El 16 de octubre de 2022, Rafael Emiro Moreno fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, por dos hombres sin identificar. Rafael era reconocido por su trabajo de veeduría y por sus denuncias y, debido a esto, contaba con un esquema de seguridad que le fue insuficiente al momento del homicidio. Su asesinato fue el primero que ocurrió bajo la protección del Estado y un año después, ni las autoridades locales ni la Fiscalía han avanzado en las investigaciones sobre qué ocurrió, ni en la identificación y judicialización de los autores del crimen.

Rafael Moreno fue el primer periodista en ser asesinado en el 2022 por razones de su oficio. Investigaba sobre corrupción en el sur de Córdoba y era reconocido en la zona por su trabajo de veeduría. Su caso deja al descubierto las amenazas y riesgos a los que están expuestos las y los periodistas en las regiones. Por: Daniel Chaparro

Hace un mes exacto silenciaron la voz de Rafael y, hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento ni se conoce si la Fiscalía General de la Nación está investigando el crimen teniendo en cuenta su relación con el trabajo periodístico que hacía Moreno. El periodismo de Rafael era vital para la región, por lo que en la FLIP seguiremos velando para que su asesinato no quede impune.

La FLIP alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba, luego del asesinato del periodista Rafael Moreno, ocurrido en Montelíbano. La semana pasada, la Fundación realizó una misió;n a esa región y constató que el Gobierno Nacional no ha realizado acciones contundentes para cumplir su obligación de procurar seguridad a los y las periodistas.

El periodista Rafael Emiro Moreno, asesinado el pasado 16 de octubre, recibió amenazas de muerte desde el año 2019. Durante los siguientes tres años los ataques contra Moreno continuaron, por lo que acudió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a otras entidades estatales en búsqueda de medidas que protegieran su vida. Sin embargo, durante ese tiempo, Moreno se enfrentó a un mecanismo de protección con problemas administrativos, que no creía en el riesgo que él manifestaba y, por lo tanto, tomó medidas insuficientes para el peligro al que se enfrentaba.

La Fiscalía, la Policía y el Consejo de seguridad del municipio de Puerto Libertador también sabían de los ataques de los que era víctima Moreno; no obstante, tampoco se implementaron acciones idóneas para proteger la vida del periodista.

Hay cuatro momentos claves que reflejan la inoperancia del Estado al momento de atender los riesgos de Moreno:

1. Después de que Moreno advirtiera sobre su riesgo y las amenazas que había recibido por parte de grupos armados ilegales, la UNP le asigna al periodista un esquema de protección de un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un botón de apoyo.
   
   
2. En septiembre del 2020, la UNP decide reducir el esquema de protección a casi la mitad y, así, retirar el vehículo blindado y un escolta. Esto sucedió a pesar de que Moreno fue víctima de otras dos amenazas en mayo del 2020. Si los ataques que recibió el periodista eran similares a los que enfrentó en 2019, entonces no se entiende por qué la UNP consideró que el riesgo del periodista había disminuido y por lo tanto requería menos protección.
   
   En ese momento, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) argumentó que el periodista “no identifica o individualiza el actor generador de la amenaza, por lo que no es posible determinar la capacidad de materialización de las amenazas”. Esto desconoce, por un lado, que la mayoría de amenazas contra la prensa en Colombia son realizadas por desconocidos. Además, estas acciones fueron revictimizantes, pues revirtieron la carga de la prueba que debería tener el Estado y se la impusieron al periodista, ya que se le pidió que fuera el investigador de su propio caso.
   
   Además, en esa oportunidad el CERREM afirmó que “las entidades consultadas indicaron no contar con registros de amenaza en contra del evaluado”. Sin embargo, esto es falso, ya que Moreno denunció ante la Fiscalía todas las amenazas y estas estaban en conocimiento de por lo menos otras dos instituciones: Policía y Alcaldía de Puerto Libertador. La desarticulación entre las entidades estatales llevó a que en el caso de Moreno no se tomaran las acciones correspondientes para resguardar su vida.
   
   
3. En septiembre del 2021 la UNP suspendió por tres meses el escolta que protegía a Moreno. Es decir, el comunicador quedó solamente con el botón de apoyo y el chaleco antibalas. La entidad nunca notificó debidamente al periodista sobre esta decisión, por lo que no se conocieron las razones que justificaron el desmonte parcial del esquema de protección.
   
   
4. En julio del 2022 el CERREM decide volver a implementar las medidas que Moreno tenía desde el 2020, es decir un hombre de protección, un chaleco y el botón. Esto, a pesar de que durante el 2021 el periodista recibió dos amenazas, lo que significa que su nivel de riesgo nunca disminuyó en el tiempo.
   
   En ese mes la FLIP puso en conocimiento del CERREM y la UNP las dos nuevas amenazas de las que fue víctima el periodista en mayo y junio del 2022. El objetivo, nuevamente, era que se le reforzara su esquema de protección. En ese momento, la UNP valoró las agresiones como si se trataran de un caso nuevo, cuando el periodista llevaba ya tres años en el sistema de protección. 
   
   Hacemos un enérgico llamado al director de la UNP, al Ministerio del Interior, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, y demás miembros del CERREM, para que junto con la Defensoría del Pueblo, realicen un informe público sobre las evaluaciones de riesgo, los trámites y medidas que fueron adoptadas en este caso. Esto, con miras a que se adopten las medidas necesarias para corregir y prevenir fallas del Mecanismo de Protección en otros casos. 

El periodista Rafael Emiro Moreno fue asesinado en la noche del 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba, por dos hombres que le dispararon cuando él estaba en un local de su propiedad. Moreno era el director del medio digital Voces de Córdoba, y tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social.

A pesar de que recientemente había recibido amenazas y existían solicitudes para reforzar su esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema. El asesinato de Moreno sería el primero que ocurre bajo la protección del Estado. 

El periodista había sido víctima de amenazas desde el 2019 que estarían relacionadas con sus publicaciones y denuncias periodísticas sobre corrupción e información sobre  grupos armados ilegales. Por estos hechos, Moreno tenía un esquema de protección asignado por la UNP que incluía un escolta, un botón de pánico y un chaleco antibalas.

El 12 de julio de 2022 la FLIP informó de dos nuevas amenazas que recibió el periodista al Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- de la UNP. A pesar de estos nuevos hechos y de que el periodista expresó la necesidad de un refuerzo de su esquema, la UNP decidió mantener las medidas que ya tenía.

Es preciso y urgente que la UNP realice una investigación que permita conocer por qué no se reforzó su esquema de seguridad y si existieron irregularidades por parte del esquema de protección al momento del asesinato. 

Hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación a investigar estos hechos con celeridad y tener en cuenta como principal hipótesis la labor periodística de Moreno. En esta región de Córdoba los periodistas no tienen garantías suficientes para hacer su trabajo. Durante el 2022, seis comunicadores de Montelíbano han reportado amenazas y otros dos han sido hostigados en otros municipios del departamento. Este asesinato profundiza el riesgo y la sensación de miedo para ejercer el periodismo.

Rechazamos y lamentamos profundamente el asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno, ocurrido. La FLIP seguirá documentando las circunstancias del asesinato y enviamos un mensaje de solidaridad a familiares, colegas y amigos de Rafael.

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

Oswaldo Regino Pérez fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, tras denunciar las primeras masacres paramilitares en Córdoba. El periodistas abrió sus micrófonos a las comunidades más vulnerables del departamento. Iba de pueblo en pueblo, denunciando las precariedades a las que se enfrentaba la comunidad. Oswaldo trabajó en las emisoras La Voz de Montería y Radio Panzenú, y además fue corresponsal de El Universal de Cartagena y jefe de prensa de la Gobernación de Córdoba.

El martes 11 de octubre de 1988, en el corregimiento Los Pericos, zona rural de Montería, Córdoba, Oswaldo fue asesinado presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Su caso prescribió en 2008 y hoy, 33 años después de su muerte, no hay condenas en contra de los responsables del crimen. 

En la FLIP, recordamos la trayectoria periodística de Oswaldo y recordamos sus esfuerzos por dar voz a las personas más vulnerables de su región. Gracias por recordar con nosotros.

Gabriel Cruz Díaz fue asesinado por desconocidos hace 26 años en Chinú, Córdoba. Gabriel fue corresponsal de los diarios El Universal de Cartagena, El Heraldo y El Espectador, y trabajó en emisoras como Panzenú, La Voz de Corozal Y Radio Piragua. Antes de su asesinato, el periodista estaba escribiendo un libro sobre los ataques militares contra las personas de izquierda en la región.

El caso del asesinato de Gabriel prescribió en 2015 sin que las autoridades identificaran a los responsables de su homicidio. Hoy, se cumplen 26 años de su muerte y en la FLIP reconocemos sus esfuerzos y el de todos y todas las periodistas que han sido asesinados en Colombia por denunciar las irregularidades y problemas en sus regiones. 

Gracias por recordar con nosotros.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

La libertad de expresión y de prensa en Colombia se ha movido durante años entre las borrosas barreras de la censura que se impone desde actores externos y la autocensura que se instala en la cotidianidad del periodista. Si bien es claro que el conflicto armado limitó el acceso a la información y difusión de la misma, también es innegable que la relación directa de medios de comunicación con grupos políticos y económicos ha afectado la manera de informar al país.

Luego de un trabajo realizado por la FLIP y gracias a la financiación de Reporteros sin Fronteras, hoy se da a conocer este informe que muestra que  las condiciones para hacer periodismo en las regiones son muy difíciles, en este caso en Córdoba, el grado de libertad de expresión y prensa con el que pueden ejercer su oficio y en la actualidad el dinero. Como cierre del informe se encuentra un capítulo especial trabajado con mujeres que recoge las realidades vividas por las mujeres en las salas de redacción y en general en el mundo periodístico.

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