos.

Entretanto, el Estado no ha avanzado diligentemente en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en el 2021. Entre estas, la Comisión le pedía al Estado colombiano detener los hostigamientos y estigmatizaciones contra la prensa, y respetar la independencia de los medios. Sin embargo, dos años después, la Cancillería aún no ha terminado de concertar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y no hay claridad sobre cómo han abordado las relacionadas con la prensa.

Es de vital importancia que la CIDH realice actividades de monitoreo y seguimiento sobre el estado del cumplimiento de sus recomendaciones. A la vez, es fundamental que los procesos disciplinarios abiertos avancen con rigor y eficiencia, y que el Estado incorpore en el menor tiempo posible las recomendaciones de la Comisión. A través de estas acciones se contribuye también a la no repetición de estos hechos.