Cinco años después, la familia de Marcos Efraín Montalvo sigue esperando justicia

En Tuluá, Valle del Cauca, ha sido tan difícil ejercer el periodismo que ni las y los comunicadores se han sentido seguros al informar sobre el homicidio de uno de sus colegas. Así ocurrió en septiembre de 2021, cuando Marcos Efraín Montalvo, más conocido como “la escuela periodística” del municipio, fue asesinado. Lisette Altamirano Montalvo, su sobrina, recuerda ese momento: “Solo quedaban dos medios en Tuluá que contaban la realidad de lo que ocurría: la página de Marcos y la de Robert Posada. El resto del gremio estaba silenciado”.

A la larga carrera periodística de Marcos Efraín, que ha sido documentada por la FLIP (El País de Cali, Radio Reloj, La Cariñosa, el semanario El Tabloide), Lisette le agrega una parada más: el periódico La Variante, en el que trabajaron juntos. En esa época, Lisette tenía aproximadamente 20 años y Marcos se desempeñaba como director del medio, el cual estuvo en circulación por dos o tres años. Incluso, el medio fue un punto de encuentro familiar, pues allí también estuvieron la madre de Lisette y su hermano mayor, Mauricio Altamirano, quien es el único de la familia que aún se dedica al periodismo.En cambio, Lisette optó por salir de Tuluá y vivir fuera del municipio desde hace varios años. El contexto de violencia, sumado al asesinato de su tío y la impunidad en el caso, la llevaron a tomar esa decisión.

En relación con este caso, hay tres procesos judiciales: dos permanecen activos y solo uno ha finalizado. El proceso concluido resultó en la sanción de un joven conocido como ‘Chinga’, quien fue procesado por el sistema de justicia penal especial para adolescentes tras ser identificado como el sicario que disparó.

Hasta el año pasado se logró la judicialización de Cristhian Camilo Chávez Muñoz, alias ‘Chepe’, quien fue condenado a 20 años de cárcel por su participación en el homicidio del periodista. Y este año, en marzo, la Fiscalía acusó formalmente ante el Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado Itinerante de Buga a Jhonathan Figueroa, alias ‘el Ruso’. Según la investigación, Figueroa formaba parte de la estructura criminal "La Inmaculada" de Tuluá y habría sido el determinador del crimen, contactando a alias ‘Chepe’ y a otros involucrados para ejecutar el asesinato del periodista.

“Realmente nos hemos sentido muy solos, esto es muy difícil —asegura Lisette—. Ella habla en nombre de su familia y de otras familias de periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio—. Prefieren tragarse su dolor y seguir con sus vidas, llevando esa incertidumbre, esa sensación de impunidad, porque el sistema colombiano es muy complejo”. En el marco del proceso que dio como resultado la judicialización de Chávez Muñoz, Lisette, Mauricio y Flor Esther Montalvo solicitaron un incidente de reparación integral, una instancia que busca garantizar los estándares de derechos humanos mediante medidas de reparación integral. En este sentido, las víctimas exigen que el condenado pida excusas públicas y firme un compromiso formal de no repetición. Sin embargo, el proceso ha enfrentado dilaciones injustificadas: a pesar de que la solicitud fue radicada en septiembre de 2025, actualmente la audiencia se encuentra suspendida hasta el 20 de mayo de este año.

Además, dentro de este proceso se denunció la limitación del derecho a la participación de las víctimas durante la negociación del preacuerdo entre la Fiscalía y alias ‘Chepe’. La Fiscalía omitió el deber de informar y escuchar a las víctimas antes de la terminación anticipada del proceso, ignorando sus observaciones. “¿Cómo es posible que a uno no lo tengan en cuenta para hacer un preacuerdo? —pregunta Lisette—. Que no nos hayan tenido en cuenta desde el principio como víctimas”.

Tras el asesinato de Marcos, se instaló un clima de zozobra y temor en Tuluá. El hecho tuvo un despliegue informativo mayor fuera del municipio que en el mismo Tuluá, pues las condiciones para ejercer el periodismo allí están condicionadas por la presencia de distintos grupos armados ilegales, disputas entre bandas criminales urbanas y nexos entre política y narcotráfico. Si bien las amenazas en contra de periodistas han disminuido, la FLIP ha reiterado que esta cifra puede explicarse por un subregistro de las agresiones, derivado de la autocensura y el temor a reportar este tipo de casos.

“Aparte de matarlo, también querían matarlo como periodista —asegura Lisette—. Querían anular la influencia que tenía, querían desvirtuar su trabajo”. Según los cálculos de su sobrina, Marcos alcanzó a ejercer el periodismo por casi cinco décadas. Su trayectoria, tan versátil como extensa, se hizo notar con cada denuncia que realizó sobre corrupción y la administración local, pues fue muy crítico con la Alcaldía. Además de las denuncias, Montalvo también era un líder social innato: ayudaba a las personas con trámites legales, como la redacción de tutelas, derechos de petición y la gestión de ayudas para víctimas del conflicto. Todo esto le valió el reconocimiento en el municipio.

Actualmente, se espera que la investigación a cargo de la Fiscalía permita identificar a todos los responsables y autores intelectuales en el homicidio del periodista, y a quienes se beneficiaron de este crimen, pues, con el asesinato de Marcos Efraín, y en palabras de Lisette, “Tuluá perdió su voz profunda. Él era la voz del pueblo, la voz del ciudadano a pie que se quejaba del hueco, del vendedor ambulante que era perseguido. La voz que, sin miedo, podía manifestar que estaba haciendo mal la administración pública”.

En el marco del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, este caso recuerda que silenciar a un periodista no solo implica arrebatar una vida. También es apagar una voz esencial para la democracia y para las comunidades que dependen de ella para hacerse oír. A cinco años del crimen, la falta de medidas integrales de reparación y la exclusión de la familia en decisiones clave del proceso judicial evidencian que la deuda del Estado no termina con una condena. La justicia también significa reconocer plenamente a las víctimas, garantizar su participación y asegurar que hechos como este no se repitan.

En este sentido, la FLIP hace un llamado para que la audiencia de incidente de reparación integral, programada para el próximo 20 de mayo, se dé sin más dilaciones, y adopte las medidas necesarias para asegurar el derecho de las víctimas a una reparación integral, efectiva y oportuna.

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