En Colombia la prensa recibe más agresiones que mensajes de respaldo por parte de funcionarios públicos y de la institucionalidad. Los remitentes son desde el Fiscal General hasta alcaldes, gobernadores y miembros de la fuerza pública. Un contexto como ese es insostenible para la libertad de expresión. Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH y miembro del Consejo asesor de contenido de Facebook, explora las acciones necesarias para que el aparato estatal le dé mayores garantías a la prensa. 

FLIP: ¿Qué le parece clave que cambie en la narrativa que tienen los funcionarios públicos con el periodismo?

Catalina Botero (C.B): Cualquier Gobierno tiene que adoptar una narrativa a favor de la libertad de expresión. Ese debe ser el gran contexto en el que se promuevan todas las políticas públicas de promoción de la libertad de expresión. Esta es fundamental en una democracia, ya que hay unas amenazas que solo cambiarán si la gente y los funcionarios públicos entienden por qué defender la libertad de expresión es tan importante. 

FLIP: ¿Por ejemplo qué tipo de amenazas?

C.B: Las amenazas que sufren especialmente los periodistas locales, los que no están en las grandes ciudades. Hay una deuda inmensa con la prensa que está en esos territorios. Los reportajes de esos periodistas son claves para combatir, por ejemplo, a los grupos armados. Pero esas historias no se están contando, porque los y las periodistas no pueden estar en esas zonas. Para solucionar este problema de protección no solo hay que entregarles un chaleco antibalas, hay que garantizarles la protección de todo el sistema que permite las comunicaciones desde esos lugares. 

FLIP: El periodismo se ha visto enfrentado históricamente a la violencia en el marco del conflicto armado. ¿Cree usted que la JEP debería abrir un macrocaso para tratar la violencia contra la prensa?

C.B: Claro, yo creo que sería un macrocaso. A partir del informe que hizo Germán Reyes para el Centro de Memoría Histórica, La Palabra y el Silencio, es posible pedirle a la JEP que estudie como fenómeno criminal los atentados contra periodistas, y la violencia contra la prensa en el marco del conflicto armado. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

FLIP: Otro de los grandes problemas de los medios hoy en día es la financiación. Hace poco Unesco propuso que fueran los Gobiernos quienes financiaran el periodismo. ¿En el contexto colombiano, usted ve viable esta recomendación?

C.B: Entiendo la propuesta de Unesco porque la información es un bien público, entonces debería estar financiada por el Estado. Sin embargo, en el panorama político de Colombia creo que es inviable. La mayoría de políticos realmente creen que la información seria, imparcial, veraz, curada, es solo aquella que habla bien de su candidato; es decir, no evalúan la información por el proceso, sino por el contenido del resultado, entonces sería muy peligroso. Así, se terminarían entregando miles de millones de dólares a medios que solo dicen lo que ellos quieren, no se lo van a dar a los medios con estándares serios que critican a sus líderes. 

FLIP: La mirada suele estar dirigida a lo que hace o deja de hacer el Gobierno de turno, pero no se habla del conjunto del Estado, ¿cómo trabajar con todas las instituciones en materia de libertad de expresión?

C.B: Es importante que haya una formación en democracia para los funcionarios públicos. Este tipo de acciones podrían contribuir a la prevención de agresiones a la libertad de expresión, como, por ejemplo, las relacionadas con el acceso a la información pública. Es recordarles a los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de recolectar, custodiar y entregar de manera oportuna, completa, accesible y fidedigna toda la información que tengan. 

Además, la Procuraduría tiene que iniciar investigaciones con perspectiva de libertad de expresión contra los funcionarios públicos que utilicen el discurso público para estigmatizar o afectar la libertad de expresión. Por ejemplo, esto es muy claro en el caso de Daniel Quintero, donde habían unas afrentas contra la prensa, contra El Colombiano, por ejemplo. La investigación que abrió la Procuraduría era clave.

Por otro lado, está la necesidad de transparentar el uso que hacen funcionarios de las redes sociales y de la publicidad oficial. La Contraloría debería investigar el uso de fondos públicos para la publicidad oficial mal destinada, y el uso de recursos públicos para la contratación de community managers, por ejemplo. 

El pasado miércoles 13 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2019 de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP. En la reunión fue elegido el nuevo Consejo Directivo para los próximos dos años. Como presidente del Consejo fue ratificado Fernando Ramírez y como vicepresidenta fue elegida Catalina Botero. La asamblea también respaldó a Pedro Vaca Villarreal para que continúe como Director Ejecutivo de la organización.

Este es el Consejo Directivo FLIP 2019:

Fernando Ramírez - presidente: editor de noticias, periódico La Patria de Manizales.

Catalina Botero Marino - vicepresidenta: decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y exrelatora para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Carlos Huertas: director de Connectas.

Camilo Jiménez Santofimio: director general de la revista Arcadia.

Betty Martínez: directora de noticias del Diario del Norte de La Guajira y corresponsal de la FLIP en ese departamento.

Sonia Godoy: periodista independiente de Popayán y corresponsal de la FLIP en el Cauca.

Rodrigo Pardo: director Editorial de revista Semana

Vivian Newman: directora del Centro de Estudios DeJusticia.

Diana Durán Núñez: Editora judicial de El Espectador

Darío Fernando Patiño: Director Señal de la mañana, Radio Nacional

Alejandra Cruz: Directora del taller del Nuevo Periodismo de la FNPI

Juan Esteban Lewin: Director (e) de La Silla Vacía.

Ricardo Corredor: Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano sede Cartagena

César Molinares: Periodista investigador

La FLIP agradece a los miembros salientes del Consejo Directivo 2017-2019 por su dedicada labor en favor de la libertad de expresión, también resalta el compromiso de todos los miembros de Asamblea que, año tras año, han hecho posible que la organización siga trabajando en favor de una democracia que garantice la prensa libre en Colombia.

Como producto del consenso, la Asamblea felicitó al equipo de trabajo de la Fundación por los resultados alcanzados. El pasado 11 de marzo la FLIP cumplió 23 años promoviendo acciones con el objetivo de crear un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de los ciudadanos a estar informados.