Denuncias de seguimiento a periodistas desde la Alcaldía de Medellín

El pasado 22 de agosto el periodista Juan David Ortiz publicó en su cuenta de Twitter que la Alcaldía de Medellín estaría haciendo seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group. Telemedellín fue la entidad contratante a nombre de la administración con el objetivo principal de hacer “análisis estratégico de redes sociales”.  

Sobre lo anterior, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación y manifiesta que:

• Tuvimos acceso a diez informes que la empresa consultora habría entregado a la alcaldía donde se compilan alertas diarias enviadas por WhatsApp notificando lo que determinados usuarios de Twitter publicaban sobre la administración. Dentro de las personas monitoreadas se encuentran los periodistas Clara Giraldo, José Guarnizo, Pascual Gaviria y Ana Cristina Restrepo, además del medio de comunicación Juan Paz. 
  
  
• Aunque la alcaldía ha dicho que solo se trata de un monitoreo de redes con el fin de “mejorar la gestión, fortalecer programas o aclarar temas relevantes para la opinión pública”, para la FLIP es preocupante el lenguaje de los informes porque utiliza categorías estigmatizantes. En ellos se emplean términos como “cibermilitante” para referirse a los periodistas que estaban “atacando” a la administración cuando expresaban su opinión sobre temas de interés público para la ciudadanía.  
  
  
• Es alarmante que se usen recursos públicos para categorizar a los ciudadanos, basándose en una evaluación parcializada de sus expresiones en línea. La FLIP no comparte que la alcaldía normalice este lenguaje bajo el argumento de que es técnico y propio del contratista. Estos señalamientos y etiquetas son arbitrarios y mucho más cercanos a regímenes autoritarios y policivos que a sociedades democráticas, plurales e incluyentes.
  
  
• A la pregunta de por qué hace uso de etiquetas en usuarios de redes con posiciones críticas, la alcaldía no ofreció respuesta. Mientras la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de esas categorías, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público.
  
  
• En la FLIP continuaremos la documentación del caso de la mano de los periodistas involucrados para que se garanticen sus derechos.