El pasado 24 de abril, el periodista Juan Alejandro Loaiza, de la emisora La Despensa, fue secuestrado por un grupo armado en el departamento del Huila. Un día después, aproximadamente a las 8:00 a.m., conocimos sobre su liberación. De acuerdo a la documentación realizada, este secuestro fue una consecuencia de su trabajo como periodista, específicamente por negarse a publicar información que era de interés de dicho grupo insurgente.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la desaparición de Juan Alejandro Loaiza, director de la emisora La Despensa de Algeciras, Huila, y beneficiario, desde hace tres meses, de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Durante la semana del 15 al 19 de abril de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adelantó su visita in loco a Colombia con el objetivo de observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los derechos humanos. Entre sus principales hallazgos, la Comisión evidenció hechos graves de violencia y estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, así como una impunidad sistemática que se origina por la falta de diligencia en las investigaciones de hechos de violencia.

Ayer 22 de abril, Alejandro José Arias, alias ‘El Cojo’, fue trasladado a la cárcel La Picota por el asesinato de Jaime Vásquez, ocurrido el pasado 14 de abril, en Cúcuta, Norte de Santander. Arias fue señalado por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal agravado y concierto para delinquir agravado.

Rechazamos los ataques por parte de manifestantes en contra de trece periodistas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín durante las protestas del 21 de abril. Los reporteros de RTVC, Juan Maza BQ, El Tiempo, Cofradía para el Cambio, Tras Este Visor y El Tamal News fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, obstrucción al trabajo periodístico y amenazas, lo que los obligó a interrumpir el cubrimiento para salvaguardar su integridad.

Las declaraciones del brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca del Ejército Nacional, en contra de La W desacreditan y ponen en un alto riesgo jurídico al medio pues lo vincula con la comisión de un delito sin presentar evidencias.

En la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, realizamos un seguimiento especial al Sistema de Medios Públicos RTVC, dada su responsabilidad en la promoción del pluralismo y la diversidad de opiniones sobre temas de interés público. Este compromiso es esencial en el caso de este tipo de medios para proteger la libertad de expresión y garantizar una programación que refleje la diversidad de voces de Colombia. Por ello, hemos establecido un canal de comunicación directa con decenas de periodistas de RTVC, quienes han expresado su preocupación por prácticas que podrían comprometer estos principios.

La FLIP y otras organizaciones de derechos humanos acompañamos a la periodista Claudia Julieta Duque en el juicio contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez. En audiencias previas, Duque, la Procuraduría y la Fiscalía pidieron que se condenara a Narváez; sin embargo, el exdirector del DAS no reconoció su responsabilidad en los hechos cometidos contra la periodista y se limitó a cuestionar personalmente el trabajo y la veracidad de las agresiones que sufrió Duque. Las acciones de Narváez son revictimizantes y vulneran los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, se espera que el Juzgado 10° Penal Especializado de Bogotá lo condene como máximo responsable de crímenes de lesa humanidad.

En los últimos dos años, grupos armados ilegales han sido el principal agresor de la prensa en Arauca. Según nuestra documentación, en 2022 los ataques del Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el ELN contra periodistas correspondieron al 57.45% del total de agresiones en el departamento. Si bien en 2023 el porcentaje bajó a 45%, en lo corrido del 2024 alcanza el 50%. Esta violencia ha causado que los y las periodistas acudan a la autocensura como mecanismo de protección y dejen de informar sobre conflicto armado, orden público y violación de derechos humanos, producto de la acción de estos grupos que se ha agravado por el enfrentamiento directo en el que se encuentran.