En este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado para que incremente sus esfuerzos para que los crímenes contra la prensa no queden impunes. Al terminar 2019, seis casos de asesinatos contra periodistas prescribirán sin condenas contra toda la cadena criminal, es decir para autores materiales e intelectuales. Otros delitos contra periodistas, como las amenazas y agresiones, también alcanzan altísimos índices de impunidad.

No obstante, con motivo de esta fecha, es oportuno reconocer avances, aunque no plenos, en algunos casos como en el de Jineth Bedoya Lima en el que se ha abierto un camino de justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como ya lo ha señalado la FLIP, es la justicia efectiva la única que puede sentar un precedente para generar un efecto disuasorio que evite la aparición de nuevas agresiones. Lamentablemente la impunidad en crímenes como los asesinatos de periodistas colombianos sigue siendo muy alta, cada año sumamos más casos a una cifra que es muy grave: de un total de 160 asesinatos contra periodistas, 159 están en distintos niveles de impunidad. Y al terminar el año, la totalidad de crímenes contra periodistas que estarán prescritos será de 89.

Casos que prescribieron o prescribirán este año

Hernando Rangel Moreno fue asesinado el 11 de abril de 1999. Realizaba denuncias de la corrupción local y los abusos en la mala administración de los servicios públicos. Esta investigación se encuentra inactiva.

Rodolfo Julio Torres fue asesinado el 21 de octubre de 1999. Desconocidos lo secuestraron y, luego, su cadáver fue encontrado en el corregimiento Rincón del Mar, Sucre. Cuando informaba sobre el gobierno y la corrupción fue estigmatizado como como auxiliador de la guerrilla.

Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón fueron asesinados el 28 de noviembre de 1999. Sus cuerpos fue hallados a la orilla de una carretera en El Playón, Santander. En su trabajo de reportería habían logrado grabar la fiesta de un paramilitar. En este caso hubo condena a los autores materiales Orlando Sánchez y Gregorio Castillo García. Sin embargo no se sabe de los autores intelectuales. Esta investigación también se encuentra inactiva.

Pablo Emilio Medina Motta fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de la guerrilla mientras se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila. Existen 11 condenas contra Dair Giraldo Navarro Morales, Edgar Gustavo Navarro Morales, Floresmiro Burbano, Guillermo León Sáenz Vargas, José Benito Cabrera, Luciano Marin Arango, Milton de Jesús Toncel, Noel Mata Mata, Pedro Antonio Marín, Rodrigo Londoño Echeverry y Wiliam Mangarres. La investigación se encuentra activa en etapa de instrucción pero en menos de un mes prescribirá.

Jaime Garzón Forero fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En su caso hay condena al jefe paramilitar Carlos Castaño como coautor del delito de homicidio agravado. También condena a José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS, por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. También en 2012, el Coronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue vinculado a la investigación por el delito de homicidio agravado, luego de determinar que tenía una estrecha relación con Castaño y Narváez cuando era jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército en 1998.

Sin embargo, este año hubo un retroceso cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió en primera instancia no declarar el crimen de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad. En agosto de este año la FLIP explicó que esa decisión llevó a la prescripción del crimen contra Garzón desconociendo los estándares para la investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Si bien los procesos contra Plazas y Narváez continuarán, hasta que una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no permita que el crimen sea declarado de lesa humanidad, este caso seguirá en la impunidad pues de esa manera se impide que otros implicados en la cadena criminal respondan ya que puden evadir su responsabilidad debido a la mencionada preclusión.

 

Avances importantes en 2019 contra la impunidad

El caso de Jineth Bedoya Lima ha presentado avances significativos en 2019. Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, en enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000.

En julio de este año la CIDH decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región que deberá tomar una decisión al respecto en los próximos meses.

En mayo el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencias condenatorias contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya.

La decisión reconoce que las amenazas contra la periodista eran de conocimiento de las autoridades y que pudo existir una posible responsabilidad penal de terceras personas, por  eso compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

En febrero de este año hubo avances en el caso de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. La Fiscalía General de la Nación decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a los miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de este año les fue proferida medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En el caso de Guillermo Cano la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento a Jhon Jairo Velásquez Vásquez en mayo de este año. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación de Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio de  Cano. Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. Por esa razón, Gutiérrez Arrubla recibió medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Al respecto del asesinato del periodista Guzmán Quintero, la Fiscalía declaró el delito como de lesa humanidad reconociendo que los hechos hacen parte de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia.

En el caso de Nelson Carvajal Carvajal, el ente acusador también decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista.

Los avances mencionados son positivos, sin embargo la FLIP hace un llamado al gobierno para que coordine e impulse a la instituciones del Estado colombiano en la búsqueda de justicia en todos los casos impunes de crímenes contra la prensa. La FLIP reitera su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra los y las periodistas.