Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el D&iacute;a Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la informaci&oacute;n, para de esta manera ejercer una ciudadan&iacute;a activa y responsable.
En los &uacute;ltimos 18 meses, el pa&iacute;s ha sufrido graves retrocesos en materia de transparencia, en buena medida por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional y funcionarios p&uacute;blicos que han obstaculizado el acceso a la informaci&oacute;n, especialmente por parte de los periodistas.&nbsp;
La &lsquo;cultura del secreto&rsquo;, preponderante en las entidades estatales colombianas, encontr&oacute; terreno f&eacute;rtil en el mundo hiperdigitalizado. La virtualidad marc&oacute; profundamente las pr&aacute;cticas period&iacute;sticas durante la pandemia y ha puesto sobre la mesa nuevos desaf&iacute;os en materia de acceso a la informaci&oacute;n que deben ser atendidos de manera urgente para combatir la opacidad. A continuaci&oacute;n identificamos las 5 medidas y pr&aacute;cticas que limitan la transparencia y el ejercicio de veedur&iacute;a ciudadana.
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<li>La ampliaci&oacute;n de t&eacute;rminos para responder derechos de petici&oacute;n - Decreto 491 de 2020</li>
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Ha pasado a&ntilde;o y medio desde que el Gobierno duplic&oacute; los plazos de respuestas para que los funcionarios p&uacute;blicos entreguen informaci&oacute;n, pasando de diez d&iacute;as h&aacute;biles a veinte. Hoy en d&iacute;a las circunstancias que justificaron esta medida han desaparecido, sin embargo el Gobierno ha luchado por mantener su decreto y no ha tenido la iniciativa de restablecer la garant&iacute;a de este derecho a plazos razonables. Desde hace varias semanas y por iniciativa de un grupo de legisladores, se present&oacute; una propuesta que revierte esta ampliaci&oacute;n, el Proyecto de Ley 448 de 2020. Sin embargo, el Senado todav&iacute;a no ha citado al &uacute;ltimo debate, y algunos congresistas advierten falta de voluntad para hacerlo.&nbsp;&nbsp;
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<li> Bajo reserva: excusa injustificada</li>
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Durante el &uacute;ltimo a&ntilde;o, la FLIP ha documentado el uso abusivo por parte de las entidades de la &ldquo;reserva legal&rdquo; para&nbsp; no entregar la informaci&oacute;n sin justificaci&oacute;n y de manera gen&eacute;rica.
Es com&uacute;n que las entidades respondan que la informaci&oacute;n est&aacute; sometida a reserva, ya sea por pol&iacute;ticas de tratamiento de datos o por asuntos de seguridad nacional. Estas respuestas suelen ser insuficientes, pues las entidades no realizan un test para verificar si esa reserva tiene un fundamento legal, si busca proteger intereses consignados en la ley de acceso a la informaci&oacute;n p&uacute;blica y si la entrega de esa informaci&oacute;n genera un da&ntilde;o. Esto sucedi&oacute; de manera recurrente con la informaci&oacute;n relacionada con los contratos entre el Gobierno nacional y las empresas farmac&eacute;uticas; as&iacute; como con los hechos que guardaban relaci&oacute;n con la informaci&oacute;n del paro nacional.&nbsp;
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<li>Judicializaci&oacute;n del acceso a la informaci&oacute;n&nbsp;</li>
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Para poder obtener una respuesta frente a las solicitudes de acceso a la informaci&oacute;n, los peticionarios deben acudir a interponer recursos de reposici&oacute;n, de insistencia y acciones de tutela. Esto, ya sea porque se alegan reservas, porque las entidades no responden tras el vencimiento de los plazos legales o porque las respuestas son insuficientes Esta pr&aacute;ctica entorpece claramente el ejercicio del periodismo, y en ocasiones es una estrategia que busca dilatar las investigaciones. &nbsp;
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<li> Revertir la carga sobre el periodista&nbsp;</li>
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Una respuesta com&uacute;n de las entidades es que la informaci&oacute;n ya est&aacute; publicada en boletines oficiales o en la p&aacute;gina web de las entidades p&uacute;blicas. En estos casos se presenta un choque entre la transparencia activa y el derecho de petici&oacute;n, pues el hecho de que la informaci&oacute;n est&eacute; disponible en boletines no da v&iacute;a libre para que las entidades se nieguen a responder solicitudes de informaci&oacute;n bajo este argumento.
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<li> Sin competencia para responder</li>
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Es una pr&aacute;ctica reiterativa que los derechos de petici&oacute;n sean remitidos a otras entidades y de esta manera se reinicia el conteo de los t&eacute;rminos para responder. Los peticionarios suelen tener que tocar varias puertas para dar con las entidades competentes y obtener respuestas.&nbsp;
Cuando se pide informaci&oacute;n a entidades locales, &eacute;stas suelen responder que no est&aacute;n autorizadas para entregar la informaci&oacute;n y remiten la solicitud a entidades del orden nacional. Esto dificulta la investigaci&oacute;n sobre asuntos locales y hace que sea casi imposible contrastar informaci&oacute;n, pues todo se centraliza y s&oacute;lo unas pocas entidades est&aacute;n autorizadas para entregar &ldquo;datos oficiales&rdquo;.
Los obst&aacute;culos descritos impiden acceder a la informaci&oacute;n de manera oportuna. Tanta opacidad en la informaci&oacute;n p&uacute;blica impide ejercer un periodismo independiente y de calidad, lo cual obstruye el acceso a la informaci&oacute;n indispensable para el ejercicio de derechos econ&oacute;micos, sociales, culturales y ambientales. &nbsp;&nbsp;
En un estado democr&aacute;tico es esencial que se promueva de manera activa la transparencia de la funci&oacute;n p&uacute;blica, el acceso y la publicidad de la informaci&oacute;n de las entidades del Estado. Por ello, hacemos un llamado a la Procuradur&iacute;a General de la Naci&oacute;n para que reafirme su compromiso como garante del acceso al acceso a la informaci&oacute;n y, en ese sentido:
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<li>Promueva el principio de m&aacute;xima divulgaci&oacute;n, seg&uacute;n el cual se debe dise&ntilde;ar un sistema jur&iacute;dico en el cual la regla general es la transparencia y el acceso a la informaci&oacute;n, y lo excepcional son las restricciones. </li>
<li>Impulse la investigaci&oacute;n disciplinaria de oficio de faltas disciplinarias o mala conducta derivada del derecho de acceso a la informaci&oacute;n. </li>
<li>Realice de manera program&aacute;tica actividades de capacitaci&oacute;n de funcionarios p&uacute;blicos en materia de transparencia y acceso a la informaci&oacute;n, para corregir las deficiencias sistem&aacute;ticas que evidencia la falta de conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci&oacute;n P&uacute;blica (Ley 1712 de 2014).</li>
</ul>

Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsable.

Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsabl

La ‘cultura del secreto’ encuentra terreno fértil en la hiperdigitalización