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El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. Todo esto, mientras las cinco periodistas fueron asesinados por razones de su oficio y otras y otros 750 recibieron amenazas de muerte.

Existen varias postales que permiten recordar cómo abordó Iván Duque a los y las periodistas. Displicente: la recordada frase “¿De qué me hablas, viejo?” para evitar la pregunta de un reportero de El Heraldo quien lo cuestionó sobre el bombardeo donde murieron menores de edad. Inverosímil: Duque se entrevistó a él mismo durante los días más álgidos de las manifestaciones del 2021. Cínico: el presidente le sugirió al periodista Stephen Sackur de la BBC que estaba diciendo mentiras cuando realmente quien entregaba información falsa era Duque.

No se trata únicamente de anécdotas. El presidente fue implementando una estrategia lesiva contra la libertad de prensa que siguió los lineamientos entregados por sus asesores y que persiguió dos objetivos. El primero, construir una poderosa máquina de comunicaciones con el propósito de posicionar su propia versión de los hechos y, el segundo, segmentar al periodismo entre amigos y enemigos.

Para el primer objetivo Duque triplicó el equipo de comunicaciones de la Presidencia, que en el 2018, al cierre del gobierno de Santos, tenía contratadas a quince personas y que actualmente está integrado por 54. Adicional a esto, la Presidencia gastó más de 46 mil millones de recursos públicos en pauta oficial. La mayoría de los contratos tenía como objeto reforzar las narrativas sobre su gestión, figurar en medios internacionales y monitorear las redes sociales para identificar a quienes opinaban sobre su administración.

En este propósito de crear comunicaciones unidireccionales el programa de Prevención y acción engranó de manera perfecta. Este espacio diario se prolongó durante más de un año y se transmitieron 404 horas. Si bien al comienzo estaba encaminado a explicar la pandemia del Covid-19 terminó convertido en un show donde Duque publicitaba las acciones de su gobierno, un monólogo de comunicación oficial que no dejaba ningún espacio para preguntas de periodistas, cuestionamientos de ciudadanos o voces de la oposición.

Consulte acá la cuarta edición de Páginas para la libertad de expresión

Al tiempo que engrosaban su propia máquina de comunicaciones, Duque y sus asesores etiquetaron como “negativos” a un amplio sector de la prensa y construyeron un muro inquebrantable, que bloqueó a los medios que anticiparon como incómodos. Durante sus cuatro años, Duque dio nueve ruedas de prensa y realizó 272 entrevistas. Una de cada seis entrevistas se la concedió a RCN, radio y televisión. Diecinueve veces atendió a Blu Radio. Por el contrario, a El Espectador le concedió una sola entrevista y a La Silla Vacía ninguna.

Quizás uno de los hechos más bochornosos que dejó su desprecio hacia el sector fue el incumplimento que le hizo a las y los propietarios de los medios, a quienes les había prometido un salvamento por 85 mil millones de pesos para aliviar los efectos generados por la pandemia. Después de seis meses de engorrosos trámites al que aplicaron más de trescientos medios, el gobierno canceló la ayuda sin entregar ninguna explicación.

Enfrascado en sus pretensiones, que oscilaban entre el control y la vanidad, Duque evadió sus obligaciones de protección a la prensa. En estos últimos años hubo un incremento de la violencia. Desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 30 de junio del 2022 la FLIP documentó 628 amenazas contra medios y periodistas en todo el país, un aumento sustancial comparado con el cuatrienio anterior. También ocurrieron cinco asesinatos a periodistas por razones de su oficio, pero el gobierno no emprendió acciones contundentes para encontrar justicia. Sumado a todo esto, Duque fue indulgente con el episodio que se conoció en el 2020 sobre el espionaje contra la prensa.

Iván Duque empezó tímidamente alejándose de algunos medios a quienes quería cobrarles “el apoyo que le habían dado a la Paz de Santos”. Con el paso de los años dejó su timidez, marcó condiciones hostiles para el periodismo que fue crítico con su gestión y su desprecio hacia la prensa se hizo evidente.

Cerramos el año con más de 700 periodistas agredidos y sin saber qué cartas jugarán los próximos funcionarios públicos ante la crisis de medios y de libertad de prensa. Con el ánimo de aportar al debate, en esta edición presentamos una serie de propuestas que hacen frente a nueve problemas que amenazan el periodismo en Colombia.

El 2021 marcó un punto de inflexión para el periodismo en Colombia. Durante los primeros meses quedó en evidencia que no existen garantías para cubrir las manifestaciones sociales. En simultáneo, fue instalada una política de ciberpatrullaje liderada por el Ministerio de Defensa que monitorea el contenido publicado por los usuarios en redes sociales. Para cerrar, las mayorías del Senado y de la Cámara aprobaron un artículo que blindaba a los funcionarios públicos de las investigaciones de la prensa y aumentaba los castigos contra periodistas. Al final, la presión de la sociedad civil  hizo efecto y el artículo fue retirado; pero las intenciones de los legisladores quedaron al desnudo. 

Nuevamente, afrontamos el asesinato de un periodista, el de Marcos Efraín Montalvo, en Tulúa. Además, se intensificaron problemas globales, como la crisis económica de los medios, agudizada por la pandemia. 

Concluímos con un periodismo más débil y con la incertidumbre de cómo, los próximos legisladores y mandatario, entenderán y abordarán estos desafíos. Los funcionarios que resulten electos este año estarán obligados a diseñar un plan que salve el periodismo. De lo contrario, con total seguridad se ahondará en la crisis y la situación para la prensa encontrará más semejanzas con lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua o El Salvador. 

Con el ánimo de aportar al debate sobre cómo abordar estos asuntos, consultamos a expertos, estudiamos casos internacionales y seguimos de cerca iniciativas impulsadas por la Unesco, las Naciones Unidas y las oficinas de las Relatorías de Libertad de Expresión. El resultado es una serie de propuestas que hacen frente a nueve problemas que amenazan el periodismo. 

Esta hoja de ruta es un punto de partida que deberá alimentarse con las ideas de diferentes sectores y reforzarse con debates amplios que permitan profundizar en asuntos como la destinación de recursos públicos para el sostenimiento de los medios. También por supuesto, será necesario encontrar voluntad política para garantizar mayor independencia en el sistema de medios públicos y para evitar la malversación de fondos en la asignación de la publicidad oficial. 

Aquí puede consultar la revista Páginas para la Libertad de Expresión, edición #3.

Esa intención auténtica de los mandatarios debe estar en sintonía con propuestas que han surgido en diferentes países, y que tienen el ánimo de impulsar que los medios y la información sean considerados un bien público fundamental. 

Por supuesto, somos conscientes de que ninguna de estas soluciones resulta infalible, y no existe, por ahora, un antídoto ideal para la crisis. Sin embargo, sí están pensadas para atender cada problema por separado, comprendiendo sus rasgos específicos y sobre todo, para no causar daño a la democracia. 

Para discutir estos temas, el próximo 9 de febrero tendremos un debate sobre medios y libertad de expresión con algunas de cabezas de lista al Senado. Puede encontrar la retransmisión en nuestro canal de Facebook y Youtube. 

Tome nota de esto: La FLIP, fundada en 1996, ha promovido la defensa y la protección de periodistas para que puedan ejercer su trabajo sin miedo a sufrir represalias. No tomaremos ningún partido durante la contienda electoral del 2022, como nunca lo hemos hecho. La bandera y el deseo de la FLIP es la defensa de la libertad de expresión como principio promotor del periodismo. Buscaremos impulsar esta agenda con todos los y las candidatas y seguiremos haciendo veeduría a quienes ocupen el Congreso y al equipo que llegue a la Presidencia.

Sumado a la violencia contra la prensa, desde el Estado se ha criticado y aleccionado sobre cómo es el buen periodismo, poniendo en duda su valor democrático. Existen muchos periodismos, todos válidos, y son las audiencias quienes deciden qué tan buenos o malos los consideran. 

El Estado colombiano nuevamente ha apuntado sus armas, recursos y capacidad de intimidación contra los periodistas. Esta situación se acrecienta en medio de la emergencia económica por la pandemia que afecta al sector de medios.

Una alarmante operación de espionaje, el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la actitud displicente y estigmatizante por parte de funcionarios de más alto nivel se suceden con tal flagrancia y reiteración que es imposible no asumirlo como un mensaje en el que la prensa se entiende como oposición; en el que no existe tolerancia hacia el pensamiento crítico. 

El 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación y del estado de la libertad de expresión en el país. La violencia contra la prensa ocurre con la misma sistematicidad y permisividad como sucedía en décadas pasadas, durante los años más oscuros de Colombia. En ciudades medianas como Puerto Libertador en Córdoba o en capitales como Arauca no existe la posibilidad de ejercer el periodismo de manera libre. A esos dos ejemplos pueden sumarse decenas de municipios donde las y los reporteros deben calcular cada noticia antes de publicarla y hacen su trabajo con la permanente sensación de que en algún momento serán amenazados. 

En los últimos cuatro años, en el país han sido asesinados ocho periodistas y se han denunciado 618 amenazas; es el segundo país más letal del continente, después de México. Durante el año de la pandemia, y a pesar del confinamiento general, fueron amenazados 193 periodistas, un 10% más que en el 2019. Dos periodistas fueron asesinados: Abelardo Liz y Felipe Guevara. Esto ocurre mientras se invierten miles de millones de pesos en un mecanismo de protección que lamentablemente ha perdido efectividad y naufraga sin legitimidad, a la espera del prometido plan de reingeniería.

Esta atmósfera ha encallado a la prensa en la autocensura. Así lo admiten propietarios(as) de medios, directores y reporteros(as) por igual. Claro está que lo hacen de manera confidencial. La mayoría de las veces la sociedad, que depende de la prensa para estar informada, no se entera de la existencia de esa autocensura o puede no conocer su nivel de prevalencia entre los periodistas. Sin embargo, el precio que pagamos como sociedad es altísimo, ya que en un sistema democrático es indispensable que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a informarse sobre cualquier tema. 

Vean aquí la revista en línea.

El periodismo en Colombia es un paciente con comorbilidades y la pandemia amenaza con enviarlo a cuidados intensivos. A pesar de esto el Gobierno ignoró los trapos rojos que la empresa periodística ha batido con fuerza. Para el presidente Duque las prioridades están en otros asuntos. Por ejemplo, instalar un nuevo paradigma, normalizar su burbuja informativa y forjar una engañosa interlocución directa con la ciudadanía. Ha gastado al menos veintiséis mil millones de pesos en priorizar su comunicación institucional y la trata como si fuera superior a la pluralidad que ofrece el periodismo. Esta agresiva estrategia fortalece el riesgo de prácticas de propaganda sin precedentes en el país. 

En las primeras semanas del 2021, se dieron algunas señales de que finalmente el Gobierno adoptará medidas económicas para el sector, de no ser así, la supervivencia de muchos medios de información, la pluralidad y el futuro del periodismo profesional se podrían ver en entredicho. 

Las decenas de periodistas que fueron objeto de seguimientos y espionaje entienden que para el Estado ellos son los enemigos. Eso mismo asumen los reporteros de los medios comunitarios y los comunicadores indígenas que lloran cada que asesinan a uno de sus compañeros. Así mismo los ciudadanos que se atreven a preguntar. La única oportunidad que tiene este Gobierno de quitarles la razón es investigando y que las víctimas conozcan la verdad, como constantemente lo ha prometido. Sin embargo no lo hace y las preguntas persisten, ¿quién dispara? ¿quién amenaza? ¿quién dio la orden de los perfilamientos?