12 años sin Garzón
Hoy, doce años después de esos hechos, no han respondido ante la justicia todos los que deben responder. La impunidad obligó a sus hermanos, Jorge Alberto, Manuel Alfredo y María Soledad y a su compañera permanente Gloria Cecilia Hernández a presentar, el pasado 19 de julio, una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la participación de funcionarios públicos en el homicidio y por la incapacidad de la justicia nacional para perseguir y sancionar a todos los responsables en un periodo de tiempo razonable. La demanda fue presentada con el respaldo de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
12 años después
“Durante los doce años que han transcurrido desde el crimen, - dice Manuel Alfredo Garzón - el Estado colombiano ha mantenido el caso en clima de impunidad. El primer proceso penal resultó una farsa encaminada a encubrir los hechos y el único sentenciado, Carlos Castaño Gil, jamás fue detenido y, al parecer, murió sin cumplir un solo día de su condena”.
Aún así, el pasado 17 de junio de 2011 se llamó a juicio a José Miguel Narváez, ex sub director del DAS, el mismo que hoy está detenido por las “chuzadas” del DAS, por ser presunto determinador del homicidio de Jaime Garzón. “En el asesinato de mi hermano Jaime participaron funcionarios estatales. Fue ejecutado por miembros de la banda de sicarios La Terraza, en cumplimiento de la orden partida por el líder paramilitar, Carlos Castaño Gil, quien actuó a solicitud y por encargo de varios militares y por intermediación de José Miguel Narváez Martínez. Nos estamos acercando, nos estamos acercando a que haya justicia”, concluye con algo de esperanza su hermano Alfredo.
Antes de su muerte se inició una campaña de desprestigio tendiente a relacionar a Garzón con la guerrilla. Lo cierto, es que el país no solo perdió un humorista y un crítico agudo de la sociedad. El asesinato de Garzón fue un mensaje contundente al periodismo independiente que se atrevía a cuestionar y a evidenciar los abusos de los diferentes actores con poder. Por supuesto, el temor y la autocensura se tomaron las salas de redacción después de su asesinato. “El miedo mantiene al país en la ignorancia y lo lleva a un oscurantismo fatal (...) el asesinato de Jaime Garzón fue una puñalada a la inteligencia nacional”, señaló Ignacio Gómez, Presidente de la FLIP.
Aún así, el legado de Garzón existe hoy como un recuerdo doloroso que deja lecciones de todo tipo sobre la búsqueda de la verdad y la importancia de defender la libertad de expresión. El padre Francisco de Roux, reconocido líder social y amigo de la familia Garzón, lo comentó: “Jaime nos enseñó a destruir el argumento de autoridad sobre la verdad. Ese argumento que señala y defiende el hecho de que las cosas son verdad de acuerdo a la autoridad o el poder de quien las dijo.” Hoy doce años después del asesinato de Garzón, y a pesar de la impunidad que se cierne sobre el caso, tal vez esa sea la lección más importante que dejó su muerte y que cualquier persona que se asome a su trabajo podrá descubrir; la verdad no se subordina.
La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) le envía un saludo de solidaridad a los familiares y amigos de Jaime Garzón, y espera que la justicia nacional e internacional logren esclarecer los hechos y se sancione ejemplarmente a todos los responsables. El legado que le dejó Jaime Garzón a la libertad de expresión y a la sociedad colombiana, siempre se debe recordar.
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Tuesday, 15 August 2006
Siete años después, el asesinato de Jaime Garzón sigue en la impunidad
Siete años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, no hay un solo detenido por el crimen. El único condenado por los hechos fue el jefe paramilitar Carlos Castaño, desaparecido desde abril de 2004.
Friday, 20 March 2015
Quinto aniversario de la muerte de Clodomiro Castilla
Hoy, 19 de marzo de 2015, se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba. Castilla solía hacer denuncias sobre corrupción política y paramilitarismo en el departamento.
En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado, emitido el 22 de marzo del 2010, que reconocía “el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano”.
Castilla había sido beneficiario de medidas del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia desde agosto de 2006. No obstante, estas habían sido retiradas en febrero de 2009. Ante nuevas amenazas, el periodista solicitó en noviembre del mismo año que tales medidas fueran reasignadas. Esta petición fue negada pues el estudio de riesgo de Castilla había resultado “ordinario”.
Cinco años después de ocurridos estos hechos son pocos los avances en la justicia. Según información de la Fiscalía General de la Nación entregada a la FLIP a finales de 2014, la investigación por el asesinato de Castilla permanece en etapa de indagación.
La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que de impulso a la investigación por el asesinato de Castilla y de esta forma evite que permanezca en la impunidad. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
Saturday, 17 September 2016
Condenan al Estado por ser responsable del asesinato de Jaime Garzón
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – considera positiva la condena proferida por el Consejo de Estado en contra de la Nación por el crimen de Jaime Garzón. Además hace un llamado a las autoridades judiciales para que incorpore las consideraciones de este fallo dentro de los procesos que se siguen en contra los exfuncionarios presuntamente responsables del crimen.
El miércoles 14 septiembre el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía y al antiguo DAS como autores determinantes en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el alto tribunal reconoció el homicidio como un crimen de lesa humanidad.
Según el fallo proferido por la entidad judicial, el coronel del Ejército en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, son responsables de los seguimientos ilegales en contra de Garzón. Se les atribuye, también, la responsabilidad de compartir con Carlos Castaño la información recogida durante esos operativos ilícitos.
Por estos hechos, el alto tribunal determinó que el Estado era responsable por la permisividad frente a los vínculos existentes entre fuerzas estatales y los grupos armados al margen de la ley. Consideró, además, que el asesinato se cometió con fines terroristas y que fue una vulneración grave a los derechos humanos, especialmente por la indefensión en la que se encontraba el periodista para el momento del crimen.
En cuanto a la reparación, el Consejo ordenó que el Estado debe pagar casi 700 millones de pesos, equivalentes a 200 SMLMV, a la familia del periodista. El comandante general del Ejército y el director general de la Policía deberán presentar excusas públicas a los familiares de la víctima y citar con anticipación a los medios de comunicación para el cubrimiento del suceso. Este acto solemne debe realizarse dentro de los siguientes dos meses a la ejecución del fallo.
Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá crear un link, que tendrá que estar disponible en la web durante al menos seis meses, para que los ciudadanos puedan consultar la decisión del Consejo de Estado. Se enviará, también, una copia de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica para contribuir con este caso a la construcción de la memoria sobre los crímenes ocurridos contra la prensa en medio del conflicto armado interno.
La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que asuma su tarea de individualizar y castigar a todos los funcionarios que pudieron haber participado del crimen desde el interior de las instituciones públicas mencionadas en el fallo.
Hasta la fecha ningún funcionario o exfuncionario ha sido condenado por el asesinato de Garzón. La única sentencia existente que vincula a algún autor determinante se profirió en 2004 en contra de Carlos Castaño, sin embargo, para esa fecha el jefe paramilitar ya había desaparecido.