La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Jineth Bedoya Lima ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, expresamos nuestra preocupación por el reiterado incumplimiento de las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021.

Hoy, 12 de diciembre se cumplen tres años de que el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera recomendaciones a los Estados de Ecuador y Colombia en el caso de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado y asesinado en el 2018.

El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. 

“Should be hard lies” (debería ser mentiras duras). Con esta frase, el presidente Iván Duque cerró la entrevista con el periodista Stephen Sackur de la BBC de Londres, quien dirige el programa HARDtalk (Charla difícil) de ese canal. Durante doce segundos la cámara se alejó registrando un plano escorzo en el que Duque miraba con desconfianza a su entrevistador. La escena contiene tanta tensión que parece mucho más larga. Se trata de un instante que podría resumir cómo fue la relación durante cuatro años entre el gobierno saliente y el sector de la prensa que no estuvo de su lado: a la defensiva, la mayor parte del tiempo; hermética, según la estrategia, y, en algunas ocasiones, hostil.

En la entrevista, Duque dijo que en el 2021 el país tuvo la cifra más baja de homicidios de los últimos cuarenta años: un dato falso, como le recordó el portal ColombiaCheck, que advirtió que la cifra de homicidios de 2021 fue la más alta de los últimos siete años. A pesar de que el entrevistador estaba informado y lo controvirtió, Duque insistió en repetir los datos que ya había dado en otras entrevistas y acusar de mentiroso al periodista.  

Una reconstrucción de la relación Duque y medios da cuenta de que la receta se basó en la distinción binaria entre amigo-enemigo; con aquellos que consideró enemigos fue construyendo un muro inquebrantable, que prefería las autoentrevistas a las preguntas que él anticipaba incómodas. Al tiempo que se alejaba de la información que él no podía controlar se encargaba de engrosar su propia máquina de comunicaciones. Según las cifras que la Presidencia entregó en un derecho de petición, en el 2018 el equipo de comunicaciones de Presidencia era de 15 personas, actualmente son 54.

Y no solo amplió su equipo, también invirtió en publicidad oficial más de 45 mil millones de pesos, de la chequera pública, para mejorar su imagen y crear una narrativa paralela. En sus contrataciones de pauta buscó hacer monitoreos de medios, parametrizar usuarios de redes sociales, y, cómo fin último, posicionar su nombre e imagen en redes sociales, especialmente en momentos de crisis como la protesta social y la pandemia. 

Todo esto ocurría mientras la violencia contra la prensa se intensificaba: en los cuatro años de Duque, se presentaron más de 750 amenazas a periodistas con el fin de censurarles o intimidarles; y cinco homicidios lamentables de periodistas con el fin de silenciar sus investigaciones y denuncias.

Una corta luna de miel

Varios periodistas entrevistados para esta revista coinciden en que, tras la posesión de Duque en agosto de 2018, hubo un interés de la Presidencia por acercarse y compartir sus decisiones con los periodistas que cubren la Casa de Nariño, pero muy rápidamente la luna de miel terminó y dominó una distinción de medios y las y los periodistas entre cercanos y hostiles. “Yo sentí que la luna de miel duró poco o no hubo —explica un exfuncionario de la oficina de comunicaciones que prefirió no dar su nombre—. El país venía de una división entre amigos del proceso de paz y uribistas. Al comienzo el presidente Duque trató de superar esa confrontación, pero su círculo más cercano no dejó de concebir esa relación entre amigos y enemigos”. El desafío del entonces inquilino de la Casa de Nariño entrañaba el riesgo de quedar atrapado en una lógica polarizante que venía desde la campaña presidencial. 

Un periodista que cubre la Presidencia contó para este reportaje que, a inicios del gobierno, uno de los consejeros presidenciales le dijo: “nosotros sabemos que hay medios que no nos quieren, que hubo medios que apoyaron el Sí [del plebiscito por la paz] y son amigos del presidente Santos”. “La frase me dejó preocupado, —agregó el periodista, quien prefirió la reserva de su nombre—, porque eso había pasado dos años antes, y uno no puede comenzar un gobierno con una predisposición al ataque”. Había un acto de sinceramiento que con el paso del tiempo dejó al descubierto una actitud a la defensiva con algunos medios y una tendencia a considerarlos parte de la oposición. 

La mejor estrategia es el ataque

El primer ejemplo de que la mejor defensa era atacar a los críticos llegó temprano, el 6 de diciembre de 2018. Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, el sistema de medios públicos, censuró la transmisión de Los Puros Criollos, un programa de televisión sobre la cultura colombiana. El hecho fue una retaliación contra el presentador del programa, Santiago Rivas, por cuestionar la “Ley de Modernización de las TIC” en un video de La Pulla en El Espectador. La reacción de Bieri marcó la pauta de una relación basada en el choque, que se escalaría.

Las revelaciones de una conversación entre Bieri y una subalterna suya, donde él daba la orden de “matar la producción” advirtiendo que “uno no puede morder la mano que le da de comer”, presionaron su salida de la gerencia de RTVC. Sin embargo, rápidamente fue llamado por el presidente Duque a integrarse como asesor de comunicaciones. Más adelante, el nombre de Bieri reapareció en otra denuncia, esta vez sobre su participación en un grupo de WhatsApp dedicado a desacreditar a medios de comunicación y periodistas, al que se bautizó “la bodeguita uribista”. Este grupo, creado el 7 de septiembre de 2019 por Claudia Bustamante, la cónsul en Orlando, tenía por objetivo desactivar preventivamente las críticas de los medios contra el gobierno. “La bodeguita” señaló a medios como Noticias Uno y La W, y a periodistas como Camila Zuluaga, Catherine Juvinao, Daniel Coronell y Julio Sánchez Cristo. En sus ataques en Twitter equiparaba a las y los periodistas con el expresidente Juan Manuel Santos, lo que daba cuenta de una indiferenciación retórica entre comunicadores y políticos. El grupo se cerró el 18 de septiembre de 2019.

La denuncia puso al descubierto una tendencia del corazón del gobierno al ataque y a la censura preventiva. Esa actitud quedaría aún más expuesta cuando comenzaron las protestas de noviembre del 2019 y la imagen favorable del Presidente se había desplomado a un 23%, según Invamer Poll. Con la intención de confrontar esa tendencia desfavorable contrató a la empresa Alotrópico para construir una narrativa que “hiciera que los colombianos de bien desaprobaran las motivaciones de quienes marchaban”. En ese mismo contrato, la Presidencia solicitó que se perfilara a diferentes usuarios de redes sociales, y que se les etiquetara como positivo, negativo o neutro, según los comentarios que esas personas hubieran publicado.

En mayo de 2020, la Revista Semana publicó “Las carpetas secretas”, un informe que denunció cómo entre febrero y diciembre de 2019, el Ejército espió la actividad de más de sesenta periodistas y otras figuras públicas con la ayuda de softwares y herramientas informáticas. Las revelaciones se sumaron a un incidente previo en el que se conoció que el Ejército tenía una lista de periodistas a los que etiquetó como “Oposición”.

La presión política motivó un cambio en el equipo de comunicaciones. A comienzos de 2020, Hassan Nassar, un periodista reconocido por su paso como presentador en Cablenoticias y como director de La FM, llegó al cargo de consejero para los asuntos de prensa. El cambio partía del supuesto de que el problema era de comunicaciones y fue celebrado por varios integrantes del partido de gobierno. 

Sin embargo, solo un mes después y en una entrevista con Vicky Dávila, Nassar se enfrentó a la periodista en un careo que mostraba cómo la Presidencia había reforzado su posición combativa con los medios que lo cuestionaban. Dávila le preguntó por el uso que el presidente Duque le había dado al avión presidencial en un asunto familiar y Nassar sacó a relucir que ella había viajado con el expresidente Santos a la canonización de la Madre Laura. La actitud hostil de la consejería rompió una tradición que conservaba las formas en la relación institucional. A pesar de que en público no se volvió a presentar una confrontación similar, la relación del consejero con algunos periodistas se mantuvo distante. 

De los perfilamientos al hermetismo

La desconfianza con algunos sectores del periodismo se tradujo en el aislamiento que se agravó durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19. La cantidad de ruedas de prensa convocadas por Duque  son muestra de ello. Según la respuesta a un derecho de petición, entre agosto de 2018 y el 15 marzo de 2022, el presidente sólo participó en nueve de estos espacios ante los medios de comunicación. En contraste, y durante ese mismo periodo, otorgó 272 entrevistas a distintos medios e hizo 327 declaraciones. Aunque la cifra de ruedas de prensa se incrementó en los últimos meses de su mandato, estas se dieron en el marco de visitas diplomáticas acotadas a temas específicos. 

En efecto, la estrategia fue evitar a los y las periodistas que podrían hacer preguntas abiertas e incomodarlo. Como anotó Tatiana Duque, periodista de La Silla Vacía que escribió varios artículos sobre la relación del mandatario con los medios, “la estrategia mostró un interés del presidente de ejercer un control sobre la información que circulaba”. Es común que los presidentes colombianos prefieran las entrevistas pactadas y que los equipos de comunicaciones condicionen las preguntas, en lugar de las ruedas de prensa en las que hay menos restricciones a las preguntas y contrapreguntas.

“Desafortunadamente con este gobierno, las relaciones, sobre todo en la última parte, no han sido buenas, especialmente entre la consejería presidencial y los comunicadores.  Hubo mucho vacío y algunas veces fue deliberado”, dice Carlos Ruíz, periodista de CM&, que lleva varias décadas como corresponsal de la Casa de Nariño. Aclaró que en lo personal “el presidente es amable, pero su círculo más cercano fue muy hermético”. 

Esa desconexión se intensificó debido a un factor externo: las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia del COVID-19. A partir del 12 de marzo del 2020 y hasta finales de abril del 2021, cuando revivieron las protestas sociales, funcionarios y periodistas debieron trabajar desde sus casas. “El gobierno fue muy de buenas, pues la pandemia se le presentó como la oportunidad de darle un norte estratégico a las comunicaciones”, dice Juan Carlos Giraldo, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana.

Los esfuerzos de la oficina de comunicaciones se concentraron en mantener el control de una agenda en la que todo dependía de sus actuaciones bajo una reserva propia de la situación. Entonces, la Casa de Nariño lanzó el programa de televisión Prevención y Acción para informar a los colombianos sobre las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Al principio se trató de una respuesta ante una situación totalmente inédita. Para los periódicos, en particular, la primera fase de las transmisiones fue beneficiosa. Según ​​Gabriel Cubillos, jefe de redacción del periódico El Nuevo Siglo, el programa contribuyó a distribuir información relevante sobre las medidas adoptadas por el gobierno. “La pandemia creó una situación extraordinaria y uno pensaría que el presidente debía tener esa presencia mediática”, dice. Sin embargo, para medios como la radio que tienen varias emisiones al día, el trabajo resultó más engorroso. La estrategia de canalizar por un solo medio y en un solo horario era restrictiva. “Si en la mañana teníamos una pregunta sobre alguna noticia que había salido, nos decían que debíamos esperar a que el presidente hablara a las seis de la tarde”, cuenta la periodista María Kamila Correa, quien entonces era la corresponsal de La W en la Casa de Nariño.

Para diciembre del 2020, las emisiones continuaban, pero ya con un carácter menos informativo y más dedicado a la propaganda del gobierno. El mandatario informó sobre asuntos como los estragos del huracán Iota en San Andrés (18 de noviembre), la prohibición de la pesca de tiburones (26 de noviembre) y habló con Leopoldo López, líder de la oposición en Venezuela (14 de diciembre), entre otros asuntos que desnaturalizaron el objetivo de hacer pedagogía y dar cuenta de las medidas adoptadas contra la pandemia. Finalmente, y después de 404 horas emitidas, el programa se acabó el 4 de mayo del 2021.

Desde el punto de vista estratégico, “el gobierno no supo administrar el margen que le dio la pandemia con Prevención y Acción”, dice Giraldo de la Universidad de la Sabana, y añade que “lo político primó sobre lo científico”. Para Cubillos de El Nuevo Siglo, “al final se volvió una feria de elogios y autoelogios”,  refiriéndose a que Duque invitaba a miembros de su gabinete al programa con el fin de hacer propaganda política de su gestión.

La nueva normalidad, otro ladrillo en el muro

El paulatino retorno a la presencialidad terminó de cerrarle los espacios a la prensa interesada en evaluar las decisiones que el gobierno estaba tomando, lo que contribuyó a crear un halo de opacidad alrededor de tales medidas. La FLIP tuvo conocimiento de varios pantallazos del chat de prensa de Presidencia, el Departamento Nacional de Planeación y Vicepresidencia, de finales de febrero del 2021, en los que informaban la convocatoria y que la prensa solo podía obtener alguna declaración del círculo más cercano del gobierno. Ante la solicitud de que abrieran espacio para las preguntas, la respuesta siempre fue negativa, una estrategia de control del mensaje que impedía un escrutinio más directo.

La periodista María Kamila Correa recuerda que en “el gobierno de Duque no nos decían de qué iban a hablar. [Cuando convocaban] no sabíamos si iban a tratar información importante por lo que en muchos casos nos tocaba enviar derechos de petición para conseguir información sobre ciertos temas, como con quien se había reunido el Presidente”.

Esto, sumado a la ampliación de los términos para obtener la información por la vía del derecho de petición. El 28 de marzo del 2020, el gobierno expidió el Decreto Legislativo 491/20 y amplió el plazo para las respuestas oficiales a treinta días (el doble del que fija la ley), lo que en muchos casos impidió el acceso oportuno a la información. La norma estuvo vigente hasta el 17 de mayo del 2022, más de dos años después de que se firmara el decreto, y varios meses después de que se levantaran las medidas del confinamiento obligatorio.

La autoentrevista y el autohackeo

El fin del confinamiento coincidió con la reactivación de las protestas, que esa vez estuvieron motivadas por el  intento del gobierno de promover una reforma tributaria. El 21 de mayo del 2021, en medio de la situación más tensa para el país, cuando las principales rutas de acceso se encontraban paralizadas por los bloqueos y las violaciones a los derechos humanos habían desbordado lo imaginable, el Presidente decidió publicar una autoentrevista en inglés, en la que hablaba sobre el paro y culpaba de las protestas al jefe de la oposición, Gustavo Petro. 

Se trataba de una pieza de propaganda política que reforzó, en una parte de la opinión, la idea de que el Presidente se hablaba a sí mismo, en un idioma literalmente incomprensible para la mayoría y en medio de una coyuntura política que demandaba su comparecencia inexcusable. “Fueron momentos de mucha opacidad. Nunca recibimos una información oficial en la Casa de Nariño sobre quién y para qué se había hecho eso”, dice Tatiana Duque.

La entrevista siguió un guión preparado para repetirse, en el que le transfirió las responsabilidades de la crisis a otros, lo que contribuyó a poner en entredicho la credibilidad del Presidente. Hasta la fecha en la que se escribió este reportaje, Colombiacheck había confrontado 96 afirmaciones del mandatario, de las cuales 46 resultaron “cuestionables”, 19 falsas, 16 verdaderas con algún “pero” y 15 verdaderas. Del número de afirmaciones cuestionables se infiere que predominó una tendencia a decir verdades a medias, descontextualizadas o inexactas.

A la salida en falso del Presidente con la autoentrevista, que tenía como propósito hacer un giro en la opinión, se sumó el proyecto “Colombia es mi verdad”, una campaña de propaganda y de cibervigilancia enmascarada en la supuesta búsqueda de noticias falsas en Internet durante las protestas de 2021. La campaña se inauguró con un simulado ciberataque a las páginas del Ministerio de Defensa y un posterior video del ministro Diego Molano en el que destacaba el trabajo de los funcionarios del gobierno para combatir las noticias que consideraban falsas. No mencionaron que el apagón cibernético fue un falso ataque. Meses después, la FLIP documentó que esta estrategia realmente buscaba justificar un “ciberpatrullaje”, que dejó como resultado 21.000 horas invertidas en el seguimiento de 1.7 millones de direcciones, con fines poco claros y a todas luces una amenaza a las libertades civiles.

La campaña, propia de tiempos de guerra, buscaba reducir el impacto negativo en la opinión pública sobre el abuso de la Policía durante las protestas, pero no se trataba de una búsqueda desinteresada de la verdad sino de imponer su narrativa sobre los hechos, lo cual atizó más la confrontación de versiones y contribuyó a la persecución de quienes denunciaban la acción de la fuerza pública.

Un trato diferencial

No obstante, la experiencia de todos los medios con el presidente Duque no fue la misma. La agenda, los intereses y la particular relación de cada periodista con el círculo cercano del presidente definieron las relaciones entre los medios de comunicación y la Casa de Nariño. Por ejemplo, Armando Neira, editor de política de El Tiempo, cuenta que “esta casa editorial tradicionalmente ha tenido una buena relación con el poder y la institucionalidad”, así que la relación resultó menos conflictiva y hermética que en otros casos. “El periodista que cubre la Casa de Nariño es un corresponsal que tiene muy buenas fuentes y tiene acceso a información de primera mano. Entonces, este periódico goza de una autopista para elaborar las noticias”, añade. 

En el mismo sentido, la periodista Katerine Leal de RCN y La FM señaló que conseguir el acceso a la información dependió de la capacidad de los reporteros de buscar los datos y de lograr empatía entre los funcionarios de la oficina de comunicaciones. En su criterio, Duque trató a los periodistas con cercanía, “algo que puede ser peligroso si un periodista descuida la distancia que debe tener”, dice Leal. En cualquier caso, y según su experiencia, el problema de la accesibilidad fue más el resultado de la relación que logró establecer cada periodista con la Casa de Nariño que un problema de la estrategia de gobierno. “Al final del día, ellos [los encargados de las comunicaciones] confían más en ciertos periodistas que en otros. No tanto por la ideología, sino porque somos personas y de cierta manera hay quienes generan más confianza que otras”, dice. 

Muestra de ese trato diferenciado que obedecía a la categorización entre medios cercanos y contrarios se puede inferir de la cantidad de entrevistas que otorgó el mandatario según sus preferencias. De acuerdo con la información solicitada a la Presidencia, entre los medios nacionales el gobierno dio 43 entrevistas La FM y RCN (radio y televisión); diecinueve a Blu Radio; diez a Caracol Televisión; siete a CM&; siete a Caracol Radio; y cinco a La W. A La Silla Vacía no le dio ninguna entrevista, pese a que se las solicitaron varias veces.

El salvavidas que prometió pero nunca llegó 

Desde el punto de vista gremial, el balance que hace Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), es que la relación con el gobierno fue “rogada”. “Es decir —explica—, ha tenido que hacerse un esfuerzo muy grande para llamar la atención del gobierno y del propio presidente Duque, tanto para que oigan sobre la pertinencia de fortalecer los medios en el marco de la democracia, que están amenazados en su modelo de negocio y en su operación, como para que se comprometan”.

El momento más tenso entre el sector y el gobierno ocurrió ante la falta de interés que tuvo el ejecutivo para aliviar la crisis económica que ya enfrentaban los medios de comunicación y que se agudizó con la pandemia. Después de varios meses de conversaciones y mediación del sector, en marzo del 2021 el gobierno anunció con bombos y platillos una convocatoria de 85 mil millones de pesos para apoyar a los medios de comunicación. A pesar de las recomendaciones realizadas, el MinTIC no tuvo en cuenta la independencia que debía tener la entidad a cargo de la selección y adjudicación de estos recursos. En un proceso lleno de tropiezos e irregularidades, cuyo cierre se postergó cuatro veces, 354 medios se presentaron a la convocatoria. Seis meses después, el 6 de septiembre del 2021 y sin ninguna justificación satisfactoria, el ministerio canceló la convocatoria y los recursos nunca llegaron. 

“Fue un poco como si el gobierno estuviera acéfalo en su cartera para los medios de comunicación. Por todo ello, aunque hubo algunas reuniones de trabajo y el presidente públicamente habló de la importancia de los medios en una coyuntura como la que vivimos, al final no se concretó nada”, concluye Zitzmann. 

Al final del mandato de Iván Duque es evidente el retorno de amenazas y riesgos para los periodistas que cubren críticamente los temas de seguridad. La criminalización de la protesta redundó en graves daños a los derechos humanos y se reeditó una política de usar los recursos del Estado para vigilar a la prensa, lo que terminó atizando la desconfianza sobre el trabajo que hacen los y las periodistas. Duras verdades para un gobierno que, a pesar de su aparente amabilidad con los periodistas, no contribuyó lo suficiente con sus acciones a proteger la libertad de prensa y, por el contrario, se encargó de marcar una línea donde él decide quiénes son amigos y quiénes son sus enemigos.

Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte.

 En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.
   
   
2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.
   
   
3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.
   
   
4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.
   
   
5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

On Monday, March 15, the public hearing in the case of Jineth Bedoya Lima began at the Inter-American Court of Human Rights. At issue before the court is the State’s responsibility for threats against Jineth Bedoya, as well as her kidnapping, torture and rape in May 2000. During the hearing, the National Agency for Legal Defense of Colombia, represented by Camilo Gómez, alleged that the majority of the Court’s judges are not impartial in the case, and announced that it will present a request for recusal against five of the six judges due to an alleged lack of procedural guarantees. The State decided to leave the hearing, and the State’s witness did not appear to testify before the Court.

For the Colombian State, the questions and comments made by the judges, including Judge Elizabeth Odio Benito, President of the Court, revealed bias in favor of Jineth Bedoya. As her legal representatives, we, CEJIL and FLIP, state unequivocally that the comments from the judges were dignifying and appropriate, as they had just heard the courageous testimony from a survivor of grave human rights violations; the comments did not in any way prejudge the State’s responsibility in the case.  

In fact, it is the job and the obligation of judges to question witnesses about facts germane to the case—this includes context, which helps the judges to understand the scope of violations and the measures that could constitute reparation for the victim. In her testimony, Jineth Bedoya answered questions related to the object of her declaration, as pre-approved by the Court. This included: her work as a journalist and the journalistic investigations she carried out in and prior to 2000, the risks she faced as a result, her requests for protection and the State response to this situation. Likewise, she narrated the events of May 25, 2000 and the impact that these events have had on her life ever since.

In her testimony, Jineth stated that National Police officers suggested that she interview paramilitary leaders at La Modelo prison in order to mitigate the threats against her as a result of her investigative journalism. She stated that this interview was a “trap” that led to her kidnapping, torture, and rape. She also described how the perpetrators stated to her that their acts were a “lesson” or “punishment” for her journalism. She described multiple pieces of evidence of the responsibility of State agents for her kidnapping, which have been ignored in the prosecutor’s investigation; in contrast, she described how she was revictimized in the course of the investigation, being called twelve times to make statements describing the torture and rape to which she was subjected. The State’s representative recognized this revictimization at the public hearing.

As organizations that represent Jineth Bedoya, we denounce the State’s attitude in this case, which demonstrates the State’s indifference to the victims of sexual violence during Colombia’s armed conflict and denies dignified spaces for access to justice. Colombia’s decision to leave the public hearing is unprecedented and gives cause for concern about its commitment to justice for human rights violations and its eventual compliance with the decision of the Court.

Moreover, we denounce this action as part of a strategy to delegitimize the Inter-American Court and create new obstacles in this process, which continues to punish Jineth Bedoya for making her voice heard. This is a new attempt to silence her.

As legal representatives, we call on Colombia to reappear at the scheduled hearing, in compliance with its international human rights obligations and in accordance with the Court’s order. Appearance at the hearing will contribute to the dignity and redress that this international legal process can provide, regardless of the eventual content of the decision.

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

La Fundación para la Libertad de Prensa construyó el siguiente informe con dos objetivos principales. El primero es brindar un diagnóstico técnico a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia y poner en conocimiento algunas preocupaciones sobre la manera en la que la entidad asigna, ajusta y retira medidas de seguridad a los beneficiarios del programa. El segundo, que surge a partir de la experiencia de litigio estratégico de la Fundación, es identificar buenas prácticas a favor de la consecución de la justicia que se pudiesen replicar en la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la investigación de casos de violencia contra periodistas. En los dos momentos se presentarán recomendaciones a las entidades.

Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.