Carta abierta a la Fiscalía General de la Nación por el caso contra el periodista Jorge Gómez Pinilla

El acoso judicial es una estrategia de censura y desestimulación del ejercicio investigativo que cada vez se vuelve más común en Colombia. Ciertas personas hacen uso injustificado de herramientas jurídicas para intimidar a los periodistas y así silenciarlos. Se trata, por lo general, de denuncias penales por injuria o calumnia, y tutelas. 

Cualquier ciudadano tiene el derecho de denunciar cuando es víctima de algún delito o de interponer una tutela cuando sus derechos fundamentales están siendo violados. El problema ocurre cuando se utilizan estas herramientas con el fin de intimidar a los periodistas para que no investiguen ciertos temas, para evitar que publiquen alguna información o para que eliminen lo publicado.  

El acoso judicial es una forma de intimidación a periodistas que usualmente publican opiniones o información que incomodan a personajes públicos con poder. En estos casos, aunque el periodista sea diligente y las publicaciones respondan a un proceso investigativo, y a los principios de veracidad e imparcialidad, se les acusa de violar el derecho al buen nombre y a la intimidad de individuos públicamente reconocidos.

La victoria en este tipo de estrategias no depende de que las denuncias o tutelas fallen en contra del periodista. Detrás de la búsqueda de un fallo desfavorable para el periodista, lo que pretenden es agotarlo durante el proceso: producirle desgaste emocionalmente y hacer que incurra en un gasto de dinero para pagar un abogado que lo defienda y así desequilibrar su economía personal o familiar.

Otras consecuencias del acoso judicial es que los procesos congestionan la administración de justicia, desincentiva el debate público y afecta la libertad de prensa y el acceso de la información de la ciudadanía. Algunos periodistas por miedo al proceso o para evitar el desgaste que implica su defensa prefieren eliminar las publicaciones y suspender las investigaciones. 

Este fenómeno se ha incrementando con el pasar de los años y con las transformaciones que ha tenido la censura en el país. Si bien las cifras de casos documentados por la FLIP son un subregistro, son útiles para comprender la magnitud de esta forma de ataque a la presa. En 2017 la FLIP documentó 14 casos de acoso judicial, en 2018 la cifra subió a 38 y en 2019 llegó a los 66 casos. En especial los periodistas y medios digitales se han visto enfrentados a esta estrategia de intimidación; de los 66 casos documentados en 2019, 35 corresponden a procesos por publicaciones en páginas web, redes sociales y canales de streaming.

El recurso de rectificación es uno de los primeros pasos que se usan en el acoso judicial. Las personas que se consideren afectadas por la publicación de información que estimen falsa, inexacta, equivocada o desactualizada pueden enviar una solicitud de rectificación al medio para que se corrija lo publicado. Aunque la rectificación es un derecho fundamental garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política, en algunos casos, las solicitudes de rectificación pueden constituir un intento de censura. 

¿Qué puedo hacer si soy víctima de acoso judicial?

La FLIP atiende casos de acoso judicial contra periodistas. Además, la FLIP ha construido dos manuales para que periodistas y abogados conozcan a profundidad las garantías que cobijan al ejercicio periodístico y los pasos que pueden seguir para defenderse. 

En la guía para periodistas sobre solicitudes de rectificación y actualización se explica paso a paso cómo responder, cómo evaluar, y si es pertinente acatar o no una solicitud de rectificación, de acuerdo con las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así mismo, en el manual Fuera de juicio se explica cómo actuar cuando los periodistas se enfrentan a denuncias por injuria y calumnia, a procesos de responsabilidad civil y a acciones de tutela. 

Acoso judicial desde altas esferas del poder

Uno de los casos más polémicos de acoso judicial durante el 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos, con su libro Dejad que los niños vengan a mí. En una semana recibió cuatro acciones de tutela y una denuncia penal por parte de miembros de la Iglesia católica vinculados a delitos sexuales contra menores. Dos jueces accedieron a las peticiones y ordenaron suspender la reproducción, comercialización y venta del libro.

El abogado Abelardo De La Espriella también se ha especializado en esta estrategia. Durante el 2019 se documentaron cinco casos contra periodistas que dieron declaraciones públicas sobre él, y que le incomodaron. 

Si usted está siendo víctima de acoso judicial, no dude en contactar a la FLIP a través de este formulario https://flip.org.co/index.php/es/acoso-judicial o escribiendo por Whatsapp al: +57 320 231 1308

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el hurto del que fue víctima Édinson Bolaños, periodista de El Espectador y Colombia 2020, en la ciudad de Ibagué.

Hoy, 13 de enero, Bolaños se encontraba en un restaurante en el sector Alto de Gualanday, Ibagué, en compañía del esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. Mientras ellos estaban en el establecimiento, desconocidos rompieron el vidrio de la camioneta en la que se movilizaban y se llevaron un bolso en el que estaba un computador portátil, dos discos duros, libretas de apuntes, una grabadora y el carné del diario. A pesar de que en el vehículo había otras maletas, los delincuentes -según los testigos eran dos hombres- se llevaron únicamente los elementos periodísticos.

Según informó el periodista, días atrás estaba realizando labores de reportería como parte de una investigación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Aldemar Gaitán”. Él, junto a su esquema, se movilizaban del Cauca hacia Bogotá y decidieron detenerse en Ibagué para almorzar. Bolaños no realizó actividades periodísticas en el departamento del Tolima.

La FLIP expresa su preocupación por la gravedad de este ataque. Esta situación pone en riesgo al periodista ya que puede implicar seguimientos de personas interesadas en afectar su seguridad y robar su información. Sumado a lo anterior, estos hechos son de extrema gravedad ya que se pone en riesgo el secreto profesional y la seguridad de las fuentes y del reportero. Según el relato de Bolaños, en los equipos y libretas robadas había información sensible como datos personales de sus fuentes, datos y croquis de las ETCR y de otra investigación acerca de minería en el Cauca.

Este no es el primer ataque en contra de Bolaños por su trabajo periodístico. En noviembre de 2015 fue víctima de amenazas de muerte por una investigación acerca de cómo la minería artesanal en el municipio de Buenos Aires había sido cooptada por una empresa foránea. En ese momento la situación de seguridad de Bolaños empeoró y se vio obligado a dejar el departamento de Cauca. Además, en 2016 la familia del periodista fue víctima de intimidaciones en su lugar de residencia.

La FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investiguen con celeridad estos hechos y sancionen a los responsables. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la Fundación solicita a la UNP que fortalezca las medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

A propósito de la citación que recibió el periodista Jorge Gómez Pinilla, columnista de El Espectador, la FLIP dirige esta comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que su actuar no sea cómplice de los intentos de censura.