Hoy, en el Día del Periodista, se lleva a cabo el reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano en el magnicidio de Guillermo Cano Isaza, periodista y director de El Espectador. En el evento, el Estado aceptará que incumplió su obligación de garantizar la vida de Cano Isaza, y que ha desconocido su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y de proteger a las víctimas y a sus familiares.

En el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra la Prensa, recordamos a los tres periodistas del país que han sido asesinados en los últimos trece meses. En 2022, Rafael Moreno, en Montelíbano, Córdoba, y Wilder Córdoba, en La Unión, Nariño; y en 2023, Luis Gabriel Pereira, en Ciénaga de Oro, Córdoba. En esta violencia hay varios patrones: los periodistas cubrían temas de interés como orden público, seguridad, y corrupción; los homicidios ocurrieron en municipios con un ecosistema mediático limitado; y los periodistas, quienes también ejercían labores de liderazgo y veeduría, y eran reconocidos por las y los habitantes de sus municipios.

Hoy, hace ocho años, el periodista Luis Antonio Peralta fue asesinado en El Doncello, Caquetá. Peralta era el director de Linda Stereo, una emisora en la que denunciaba la corrupción de su municipio y departamento. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora.

El 24 de enero de 1974, en Florencia, Caquetá el cacique liberal Hernando Turbay Turbay y Nelson Hermosa fundaron la emisora La Voz de la Selva; medio desde el cual se respaldó al partido turbayista y se denunció abusos y casos de corrupción en el departamento. Su corte político y el temple de los periodistas la posicionó como una de las emisoras más escuchadas en la región. No obstante, el asesinato de seis de sus periodistas la condenó a apagar sus micrófonos. 

Durante la década de los sesenta y setenta, Hernando Turbay Turbay fue uno de los políticos más influyentes en el contexto nacional. Con la expansión de su caudal político, creó la Asociación Jorge Eliécer Gaitán, que gestionó y financió proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos en Caquetá. Y bajo la idea de tener un espacio propio para difundir las acciones del turbayismo, en 1974 la Asociación financió la creación de la emisora La Voz de la Selva.

Con el rugido de un león, a las 4:00 de la mañana la emisora iniciaba operaciones. “Tenía sus estudios en el centro de Florencia y utilizó para la época los más modernos sistemas de radiodifusión, como fueron las antenas que se instalaron en medio de un lago y la adquisición de unos transmisores para tener la potencia y cobertura necesaria para llegar a todo el departamento del Caquetá”, menciona William Wilches, director del Museo Caquetá. “Para que la emisora estuviera a la altura, la Asociación no se limitó en recursos”, agrega.

La Voz de la Selva desde sus inicios estuvo marcada por la política, razón por la cual se promovieron programas como La Conga que, bajo la dirección de José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez, fueron el espacio de defensa de todo el ideario liberal. “Realizaban entrevistas a los dirigentes para que contaran sobre las gestiones que estaban adelantando. Pero también fue el espacio contestatario, donde a veces utilizaban unas palabras ofensivas y comentarios muy fuertes contra otros dirigentes. Entonces, además de defenderlo, le ganaban enemigos políticos a don Hernando”, explica Wilches.

En la década de los ochenta, inició un capítulo de violencia política en Caquetá, “las guerrillas de las FARC, empezaron a atacar por el lado débil, por el lado que más le doliera al turbayismo, entonces como los periodistas eran los que difundían las noticias de la región, empiezan a asesinarlos”, comenta Wilches. Desde ese momento, la emisora empezó a decaer, consecuencia de los ataques de las FARC contra la infraestructura del medio, el asesinato de varios de sus periodistas, la muerte de Hernando Turbay y el homicidio de varios integrantes de la familia. Estos hechos llevaron a una reducción en los apoyos económicos. 

“Las Farc logró su cometido de silenciar la emisora, fue una pérdida sensible porque a la ciudadanía le gustaban los programas que se hacían y les quitó la posibilidad de estar informados”, indica Wilches. Finalmente, después de la ola de violencia en Caquetá y el asesinato de seis de sus periodistas, la emisora fue vendida a Fernando Almario, parlamentario del Partido Conservador, que luego se la revendió a una comunidad evangélica.

A continuación encontrará una recopilación de la vida y obra de los periodistas que trabajaron en La voz de la Selva y fueron asesinados por la labor periodística que desempeñaron.

Hoy, 12 de diciembre, se conmemoran 27 años del asesinato del periodista Ernesto Acero Cadena, conocido entre sus amigos y colegas como el hombre de acero, haciendo alusión a su apellido y a la imagen que forjó como un hombre de firmes convicciones, con un carácter fuerte y contundente a la hora de escribir. Acero fue editor, corresponsal y director de varios medios impresos, televisivos y cadenas radiales en el Quindío. Como periodista, se caracterizó por denunciar nexos de políticos con narcotraficantes y condenó la corrupción política en Armenia. 

Trayectoria periodística

Acero nació en Bogotá, donde estudió psicología en la Universidad Nacional; sin embargo, por su situación económica no pudo culminar sus estudios. Su carrera periodística empezó en 1957, cuando inició, por casualidad, a trabajar con el periódico El Relator en Cali. Luego de esa experiencia, Acero no dejaría el trabajo periodístico. Cinco años después, en 1962, regresó a su ciudad natal, donde se desempeñó como editor del diario Edicron, director de Estelar publicidad y redactor de la revista de la Policía Nacional.

A inicios de la década de los setenta, se radicó en el departamento del Quindío, donde “se ganó el respeto como un periodista independiente, de mucho carácter, recto, muy honesto e impecable a la hora de escribir”, indica Ernesto Acero Martínez, hijo del periodista. En el Quindío fue director de noticias en las cadenas radiales: la Voz del Comercio, filial de RCN Radio; en Caracol Radio y en la emisora local Todelar, con su filial Voz de Armenia. Fue corresponsal en canales televisivos y de prensa como: Noticiero Nacional, el Noticiero de las Siete, el Noticiero 24 horas, La Patria de Manizales, El Espectador, El Siglo, y durante varios años escribió en el semanario El Quindiano, La Pluma de Acero una columna de opinión política y de denuncia. Así mismo, fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío y de la Alcaldía de Armenia. 

Acero, además, fue empresario y fundó sus propios medios, el primero fue Quién es qué en el Quindío. “Una publicación de relaciones públicas donde las personas tenían acceso a saber quiénes estaban al frente de la institucionalidad en la región. Tuvo su primera edición por allá en 1984 o en el 85 y alcanzó a tener ediciones en Manizales y Pereira”, menciona su hijo. 

En 1990, nació otra de sus publicaciones: El Informador Económico del Quindío, un medio desde el cual criticó y denunció temas de interés público. La publicación circulaba todos los viernes, contaba con un editorial, columnas de opinión e información política, económica y social. Luego de la muerte de Acero en 1995, el hijo del periodista retomó el semanario y lo tuvo en circulación por otros 5 años más.

El día que silenciaron su voz

Inflexible ante las malas administraciones y políticos corruptos, Acero denunció al excongresista Carlos Oviedo Alfaro, del partido Movimiento Nacional Conservador - Alianza Nacional, por nexos con el narcotráfico. Su postura crítica lo hizo visible y fue amenazado por los extraditables, un grupo de narcotraficantes que se había asociado para evitar la extradición a Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1995, mientras caminaba por el centro de Armenia, un desconocido le disparó, causándole la muerte. 

Durante la investigación para esclarecer los hechos, Rubén Darío Grisales, testigo presencial, declaró e identificó a Jorge Iván Obando como el autor material del homicidio. No obstante, la declaración había sido firmada con un nombre falso. El testigo [Grisales] era en realidad Juan Carlos Henao, guardaespaldas y empleado del excongresista Oviedo. El 14 de junio de 2000, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Armenia absolvió a Henao en una sentencia que no fue apelada por la Fiscalía. Con la investigación concluida, se impidió comprobar la participación de Oviedo como presunto autor intelectual del crimen. 

En otra declaración ante la Fiscalía, Alfonso José Jiménez, funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía, explicó que días antes del asesinato del periodista, el agente Édgar Gamboa, le contó que se preparaba un asesinato por el que se pagarían cuarenta millones de pesos. Gamboa fue expulsado de la institución.

El 12 de diciembre de 2015, habiéndose identificado un falso testigo de una primera investigación en la cual estuvo en la cárcel un inocente. Para el hijo del periodista, a su papá lo mataron dos veces, en diciembre de 1995 y 20 años después con la impunidad del caso. Hasta la fecha no hay claridad de los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que realizó Ernesto Acero Cadena. Gracias por recordar con nosotros.

Hace 36 años asesinaron al periodista Raúl Echavarría Barrientos en frente de su residencia en Cali, Valle del Cauca. Trabajó en El Colombiano, El País y fue subdirector del Diario de Occidente hasta el día de su muerte. Como periodista, Echavarría se caracterizó por condenar la infiltración de narcotraficantes en la política, denunciar la corrupción y apoyar la extradición. 

Una época álgida para hacer periodismo

A finales de la década de los setenta, el país se encontraba en una coyuntura histórica debido a la centralización de la actividad y el poder de narcotraficantes en Cali y Medellín. Los grandes carteles del narcotráfico permearon la vida de los ciudadanos y, en su intento por conquistar el poder del Estado, se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional y exacerbaron la violencia interna. 

Mediante el discurso político, el enriquecimiento y la acumulación de poder, los carteles ganaron un reconocimiento social. “Era la época en la que las sociedades estaban entregadas al narcotráfico y sus integrantes eran vistos como adalides, más que como unos antisociales o unos hampones —explica Héctor Echavarría, hijo del periodista—. Una gran distorsión de los valores sociales que mi padre tenía muy claro lo lesivo que podían ser para la sociedad y, por eso, los confrontó”.

Con el paso del tiempo, el tráfico de drogas y el establecimiento de la estructura sicarial permitieron el fortalecimiento de los carteles en el país. En consecuencia, se erosionó la vida institucional, primó el clientelismo y hubo un detrimento del entorno político, económico y social.  

Un periodismo crítico de las realidades

Echavarría era oriundo de Fredonia, Antioquia y desde muy joven se vinculó al periodismo. En su departamento natal inició como columnista en El Colombiano; posteriormente, en Cali, trabajó en el Diario del Pacífico; en Bogotá, estuvo en El Siglo, al lado de Laureano Gómez; luego migró a Cali a trabajar en El País, hasta que recibió una oferta para ser el subdirector del Diario de Occidente. Su larga trayectoria periodística, osadía y perseverancia, lo convirtieron en uno de los periodistas del país más críticos contra los carteles. 

Su hijo, Héctor, recuerda que cuando trabajaba en el Diario de Occidente “él dirigía el periódico, era el encargado de titular la primera página, de escribir la editorial y cada que él consideraba que era necesario emprender una cruzada que defendiera la sociedad, lo hacía”. Desde su columna, Molino de Viento, denunció abiertamente a los narcotraficantes, siendo consciente de los riesgos que corría adoptar esa posición. “En los últimos años, antes de su muerte, enfrentó los carteles de Cali y del Valle del Cauca. En ese momento tenían muchísimo poder económico, político, influencia en los medios y no permitían que fueran confrontados por ningún actor de la sociedad”, agrega.

Su labor lo llevó a forjar un carácter fuerte y a mantener una posición firme con sus convicciones. Echavarría fue una de las personas que manifestó su apoyo a la extradición de los narcotraficantes y dos días antes de su asesinato escribió Molinos de papel, una columna para el Diario de Occidente, en donde propugnaba por la pena de muerte para los mafiosos.

Además, fue un amante de las corridas de toros, bajo el seudónimo de Raulete, el periodista escribía una columna para RCN sobre la fiesta taurina en Cali. También, le llamaba la atención lo relacionado con la aviación civil y comercial, por eso, dedicó parte de su vida a escribir libros como: así se llega a las alturas (1948), historia de la aviación (1974), Fuerza Aérea colombiana, su epopeya y grandeza 1919-1974 (1974) y en la ruta de las estrellas (1983). 

El camino en búsqueda de la justicia

“Mi padre no manejaba, manejaba mi madre y usualmente ella lo recogía en el periódico que quedaba en el centro de Cali, en la Plaza de Caicedo. Pero, el 17 de septiembre de 1986, decidió irse en una camioneta del medio, en compañía del chofer y un camarógrafo. Mi madre se sentó en la sala a esperarlo y cuando estaba llegando a la puerta de la casa, unos sicarios le dispararon. El conductor lo llevó a urgencias del Hospital Universitario del Valle, que queda a una cuadra y media de mi casa, pero cuando llegó ya estaba muerto”, expresa su hijo. 

El crimen se le atribuyó al cartel de Cali, pero nunca se realizaron las investigaciones suficientes para determinar quién fue el autor del asesinato del periodista. La impunidad de este homicidio significó un golpe a la prensa crítica de las estructuras criminales, y desencadenó una persecución de aquellos periodistas que tuvieran la osadía de confrontar o significaran un riesgo para los carteles y sus organizaciones. 

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que hizo el periodista Echavarría, que siempre mantuvo los estándares de la ética periodística y social muy altos. Gracias por recordar con nosotros. 

Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.

El 21 de octubre de 1999, desconocidos ingresaron a la residencia del periodista Rodolfo Julio Torres, lo secuestraron, y al día siguiente, su cadáver fue hallado en el corregimiento Rincón del Mar, en el municipio de San Onofre, Sucre. Rodolfo trabajó en Radio Caracolí, Estación Fuentes y al momento de su muerte era el corresponsal de Sucre del periódico El Meridiano. Como periodista, Rodolfo realizaba reportajes sobre las irregularidades de la administración local y temas de corrupción.

Durante la década de los noventa y los 2000, San Onofre estuvo sometido al control del Bloque Héroes de los Montes de María,  de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En esos años, el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, estableció el orden social, su propia justicia y sanciones para quienes se atrevieran a incumplir sus órdenes. Durante más de una década esta zona de Sucre guardó silencio ante las atrocidades cometidas por los paramilitares. 

Toda esta situación le indignaba al periodista Rodolfo Torres, que además de la violencia, también tenía que convivir con la corrupción. Edwin Balseiro, primo del comunicador, recuerda que “él era bastante inquieto, le gustaba mucho el trabajo con comunidades y ayudar a las personas en cuestiones sociales”. Así, Torres desde su labor periodística denunció la presencia de grupos de autodefensa y paramilitares, e hizo veeduría a la administración local de Yamil Blanco Blanco (1995-1997) y de Luis Salaiman Fayad (1998-2000). Por esto, su trabajo fue estigmatizado y Torres fue catalogado por los paramilitares como enemigo, ya que supuestamente era auxiliador de la guerrilla.

Aunque Torres nunca cedió ante las amenazas y hostigamientos, fue asesinado por desconocidos el 21 de octubre de 1999. “En la camisa que tenía puesta ese día le escribieron sapo”, menciona Balseiro. Y entre nostalgia e impotencia, recuerda cómo le fue arrebatada la persona que le estaba enseñando a ser locutor y a redactar. 

El día del homicidio, la comunidad también perdió a un líder. “Se perdió una voz bastante importante, él era el vocero de la comunidad. En ese momento, era la voz que daba a conocer al país lo que estaba sucediendo en la región y con su asesinato hubo un silencio total. Nadie se atrevía a decir nada que pudiera catalogarse como un ataque a los grupos que operaban en ese tiempo en esta zona”, afirma Balseiro.

El 21 de octubre de 2019, prescribió la investigación en el caso del asesinato del periodista, lo que quiere decir que la Fiscalía no trabajará más en encontrar a quienes estuvieron involucrados en el crimen. Con la muerte del periodista, los autores materiales e intelectuales del crimen lograron amedrentar y silenciar a la población de San Onofre. 

Hoy, 17 de octubre de 2022, conmemoramos la labor que realizó Diego Vargas Escobar, también conocido entre sus colegas y audiencia como El Muchachón. Vargas fue un periodista con una larga trayectoria profesional en medios como: RCN radio, la Voz de Colombia y Caracol. Es recordado por realizar periodismo comunitario en Medellín e innovar en el formato para presentar la noticia. Hace 33 años fue asesinado cuando llegaba a su residencia, ubicada en el barrio Simón Bolívar, al occidente de la capital antioqueña. 

En la década de los ochenta, Medellín estaba inmersa en una oleada de violencia, terror y muerte debido a los enfrentamientos del cartel de Medellín con otros grupos ilegales. como el cartel de Cali y paramilitares del Magdalena Medio. Estos conflictos configuraron un panorama hostil y violento para vivir, pero fueron el detonante para que Vargas ejerciera su profesión desde la humanidad y una posición crítica. “Tal vez éramos demasiados ingenuos, tratando de adelantarnos a lo que la justicia no hacía”, indica León Jairo Saldarriaga, colega de Vargas en Caracol. 

Los medios para los que trabajó Vargas fueron su plataforma para hablar sobre las anomalías en la administración local, inconvenientes en la infraestructura y servicios públicos o situaciones de orden público, siempre le dio preponderancia a la noticia local. “Él rompió el esquema de los noticieros que se hacían en la época -explica León Jairo Saldarriaga-. En las noticias, si había que criticar algo, él se pegaba su pequeño editorial. Además, era un trabajo muy barrial, de la calle, de la necesidad del problema de la esquina”. Cómo amaneció Medellín fue uno de esos programas que trató las necesidades de los medellinenses.

Cuando el narcotráfico, las estructuras sicariales y la mafia se tomaron la urbe, “Diego empezó a fustigar a los sicarios y los ajusticiaba de una manera vehemente y abierta, a esos que supuestamente eran los autores de esos crímenes y pecados. Alguna vez, hasta aludió algunos de esos actos violentos a Pablo Escobar”, menciona León Jairo. En la década de los ochenta, cuando los ciudadanos aclamaban por paz, seguridad y la garantía de sus derechos, Vargas se llenó de valentía y empezó a ser más frecuente en sus denuncias. 

“Yo supe por colegas que ya había recibido llamadas amenazantes de muerte que, de alguna manera, desdeñó”, explica León Jairo. Cuando ellos trabajaron juntos en Caracol habían recibido amenazas, pero nunca había sucedido nada. “Diego se llenó de esa confianza, pensaba que iba a ser igual que las amenazas anteriores, que simplemente lo querían amedrentar, y se envalentonó más, pero los ordenadores de la muerte, esos ángeles de la muerte, lograron silenciarlo y no hubo otro Diego que asumiera ese rol”. 

En ese mismo mes, el 10 de octubre, asesinaron a los periodistas de El Espectador Roberto Sarasty y Martha Luz López López, un panorama poco alentador para la prensa de la región. En palabras de León Jairo “se sembró pavor, nos amedrentamos más y nos autocensuramos mucho. Cuando llegaban noticias de este tipo no se recibían, porque después empezaban a preguntar por el periodista que había realizado la nota y le dimos más poder a los asesinos, a las mafias, que obviamente no les interesaba que los llamaran, como debía llamárseles, criminales". Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista. 

Desde la FLIP, conmemoramos el trabajo que realizó el periodista Diego Vargas Escobar y destacamos su iniciativa de apropiarse de los problemas de los medellinenses y así lograr cambios en la sociedad. Gracias por recordar con nosotros. 

Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

A mediados del año 93, Iván Pelayo, un joven de 24 años de edad, oriundo de Hato Corozal, Casanare, llegó al municipio vecino de Puerto Rondón para crear la emisora cultural Llanorámica Estéreo. El 17 de agosto de 1995, cuando el periodista se encontraba en la cabina de la emisora, un comando de la guerrilla del ELN lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de tener nexos con los paramilitares. 

Pelayo conocía el potencial cultural que había en la región de los Llanos Orientales y, por eso, desde su emisora “se enfocó en resaltar e impulsar a los artistas musicales (...) dio a conocer a declamadores y compositores que necesitaban ser reconocidos”, explica Alberto, colega del periodista que pidió que su nombre real no fuera revelado.

A sus 16 años, Alberto conoció a Pelayo, quien se convertiría en su maestro en el periodismo. Alberto empezó aprendiendo a hacer cuñas radiales y, muy pronto, era capaz de presentar todo un programa musical. Lo que era una posibilidad remota para él, se convirtió en una labor gracias a las enseñanzas de su amigo Pelayo. 

Cada mañana, el periodista saludaba a su audiencia con un "vaya, vaya". Pelayo tenía buen humor y es recordado como una persona que, además, tenía vocación para colaborar con los demás, especialmente con los jóvenes. 

El 17 de agosto de 1995, Pelayo fue asesinado por dos sicarios en el local donde funcionaba el medio de comunicación. “Dijeron que él tenía vínculos con un grupo llamado los Masetos, que es filial de los paramilitares”, explica su colega. Este grupo armado operó desde los Llanos Orientales y fue un capítulo del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los jefes del Cartel de Medellín a principios de la década de los ochenta. 

Mediante panfletos, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyeron el asesinato del periodista. Para Alberto, la afirmación sobre los nexos de Pelayo con los Masetos es falaz, pues él nunca se relacionó con integrantes de este grupo y no cubrió orden público. Después del asesinato la emisora tuvo varios dueños, pero por la situación de seguridad del municipio y la presencia de grupos al margen de la ley, el medio tuvo que cerrar. 

Sin tener mayores avances en las investigaciones para imputar a los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista, en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendió la investigación. Y pese a los reiterados llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió en el 2015.

La existencia de medios de comunicación en las regiones es fundamental para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. En la FLIP, no olvidamos al periodista Iván Darío Pelayo que desde su labor dio a conocer artistas, representaciones culturales de los Llanos Orientales y fue la voz de su comunidad. 

Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio.

John Félix Tirado Castañeda fue locutor de la emisora Ondas del Urrá y corresponsal del Diario del Otún en Cartago, Valle del Cauca, donde cubrió casos judiciales y orden público. “Recuerdo que era un muchacho aficionado a la comunicación y sobre todo al periodismo judicial”, menciona su colega Fernando Pineda, quien en esa época era editor judicial del Diario del Otún.

Fernando Bahamón Molina fue corresponsal de El Espectador, de la cadena radial Caracol y del Noticiero 24 Horas. También se desempeñó como locutor deportivo y tenía un programa de música vallenata en la emisora La Voz de la Selva. Bahamón enfocó su profesión como periodista regional en velar por los derechos de las personas más necesitadas, narraba la situación de violencia que sucedía en el departamento y realizaba denuncias sobre la mafia de cocaína.

Desde la FLIP, conmemoramos el arduo trabajo que desempeñó el periodista Fernando Bahamón que con pasión ejerció su profesión. 

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

El 8 de julio del 2001 en Buenaventura, Valle del Cauca, el periodista Jorge Enrique Urbano Sánchez departía con sus amigos en el parque Néstor Urbano Tenorio cuando fue asesinado por dos individuos que huyeron en una motocicleta y dos cómplices que escaparon a bordo de una lancha rápida. Él era periodista de la Emisora Mar Estéreo y su trabajo se destacó por las denuncias en contra de la banda delincuencial Los Tumbapuertas.

A comienzos de los años 90, el periodista Mario Prada Díaz, oriundo de Barrancabermeja, Santander, llegó al municipio de Sabana de Torres con el propósito de ejercer su profesión en medios locales. A mediados de 1999 fundó Horizonte Sabanero, un diario mensual que se dedicaba a cubrir temas de desarrollo social, cultural y comunitario, y para 2002 ya se había expandido hasta Barrancabermeja y Puerto Wilches.

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio.

Después de más de ocho años, no han habido avances significativos en la investigación del homicidio del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre de 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. La investigación adelantada por la Fiscalía no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.  Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que lleve a cabo un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar  sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solventarlas.

A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. Como represalia, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente ni se adoptaron medidas de protección. 

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina. 

El paso del tiempo, sin el desarrollo de una investigación diligente, condena a este caso a mantenerse en la lista de homicidios contra periodistas en total impunidad. Por eso, esperamos que la Fiscalía, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene para la investigación de crímenes contra la prensa, acoja nuestra solicitud de establecer un comité técnico jurídico, con el que se pueda dar esclarecimiento de los hechos.

Presentamos la serie de pódcast La verdad entre fuegos cruzados. Aquí podrán escuchar los testimonios de periodistas colombianos sobre el rol de los medios para escribir el borrador de la historia, el riesgo, responsabilidad y la impunidad en los casos de violencia. Una serie de cinco episodios realizada por el Proyecto Antonio Nariño (FLIP, CdR, Fescol, Ami y Fundación Gabo) para la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad realizó un proceso de escucha a periodistas de distintas regiones de Colombia con el fin de contar con una reflexión individual y colectiva sobre su papel, los impactos y sus propuestas para que la historia no se repita. La producción sonora es una curaduría de estos aportes para difundir masivamente los testimonios de periodistas con trayectorias diversas.

“Yo creo que gran parte de la prensa se silenció. Nos callamos porque había miedo y no se podía entrar a las regiones a contar nada de esto”, afirma José Navia, uno de los periodistas que más crónicas y reportajes ha realizado en zonas de conflicto. Su testimonio aborda los contextos de riesgo donde se ejerció el periodismo y cómo se vio afectada la libertad de prensa en Colombia.

A través de cinco episodios, los y las periodistas relatan su experiencia en distintos aspectos como: la soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado, la estigmatización a periodistas, la censura, las formas de resistencia para seguir informando en medio del fuego cruzado y, finalmente, su rol en el proceso de paz y sus recomendaciones de no repetición.

“La prensa ha padecido el frío de la impunidad tanto como la mayoría de víctimas en Colombia”, se escucha en uno de los episodios donde se recopilan relatos sobre la persecución, vigilancia y estigmatización que sufrieron tanto profesionales como medios de comunicación. Teléfonos interceptados, amenazas y hostigamientos fueron parte de su diario vivir o aún persiste.

María Paula Martínez Concha, coordinadora de la alianza proyecto Antonio Nariño e integrante del equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), destaca el valor de incluir voces diversas y ponerlas en diálogo: “Periodistas de larga trayectoria con periodistas más jóvenes o de gran experiencia en el periodismo regional. También familiares como es el caso de Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, asesinado el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia; así como el punto de vista de corresponsales como Stephen Ferry”.

“El borrador de la historia lo escriben los medios de comunicación”, destacó en los espacios de escucha la comisionada Marta Ruiz, parafraseando a Oriana Fallaci, y en el marco del proceso de esclarecimiento de la verdad se resalta la importancia de que estas historias se cuenten desde las regiones y no solo desde el centro del país.

“La destrucción de sedes, como sucedió con la emisora Radio Caribabare de Saravena, Arauca; el asesinato de Guzmán Quintero, jefe del periódico El Pilón en Valledupar o la amenaza a todos los integrantes de una radio en la Amazonía son ejemplos de grandes relatos de censura que guardan las regiones de Colombia”, anota Martínez Concha. Por esta razón, después de los espacios de escucha, el pódcast quiso volver sobre la idea de la vulnerabilidad de la prensa regional en medio del conflicto y los esfuerzos que hizo para informar.

El auge del formato y la incipiente narrativa sonora sobre libertad de expresión y conflicto colombiano motivó la creación de este pódcast. Una memoria que también está hecha para jóvenes periodistas y estudiantes en proceso de formación.

Los espacios de escucha contaron con el apoyo del Proyecto Antonio Nariño, iniciativa que agrupa a las organizaciones civiles integradas por la Fundación Gabo, la FLIP, Consejo de Redacción, Fundación Fescol y Asociación Colombiana de Medios Informativos.

Episodio 1: La soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado

Periodistas rememoran el temor, los peligros, amenazas que tuvo que enfrentar el oficio en medio del principal escenario del conflicto armado en las regiones, lugares donde si no se lograba seducir a los y las periodistas, se les terminaba por estigmatizar, desprestigiar e incluso silenciar su vida.

Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP llama la atención sobre el persistente contexto de violencia contra la prensa y un ambiente generalizado de impunidad en estos crímenes en Colombia. La impunidad en casos de asesinatos a periodistas en el país alcanza el 78.8%; esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad.

18 de octubre de 2021, Washington, D.C., Bogotá.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano. 

"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos  incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá. 

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas. 

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia  llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.

Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

Rueda de prensa: 

Contacto de prensa:
3103419744 - Andrea Torres Perdomo (FLIP)

El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Ariel Ortega Martínez a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Julio César González Quiceno (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Además, a Ortega se le impuso una multa por 29.67 salarios mínimos y la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. 

Entre marzo y abril del 2018, Ortega Martínez compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Algunos de los mensajes dirigidos en contra de María Antonia García de la Torre incluían mensajes discriminatorios por género. 

El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa. Para el juzgado, es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada. 

La FLIP celebra la decisión adoptada por el juzgado pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98% de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer.

La FLIP advierte que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes. Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo. 

Por lo anterior, es necesario que la Fiscalía refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa. 

A sus 36 años el periodista y escritor, Juan Gabriel Caro Montoya, había recorrido el mundo en busca de historias para sus reportajes, investigaciones y libros. Hoy, recordamos su trayectoria tras 32 años de su asesinato a manos de desconocidos.

Desde muy joven, Juan Gabriel salió del país para educarse en el exterior en ciudades como París, donde residió por dos años; luego se trasladó Roma, Italia. Allí, con 19 años, encontraría la manera de fusionar su pasión por la escritura y la actualidad: el periodismo. En su labor periodística trabajó para los periódicos italianos Noi Donne e Il Secolo. También hizo parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, de la Agencia Slide Comunicación y fue corresponsal en Medio Oriente.  

Su trayectoria en Colombia estuvo relacionada con medios como El Siglo y el periódico El Mundo de Medellín, Antioquia donde se vinculó como columnista.  Además de contar con una amplia carrera literaria con la publicación de varios libros entre los que destacan: Los lobos en el Vaticano : los personajes y la organización que atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II, La pensión de Marisa, Las siete vidas del bandido Josefo y Viaje hacia el olvido .

En 1989, la violencia en Colombia lo hizo regresar al país para escribir una serie de reportajes mientras visitaba a su familia en el municipio de Bello, Antioquia. De ahí, el periodista esperaba viajar a Centroamérica para escribir su próxima novela. Sin embargo, el proyecto se apagó el 17 de junio de ese año, cuando Juan Gabriel fue atacado por dos sujetos que le dispararon desde una motocicleta mientras departía con su hermano en un bar. 

En 2009, el caso prescribió ante la justicia colombiana y nadie fue judicializado por el crimen. Por ello el caso quedó en completa impunidad y se desconocen cuáles fueron los motivos que llevaron al asesinato del periodista.

Nuestro equipo FLIP no tuvo la oportunidad de contactar con amigos o familiares de Juan Gabriel. Si usted conoce a alguien que haya compartido con él, puede escribirnos al correo info@flip.org.co 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas asesinados en el país y su preocupación por contar lo que ocurre en Colombia. 

Rodrigo Vélez Toscano recorría los municipios del Valle del Cauca en busca de historias, trabajaba como periodista y corresponsal del periódico El Caleño. Hoy, hace 33 años, fue asesinado por desconocidos que le dispararon en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.

Rodrigo era un periodista que perseguía las noticias de orden público  del departamento. De acuerdo con los reportes de la FLIP, el periodista falleció el 1 de junio de 1988 a causa de los impactos de bala. En el hecho también murió el vendedor de chance, Albeiro de Jesús Quintero. 

Hasta la fecha, se desconocen los motivos que llevaron a los sujetos, que ocultaron las armas debajo de sus ruanas, a atentar contra la vida del periodista. En 2008 el proceso quedó archivado. La fallas en el proceso de investigación, llevaron a que no se recolectaran pruebas suficientes, lo que llevó a que el caso prescribiera ante la justicia colombiana sin que nadie fuera judicializado por el crimen. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar con colegas o personas cercanas a Rodrigo. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a info@flip.org.co . 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas que han sido asesinados en el país y cuyos casos quedaron sin resolver ante la justicia.

Cada mañana, el equipo periodístico del radio noticiero La Conga entregaba a sus oyentes los análisis políticos más críticos del departamento. El programa era emitido por la emisora Voz de la Selva en Florencia, Caquetá,  y estaba conformado por Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Méndez. Juntos se destacaron por sus comentarios agudos y críticas audaces contra funcionarios, dirigentes políticos y grupos armados. Ambos periodistas fueron asesinados hace 30 años, víctimas del conflicto en la región. 

Durante 10 años, Carlos y José lideraron el programa más escuchado del Caquetá. Eran más conocidos como los “congueros”, por el nombre del radio noticiero La Conga. Durante la emisión, que empezaba a las seis de la mañana, Carlos se encargaba de la sección de opinión: Conceptos Testimoniales. José se dedicaba al debate sobre temas coyunturales y acompañaba la lectura de noticias a cargo de su esposa, Judith Aristizabal.  Por la década de los noventa los periodistas ya eran blanco de amenazas, las críticas las intentaron aplacar con la entrada de Judith al noticiero.

Carlos, de 42 años, se había iniciado en el mundo del periodismo radial junto a José en la emisora Ondas del Orteguaz. Juntos también iniciaron a trabajar en la Voz de la Selva, vinculada al partido liberal. A sus 51 años, José había sido maestro, concejal de Florencia, elegido diputado suplente para la Asamblea Departamental por el partido y nombrado director del programa La Conga. 

La emisora era una plataforma de denuncia contra varios líderes políticos, religiosos y sindicales. Ante la agudeza de sus críticas, varios gremios se quejaron ante el Ministerio de Comunicaciones que sancionó al programa en dos ocasiones. Para 1984 Carlos Julio y José Libardo aumentaron las denuncias que hacían al aire y que rechazaban los ataques de la guerrilla de las FARC en Caquetá. 

En la década de los 80 el equipo continuaba con su labor pero, tras la emisión de una denuncia de José sobre un ataque guerrillero a un hospital, las amenazas se volvieron más intensas. La familia de José Libardo empezó a recibir llamadas amenazantes, mientras que en 1987, Carlos fue víctima de un atentado cuando se dirigía a la emisora. Frente a las amenazas José empezó a estar acompañado por un guardaespaldas y junto a Carlos mantuvieron su voz firme ante los micrófonos.

Pese  la intervención de Judith en el programa y la preocupación de sus familias, ambos periodistas fueron asesinados el 20 de mayo de 1991, a las cinco y media de la mañana, cuando iban saliendo desde la casa de José, ubicada en el barrio Atalaya, al sur de la ciudad. José y Carlos fueron atacados por dos hombres que se movilizaban en una moto y dispararon contra el carro de José Libardo cuando iban de salida a la emisora. Judith, quien los acompañaba para la emisión matutina, resultó herida. 

Un total de 15 personas fueron capturadas y vinculadas al crimen y aunque no hay una sentencia contra las FARC, se cree que esta guerrilla estuvo relacionada con el asesinato por sus reiteradas amenazas contra los periodistas. No obstante, el expediente fue archivado en 1994 por un fiscal en Bogotá.

Para 2011, y a pesar de  los llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió sin que nadie fuera judicializado por el asesinato de los periodistas de La Conga. De acuerdo con los archivos de la FLIP, Judith aseguró que en el 2007 el Palacio de Justicia de Florencia no tenía ningún registro del caso. 

Con la muerte de los periodistas, Judith prefirió abandonar los micrófonos del programa La Conga. Tras 15 años al aire y con el asesinato de varios de sus periodistas, la emisora Voz de la Selva, en aquel entonces adscrita a Caracol Radio, empezó a decaer hasta desaparecer. 

En la FLIP no olvidamos a José y a Carlos, ni tampoco el trabajo de los periodistas de La Voz de la Selva. La desaparición de medios de comunicación lesiona el derecho a la información. 

Bernabé Cortés Valderrama era un periodista reconocido por la pericia y creatividad de sus cubrimientos en el área judicial y de orden público en el noticiero CVN en Cali, Valle del Cauca. Hoy, después de 23 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

Bernabé se inició en el periodismo en su natal Puerto Tejada, Cauca como voceador de periódicos. En 1982 llegó a Cali donde empezó a trabajar para RCN Radio. A sus 41 años, su larga carrera y sensibilidad en el oficio, le hizo merecedor del respeto de sus compañeros, quienes cariñosamente le llamaban “Copito” por su cabello canoso. 

El 19 de mayo de 1998, Bernabé fue atacado por un hombre que disparó en repetidas ocasiones contra el taxi en el que se movilizaba a las 11 y media de la mañana. A tan solo 4 cuadras de la sede del noticiero, tanto el periodista como el taxista, Raul Forero, perdieron la vida mientras en la ciudad de Cali se realizaba una marcha por la paz y rechazo a la violencia.

Luego de ocho meses del crimen, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali vinculó a los presuntos sicarios Julio César Ospina y a Carlos Arturo, quien luego sería absuelto. En 2002, Ospina fue condenado a 40 años de cárcel y obligado a indemnizar a la familia como autor material del asesinato del periodista.  El caso prescribió en 2018, sin que fuera claro a qué grupo armado pertenecían los autores intelectuales del asesinato del periodista. 

En la FLIP no olvidamos a los periodistas que como Bernabé han sido asesinados por registrar la realidad del conflicto colombiano. Gracias por recordar con nosotros.

Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video: 

Durante el programa “Cuando suena el Clarín'', a través de los micrófonos de Radio Manizales, la voz del periodista Jesús José Valencia Castro narraba las corridas del fin de semana. “Pepe Valencia”, como le conocían sus colegas, fue asesinado el 10 de mayo de 1980, víctima de la corrupción política en Manizales, Caldas. 

José no solo se dedicaba a la radio, también trabajaba en un espacio para la prensa taurina como corresponsal del periódico La Patria. El terremoto del 23 de noviembre de 1979, lo llevó también a solidarizarse con los damnificados de la tragedia y a usar los medios informativos para defenderlos. A esto se sumaron las críticas que hacía sobre las actuaciones de los empresarios taurinos que lideraban las corridas en el Festival Taurino de Manizales. 

Sus reseñas taurinas y sus denuncias contra la élite manizaleña se apagaron hace 41 años, cuando un desconocido le disparó mientras José ingresaba a su casa en el tradicional sector de Los Agustinos. Tras su muerte, la sospecha se dirigió hacia ciertos sectores de la política que pudieron tomar represalias. 

La investigación fue bastante lenta y precaria. Por lo que en 1992, 12 años después, la Procuraduría General de la Nación reveló que las investigaciones en el caso de Jesús José Valencia y de otros diez periodistas asesinados no prosperaron. Según el Ministerio Público, muchos de los crímenes contra periodistas fueron archivados porque los sindicados habían sido absueltos o ni siquiera fue posible determinar quiénes fueron los autores del crimen. 

Y, para el 10 de mayo de 2002, el caso prescribió judicialmente sin que nadie fuera procesado por el asesinato. 

En la FLIP no olvidamos a periodistas que como José, usaron su voz para denunciar y atender los problemas de su comunidad. 

Ismael Jaimes Cortés era periodista, presidente del partido político Unión Patriótica y director del periódico La Opinión del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, Santander. Hoy tras 29 años de su asesinato recordamos su trayectoria. 

A sus 35 años y con la creación del diario La Opinión del Magdalena Medio, Ismael había encontrado en el periodismo la forma de profundizar en los problemas sociales de su comunidad.

Pese a que Ismael había recibido amenazas durante su ejercicio político, sus colegas afirman que durante su ejercicio como periodista nunca les expresó que corría peligro. Sin embargo, a las 7 de la mañana del 6 de mayo de 1992, Ismael fue asesinado por hombres que le dispararon en el barrio Torcoroma.

En 1998, el Tribunal Administrativo de Santander vinculó al Coronel Rodrígo Quiñonez como autor intelectual y a Ancízar Castaño, alias “cachetes”, como autor material al servicio de la Red de Inteligencia Número 7 de la Armada Nacional. Y se identificó que el trabajo periodístico de Ismael y sus denuncias sobre la participación de la Fuerza Pública y del accionar de grupos paramilitares en varias de las masacres cometidas en la región habían sido el móvil para su asesinato. 

Sin embargo, los suboficiales que realizaron la denuncia temían por su vida y se retractaron de sus declaraciones. En consecuencia y ante la falta de otras pruebas determinantes para vincular al Estado en el crimen, el caso prescribió en 2012 sin que nadie fuera judicializado por el homicidio. 

En la FLIP rechazamos el asesinato de los periodistas y líderes sociales que al igual que Ismael denuncian los abusos del Estado. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, reproduce el siguiente audio. 

Cada semana, tras acabar la emisión del programa deportivo, en la emisora Radio Mira se esperaba a un invitado especial. Un hombre que no participaba en los programas, pero que frecuentaba las cabinas en búsqueda de una buena conversación entre colegas. Se trataba del periodista Flavio Iván Bedoya Sarría, quien sería asesinado en el 2001, víctima del paramilitarismo en Tumaco, Nariño. 

Un buen colega

El periodista y actual director de la emisora Rumba Tumaco de RCN, Juan Alberto Palma, recuerda que conoció a Flavio Bedoya durante una de sus visitas a Radio Mira. Allí, Flavio destacaba por su conversación amena y carisma, así como por su entusiasmo por el deporte. “Él tenía un anhelo, cuando hablábamos decía: ‘¡Qué bueno que Tumaco tenga un equipo de fútbol profesional! Y que  los recursos lleguen a la gente a todos esos muchachos que tienen sueños’”, comentó Juan Alberto. 

A sus 51 años, Flavio era colaborador del periódico El Faro, donde había hecho denuncias sobre corrupción. Sin embargo, era más reconocido por su trabajo como  periodista del Semanario Voz Proletaria, medio de comunicación del Partido Comunista Colombiano. 

Como parte de su labor como corresponsal regional del periódico Voz, Flavio había realizado una entrevista con un comandante de las FARC. En esta se habló sobre los recientes enfrentamientos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el corregimiento de Llorente, Tumaco. 

Por esa época el periodista había advertido al periódico que era blanco de amenazas por sus investigaciones. Días después de su denuncia, en la mañana del 27 de abril de 2001, Flavio Bedoya fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Le dispararon en repetidas ocasiones mientras  bajaba de una buseta de servicio público. 

Juan Alberto afirma que por aquella época no era frecuente el asesinato de periodistas en el puerto de Tumaco. “Para nosotros fue una sorpresa. Era bastante preocupante porque él hacía noticias, era compañero y es colega, aunque nunca nos tocó intercambiar ideas en micrófono”, comentó.

Seguimiento al crimen 

Tras ocho años en los que el crimen parecía quedar impune, el 31 julio de 2009, el exparamilitar, Jorge Ríos aceptó su participación en el homicidio del periodista bajo el mando de Guillermo Pérez Alzate, ex cabecilla del ‘Bloque Libertadores del Sur’. A su vez, este también reconoció su autoría intelectual del asesinato de Flavio Iván ante un Tribunal de Justicia y Paz en Estados Unidos, donde paga su condena.

La investigación determinó que la actuación de los paramilitares, Enrique Molina y José Manuel Landázuli, fue bajo órdenes directas de Orlando Contreras, alias ‘Caliman’, al creer que el periodista suministraba información a los comandantes de las FARC que había entrevistado. 

El 18 de marzo de 2021 el ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, se adjudicó la autoría de más de 160 crímenes. Por “línea de mando” aceptó, entre otros, el asesinato del periodista. Tras su declaración el caso pasó a revisión de un juez en la ciudad de Bucaramanga, Santander a la espera de sentencia condenatoria. 

En la FLIP no olvidamos el trabajo de Flavio Iván Bedoya y su entrega por reportear la complejidad del conflicto armado en el Pacífico colombiano. la Fundación espera que el esclarecimiento completo del crimen se dé en los próximos años. Dos décadas deberían haber sido suficientes para que el Estado hubiera podido hacer justicia en este crimen.

Este 24 de abril de 2021 se cumplen treinta años del trágico asesinato del periodista Julio Daniel Chaparro y del reportero gráfico Jorge Enrique Torres. A pesar de que este homicidio fue declarado crimen de guerra, y no va a prescribir, los avances en materia de justicia han sido mínimos.

En las cabinas de la Emisora ABC de Barranquilla, una voz repicaba con fuerza en los micrófonos, pronunciaba mofas, lanzaba pullas y se le escapaba uno que otro insulto contra la clase política local. El dueño de esa voz era el periodista Carlos Lajud Catalán, asesinado hace 28 años y víctima de la corrupción política.

Una voz independiente 

Raimundo Alvarado, periodista y corresponsal de la FLIP en el Atlántico, recuerda que conoció a Carlos Lajud en 1986 en el Diario del Caribe, donde el periodista se desempeñaba como editor de la sección deportiva. “Era un buen compañero, a veces díscolo por su independencia y esfuerzos por hacer valer sus criterios en el área deportiva, por innovar y hacer mejor las cosas que la competencia”, comenta Raimundo. 

De acuerdo con Raimundo, para la época de los ochenta, en Barranquilla el periodismo deportivo empezó a mezclarse con los asuntos públicos. “Carlos estaba entre los periodistas deportivos que hicieron civismo en su madurez profesional y llevaron el sentido competitivo de los deportes, con sus valores y sus vicios, a las luchas sociales por los servicios públicos”,  afirmó. 

A sus 42 años, Carlos empezó a tomar el micrófono en contra de la corrupción en  “Minutos de Civismo”. Un espacio de cinco minutos de su programa deportivo que con el tiempo se convertiría en un referente de opinión pública y actualidad política para los barranquilleros. “Estuvo entre los primeros en expresar su desacuerdo por el giro que le estaba dando el gobierno a la ciudad. Se mofaba de los políticos y del sector privado”, añadió su colega Raimundo. 

Con más de veinte años de ejercicio periodístico en medios nacionales e internacionales, Carlos se consolidó como periodista radial gracias al desparpajo que imprimía en sus denuncias. Especialmente, aquellas dirigidas al exalcalde de la ciudad, el padre Bernardo Hoyos y su asesor Roberto Ferro Bayona. 

Persecución al micrófono

Las afrentas de Carlos generaron descontento entre políticos y personas con una gran influencia, por lo que empezaron a criticarlo en medios de comunicación y alocuciones públicas. Una de esas críticas vino por parte del alcalde Hoyos durante su intervención en una misa celebrada en el barrio Rincón Latino.

La gran influencia del exsacerdote provocó que sus seguidores organizaran protestas a las afueras de la emisora contra Carlos Lajud y el director de Emisora ABC, Ventura Díaz Mejía. Esto sucedió luego de que Carlos lo denunciara por presuntas irregularidades en los procesos de contratación para la telefonía local. 

Luego de esos episodios, no tardaron en llegar las amenazas para que detuviera sus investigaciones. Sin embargo, “Carlos se burlaba de la muerte”, recuerda Raimundo, pues cada vez que sus amigos o familia le pedían que tuviera cuidado respondía de forma desinteresada e irreverente. “En la emisión anterior a su muerte le oí decir la ruta que tomaba todos los días a pie para llegar a su trabajo y la hora en que lo podían cazar. Fue desafiante”, comentó. 

Mientras hacía su recorrido habitual hacia la emisora, Carlos fue atacado por dos sicarios que le dispararon a quemarropa desde una moto a las 7:15 de la mañana del lunes 19 de abril de 1993. 

Los obstáculos en la investigación

De acuerdo con Raimundo Alvarado, la investigación del asesinato sugirió que el acto fue una venganza por las denuncias de Carlos, ya que los sicarios se llevaron su maletín con las pruebas de una investigación periodística que iba a presentar esa mañana en su programa. Debido a sus recientes pronunciamientos, el exalcalde Hoyos fue vinculado y llamado a declarar junto con el abogado Roberto Ferro Bayona y el comerciante Jorge Guarín. Sin embargo, fueron dejados en libertad, pues según la Fiscalía no se contaba con suficiente material para judicializarlos. 

En cuanto a los autores materiales, la justicia capturó y sindicó a Jhonny Alberto Merino Arrieta como autor material, a Eduardo Antonio Campo Carvajal como conductor de la moto, y a Eliécer Peña Navarro como el organizador del crimen. Los tres fueron condenados a 40 años de cárcel. Sin embargo, en el 2003, el Tribunal Superior de Barranquilla dio la orden absolutoria, dejándolos en libertad. 

Desde 1997 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) responsabilizó al Estado colombiano y aseguró que se trató de una investigación “superficial y demasiado rápida”, plagada de irregularidades. Especialmente por la omisión del testimonio Enrique Rafael Somoza, pariente de uno de los implicados, cuya esposa había testificado que su esposo había sido contratado por un presunto escolta de Hoyos. 

Actualmente no hay nadie condenado por el asesinato de Carlos Lajud Catalán. Y en medio del silencio y persecución a su familia para que no participaran en la investigación, el crimen prescribió en el 2013 ante la justicia colombiana. En la FLIP no olvidamos la lucha de Carlos Lajud contra la corrupción política en su ciudad.

En la cabina de radio del programa Micrófono Popular, la voz de un periodista daba paso a la queja de uno de sus oyentes por la falta de luz en su casa en Sincelejo, Sucre. El hombre encargado de dirigir este espacio de denuncias contra la administración departamental era el locutor y periodista José Antonio Dumett Rivero, asesinado el 9 de abril de 1984, víctima de la corrupción política.  

Voces de denuncia

José Antonio se desempeñó como locutor en emisoras como Radio Sincelejo y Radio Costanera. Allí se destacó en un ámbito del periodismo radial conocido entre sus colegas como “periodismo de retroalimentación”. Dumett usaba los micrófonos para presentar las denuncias de los sucreños ante los funcionarios públicos. 

Gabriel Narváez conoció a Dumett durante sus funciones como miembro del Círculo de Periodistas de Sucre y recuerda el programa radial de su colega. “Tenía los micrófonos abiertos para el oyente o el líder comunal que llamara y presentara directamente la queja a sus oyentes y naturalmente a los funcionarios encargados de responder a esos problemas y corregir errores”, explicó.

En el Círculo de Periodistas de Sucre, José Antonio tuvo que afrontar la división interna del grupo. El conflicto derivó en la creación del Colegio Nacional de Periodistas, liderado por Gabriel Narváez y el periodista Abel José Zarante Pacheco. “A pesar de que él tenía diferencias con nosotros, siempre lo consideramos como nuestro compañero de ejercicio y de defensa general de la labor periodística acá en el departamento de Sucre”, dijo Narváez. Tras la muerte de José Antonio, su colega recuerda cómo poco a poco el Círculo de periodistas se fue desintegrando hasta casi desaparecer. 

Aunque Narváez asegura que en aquel entonces no se habían conocido amenazas contra José Antonio Dumett, este fue asesinado en la entrada de su casa, cuando dos desconocidos le dispararon mientras compartía con su familia, en el barrio San Antonio de Sincelejo. “Se cree que lo asesinaron por su ejercicio periodístico, porque en los últimos programas recibió bastante información, quejas y críticas contra la administración de los servicios de energía eléctrica”, relató el periodista. Además, afirmó que en el proceso se vinculó al entonces gerente de la electrificadora de Sucre, Héctor Merlano Garrido, pero finalmente el juez encargado lo desvinculó del caso. 

Narváez asegura que la justicia fue inoperante y al igual que otros asesinatos de periodistas en el departamento de Sucre, terminó por prescribir ante la justicia colombiana el 9 de abril de 2004, sin que nadie fuera judicializado por el asesinato.  

En la FLIP no olvidamos a José Antonio, un periodista que trabajó para solucionar los problemas del día a día de su comunidad.  

Héctor Giraldo Gálvez era abogado, periodista y miembro de la junta directiva de El Espectador. Hoy, tras 32 años de su asesinato, recordamos su historia.

Desde su llegada al diario en 1965, su pasión y compromiso con la verdad acompañaron su trabajo en la unidad investigativa. Una de sus grandes investigaciones fue sobre la crisis financiera generada por el Grupo Grancolombiano.

Gracias a su trabajo, actualmente se conocen los nexos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín con el magnicidio de Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986. El éxito de sus investigaciones lo convirtió en un blanco para el Cartel de Medellín. El miércoles 29 de marzo de 1989, Héctor fue atacado en su automóvil por dos sujetos que le dispararon desde una moto cuando se dirigía a uno de los juzgados. 

En la FLIP no olvidamos la lucha de Héctor en contra de la impunidad. Gracias por recordar con nosotros. 

Para escuchar la historia completa, de clic en el siguiente audio.

El 16 de marzo del 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, revirtió la condena histórica contra el sicario que asesinó al periodista Luis Antonio Peralta y a su esposa Sofía Quintero. El Tribunal redujo 13 años de la condena como resultado del desconocimiento injustificado de la relación del oficio periodístico de Peralta con su asesinato. 

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, la decisión del Tribunal es un pésimo precedente de cara a los altos índices de impunidad de crímenes contra la prensa y a los múltiples procesos contra los responsables de los 161 periodistas asesinados de 1977 al 2020. 

El Tribunal desestimó la relación del oficio periodístico con el asesinato de manera contradictoria. En sus términos, “sobre las denuncias realizadas en el ejercicio de la profesión del periodista Peralta Cuellar, no existe duda para la sala, pero no es posible con ello establecer que el homicidio del recordado periodista se dio en razón de su labor pues el hecho indicador no permite establecer el hecho indicado”. Después de hacer esta afirmación el Tribunal añadió que algunas amenazas reportadas por el periodista no tenían que ver con las denuncias públicas realizadas. 

Esto revela la falta de comprensión de los elementos esenciales del caso, tal como los riesgos inherentes al ejercicio del periodismo en regiones. La FLIP reitera que para la investigación, judicialización y sanción de crímenes contra la prensa es indispensable hacer un análisis de contexto  que  permita  identificar  plenamente las dinámicas regionales y los riesgos a los que están expuestos los periodistas por su oficio, en lugar de presumir su inexistencia en un país con altos índices de violencia contra la prensa. 

Luis Antonio Peralta era un periodista crítico de la gestión pública en la región, en donde ejerció el periodismo por más de treinta años. Su trabajo estaba relacionado con las denuncias sobre irregularidades en contratación estatal, extracción de petróleo y corrupción. Su emisora Linda Stereo, de la cual fue fundador y director, fue la plataforma a través de la cual hizo públicas sus denuncias y entregó a la ciudadanía información valiosa sobre las autoridades y los funcionarios. 

El Tribunal no valoró de manera adecuada este contexto ni el riesgo que le generaba el programa en el que Peralta hacía públicas algunas denuncias en contra de la administración pública. Además, desestimó que días antes de su asesinato, el periodista había anunciado que tenía conocimiento de que un precandidato habría incurrido en actos de corrupción en el municipio del Doncello, Caquetá.

La falta de reconocimiento de los riesgos inherentes al oficio periodístico es un factor que acrecienta la impunidad de los crímenes contra la prensa . En este caso, también persiste la falta de identificación y sanción de los determinadores, quienes hoy se encuentran en libertad.

La FLIP continuará acompañando este caso, y este 19 de marzo de 2021 presentó el recurso de casación contra la decisión del Tribunal para que se reconozca la necesidad de reincorporar en la decisión el reconocimiento de la relación del oficio periodístico con el asesinato de Luis Antonio Peralta. La decisión se apartó de elementos esenciales del caso y, con ello, desconoció el rol que desempeñan las autoridades judiciales en la protección de los y las periodistas y en la garantía de que los delitos y los ataques en su contra no queden impunes. 

Por lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que coadyuven el recurso y visibilicen la violencia y los riesgos a los que están expuestos los periodistas, cuya labor contribuye a la construcción de sociedades democráticas.   

Luis Eduardo Alfonso Parada era periodista de la emisora Meridiano 70 en Arauca. A lo largo de 10 años, se dedicó a denunciar, a través de los micrófonos, temas relacionados con el orden público y la administración municipal. Hoy, tras 18 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

El periodista, a través del noticiero “Actualidad informativa”, se convirtió en un referente informativo para los araucanos pero, las amenazas fueron una constante. Luis Eduardo fue atacado la madrugada del 18 de marzo del 2003 por tres hombres en motocicleta. Estos realizaron múltiples disparos a la entrada de su casa, justo cuando iba de salida a la emisora.

En 2009, amparados bajo la Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, José Rubén Tobón, alias “Lucho” aseguró que el paramilitar alias “Cúcuta” había asesinado a Luis Eduardo. Este paramilitar, a su vez, declaró haber asesinado a un periodista. Tobón fue identificado como autor material y recibió una condena sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, los autores intelectuales aún no han sido identificados. 

En la FLIP no olvidamos a Luis Eduardo y su compromiso con la región. Su memoria debe ser honrada con la justicia y esclarecimiento completo de su asesinato. Gracias por recordar con nosotros.

Haciendo clic en el siguiente audio podremos escuchar la historia de este periodista:

 En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente: 

1. Los canales escogidos por el director de la Agencia de Defensa del Estado no son los apropiados en el marco de un litigio en curso y denotan las malas prácticas de la defensa del Estado. La audiencia prevista para el día martes 16 de marzo fue suspendida como consecuencia de la solicitud de recusación del Estado. De igual modo, como corresponde en la práctica profesional ética, este tipo de comunicaciones deben ser dirigidas a través de los representantes legales de la parte.
   
   
2. Durante la tarde de hoy, 17 de marzo, la Agencia Jurídica envió una comunicación al  correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata. La posterior publicación de esta comunicación privada, por medio de diferentes redes sociales, constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso.
   
   
3. Las tácticas de dilación en el proceso, así como la ausencia de justicia por más de veinte años es responsabilidad de la ineficacia y falta de voluntad política del Estado colombiano.
   
   
4. Si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana, en el marco del proceso en curso. Para Jineth Bedoya como para sus representantes la instancia legal y legítima es la Corte IDH.
   
   
5. Quedamos a la espera de la comunicación que la representación estatal remita a la Corte, señalando los hechos y las responsabilidades que acepta y las reparaciones a las que se allana.  

Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.

Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP,  representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa. 

Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha. 

En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública. 

Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.

Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.

Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.

A finales de la década de los cincuenta en Cúcuta, Norte de Santander, Eustorgio Colmeranes Baptista fundó el periódico La Opinión. Su misión era poder narrar y dar identidad a Cúcuta y su cotidianidad. Treinta y seis años después, en medio de una urbe con problemas cada vez más complejos, Eustorgio sería asesinado, víctima del conflicto armado colombiano.

Silvia Margarita Duzán era periodista y a sus 32 años fue una de las primeras periodistas en investigar las tribus urbanas de las principales ciudades del país. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su historia junto a su hermana, la reconocida periodista María Jimena Duzán.

En la década de los 90, en la comuna tres de Medellín, Antioquia, era común ver a la periodista María Elena Salinas Gallego recorriendo los barrios más vulnerables de la ciudad. Allí, la  guerra, el abandono estatal y el narcotráfico no daban tregua. En medio de su trabajo, fue esa misma violencia la que el 5 de marzo del 2000 terminó con sus correrías e investigaciones. Fue asesinada en medio de un combate entre el Ejército y la guerrilla del ELN, y posteriormente, fue reportada como N.N en el municipio de San Carlos, en Antioquia. 

Una Periodista por y para la comunidad  

Desde los 16 años, en el barrio Villa Guadalupe en la comuna uno de Medellín, María Elena se vinculó al trabajo comunitario y a las necesidades de su entorno. Elkin Pérez, líder social en Medellín, recuerda que conoció a María Elena en su adolescencia cuando él y su hermano empezaron en la organización de la Juventud de Trabajadores de Colombia. 

Para María Elena, el periodismo se convirtió en la vía para evidenciar la realidad a la que muchos jóvenes antioqueños estaban expuestos, por lo que inició sus estudios en la Universidad de Antioquia. Elkin cuenta que esto la llevó a ganar notoriedad y a inspirar a otros jóvenes de su comunidad a estudiar. “Ella fue de las primeras estudiantes de universidad pública, que tuvimos en nuestro barrio. Acá se volvió como un camino y un referente para mucha gente al ver que era posible avanzar en la educación”, dice Elkin.  

La mirada crítica de su tiempo

Durante su formación profesional, el pensamiento crítico de María Elena se nutrió de la situación de violencia, persecución y estigmatización que sufrieron los profesores y estudiantes de la universidad. Allí, muchos eran tildados de ser delincuentes o de pertenecer a grupos armados ilegales. 

El interés de María Elena en ayudar a las comunidades más vulnerables y denunciar la desigualdad, la llevarían a compartir sus conocimientos sobre la importancia del periodismo. Así, dio talleres sobre el uso de cámaras, producción audiovisual y escrita. Pablo Emilio Angarita, jefe de la periodista en el Instituto Popular de Capacitación (IPC), explicó que durante 10 años María Elena se dedicó a dar talleres de comunicación a líderes barriales. “Tenía una visión de un periodismo que debe estar ligado a las causas populares, para que la propia comunidad se apropie de ese ejercicio de prensa alternativa y no solamente fuera receptora”, afirmó Pablo. 

Aunque sus amigos y colegas la recuerdan como una mujer de acciones colectivas que no buscaba protagonismos, eso no evitó que durante su trabajo también fuera víctima de persecuciones por su labor como investigadora y activista. Pablo comenta que para ese tiempo el solo hecho de optar por una causa popular ya era motivo de sospecha.

El peso del estigma

Durante su trabajo en el IPC, la casa de Maria Elena fue allanada y fue detenida en dos ocasiones por el Ejército, que la acusó de subversión. En su segunda detención, Amnistía Internacional intervino en el proceso hasta que, finalmente, el juez encargado dio por cerrado el caso.

A pesar de ser declarada inocente, de acuerdo con Pablo Angarita, ella fue sancionada socialmente. Quedó con el estigma de ser una sospechosa guerrillera, como si fuera una delincuente. 

Ese mismo estigma continuaría nueve años más tarde, cuando la IV Brigada del Ejército reportaría la muerte de María Elena como la de una guerrillera del ELN muerta en combate. La periodista fue asesinada en la vereda El Capotal del municipio de San Carlos, Antioquia mientras realizaba una investigación sobre hechos violentos en el Oriente Antioqueño. 

El temor embargó a sus colegas del IPC y varias organizaciones como la Red Mundial para la Expresión Libre (IFEX), quienes solicitaron una investigación inmediata al entonces gobierno de Andrés Pastrana. No obstante, el caso no fue esclarecido más allá de la orden de recolección de pruebas. La muerte de María Elena quedó en la impunidad, ya que prescribió ante las justicia colombiana en marzo de 2020. En la FLIP no olvidamos y por eso recordamos la importancia e impacto que tiene la estigmatización sobre el desarrollo de la actividad periodística y la seguridad de quienes dedican su vida al periodismo independiente.

Óscar García Calderón fue un periodista taurino del diario El Espectador. Por más de 20 años se dedicó a transmitir, a través de sus letras, la emoción que le producían las faenas en la Plaza La Santamaría de Bogotá. Hoy, después de 23 años de su asesinato, recordamos su historia.

En Cali, Valle del Cauca, durante las corridas de toros de la tradicional Feria de la Caña, una voz derrochaba energía frente a los micrófonos. "¡Qué buena tarde que estamos viviendo! ¡Qué bueno el público de Cali, cómo entiende la faena!", diría Gerardo Didier, periodista asesinado hace 28 años. 

La faena de narrar 

Gerardo Gómez era periodista freelance y empresario, amante de los toros, cuya afición lo llevó a compartir su pasión con toda la ciudad a través de los micrófonos de la Radio Súper de Cali. Fue asesinado a manos de desconocidos el 11 de febrero de 1993. 

Diego Galvis, compañero del periodista en el programa semanal Yo te conté: toros y turismo, recuerda que en su labor como narrador, Gerardo “no criticaba, no censuraba, era una persona muy constructiva, transmitía mucho positivismo en sus crónicas”. Además, lo describió como un hombre entregado, comprometido, cuya alegría le dio notoriedad entre sus amigos y los vallecaucanos aficionados al toreo. “Gerardo era rumbero y un excelente bailador de pasodobles, había que desocupar la pista cuando salía a bailar porque bailaba como si estuviera toreando, armaba todo un espectáculo”, comentó Galvis.

Galvis comentó que hace veintiocho años, hacia las siete de la noche, Gómez se dirigía solo desde una de sus oficinas en el municipio de Buga hacia Cali. Aunque conocía bien esa vía, esa noche mientras hacía un pare frente a las vías del tren, una motocicleta se detuvo junto a su carro y desde allí le dispararon en repetidas ocasiones. 

Las heridas fueron fulminantes y la noticia empezó a sonar en las diferentes emisoras de la ciudad hasta llegar a oídos de sus colegas. Diego Galvis, su compañero de programa, estaba escuchando la transmisión de un partido de fútbol cuando la programación se interrumpió para dar el boletín y hacer un homenaje al periodista. “Echaron el extra y quien estaba transmitiendo el partido era Óscar Rentería. Ellos se conocían de las corridas e inmediatamente, Rentería dio un discurso. Era increíble porque uno podría creer cualquier cosa menos que Gerardo muriera de esa manera”, afirmó Galvis. 

De la afición por los toros al periodismo

Pese a que la comunicación no era su oficio de base, a sus 49 años, Gerardo se había consagrado en el mundo del periodismo taurino bajo el acrónimo de Gedigo. Su comienzo estuvo de la mano de crónicas y columnas en el Diario de Occidente de Cali. Desde allí, cada lunes, informaba los últimos detalles de las ferias, festivales y corridas celebradas en países como España, Perú, Ecuador y Colombia.

Más tarde, su voz marcaría el ritmo en algunas de las transmisiones taurinas de Radio Todelar y de Radio Súper, donde dio sus primeros pasos como comentarista en el programa a cargo de Galvis. Jaime Fernández, uno de los comentaristas de Radio Súper, destaca de Gerardo su gran conocimiento y admiración por el mundo taurino a lo largo de sus 20 años como periodista independiente.

De acuerdo con los registros de la FLIP, al parecer los responsables de su muerte fueron personas inconformes con una evaluación hecha por Gerardo sobre un festival taurino. Sin embargo, sus colegas afirman que él era un hombre comprometido con sus narraciones y, mostrándose siempre emocionado ante los micrófonos, rara vez se quejaba o criticaba lo que ocurría en la corrida por lo que todavía no se explican por qué fue atacado. “Para él darle palo a un torero era menospreciarlo, darle palo a su hobby favorito”, afirmó Galvis. 

Actualmente se desconocen quiénes fueron los autores del crimen y, lastimosamente, este será un caso que quedará sin resolver dado que en el 2013 el caso prescribió ante la justicia colombiana. Desde la FLIP no olvidamos la historia de este periodista que hizo de una de sus más grandes aficiones parte de su pasión por el oficio periodístico.

Cayetano Domínguez, fotógrafo y periodista era un amante de la cámara y un apasionado en la dirección de su emisora, Radio Barrancabermeja, en Santander. Hoy, después de 31 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

Los representantes de Bedoya Lima alertamos sobre la constante negligencia, falta de compromiso e irrespeto hacia la víctima por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Guillermo Cano fue asesinado hace 34 años, cuando salía de las oficinas de El Espectador en Bogotá. El Cartel de Medellín lo puso en la mira luego de que liderara fuertes críticas hacia Pablo Escobar. 

A pesar de que este fue un caso muy mediático y emblemático, su investigación no ha sido especialmente eficiente. A penas en 2019 se impuso medida de aseguramiento a dos presuntos coautores: Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, alias Maxwell y Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye. Debido a la muerte de Popeye, a inicios del 2020 la Fiscalía decidió cerrar la investigación que tenía en su contra. 

Hoy honramos su legado, a través de los recuerdos de su hijo Fernando, y decimos no olvidamos. 

Guillermo Cano, el valiente

Fernando Cano, hijo de don Guillermo, recuerda en esta entrevista, realizada por Camilo Jiménez, cómo fueron las épocas en las que El Espectador empezó a ser atacado. Esta conversación hace parte de uno de los informes que la FLIP entregó a la Comisión de la Verdad en noviembre de 2020.

Guillermo Cano fue uno de los primeros que criticó de frente a Escobar y al narcotráfico en general, pero ¿él conocía los riesgos que producían sus posturas?

El Espectador estaba bastante solo en eso. Nadie lo secundó, ni lo acompañó, y eso abrió un vacío porque llevó al periódico a ejercer una función que no le correspondía: ser el procurador de la Nación. Don Guillermo tenía un clamor: “¿Dónde están las entidades del Estado que deben ponerse al frente de esto?”. Esos dos años entre el asesinato de Lara y el de don Guillermo fueron tensos y terribles. Pero no recuerdo haber visto nunca ni en él ni en los redactores que cubrían esas fuentes ningún temor de avanzar con esas investigaciones.

¿Cómo recuerda los días del asesinato de don Guillermo?

Al siguiente día del asesinato, nos llegó una carta en que nos decían que yo, mi hermano y mi mamá éramos los siguientes. Dijimos: “Mierda, esto no se detuvo acá”. Pero eran tan recientes la rabia y el dolor que decidimos no abandonar la lucha. En reuniones en las que estuvieron don José Salgar, otros directivos y mis otros tíos decidimos seguir publicando notas sobre el narcotráfico, no solo sobre los carteles sino también sobre sus colaboradores en el poder económico. Ahí no hubo ninguna autocensura. 

El asesinato a Guillermo Cano era un ataque contra todo el diario, que posteriormente sufriría más atentados contra sus periodistas e infraestructura. En palabras de Cristian Valencia, escritor de otro de los informes entregados a la Comisión, El Espectador “era el único medio con cobertura nacional que se atrevía a poner en boca de todos las discusiones necesarias para la consolidación de una nación pluralista, diversa y multicultural, que serían los pilares, a la postre, de la Constitución del 91”.

Para conmemorar este aniversario, creamos esta línea del tiempo con los principales hitos en la investigación del asesinato de Guillermo Cano. 

Gimbler Perdomo tenía 31 años cuando en 2002 fue asesinado en el municipio de Gigante, Huila. Era director de noticias y propietario de Panorama Estéreo, la única emisora que existía en esa época en Gigante. 

El camino en el periodismo

Gimbler empezó en la radio por casualidades de la vida. Sandra Cáceres, esposa de Gimbler, cuenta que el viaje por la radio empezó cuando un amigo ganó una licencia para tener el dial de una emisora comercial. Sin embargo, este terminó en la cárcel y fue ahí cuando le propuso a Gimbler ser socio de la emisora, para que se encargara de mantenerla mientras él salía de prisión. 

Gimbler aceptó y a partir de ese momento comenzó a desarrollar el noticiero de la emisora, con el que terminó ganándose a la comunidad. Su compromiso no solo fue dar información detrás de un micrófono en una cabina, sino también ayudar directamente a las personas. En algunas ocasiones viajaba a las veredas del municipio, donde emitía un programa en el que los campesinos exponían todas sus necesidades como salud o educación.

El hombre detrás del periodista

Gimbler era recordado en su pueblo por realizar campañas de solidaridad y además, denunciar a la administración municipal por casos de corrupción. Todo esto lo hizo cuando ocupó el cargo de Consejero municipal, durante el 91 y el año 2000, antes de ser periodista.

En el año 1999, cuando aún era Consejero municipal, Gimbler se encadenó frente a la alcaldía para presionar la salida de Luis Édgar Gutiérrez, el mandatario de la época. Finalmente este fue destituido por sus acciones corruptas. 

“Desde las seis o cinco y media de la mañana llegaba la gente a la casa a pedir ayuda”, cuenta Sandra. Su esposa lo recuerda como un hombre que realizaba muchas campañas para ayudar a las personas necesitadas del municipio, incluso muchas veces dejando de lado su propio bienestar. 

Una de las anécdotas que más recuerda es cuando su esposo le dio el dinero que tenían para el almuerzo a un señor que llegó a pedir ayuda. Sandra recuerda claramente las palabras con las que Gimbler le respondió a su reclamo: “ese señor necesita viajar a una cita médica y no tiene para el transporte, nosotros vamos a la tienda allá nos conocen y nos pueden fiar, a él nadie le va a fiar lo del transporte”. 

La verdad

La persona que lo asesinó está preso. “Ni para qué le cuento el sin número de expedientes de asesinatos que tiene ese señor”, afirma Sandra. 

El día de la audiencia en la que el asesino habló sobre la muerte de Gimbler, Sandra fue acompañada por dos de sus hijas. “Ese fue uno de los días más tristes, porque cuando le hacían preguntas sobre el asesinato de mi esposo, sentíamos que nunca respondía con la verdad”, dice Sandra. Cuando le preguntaron al asesino por qué lo había hecho, este dijo que lo habían obligado, que era matar a Gimbler o que su familia estuviera en riesgo.

Sobre los determinadores del asesinato, Sandra cuenta que fue la guerrilla. Aunque al inicio de la investigación habían dudas sobre esto, pues en su momento, algunas personas cercanas a Gimbler afirmaron que esto era poco probable. Decían que él era consciente del peligro en la región y por eso siempre fue precavido a la hora de dar información relativa al orden público. 

Dieciocho años después Sandra tuvo que sacar adelante a tres niños que en su momento no tenían más de diez años. La violencia le arrebató al pueblo de Gigante una persona que estaba comprometido con su comunidad, y a su familia, les quito un padre y esposo ejemplar. En todos ellos la memoria de Gimbler permanece viva. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Hace 21 años fueron asesinados los camarógrafos y periodistas Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón. Sus cuerpos fueron encontrados en el área rural de El Playón, Santander. En su momento, algunas versiones afirmaron que habrían sido detenidos por grupos armados mientras iban de camino a hacia El Playón. Fueron secuestrados y luego asesinados. 

El día de los hechos fue confuso. Alberto y Luis se dirigían a cubrir la elección del sucesor del alcalde Ramiro Alarcón, que también había sido asesinado dos meses atrás. Una de las primeras versiones de los hechos ubicaba a Vidal Abreo, uno de los colegas periodistas de Alberto y Luis, como uno de los asesinados. Ese día Vidal se dirigía a El Playón, casi a la misma hora que Alberto y Luis, tan solo se llevaban una distancia de entre 10 y 15 minutos. Sin embargo, él no fue detenido y pudo pasar sin problema. 

Alberto Sánchez Tovar fue primero periodista y luego gerente de su propia empresa: Producciones de Colombia Ltda. Había contratado a Luis Alberto Rincón, camarógrafo independiente y que trabajó para Comuneros Televisión y para Teleoriente.

Las cámaras fotográficas y de video de los dos periodistas fueron robadas por sus agresores. Sin embargo, según las autoridades, los victimarios intentaron disfrazar su crimen como un robo.

La violencia de la época

Tan solo un día antes del homicidio de Sánchez y Rincón, otras siete personas fueron asesinadas en el país a manos de grupos armados. En el 99 muchas áreas alejadas de los centros urbanos se encontraban azotadas por guerrilleros y paramilitares. Ese año fueron asesinados otros cuatro periodistas: Jaime Garzón, Guzmán Quintero Torres, Rodolfo Julio Torres y Pablo Emilio Medina. 

Durante estos 21 años muy poco ha pasado en materia investigativa de todos estos casos. Esto, a pesar de que en su momento varias organizaciones, como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenaron los asesinatos e hicieron declaraciones para que se aceleraran las investigaciones en la Fiscalía.

Ese año los periodistas, especialmente en regiones, fueron objeto de amenazas y amedrentamientos. A finales del 99 la SIP denunció con especial preocupación el caso del periodista Carlos Pulgarín, quien tuvo que salir forzosamente al extranjero tras recibir amenazas de muerte directamente vinculadas a su actividad profesional.  

A esta fecha, el crimen contra Alberto y Luis tiene condena a autores materiales. No hay condena contra los determinadores de los asesinatos. 

En la FLIP no queremos que sus nombres caigan en el olvido. Gracias por recordar con nosotros.

Hace 23 años fue asesinado Jairo Elías Márquez, el director y fundador de la revista El Marqués en Armenia, Quindío.

Jairo Elías se había dedicado en sus últimos años a criticar fuertemente la gestión de Carlos Alberto Oviedo, Representante a la Cámara y supuestamente abogado de narcotraficantes. En El Marqués, Jairo detalló sus actividades corruptas.

El crimen contra Jairo Elías se encuentra en total impunidad. A pesar de que existían pruebas de la participación del abogado Oviedo como determinador, finalmente la investigación concluyó y no se pudo comprobar nada. Sin embargo, en abril del 98 Oviedo fue arrestado por otros crímenes.

A pesar de todo esto el legado de Jairo Elías permanece vivo. Gracias también por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Jorge Enrique Pulido fue un periodista asesinado por el Cartel de Medellín en Bogotá en 1989. Trabajó en la cadena Todelar durante 20 años. Luego se dedicó a emprender con su propia productora: JEP Televisión. Y aunque solo tenía una hora por semana de programación, su proyecto abrió el camino al surgimiento de nuevos programas de denuncia social.

En la FLIP no queremos que la memoria de este periodista caiga en el olvido. Junto a él, muchos periodistas fueron asesinados en el 89 por el narcotráfico, trataban de callar sus voces. Sin embargo, su memoria sigue viva entre nosotros. Gracias por recordar con nosotros.

Todos los días Juan Camilo Restrepo llegaba de mañana a Galaxia Estéreo, la emisora comunitaria que dirigía en Sevilla, un corregimiento del municipio de Ebéjico, Antioquia. En su espacio radial se dedicaba a informar y entretener a la ciudadanía, pero también hacía fuertes críticas a la administración local.

El 31 de octubre del 2000, y con tan solo 26 años de edad, fue asesinado, aparentemente, por paramilitares. Las investigaciones dieron a conocer que Juan Camilo habría cubierto en sus emisiones varios casos de corrupción de funcionarios locales. Su asesinato habría sido una retaliación a sus críticas. 

Un periodista nato

Desde que era joven Juan Camilo sintió pasión por el periodismo. Su gran amigo y colega Héctor Echevarría recuerda que antes de entrar a la universidad les encargaron la coordinación de una pequeña emisora en AM que había comprado la parroquia del pueblo. “Luego de eso, Juan Camilo quedó muy emocionado con el tema y su sueño era tener algo en FM”, dice Héctor. 

Luego de eso Juan Camilo hizo su carrera de comunicador en la universidad. Aprendió más sobre el oficio del periodismo y cultivó una carrera prometedora en Medellín. Allí trabajó en TeleAntioquia, en la emisora Oriente Stereo de RCN, Rumba y La Z. “Todo eso lo dejó botado cuando se enteró que estaban adjudicando unas emisoras comunitarias en FM”, comenta Héctor. 

En 1997 Juan Camilo volvió a su pueblo natal, Ebéjico, para ponerse en frente de la emisora que se llamaría Galaxia Estéreo. Héctor cuenta que la emisora fue tan exitosa que se escuchaba en gran parte del occidente antioqueño. 

Parte del éxito de la emisora es que Juan Camilo se encargó de capacitar a su grupo de trabajo con las herramientas que él había aprendido en la universidad. “Además de posicionar la emisora, Juan Camilo realizó un trabajo muy importante de escuela periodística”, afirma Héctor. 

Los momentos de temor

“Nosotros nunca nos metimos con ellos”, dice Héctor, refiriéndose a las AUC, el grupo paramilitar que tenía una amplia presencia en la zona. Sin embargo, nada pudo evitar que el equipo de Galaxia Stereo quedara en la mira del grupo.

Para Héctor todo empezó cuando en época de elecciones hicieron un programa, junto a concejales de la oposición, en el que criticaban fuertemente al alcalde. “Nosotros no estábamos a favor de nadie, más bien le abríamos los micrófonos a cualquier persona que quisiera dar el debate”, comenta Héctor, explicando que ellos nunca se catalogaron como oposición de la Alcaldía. 

A partir de ese momento el alcalde saliente les declaró la guerra. Hizo que la Junta de Acción Comunal, que administraba la emisora, llamara repetidamente a elecciones de un nuevo director, para poder sacar a Juan Camilo de la dirección. “Nunca lo lograron, a pesar de que el alcalde le daba plata a los miembros de la junta para que votaran por otra persona, Juan Camilo siempre arrasó en las elecciones”, recuerda Héctor. 

Las AUC, que atemorizaban al pueblo de Ebéjico, nunca les hicieron amenazas de muerte. “Jamás nos dijeron que nos teníamos que ir del pueblo o que nos iban a matar, lo que sí es que nos decían a modo de advertencia que no nos metiéramos con el alcalde”, cuenta Héctor. 

Juan Camilo era consciente del peligro, así que un mes antes de las elecciones decidió que la programación de la emisora sería netamente musical, nada de debates que pudieran causar controversia.

Días antes de las elecciones el candidato que se posicionaba como el favorito fue hasta a la emisora y amenazó al equipo de Galaxia Estéreo. Héctor recuerda claramente las palabras de quien días después se convertiría en alcalde de Ebéjico: “yo voy a ganar y ese día ustedes se van”

La cita

“Todo fue muy inesperado”, cuenta Héctor. Ellos sabían que podían tener problemas con el alcalde electo y por eso acordaron que si cualquiera de los dos recibía una amenaza, saldrían del pueblo.

A pesar del temor, los días transcurrieron sin novedades hasta que un día uno de los comandantes de las AUC llegó a las oficinas de la emisora. “Lo que cuentan es que este señor le dijo a Juan Camilo que todo estaba bien, que el jefe solo quería limar asperezas y que querían acordar cómo podían trabajar juntos”, dice Héctor. 

En ese momento el paramilitar le dijo que era importante hacer una reunión con el jefe de las AUC, que estaba esperándolos en la montaña y que no tardarían. Juan Camilo aceptó, sin saber que la reunión fue la excusa que tuvieron para poder matarlo. Fue asesinado en frente de su hermano, quien lo había acompañado en moto hasta el lugar de la cita.

Luego de eso, todo el equipo de Galaxia Estéreo tuvo que huir del pueblo y dejar el sueño que estaban cumpliendo con la emisora. 

El asesinato de Juan Camilo entristeció tanto a la comunidad, que las mismas AUC organizaron una reunión para justificar el asesinato del periodista. Dijeron que era informante de la guerrilla y por eso lo habían tenido que matar. 

Hoy, se cumplen 20 años del homicidio de este periodista y su caso está en completa impunidad. Juan Camilo fue un periodista que a pesar de su corta edad, logró aportarle a la comunidad a través de su emisora. Que no caiga en el olvido su invaluable labor. En la FLIP no olvidamos.

Rafael Antonio Solano Brochero tenía 51 años cuando desconocidos lo asesinaron frente a su residencia del barrio Tabitas en Fundación, Magdalena, en 1991. 

Solano era periodista freelance, corresponsal para El Tiempo en Magdalena y también era propietario de su propia agencia de publicidad. 

La escritura era una de sus pasiones. Por eso, antes de escribir noticias, compuso el himno de Fundación. Así dice uno de los versos que le escribió a su municipio:  “Digna eres de una gran corona, pues tu nombre es de hidalga ciudad”.

Nunca se conocieron realmente quiénes estuvieron detrás del asesinato del periodista, ni tampoco los motivos. El caso de Solano se encuentra en completa impunidad; sin embargo, su memoria permanecerá vigente. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

Hace 23 años fue asesinado Alejandro Jaramillo, subdirector del Diario del Sur en Pasto, Nariño.

Llevaba apenas dos meses en su cargo cuando desapareció el 24 de octubre de 1997. Días después fue encontrado muerto. 

Alejandro ya le había ganado a la muerte otras dos veces. La primera, cuando fue objetivo de un atentado en Cali, Valle del Cauca. Allí trabajó para los periódicos Del Occidente, El País y El Caleño. La situación lo llevó a instalarse en Bogotá, donde sufriría un segundo atentado. 

Sin embargo, el temor que vivió por esos años no le impidió seguir realizando su trabajo como periodista judicial. 

Su caso prescribió y quedó en completa impunidad. Hay quienes creen que el narcotráfico estuvo detrás de su asesinato, pues Alejandro cubría temas que tenían que ver con la guerrilla y los carteles de droga.

Un 8 de octubre, hace tres años, un disparo en el pecho le quitó la vida a Maria Efigenia Vásquez, comunicadora de radio Renacer Kokonuko, en Puracé, Cauca. 

Efigenia, que también hacía parte del Consejo Regional del Cauca,  fue asesinada mientras cubría y participaba de una protesta junto a su comunidad por los derechos sobre un predio en Puracé. En medio de los enfrentamientos con el ESMAD resultó herida.

Para la Fiscalía, la muerte de Efigenia fue causada por un explosivo de metralla que pudo haber sido del ESMAD o de la comunidad indígena. En estos tres años la familia de la periodista aún no ha encontrado la verdad. 

Desde la FLIP esperamos que su caso no caiga en la impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

Hoy se cumplen 27 años del homicidio contra Manuel Martínez Espinosa, periodista de Radio Súper en Popayán, Cauca. Cada noche, en su programa el Yunque, se ponía detrás del micrófono para hablar sobre el día a día de su ciudad. 

Manolo, como lo llamaban sus compañeros, estaba comprometido con el bienestar de la ciudadanía y por eso realizaba denuncias sobre corrupción política en la región.

En esta cápsula lo recuerdan tres de sus compañeros de trabajo. Nos cuentan más sobre cómo era Manuel y sobre el momento de su asesinato. 

El homicidio de Manuel Martínez prescribió en 2013 y solo se llegó a condenar a uno de los autores materiales. Sin embargo, su recuerdo permanece entre sus familiares y colegas.

Gracias por recordar su vida con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo, donde asesoraba a la comunidad de Puerto Berrío, Antioquia en temas legales, pues también ejercía el derecho. Edison hacía fuertes denuncias contra la corrupción y lideraba la oposición al alcalde de hace siete años, Robinson Baena.

Hoy se cumplen cinco años del homicidio de Flor Alba Núñez, periodista de Pitalito, Huila. 

Flor trabajaba en la emisora comunitaria La Preferida y en el noticiero TV Noticias del canal 6. Su ausencia y el vacío que dejó entre su familia, comunidad y compañeros de trabajo es irreparable.

Luego de 5 años se han judicializado a dos autores materiales. Uno de ellos asesinó a una zootecnista en 2013. La justicia aún no se ha pronunciado sobre los autores intelectuales del asesinato.

En la FLIP no olvidamos el asesinato de Flor y hacemos un llamado a que las investigaciones sobre los determinadores del homicidio sigan avanzando hasta encontrar a los responsables. Gracias por recordar con nosotros.

Hoy recordamos a Javier Darío Arroyave, periodista de Cartago, Valle del Cauca, asesinado hace 13 años.

Hoy se cumplen 21 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En la FLIP lo recordamos siempre, pero hoy especialmente queremos volver sobre los hitos relevantes de este caso, los momentos más importantes en la búsqueda de justicia.

En una decisión histórica y después de ocho años de lucha ante estrados judiciales de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y de su familia, en búsqueda de justicia por el secuestro, las amenazas y la tortura psicológica de la que fueron víctimas desde agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa. Para el momento de los hechos, la periodista se encontraba realizando una investigación con el fin de esclarecer el homicidio de Jaime Garzón.

El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Hoy en nuestra cápsula de memoria recordamos al periodista John Félix Tirado, asesinado hace 28 años en Pereira, Risaralda.

El caso del asesinato de John Félix Tirado prescribió en 2012. Aunque la justicia no se ha pronunciado, no queremos que su nombre y su trabajo sean olvidados. Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

Antes de cerrar el mes de julio, queremos recordar a los nueve periodistas que han sido asesinados en un mes como este desde 1986.

Fabio Restrepo, María Helena Salinas y John Jairo Restrepo fueron asesinados en el 2000. Los tres eran periodistas. Este año, sus casos han prescrito, dejarán de ser investigados y no se podrá sentenciar a los culpables. En este artículo les explicamos más sobre la prescripción de los delitos de homicidios a periodistas.  

La prescripción de un caso se debe a que, por orden constitucional, hay que establecer un tiempo límite para que alguien pueda ser juzgado por un crimen. Esta duración se calcula teniendo en cuenta la pena máxima a la que podría verse enfrentado el autor del delito. Por ejemplo, en el caso de homicidios, después de 20 años, los casos prescriben, pues ese es el tiempo al que podrían sentenciar al responsable del asesinato.

En febrero y marzo de este año se cumplió el tiempo máximo para condenar a los responsables de los asesinatos de los periodistas Fabio Restrepo (Santander), John Jairo Restrepo (Santander) y María Salinas (Antioquia). En los primeros dos casos se tiene como presunto responsable a la guerrilla del EPL, y en el caso de Salinas, al ELN. Estos son los pocos datos que se tenían de sus casos, pues en la Fiscalía la investigación fue suspendida y no hubo más información, ni siquiera antes de la fecha de prescripción, así lo confirmó Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Para Caro, hay varios errores por parte de la Fiscalía que hacen que las investigaciones no lleguen a buen término y, por el paso del tiempo, muchos casos prescriban. Uno de esos errores es que los fiscales desconocen el oficio periodístico que ejercían las personas antes de ser asesinadas. El caso de Jaime Garzón es ejemplo de esto, explica Caro, pues la Fiscalía siempre ha defendido que su profesión era la de abogado y su asesinato no estaba relacionado con el hecho de ser periodista.

Caro añade que no hay personal que esté plenamente capacitado para abordar un crimen que pueda tener una relación con la actividad periodística: “hay funcionarios que no saben definir a un periodista o no entienden los riesgos que se corren en el oficio periodístico”.

Otro de los errores que señala Caro, es que los fiscales limitan la investigación a lo que les dice la familia de la víctima, aun cuando el Estado cuenta con suficiente capacidad para adelantar investigaciones más profundas.   

El último punto determinante es garantizar la imparcialidad del fiscal que está a cargo de la investigación. Por ejemplo, en el caso del asesinato del periodista Edison Molina, la Fiscalía de Puerto Berrío fue la primera encargada de investigar, aunque la familia alegaba falta de imparcialidad, pues los autores del crimen tendrían mucho control en las instituciones del municipio. Seis años después, y con el caso llevado por otra seccional de la Fiscalía, se dieron a conocer las irregularidades que ocurrieron en los primeros meses de investigación.  

Declaración de crimen de lesa humanidad

La declaración de crímenes de lesa humanidad evita que los casos prescriban. Esta declaración la puede solicitar la familia de la víctima o lo puede hacer la Fiscalía de oficio. Se puede realizar antes o después de que prescriba el caso, aunque esto último no es tan común. 

Sin embargo, para que se declare un delito como crimen de lesa humanidad,  se deben probar ciertas características. La Corte Penal Internacional fija los siguientes requisitos: lo primero es que el crimen debió haber sido generalizado, es decir que debió haber afectado a una cantidad considerable de civiles, o sistemático, que se se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de su ocurrencia por mera coincidencia. 

Un segundo punto es que las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos. El tercer requisito es que el ataque debe ser dirigido contra población civil. Por último, se debe probar que el delito tuvo una motivación discriminatoria, bien que se trate de motivos ideológicos, políticos, religiosos, étnicos o nacionales.

Caro señala, además, que no es suficiente con que se declare el crimen como de lesa humanidad, si al final las investigaciones no avanzan de forma diligente y en un plazo mucho más expedito.

Además, Caro explica que es importante que las investigaciones avancen en las líneas de autores intelectuales y no solo las de autores materiales en crímenes a periodistas. “Es de este modo como se puede determinar, en materia de libertad de prensa, cuál fue la razón por la que se quiso silenciar al periodista”, afirma la asesora legal.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación ante la falta de resultados de la Fiscalía en investigaciones de crímenes a periodistas por razones de su oficio, ya que como lo revela nuestro último informe anual ‘Callar y fingir, la censura de siempre’, entre 1977 y 2019 se han registrado 159 asesinatos a periodistas, de los cuales 125 casos aún se encuentran en total impunidad.  

En nuestro compromiso por defender la libertad de prensa del país, seguiremos documentando, denunciando y realizando el seguimiento a los casos en los que esté en juego la vida, integridad o justicia de las voces de periodistas silenciados.

Casos prescritos pero no olvidados 

Los tres casos por los homicidios de los reporteros Fabio Restrepo, John Jairo Restrepo y María Helena Salinas, que mencionamos al comienzo de este artículo, prescribieron entre febrero y marzo de este año. Fabio era periodista y John Jairo el camarógrafo de un canal local de televisión de Barrancabermeja, fueron asesinados mientras hacía reportería sobre las milicias urbanas de Barranca. María Helena era periodista radial para varias emisoras en San Carlos, Antioquia y también se dedicaba a la docencia, al parecer su asesinato se produjo en medio de enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla del ELN.

Hoy, 16 de julio, conmemoramos los asesinatos de cuatro periodistas colombianos, todos los casos siguen en completa impunidad. Este año es el aniversario número 34 de la muerte de Roberto Camacho, el número 33 de la muerte de Fernando Bahamón, y no se ha siquiera señalado a ningún responsable por sus homicidios. Por otro lado, las investigaciones por los asesinatos de Eduardo Estrada y Denis Sánchez; desde 2001 y 2002, respectivamente, continúan en vilo. Sus familiares esperan respuestas.

El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

Este 11 de junio de 2020 se cumple un año del atroz homicidio del periodista Libardo Montenegro en Samaniego Nariño.

En la respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía General de la Nación afirma que la investigación todavía está en curso pero que tienen “indicios relevantes” de que el homicidio pudo responder a asuntos personales. Es preocupante que no se aborde como principal hipótesis del móvil del crimen su trabajo periodístico.

A continuación queremos compartirles este relato acerca del importante trabajo de Libardo y la impunidad que rodea su muerte.

Impunidad: la única verdad en el asesinato de Libardo Montenegro

Por Yulieth Mora G.

Era martes. Un martes en Samaniego, municipio del departamento de Nariño. Eran las 9:30 de la noche, a dos cuadras de la Estación de Policía dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon a Libardo Montenegro, comunicador, periodista y locutor de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Libardo, que iba a camino a su casa, cayó muerto y los asesinos huyeron, como siempre huyen.

Cuando la balacera cesó los residentes del barrio Sucre hicieron un círculo alrededor del cuerpo. Era la segunda vez que sucedía en el día. Cinco horas antes, el mecánico Víctor Carrera, de 24 años, fue asesinado también a manos de sicarios. Un muerto del que no se habló mucho en los medios de comunicación.

Los vecinos del barrio Sucre tuvieron que reunirse por tercera vez el viernes siguiente, 14 de junio de 2019, tres días después de los asesinatos. Querían cumplir con la convocatoria que Libardo Montenegro había pregonado por todo el pueblo: “La marcha por la paz y la vida de Samaniego”, una marcha por la defensa de la vida y los derechos humanos. .

El asesinato de Libardo Montenegro tuvo cierto cubrimiento mediático. Organizaciones, agremiaciones, el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, entre otros, se pronunciaron a través de las redes sociales con un rechazo rotundo, junto a los medios de comunicación que, al siguiente día, también informaron al país el despliegue de 25 policías al municipio para apoyar labores de investigación y seguridad.

William Montenegro, padre del periodista asesinado, le dijo a los medios con la voz quebrada de un hombre al que le han asesinado a su hijo: “hay un vacío muy grande que deja mi hijo entre nosotros y ese vacío nunca lo voy a rellenar con nada”.

Libardo creció con la influencia de la radio en su familia. Desde niño participó en la emisora comunitaria fundada en 1997 por su abuelo Segundo Montenegro y hasta el día de su asesinato no se apartó de los micrófonos.

Al día siguiente del asesinato de Libardo, la gerente de la emisora, Rosa Guevara, se refirió al caso y admitió un alto nivel de censura en el municipio: “Aquí en Samaniego se sabe que es un lugar bien difícil, zona roja, entonces… precisamente a ellos como periodistas, locutores, se les tiene en cuenta cualquier entrevista que hacen, cualquier mensaje, opinión que vayan a dar somos muy cautelosos”.

Sin embargo, días antes de la movilización, el reportero grabó una cuña para invitar a las personas del municipio a que participaran en “La marcha por la paz y la vida de Samaniego” y para exigir a los violentos el respeto por la vida y a las autoridades mayor responsabilidad frente a la protección de los derechos humanos en el municipio.

El municipio de Samaniego cuenta con unos 49 mil habitantes, y desde hace unas tres décadas se ha convertido en el corredor estratégico del narcotráfico que desemboca en Tumaco y en la Costa Pacífica.

Una mañana en Café al día, una de las franjas de radio que Libardo mantenía al aire, él dijo con una voz reflexiva lo que ahora se puede escuchar como un grito:

 “Decirles a nuestros campesinos que no abandonen el campo, tratemos de rescatarlo. En muchas oportunidades, se habla que la sustitución de cultivos ilícitos debe ser premiada por el Gobierno Nacional. Quiero hacerles esta reflexión porque hace unos años 35 años, en el municipio de Samaniego no se conocía lo que era la coca o la amapola y aunque no lo crean la gente vivía bien, los cultivos que eran yuca, plátano, frutales, maní, café, de pronto las verduras y la caña siempre dejaban buenos dividendos a nuestros campesinos. La droga nos la trajeron aquí”.

Según el Manual de autoprotección: Comunicar sin riesgo; radios comunitarias en tiempos de paz, en Nariño gran parte de los temores que enfrentan los periodistas de este departamento están relacionados con las disputas entre grupos armados por el control de la frontera con Ecuador y los municipios costeros.

“En abril de 2018, el asesinato de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio en inmediaciones de la frontera colombo-ecuatoriana fue determinante para que los reporteros locales tomaran distancia de cubrimientos relacionados con las rutas de narcotráfico, los cultivos de coca y el tráfico de combustible y otros insumos para la producción de la pasta de coca”.

Las emisoras comunitarias en Colombia desempeñan un papel fundamental en los territorios. Durante el conflicto armado y luego del Acuerdo de Paz se han convertido en espacios donde la comunidad puede encontrarse para compartir sus necesidades y problemáticas a través de un micrófono abierto.

Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, un proyecto de RESANDER, financiado por el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, se ha enfocado en los últimos años en el fortalecimiento de la radio comunitaria y ha considerado como herramienta vital en construcción de una cultura de paz y convivencia en los territorios.

Libardo Montenegro hacía parte de este proyecto y participaba activamente de los episodios de ‘Así suena la paz en los territorios’. Allí se destacó por su interés en los derechos humanos e hizo partícipes a las víctimas de la violencia cuando les abrió los micrófonos para contar sus testimonios y replicar los incumplimientos de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana.

Dicen que Libardo era la mejor voz de Samaniego, que le gustaba el fútbol, que era muy reservado con su vida privada, que tenía una novia que se llamaba Adriana y que unos días antes de su asesinato Libardo tuvo un enfrentamiento verbal con el exnovio de Adriana.

Dicen que las autoridades investigan ese encuentro como un móvil del crimen: un lugar común en investigaciones que no tienen futuro. Los mismos dicen que Montenegro no debería ser considerado un periodista, sino un pregonero. Incluso, un agente de policía de la zona que solicitó guardar su identidad expresó que estaba "95% seguro" de que el asesinato de Montenegro no tenía nada que ver con su labor periodística.  

Otros como Leobar Ibarra, un periodista y amigo de Montenegro, afirman que el asesinato pudo producirse por alguna de las bandas de narcotraficantes "para enviarle el mensaje a los pobladores de que se mantuvieran callados". Porque silenciar a un hombre dice mucho: el asesinato es el último y más radical recurso de la censura.

Durante el 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 13 casos de ataques a la libertad de prensa en Nariño, que dejaron 23 periodistas víctimas. En estas cifras está incluido el asesinato de Libardo. En 2019 hubo un aumento en el número de ataques en el departamento con respecto al 2018 cuando se registraron 8 casos. Incluso, ese conteo brutal que lleva la FLIP registra que de los últimos cinco asesinatos de periodistas en razón de su oficio (2018 y 2019), cuatro de ellos se presentaron en el departamento de Nariño.

Dicen muchas cosas sobre el asesinato de Libardo Montenegro, pero todavía las autoridades no dicen nada como resultado de sus investigaciones. Nadie habla de responsables, capturas, ni penas. La impunidad se ha convertido ya no en rumor sino en la única verdad que los familiares y oyentes de Montenegro tienen como respuesta. Una respuesta demoledora para el departamento de Nariño.

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno informaron en Twitter sobre la captura de un hombre que supuestamente participó en el secuestro de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraí;n Segarra Abril.

El 9 de mayo de 2020 se cumple un año del asesinato del documentalista colombiano Mauricio Lezama. ¿Quién era Lezama y por qué su ausencia en Arauca es insuperable?

Balas que apagan luciérnagas

Por Yulieth Mora G.

“Recogieron el cadáver en una bandeja, como un animal muerto, y lo hizo el señor de la funeraria”, contó Tonni Villamizar en un entrevista cuando se refirió al asesinato de su colega, el realizador audiovisual, Mauricio Lezama. 

Más de cuatro horas estuvo el cuerpo baleado, dijo la gente de la comunidad. Tendido frente a la sede del SENA regional en el caserío La Esmeralda, a 20 minutos de Arauquita, Arauca. Era día jueves, 9 de mayo de 2019. “Nadie quería recoger el cuerpo, ni el ejército siquiera”, afirmó Villamizar.

Ricardo Llaín estaba con Lezama, a espaldas de la carretera, cuando dos hombres en moto dispararon en su contra. Una de las siete balas le dio en un brazo a Llaín y como pudo, como se puede correr con una bala en el brazo, se refugió en un establecimiento. Las otras seis balas no le dieron tiempo a Lezama de reaccionar. Porque seis balas, cuatro directo a la cabeza y dos al cuerpo, no dan tiempo de nada. 

Los asesinos, en cambio, sí tuvieron todo tiempo para herir a un hombre, matar a otro, y huir. Incluso en esas cuatro horas de abandono de la Policía y las fuerzas militares, alguien también tuvo tiempo suficiente para llevarse la cámara que Lezama tenía colgada al cuello, su celular y recoger los casquillos de bala. 

Un hombre de la comunidad, que conoció a Lezama dijo: “si no salen ellos (Policía y Ejército) porque les da miedo, imagínese nosotros”.

Sandra Lezama, hermana del realizador audiovisual, afirmó que, “a los veinte minutos del hecho, entró una foto de Mauricio en las redes sociales. En ella sale en el suelo con su cámara, su bolsito y los pies de las personas que estaban rodeándolo. Llamaron a la Policía Judicial y ellos dijeron que no pueden entrar si no está el Ejército. Se echaron la pelota de un lado al otro. Sí, pasaron horas hasta que los de la funeraria tuvieron que levantar el cuerpo porque ninguna autoridad llegó”. 

Una semana después del asesinato de Mauricio Lezama la noticia saltó de un municipio en el oriente de Colombia a medios de comunicación internacionales, cuando la delegación colombiana en el Festival de Cannes sostuvo carteles que denunciaban los hechos. Sin embargo, la exposición mediática no fue, ni ha sido, suficiente para que la Fiscalía General de la Nación entregue resultados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- en un derecho de petición* le preguntó a la Fiscalía: ¿dentro de la investigación se ha abordado como primera hipótesis que los móviles del homicidio están relacionados con el ejercicio de la labor periodística? La respuesta: “no se maneja como hipótesis que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues la víctima no era periodista”. 

¿Entonces qué era y quién era Mauricio Lezama?

Mauricio Lezama era tallerista, gestor cultural, productor y realizador audiovisual, representante legal de la productora Indosana, padre de dos hijos, esposo, exesposo, hijo, un tipo de títeres, amigo, actor, rebelde, artista de lienzos, el pelado de recetas vegetarianas, un integrante de la comunidad Hare Krishna, contador de historias, una persona que nunca se acopló a la vida corriente, viajero, el consejero departamental de cine y director del Festival de Cine en Arauca. 

Lezama era, pero ya no será porque alguien decidió que había que matarlo y había que hacerlo durante esos días de casting del cortometraje Las luciérnagas vuelan en Mayo, el proyecto que lo tenía ocupado tiempo completo gracias al estímulo de Relatos Regionales otorgado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura. 

Un día de Mayo

Arauca, 3 de mayo de 1984. Un hombre armado irrumpe en una farmacia de La Esmeralda. Ese hombre balea a los dueños del lugar: una pareja de esposos. Él muere inmediatamente. Ella recibe un disparo en el rostro. La mujer es la partera del pueblo, una reconocida dirigente de la Unión Patriótica. Normalmente ayuda a dar a luz a las madres del pueblo, pero esa noche, acude a la oscuridad para salvarse de todo lo que puede salvarse. Su nombre es Mayo Villarreal. Sobrevive, pero llevará por años la carga de un rostro desfigurado, un recordatorio de la violencia en Arauca. 

Esa es la trama de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Una historia que Tonni Villamizar escribió basado en la historia de su familia, la misma que Mauricio Lezama estaba obsesionado en dirigir. Hasta que, irónicamente, lo asesinaron un día de mayo.

Silencio ensordecedor 

Perder a un hijo es indecible. Que lo asesinen, un horror. Martha Isabel Muñoz intenta ponerle palabras al vacío que dejó Mauricio en su casa y en su familia. Ella fue su madre adoptiva. 

"Es muy duro revivir el dolor. Sentir ese nudo en el pecho. Mauricio llegó acá cuando tenía 16 años. Era muy cercano a su papá. Se fue a estudiar artes y volvió aquí a hacer pintura, teatro, títeres. Ha sido muy duro lo que hemos tenido que afrontar. La Fiscalía adelanta entrevistas y hay varias versiones pero aún no hay nada definitivo. Discúlpeme por no hablar más al respecto, pero este dolor continúa y se revive cada vez que nos preguntan”. 

La madre biológica de Mauricio murió siete meses antes de que a él lo asesinaran y la fecha coincidió con la entrega del estímulo para hacer la historia sobre ‘Mayo’. Eran tiempos difíciles pero había una esperanza. 

“Antes de morir mi mamá, le dije a Mauricio: ‘vente para acá que eso allá en Arauca es muy fuerte y tú tienes mucho para dar’. Él me dijo que iba a terminar el proyecto de ‘Mayo’ y se venía para Ecuador. Eso fue lo más duro para mí”, cuenta Sandra Lezama, que recientemente estuvo en Colombia, entre otras cosas, para hacer trámites ante la Fiscalía por el asesinato de su hermano. 

El día que Sandra llegó a Colombia para velar a su hermano no se imaginó que se iba a encontrar a cientos de personas en un cementerio de Arauca, personas que también querían despedirse. “No sé de dónde saqué fuerza. Hicimos una ceremonia bella, celebramos su vida, su espíritu. La gente se acercaba y me decía: ‘su hermano le dio teatro a mi hijo y lo recordamos mucho en la casa, ‘su hermano hizo una función hermosa’, ‘su hermano cocinaba delicioso’, no había alguién que no dijera algo bueno sobre él”. 

Después del asesinato, Sandra estuvo dos semanas en Arauca para intentar resolver lo que podía, resolver cosas en las que nadie piensa que un día pueden ser un problema: ¿qué haría con las pertenencias de Mauricio? su ropa, sus zapatos, los muebles, todo lo que había quedado ahí detenido en su apartamento. Sandra llamó a la persona de enlace en la Fiscalía para que fueran a revisar el apartamento, las notas, cualquier cosa y buscaran pistas sobre los móviles del asesinato. No, no pudo esperar más, tenían que regresar a su casa. Se deshizo de algunas cosas, otras las regaló. 

Hoy pocos se atreven a hablar del futuro de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Mucho menos de la producción de esas otras historias que Mauricio Lezama estaba preparando. Se habla más del rodaje de 'Lez-Ama, vivir filmando', un documental que  prepara la directora Mónica Moya sobre la vida del cineasta, donde se abre el debate en torno a qué es el cine y por qué se hace. Lastimosamente, Mauricio, que por años optó por mantenerse detrás de las cámaras para dirigir películas, esta vez estará delante de ellas pero sin poder responder a ninguna de las preguntas. 

El mutismo de Arauca 

La violencia toca todo, toca incluso lo intangible, toca las voces hasta apagarlas y pronuncia el silencio. Pero cuando la violencia se instala proclama la censura como una bandera. 

“Los grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población… imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera”. Es lo que dice el informe Los guerrilleros son la policía publicado recientemente por la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) que analiza la situación a Arauca. 

Si en esta zona del país sobrevivir en medio del fuego ya es una hazaña, emitir y recibir información y hacer uso de un derecho fundamental puede, de un día para otro, desencadenar una tragedia.

Así lo indican las cifras de la FLIP que confirman el recrudecimiento de los ataques a periodistas en los últimos años: en 2017 se presentaron 9 ataques, en 2018 se calcularon 16 y en 2019 la FLIP registró un ascenso significativo con 26 ataques a periodistas en Arauca.

A lo anterior se suman los datos del Centro de Estudios de la FLIP que considera a Arauca un ‘departamento en silencio’ por la poca oferta de medios de comunicación, que llega tan solo a 35 para 267 mil habitantes en todo el departamento. 

Esas condiciones precarias para compartir información de interés de todos, han hecho del cine y otras formas de expresión una herramienta que hace flaquear la bandera de la censura. En los últimos años el cine regional ha tomado vuelo pero después del asesinato de Mauricio Lezama la violencia ha fijado un precio muy alto a las generaciones que siguen narrando el conflicto: pagar con la vida. 

------------

*La investigación del asesinato de Mauricio Lezama continúa en estado de indagación. No ha habido ningún avance. La única novedad en el caso es que fue reasignado a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior, a cargo de la doctora Luisa Obando, adscrita a la Unidad Especial de Investigación con sede en la ciudad de Bogotá D.C..

May 9, 2020 marks one year since the murder of Colombian documentary filmmaker Mauricio Lezama. Who was Lezama and why his absence in Arauca is second to none?

Bullets That Put Out Fireflies

By Yulieth Mora G.

“They collected the corpse on a tray, like a dead animal, as the man of the funeral home did” said Tonni Villamizar in an interview when he referred to the murder of his colleague, audiovisual producer, Mauricio Lezama.

People from the community said that the bullet-ridden body laid down for more than four hours. Lying in front of the regional headquarters of the National Apprenticeship Service (SENA) in La Esmeralda settlement, 20 minutes from the town of Arauquita, Arauca. It was Thursday, May 9, 2019. “No one wanted to pick up the body, not even the army”, Villamizar said.

Ricardo Llaín was with Lezama behind the road when two men on motorbikes shot at him. One of the seven bullets hit Llaín's arm and, as he could, ran with a bullet in his arm and looked for protection in the premises of a shop. The other six bullets did not give Lezama any time to react. Because six bullets, four directly to the head and two to the body, give no time at all.

On the other hand, the killers did have all the time to hurt one man, kill another and flee. Even in those four hours of neglect from the police and the military forces, someone also had enough time to take the camera that Lezama had hung on his neck, his cell phone, and to collect the bullet cartridges.

A man from the community who knew Lezama, said: “if they don’t go out (the Police and the Army) because they are afraid, imagine what can happen to us”.

Sandra Lezama, sister of the audiovisual director, said that, “twenty minutes after the criminal act, a photo of Mauricio appeared in social media. He appeared on the ground with his camera, with his bag, along with the feet of the people around him. They called the Judicial Police, and the latter said they could not enter the area if the Army is not present. They passed the buck from one party to the other. Yes, it took hours before the funeral home had to remove the body because no authority arrived”.

A week after the murder of Mauricio Lezama, the news passed from a municipality in eastern Colombia to international media, when the Colombian delegation at the Cannes Film Festival held posters denouncing the criminal acts. However, media exposure was not, and has not been, sufficient for the Prosecutor's Office of the Nation to deliver results.

The Foundation for Press Freedom (FLIP) asked the following to the Prosecutor's Office in a petition right*: Has the first hypothesis that homicide motives are related to the exercise of journalism been addressed within the investigation? The answer: “the hypothesis that the homicide is related to journalism is not being considered, since the victim was not a journalist”.

So, who was Mauricio Lezama and what was his trade?

Mauricio Lezama was a workshop facilitator, cultural manager, producer and audiovisual director, legal representative of Indosana film production company, father of two children, husband, ex-husband, son, a puppets guy, friend, actor, rebel, canvases artist, the vegetarian recipes guy, a member of the Hare Krishna community, storyteller, a person who never engaged in ordinary life, traveler, departmental film counselor and director of the Arauca Film Festival.

Lezama was, but will no longer be, because someone decided that he had be killed, and that had to be done during those days of casting for the short film named Las luciérnagas vuelan en mayo (Fireflies Fly in May), the project that had him busy full time thanks to the economic stimulus for Regional Stories, granted by the Film Development Fund of the Ministry of Culture.

A Day of May

Arauca, May 3, 1984. An armed man breaks into a pharmacy in La Esmeralda settlement. That man shoots the owners of the place: a married couple. He dies immediately. She gets a shot on her face. The woman is the midwife of the town, a recognized leader of Unión Patriótica political party. She usually helps to give birth to the town's mothers; but that night, she resorts to darkness to save herself from all that can be saved. Her name is Mayo Villarreal. She survives, but she will take for years the burden of a disfigured face, a reminder of violence in Arauca.

That is the plot of Las luciérnagas vuelan en mayo. A story that Tonni Villamizar wrote based on his family's history, the same one that Mauricio Lezama was obsessed with directing. Until, ironically, he was murdered one day in May.

Deafening Silence

Losing a child is indescribable. That he gets murdered, is a horror. Martha Isabel Muñoz tries to put words on the vacuum that Mauricio left in her home and family. She was his foster mother.

“It's very hard to revive the pain.” Feeling that knot in the chest. Mauricio arrived here when he was 16 years old. He was very close to his dad. He went to study arts and went back here to do painting, theater, and puppets. What we have had to face has been extremely hard. The Prosecutor's Office is conducting interviews, and there are several versions, but there is still nothing definitive. Excuse me for not talking more about it, but this pain continues and is revived every time we are asked”.

Mauricio's biological mother died seven months before he was killed, and the date coincided with the delivery of the economic stimulus to make the story about ‘Mayo’. Those were difficult times, but there was hope.

“Before my mum died, I told Mauricio: ‘come here, because things in Arauca are very tough and you have a lot to give’. He told me that he was going to finish the ‘Mayo’ project and then he was coming to Ecuador. That was the hardest thing for me”, says Sandra Lezama, who recently was in Colombia, among other things, to carry out the procedures before the Prosecutor's Office for the murder of her brother.

The day Sandra arrived at Colombia to be with her brother in vigil, she didn't imagine hundreds of people were going to be found in a cemetery in Arauca, people who also wanted to say goodbye. “I don’t know where I drew strength from. We did a beautiful ceremony, we celebrated his life, his spirit. People came close and said to me: ‘your brother gave theater lessons to my son, and we remember him a lot in the house, ‘your brother performed a beautiful role’, ‘your brother cooked delicious dishes’, there was no one who did not say something good about him’.

After the murder, Sandra spent two weeks in Arauca trying to solve what she could, to solve items that nobody thinks one day might be a problem: What would she do with Mauricio’s belongings? his clothes, his shoes, the furniture, everything that had been suspended there in his apartment. Sandra called the liaison person at the Prosecutor's Office to go check the apartment, the notes, anything, and to look for clues about the murder's motives. No, she could not wait any longer, they had to return home. She got rid of some things and others gave them away.

Today, few dare to talk about the future of Las luciérnagas vuelan en Mayo. Much less of the production of those other stories that Mauricio Lezama was preparing. There is more talk about the shooting of 'Lez-ama, vivir filmando', a documentary prepared by director Mónica Moya about the life of the filmmaker, where the debate opens on what cinema is and why it is done. Unfortunately, Mauricio, which for years chose to stay behind the cameras to direct films, will be in front of them this time, but without being able to answer any of the questions.

Arauca's Mutism

Violence touches everything, touches even the intangible, touches voices until they turn off, and speaks silence. But when violence is installed it proclaims censorship as a flag.

“Non-state armed groups violently control people’s daily lives… they impose their own rules and, to ensure compliance, threaten civilians on both sides of the border”. This is what the report named “The Guerrillas Are the Police” tells, which was recently published by United States NGO Human Rights Watch (HRW), who analyzes the situation in Arauca.

If in this area of the country, surviving amid gunfire is already a feat, issuing and receiving information and exercising a fundamental right can trigger a tragedy overnight.

This is indicated by FLIP figures that confirm the resurgence of attacks on journalists in recent years: there were 9 attacks in 2017, 16 for 2018, and in 2019 FLIP registered a significant increase, with 26 attacks on journalists in Arauca.

In addition to the above, data from the Center of Studies of FLIP is added, which considers Arauca as a ‘department under silence’ because of the limited supply of media, which reaches only 35 for 267,000 inhabitants in the whole department.

These precarious conditions for sharing information of interest to all, have made cinema and other forms of expression a tool that makes the banner of censorship to waver. In recent years, regional cinema has taken flight, but after the assassination of Mauricio Lezama violence has set a remarkably high price for the generations who continue to narrate the conflict: paying with life.

------------

*The investigation into the murder of Mauricio Lezama continues to be under enquiry. There has been no progress. The only new event in the case is that it was reassigned to the First Prosecutor's Office Attached before the Superior Court, under prosecutor Luisa Obando, attached to the Special Investigation Unit in the city of Bogotá, D.C.

La periodista Silvia Duzán fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander. La Fiscalía reconoció que este crimen hizo parte de un ataque sistemático de grupos paramilitares. Esta declaratoria debe estar acompañada de los esfuerzos de la Fiscalía para investigar el crimen.

La impunidad es un fenómeno que continúa latente en muchos países del mundo y responsabiliza a las entidades encargadas de investigar crímenes o violaciones a los derechos humanos. Es un factor determinante para que los agresores continúen actuando sin ninguna consecuencia. En Colombia, por ejemplo, en lo que respecta a asesinatos contra periodistas, de las decenas de casos registrados por la FLIP sólo en uno se han logrado condenadas contra toda la cadena criminal. En el resto de casos hay distintos niveles de impunidad, la mayoría de los cuales se concentra en la falta de justicia respecto de los determinadores o autores intelectuales. La situación de impunidad no difiere respecto de otros tipos de violencias, como agresiones físicas, amenazas o violencia sexual.

Para conocer la experiencia en otros países con el problema de la impunidad en los crímenes contra la prensa, la FLIP revisó el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de conocer qué acciones, herramientas o estrategias se están usando para luchar contra este fenómeno. La elaboración de este documento se basó principalmente en entrevistas a diez organizaciones y expertos con experiencia en estos asuntos.

Lea aquí el documento completo.

El pasado 6 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez, alias "Orbitel", a 80 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Katherine Leal. Esta es la cuarta sentencia que se emite en lo corrido del año por amenazas contra periodistas y es la condena más alta. 

Gélvez admitió haber amenazado telefónicamente a Latorre y a Leal desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido. Esta es la segunda sentencia en contra de Gélvez por hechos similares. En agosto de este año, fue condenado a 53.33 meses de prisión por amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada.

Los cuatro fallos se enmarcan en la estrategia de priorización de investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos, creada por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 00339 de 2018. En este momento continúan en etapa de juicio otros casos por amenazas contra los periodistas Claudia Gurisatti, Luis Carlos Vélez, María Jimena Duzán y Juanita Gómez.

La FLIP reconoce el trabajo realizado para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas. No obstante, vale la pena señalar que de los casos reportados a la FLIP en 2018 de amenazas el 99% permanece en la impunidad. En consecuencia, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que continúen y amplíen sus esfuerzos en el tema, la lucha contra la impunidad por estos hechos es fundamental para la garantía de la libertad de prensa en Colombia.

El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje sin regreso que relata el cruel asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de un grupo narcotraficante comandado por alias ‘Guacho’.

El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

Miami/Washington D.C./Bogotá (19 de agosto de 2019) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebran que la Justicia colombiana haya declarado como delito de lesa humanidad el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido el 16 de abril de 1998.

Nelson Carvajal Carvajal trabajaba en la Emisora Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN, en Pitalito, departamento del Huila, donde se caracterizaba por investigar casos de corrupción en la administración pública. También era docente y director de una escuela.

Tras dos décadas de impunidad, en marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Colombia por no garantizar el derecho a la vida del periodista y por no investigar los hechos e identificar a los responsables. En consecuencia, ordenó reparar a las víctimas y adoptar medidas de no repetición de hechos similares.

El Estado de Colombia reconoció públicamente su responsabilidad en un acto realizado el pasado 29 de marzo en cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en la Sentencia. Sin embargo, al celebrar el fallo de este 14 de agosto de la Fiscalía General de la Nación que declara la imprescriptibilidad del crimen de Carvajal Carvajal, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez y la presidenta del RFK Human Rights, Kerry Kennedy, hacen un "llamado a la Justicia colombiana para que redoble sus esfuerzos para que el crimen del periodistas sea esclarecido y los autores materiales e intelectuales sean condenados". De manera más amplia, Domínguez y Kennedy "urgen al Estado a cumplir con las demás medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso y que siguen pendientes de cumplimiento a más de un año de proferida la Sentencia".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fundado en 1968, Robert F. Kennedy Human Rights promueve la visión de Robert F. Kennedy de un mundo más justo y pacífico. En alianza con defensores y organizaciones en el terreno, Robert F. Kennedy Human Rights utiliza la incidencia y el litigio estratégico para lograr justicia alrededor del mundo.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados.

La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.

El 11 de junio de 2019 fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Según la gobernación de Nariño, un reporte de la fuerza pública señala que el asesinato fue cometido en horas de la noche por dos sicarios que se desplazaban en moto.

La FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, compañero de Libardo en Samaniego Estéreo. Los periodistas trabajaban juntos de lunes a viernes. Según Álvarez, Libardo presentaba varias secciones de la emisora: programa informativo El despertador, en la mañana; luego el magacín Café al día y un programa de dos a cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. De acuerdo con Álvarez, Libardo publicaba información del municipio, centrándose en noticias municipales y departamentales.

En la noche del asesinato, el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, informó que Libardo le había concedido una entrevista esa mañana. Según Ibarra, en la entrevista hablaron de un encuentro por la paz que éste estaba organizando para el viernes 14 de junio, por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego.

Adicionalmente, según Giovanni Melo, coordinador de la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, no tienen reporte de amenazas en contra de Montenegro. Melo añadió que el contexto de seguridad del municipio es complejo y que han hecho varios llamados al gobierno nacional para que investigue e intervenga sobre esta situación.

Según cifras de Cartografías de la Información, Samaniego hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas. En el municipio sólo hay cinco medios de comunicación: dos son de fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión comunitario y una emisora comunitaria que es Samaniego Estéreo 104.1 FM. Se tiene registro de un solo informativo: el de la emisora comunitaria en la que trabajaba Libardo Montenegro..

De acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de DDHH han sido asesinados en lo corrido del año en Nariño. El 20 de mayo fue asesinada por dos sicarios en el mismo municipio Paula Andrea Rosero Ordóñez, personera del municipio. De acuerdo con el diario El Espectador, Rosero habría recibido amenazas luego de denunciar malos manejos en el hospital local. Por otro lado, según Caracol Radio, el mecánico Víctor Fernando Corrales fue asesinado horas antes del crimen contra Montenegro en el mismo municipio.

La FLIP conoció un audio en el que el Coronel Jhon Peña, subcomandante de la Policía de Nariño, expresó que Libardo Montenegro se desempeñaba como locutor, en actividades de perifoneo en el municipio. Como se indicó anteriormente, la FLIP documentó que Montenegro era un periodista reconocido en el municipio con una larga trayectoria en medios de comunicación incluyendo la conducción de un programa informativo.

La calificación de la Policía no solo es precaria sino contradictoria con la labor que Montenegro desarrollaba en el municipio. Si bien la relación del asesinato con el oficio está en proceso de documentación, no hay un solo insumo para que la Policía desconozca su condición de periodista. Cuando las autoridades desconocen el rol de periodista se puede afectar las cifras oficiales de registro y monitoreo del fenómeno de violencia contra la prensa. Los impactos de esta reacción -imprudente- se agudizan en municipios como Samaniego donde la prensa regional es escasa y vulnerable.

La FLIP rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Además la Fundación le solicita a la Fiscalía que tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística. La FLIP se solidariza con los familiares y colegas de Libardo Montenegro y continuará la documentación del caso.

El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

Este 11 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Ferney Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, a 36 años y tres meses de prisión por su participación como autor intelectual en el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales. Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015.

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

Este 3 de diciembre, el Fiscal 66 Especializado contra violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, al determinar que el asesinato de los periodistas, ocurrido en 1991, se cometió en el contexto del conflicto armado y contra personas que ostentaban la calidad de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP reconoce los avances que se han dado en la búsqueda de justicia en crímenes contra la prensa. Sin embargo, es necesario que las autoridades del Gobierno trabajen exhaustivamente para condenar a los autores de estos ataques.

La violación, la tortura y el secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 fueron el comienzo de una pesadilla de la que aún no despierta: “Llevo casi 19 años siendo violada todos los días”, dice. Y se refiere a la impunidad que ha rodeado su caso todo este tiempo.

El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después: “Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”.

Bedoya no ha logrado justicia. Todavía recibe amenazas constantes por su trabajo como periodista y también por su labor como activista por los derechos de las mujeres que han padecido abuso sexual.

Hoy, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es preciso recordar este caso por su doble condición: crimen contra la libertad de expresión y la marcada violencia de género. Ese 25 de mayo se intentó callar y amedrentar a la periodista por revelar las irregularidades de la cárcel La Modelo.

Un obstáculo tras otro

Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.

En 2011, después de años de inactividad procesal, se asignó el caso a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Estos avances no necesariamente deben atribuirse a la fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales. Según Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se trata de una justicia confesional y no de una que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos.

A la fecha se ha vinculado a varias personas y hay dos condenados: Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) y Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.). Ambos se acogieron a un beneficio que contempla la Ley Penal, conocido como “sentencia anticipada”. Jaimes Mejía aceptó su responsabilidad en los tres cargos que le imputaron y recibió una condena de 28 años de prisión. Cárdenas Orozco aceptó cargos de secuestro y tortura, pero no de violencia sexual, por esto su responsabilidad penal no se ha definido.

El tercer paramilitar es Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepizca), quien tiene detención preventiva por el caso de Bedoya, y además está detenido por otros delitos. La defensa de Pereira busca su libertad provisional y está pendiente un recurso de apelación donde el tribunal decidirá si continúa detenido o sale en libertad. La FLIP, como representante de la periodista, teme que el tribunal considere la segunda opción.

“Esas condenas”, dice Bedoya, “son el producto de mi persistencia, gracias al apoyo de la FLIP y otras personas”. Sin embargo, la periodista ha dicho que estas detenciones y sentencias no se pueden mostrar como una acción efectiva y reparadora de la justicia, porque se trata solo de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, mientras los autores intelectuales siguen sin ser mencionados.

Desde agosto de 2017 la defensa espera la sentencia que decida, de forma definitiva, la responsabilidad de los mencioandos paramilitares por los distintos crímenes cometidos en el 2000. Pero se siguen sumando días y meses de espera. 

El peso de la injusticia

El caso ha tenido cinco fiscales. El primero estuvo desde que ocurrieron los hechos hasta 2011, y fue la etapa menos productiva de la investigación. Desde 2011 se han asignado cuatro fiscales mujeres. Cada vez que un fiscal nuevo toma el caso debe leer el expediente en la Fiscalía. Son 30 cuadernos de 400 folios: unas doce mil páginas en total.

Según Pedro Vaca, solo desde mediados de 2017 la fiscalía está avanzando hacia los los otros niveles de responsabilidad. Es decir, establecer la autoría intelectual de los hechos: “Han comenzado a hacer su trabajo en el momento en el que es más difícil y dispendioso”. Vaca celebra que se retomen líneas de investigación en las que no se había avanzado desde las primeras pistas aparecidas en 2007.  Y una de estas líneas es la que involucra a funcionarios públicos como cómplices, incluidos funcionarios del INPEC.

A esto se suma otro proceso, también demorado: el caso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, pero solo fue admitido hasta 2014. Desde 2015, los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH han dicho que este es un caso priorizado, pero todavía no está en  la agenda la discusión sobre una decisión de fondo. “A veces siento que la CIDH terminó siendo igual de revictimizante que el Estado colombiano. Y lo digo con todo respeto, porque creo que hacen un muy buen trabajo en defensa de los derechos humanos, pero en mi caso no lo he sentido así”, dice Bedoya.

Ella siente que la CIDH la ha dejado en un vacío: “Hemos hecho hasta lo imposible para que entiendan que esto no solo es el caso de Jineth Bedoya. Es lo que afrontan centenares de mujeres en todo el hemisferio”.

La solicitud concreta ante la CIDH es que el Estado colombiano sea juzgado internacionalmente en este caso, porque varios de sus agentes pudieron estar vinculados en los hechos. El Estado no brindó protección a la reportera, aunque había denunciado amenazas previas al secuestro y había sufrido un atentado un año antes. El Estado, por último, tiene la obligación de brindar justicia y no lo ha hecho.

La CIDH tiene una gran oportunidad para sentar un precedente: se trata, al mismo tiempo, de un caso de violencia de género y el único ante el sistema interamericano que trata el tema de libertad de expresión. Una resolución de la CIDH podría dar un mayor impulso a las investigaciones a nivel nacional y hacer visibles las deficiencias que existen en algunas estructuras del Estado; sobre todo en el tiempo de respuesta.

Después de que la CIDH emita este pronunciamiento pueden ocurrir dos cosas: el caso se archiva, o pasa a la Corte Interamericana para que se juzgue al Estado. Bedoya no se amilana: “Si la justicia de este país no asume su responsabilidad frente a los victimarios, tenemos una última instancia que es la Corte Penal Internacional. No voy a desfallecer en ese propósito, ni para mí, ni para ninguna de las miles de mujeres violadas en Colombia”.

En 2012, la Fiscalía calificó este caso como un crimen de lesa humanidad, lo cual refuerza el deber internacional del Estado de investigar y sancionar a todos los responsables. Pero la espera se extiende como una agonía larga. “La impunidad va a ser siempre una segunda violación y una segunda muerte. Y cuando las tienes que cargar todos los días, lo único que te queda es pensar cómo vivir esa agonía, si llevarla con rabia, o como algo positivo que pueda transformar la vida de alguien”, dice Bedoya.

La periodista sabe que la impunidad padecida no es una excepción. Para muestra ofrece este dato: de los 136.000 sindicados que se llevaron a la justicia, solo hay cinco condenas por violencia sexual. “Yo no dejo de creer en la justicia, porque si no creyera, no tendría mi proceso adelante. Pero sí soy muy clara frente a lo que la justicia nos ha dado a las mujeres en Colombia”.

Para ella, solo habrá justicia cuando se esclarezcan los hechos. “Creo que ya no me importa si están cien, veinte o un año en la cárcel. Lo que me importa es que se conozca la verdad. Si no va a haber un escarmiento ante la justicia, creo que el peor escarmiento es el social: que esta sociedad conozca qué hubo detrás del secuestro de Jineth Bedoya. Eso me daría tranquilidad”.

La reportera y editora ha expuesto su caso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido premios como el que entrega cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mujeres de Coraje. Además, lidera la campaña de Intermon Oxfam, No es hora de callar, que invita a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar estos crímenes. Su voz se ha vuelto relevante e influyente, pero no ha sido suficiente para conseguir justicia y reparación.

Las amenazas contra la periodista continúan, y aunque agradece el esquema de protección que le brinda el Estado, es urgente investigar de dónde viene el intento de coacción para desactivar el riesgo. Entre toda la negligencia oficial durante estos años, Bedoya piensa que la peor de todas radica en las amenazas, porque no han cesado en estos 18 años. 

“Yo aprendí que lo normal era estar amenazada”, dice resignada. Bedoya ha visto afectada su salud, por la gran angustia que le generan estos hechos. “Si esto pasa conmigo que puedo hablar directamente con el fiscal general, qué puede esperar el resto de las mujeres, a quienes ni siquiera les reciben la denuncia”.

A pesar de todo, Jineth Bedoya no se deja amedrentar en su trabajo como periodista o como activista por los derechos de las mujeres: “Esto ya no es por mí, yo solo soy un referente que aglutina miles de nombres”.

'La violación es para siempre': Jineth

“La violencia sexual nunca se supera. Es un dolor con el que uno aprende a vivir. Además de las secuelas emocionales, están las físicas. Nadie imagina cómo ha afectado mi salud todo lo que ocurrió. A veces, cuando estoy tan enferma como lo he estado en los últimos meses, pienso que esto es como el bono adicional que traía la violación. Te dañan el cuerpo, te dejan marcada, te dañan espiritualmente. Pero, además, después de casi 19 años, tienes que seguir sufriendo las secuelas de salud que deja ese hecho. Y te llenas de rabia y de impotencia porque son cosas muy difíciles de llevar. Toca agarrarse de algo para seguir viviendo. Pero hay días que no quisiera seguir viviendo. Hay días que desisto cien por ciento porque es muy difícil. A todas las mujeres les pasa eso. Hay mujeres que quedan con el útero destrozado; mujeres que nunca pueden ser madres, como yo. Hay mujeres que nunca pueden volver a tener una relación y a sentir que tienen el derecho a ser amadas. Hay mujeres que no consienten que las vuelvan a tocar. Eso es matarte en vida. Es lo que logra la violación”.

Las cifras del proceso

• 18 años y cinco meses han transcurrido desde que ocurrieron los hechos. 
• 5 fiscales ha tenido el caso. El primero estuvo a cargo durante once años, sin ningún avance. 
• 99,8 % es la tasa de impunidad en los casos de amenazas a periodistas en Colombia.
• 97 % de impunidad hay en los casos de violencia sexual.
• 30 libros de aproximadamente 400 folios cada uno es el expediente del caso que reposa en la Fiscalía. 
• 11 años de prisión fue la sentencia para Alejandro Cárdenas, uno de los paramilitares que se atribuye responsabilidad material de dos de los delitos cometidos contra Bedoya. 
• 28 años de prisión le dictaron a Mario Jaimes Mejía, también confeso.

El 1 de noviembre, la Fiscal 53 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, asignada al caso de Guillermo Cano, decidió la apertura de instrucción y la vinculación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias “Maxwell”, quienes fueron citados a indagatoria para escuchar su versión sobre los hechos.

Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.

Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.

Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.

La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.

En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.

En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.

Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.

Aquí puede consultar Frontera Cautiva

Hoy, 12 de octubre de 2018, se cumplen ochenta años del asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa. Este crimen es el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio del que se tiene registro en Colombia. Galarza, fundador y director del periódico La Voz de Caldas, fue asesinado en 1983 por el teniente Jesús María Cortés.

El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce esta condena como un avance significativo en la búsqueda de justicia en el crimen contra Jaime Garzón. Sin embargo, la FLIP rechaza la decisión de no declarar el homicidio de lesa humanidad y no tener en cuenta el oficio periodístico como agravante y motivación del crimen.

Hace 19 años silenciaron la sátira en el periodismo en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue uno de los periodistas de humor más representativos del país, hizo de la sátira política una arma poderosa para poner en evidencia la corrupción y el narcotráfico de la época.

El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, asesinado el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce este fallo como un importante paso hacia una mayor garantía de la seguridad para la prensa en Colombia.

En dicha sentencia se reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional al ejecutar tardía y deficientemente su labor de protección.

Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son responsables no solo por el “conocimiento que se tenía del peligro latente sobre la vida del señor MOLINA CARMONA, sino porque existía de un lado solicitud de protección de parte de autoridades en favor del denunciante, y en el caso de la Fiscalía General, porque a pesar que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció por otro lado el deber constitucional y legal, que sobre el particular le asistía".

Como consecuencia de ello, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, representada por la FLIP,  y realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y la sociedad y que se realice un taller de derechos humanos, con énfasis en libertad de expresión y garantías de la oposición, entre otros temas, en ese mismo municipio.

La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad.

Jueves, 5 de julio de 2018. 03:26 pm

Sanción de arresto contra trabajadores de medio de comunicación en Bucaramanga viola la libertad de prensa

El 26 de junio de 2018, el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga dictó una orden de arresto contra un periodista y una extrabajadora del medio de comunicación Corrillos!, violando los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de prensa.

Corrillos! es un medio de comunicación digital e impreso de la ciudad de Bucaramanga que se especializa en temas públicos, políticos y electorales. En enero de este año, el medio publicó un artículo en el que contaba que Jorge Enrique Rueda, director de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, fue informante de la Fiscalía en el caso que la entidad adelanta contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez. Rueda había sido Secretario Administrativo de dicha administración. En consecuencia, Rueda interpuso una acción de tutela en contra del medio, la cual fue concedida en marzo. Sin embargo, el proceso de tutela tuvo las siguientes irregularidades procesales:

1. El medio de comunicación nunca fue notificado de la acción de tutela en su contra, con lo cual no pudo ejercer su derecho de defensa, ni pudo impugnar a tiempo la decisión. El medio se enteró del proceso cuando éste había concluído, a través de un mensaje publicado por un tercero en Twitter.

2. El juzgado tramitó la tutela a pesar de que el accionante no cumplió con la obligación de solicitar previamente la rectificación directamente al medio de comunicación. Esta solicitud es requisito de procedibilidad de la acción de tutela¹.

3. El juzgado tramitó la tutela a pesar de no ser competente para ello. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, de las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito, no lo municipales.

Dadas las evidentes irregularidades procesales y dado el hecho de que Corrillos! no pudo defenderse dentro del proceso, mostrando las pruebas que justificaban lo publicado, el medio solicitó que se declara la nulidad de la sentencia. Sin embargo, la solicitud fue negada.

Ahora, el mismo juzgado que no dio a Corrillos! la oportunidad de defenderse - y que se ha negado a corregir su error - sancionó con multa y diez días de arresto al periodista Juvenal Bolívar y a Sofía Ortíz Delgado, extrabajadora del medio. Si bien la decisión es arbitraria en ambos casos, la sanción de arresto en contra de esta última resulta especialmente preocupante ya que Ortíz no trabaja actualmente para el medio y en ningún momento tuvo responsabilidad editorial alguna sobre los contenidos, ya que su trabajo era estrictamente administrativo.

Es sorprendente que un juez advierta violaciones tan graves al derecho fundamental al debido proceso y que, aún así, proceda a dictar una orden de arresto de diez días. Estas decisiones preocupan por el impacto que causan en la libertad de prensa del medio de comunicación. La sanción impuesta será ahora evaluada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, quien decidirá definitivamente sobre la sanción de arresto. La FLIP espera que el Juez Décimo Civil del Circuito tome una decisión que garantice el debido proceso y la libertad de prensa del medio de comunicación.

¹Decreto 2591 de 1991. Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (...) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

Ayer, 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- hizo pública la sentencia en la que se declara responsable al Estado de Colombia por el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal. Es el primer caso en el que una corte internacional condena a un Estado por un homicidio motivado en razón del ejercicio periodístico de la víctima.

Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.

No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.

El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.

Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.

La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.

El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.

A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:

• La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.

• Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.

• Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.

• El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.

• Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.

• En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.

La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.

Bogotá D.C./ Miami, FL. / Washington, D.C., 23 de marzo de 2018 --

A tan solo un mes de que prescriba el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron el miércoles 21 de marzo una solicitud a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia, para que declare el homicidio como crimen de lesa humanidad.

El homicidio de Carvajal es un caso emblemático que señala el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, ilustra la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.

Nelson Carvajal Carvajal fue periodista radial en Pitalito, Huila. Fue director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en ese municipio. Reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Fue asesinado el 16 de abril de 1998 por un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, donde era director.

El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las FARC.

Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados.

Durante el proceso, miembros de la familia Carvajal han sido víctimas de amenazas y muchos debieron salir al exilio. También fueron asesinados testigos y varios fiscales abandonaron la causa tras recibir amenazas. Otros procesos judiciales asociados a la muerte de Carvajal fueron archivados en forma prematura. 

En 2002, el caso fue presentado por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso fue remitido en el 2015 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano. La Corte ya deliberó sobre el caso y se espera un fallo definitivo en las próximas semanas.

Vea aquí la solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación.

El 19 de marzo de 2010 fue asesinado el periodista de la emisora La Voz de Montería, Clodomiro Castilla, en el departamento de Córdoba. El día en que ocurrieron los hechos, el reportero se encontraba en la terraza de su casa leyendo y aproximadamente a las 9 de la noche dos hombres llegaron en moto y le dispararon en ocho ocasiones. 

Castilla se destacaba por sus investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción en las instituciones de su departamento, además de los nexos entre políticos de la región y grupos paramilitares. Por su labor periodística, Castilla fue testigo en procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia por la infiltración de estructuras ilegales en las instituciones del Estado.

Es de conocimiento de la FLIP que, luego de ocho años del asesinato del periodista, el proceso continúa en indagación preliminar en la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes consultadas por la Fundación, existe material probatorio suficiente para vincular a presuntos responsables al proceso, sin embargo, esto no se ha hecho.

La ausencia de vinculación formal implica que la investigación se mantiene sin mayores avances y el paso del tiempo hace que el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido sea cada vez más complejo. Esto es particularmente preocupante si se considera que una de las formas de resolver delitos contra periodistas es a través de la información que los autores materiales puedan aportar al proceso.

La FLIP advierte que el constante cambio y reasignación de fiscales interfiere en la continuidad de la investigación penal y ello se refleja en la falta de resultados efectivos en los procesos. En el caso de Clodomiro Castilla, al menos 3 fiscales distintos han estado a cargo de su caso en tan solo 8 años. Esta situación impide que se identifiquen y vinculen a los presuntos autores y perpetúa la impunidad que impera en este crimen.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que con el material probatorio con el que cuenta actualmente vincule formalmente a los presuntos responsables del homicidio. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la entidad para que el caso de Clodomiro Castilla sea priorizado en la Unidad de Derechos Humanos con el fin de que haya celeridad procesal y sea posible condenar a los responsables del crimen. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza la negligencia del Estado en el caso del periodista Oscar García Calderón, asesinado el 22 de febrero de 1998 en Bogotá.

Fue cronista taurino de El Espectador por más de 20 años. Pero no se conformaba con relatar corridas. Por la época de su asesinato, estaba investigando los nexos entre el narcotráfico y el mundo de los toros. Al parecer, los capos de la mafia estaban lavando dinero a través de la cría de ganado y las ferias taurinas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por la falta de diligencia de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de Néstor Javier Pachón, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Pachón está siendo investigado por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica de las que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque. El exagente de inteligencia del DAS debe responder ante la justicia cuál fue el uso que le dio a un vehículo con el que se realizaron los seguimientos a la periodista.

En noviembre de 2016, Pachón fue capturado por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir. El exagente estuvo detenido por un año mientras se adelantaba el proceso en su contra. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2017, su defensor solicitó la libertad por vencimiento de términos. Dicha solicitud fue rechazada por la fiscal asignada al caso, Gilma Amparo Duarte, quien además decidió prorrogar el tiempo de su detención.

No obstante, el 27 de diciembre del 2017, Catherine Naranjo Sierra, Fiscal 53 de Apoyo de la Unidad especializada contra violaciones a los derechos humanos, contrariando la decisión de su colega, lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

A comienzos de febrero de este año, Claudia Julieta Duque solicitó declaración de nulidad a esta decisión, argumentando que existieron irregularidades en el debido proceso y que se violó el derecho a la defensa.

La Fundación apoya la solicitud de Duque para que se declare la nulidad de la decisión que deja en libertad a Pachón. Si bien los crímenes de los que fue víctima la periodista fueron declarados de lesa humanidad y no pueden prescribir, eso no puede ser una excusa para que los funcionarios adelanten conductas que rayan en la negligencia.

Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

En Colombia han sido asesinados 165 periodistas por razones de oficio. Hemos buscado el trabajo de algunos de ellos y queremos indagar por la situación de sus casos en los estrados judiciales. La tarea no ha sido fácil. De muchos de ellos no hay archivo alguno y frente a la investigación de los crímenes, la justicia ha sido negligente en la mayoría de los casos.

El 1 de febrero de 2018, el Juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá, condenó a Yean Arlex Buenaventura a pagar 58 años y 3 meses de prisión por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta y Sofía Quintero, su esposa. Es la condena más alta jamás impuesta en Colombia por un delito contra la libertad de expresión.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 30 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato, realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, irregularidades en contratación estatal y extracción de petróleo. La voz de sus denuncias era la emisora Linda Stéreo en El Doncello, Caquetá, de la cual fue fundador y director. Peralta era la voz más escuchada en cinco municipios del norte de Caquetá, a donde llegaba la emisora, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales.

Durante la audiencia de lectura de fallo condenatorio, el juez explicó que, el 14 de febrero de 2015, Yean Arlex Buenaventura disparó en numerosas oportunidades en contra de Luis Antonio Peralta y de Sofía Quintero, su esposa, quien se encontraba con el periodista en ese momento a la entrada de Linda Stéreo. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

El juez reconoció que el crimen de Peralta no solamente enlutaba a su familia y amigos, sino que era ante todo un delito contra la prensa, pues a lo largo del proceso se logró demostrar que Peralta fue asesinado como consecuencia de su labor periodística y, fundamentalmente, por las denuncias que realizaba en su emisora.

La Fundación Para la Libertad de Prensa reconoce la importancia de este fallo ejemplar como un precedente importante en que el Estado actúa para contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión. Así mismo, espera que la Fiscalía General de la Nación continúe avanzando en la identificación de los autores intelectuales del crimen, para que estos también sean llevados a la justicia cuanto antes.

El juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá condenó a Yean Arlex Buenaventura Barreto por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta en hechos ocurridos en febrero de 2015. El sentido del fallo fue conocido el día de ayer 14 de diciembre en audiencia pública celebrada en la misma ciudad.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, apoyó la teoría del caso presentada por la Fiscalía según la cual Buenaventura obró bajo la modalidad de sicariato y en concurso con otras personas aliadas para silenciar las denuncias periodísticas de Peralta.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 40 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato se realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, contratación estatal y extracción de petróleo.

Peralta era la voz más escuchada en esa región, era director y periodista de la emisora Linda Stéreo, filial de Caracol en El Doncello, Caquetá, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales. Allí el micrófono era el medio por el cual denunciaba las ilegalidades de corrupción en la región.

El 14 de Febrero de 2015 dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron a Luis Antonio Peralta en El Doncello. Sofía Quintero, su esposa, se encontraba con Peralta en ese momento y también fue baleada. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

La FLIP reconoce esta condena como un avance en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión en Colombia. Así mismo, espera que la decisión del juez contribuya a la identificación y sanción de los demás autores materiales e intelectuales del crimen de Peralta, quienes se encuentran hoy en libertad.

Desde 1977 hasta la fecha han sido asesinados 154 periodistas en Colombia por razones de oficio. Solo en cuatro casos han sido condenados los autores intelectuales de estos crímenes.

Una vez conocido el sentido del fallo, el juez anunció que realizará la lectura de la sentencia condenatoria de Yean Arlex Buenaventura el 28 de enero de 2018.

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

Efigenia Vásquez fue herida mortalmente mientras ejercía su derecho a la libertad de expresión como periodista en el municipio de Puracé, Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa maneja la hipótesis que la comunicadora pudo haber muerto a causa de un “proyectil de carga múltiple” accionado por un agente del ESMAD.

El 10 de octubre de 1989 fue asesinada Martha Luz López López, gerente administrativa de El Espectador en Medellín. Dos hombres le dispararon cuando se disponía a salir de su residencia, ubicada en el barrio El Poblado de Medellín.

En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

_____________________________________________________

Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

<Este miércoles 1 de marzo, la periodista Jineth Bedoya Lima tendrá que contar por doceava vez la agresión de la que fue víctima hace diecisiete años.  El 25 de mayo de 2000 Jineth fue secuestrada, torturada y violada mientras realizaba su trabajo periodístico en la cárcel Modelo de Bogotá, ha declarado once veces ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos, pero parece no ser suficiente para la justicia colombiana.

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación, declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil.

A propósito del Día Mundial de la lucha contra la Impunidad, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) quiere llamar la atención sobre la falta de justicia en amenazas y agresiones contra periodistas.

La FLIP ha visto que en los últimos años se ha reducido el número de asesinatos de periodistas por razones de su oficio. Paradójicamente, la cantidad de amenazas contra la prensa sigue creciendo. De esta forma, junto a los 2 asesinatos registrados por la FLIP durante el 2013, se ha tenido conocimiento de 46 amenazas que han afectado a 62 periodistas y un total de 17 agresiones contra 36 periodistas.

Cuando se habla de la impunidad de agresiones contra la prensa en Colombia, es inevitable referirse al conflicto armado y a los procesos de justicia transicional que se han derivado de esta situación.

De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de  la Fiscalía, sólo se registran 10 casos de asesinatos de periodistas atribuidos a paramilitares y uno relacionado con desmovilizados de las FARC. Situación que contrasta con la proporción de asesinatos atribuibles a dichas estructuras. De 142 periodistas asesinados por razones de oficio que registra la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 50 podrían tener como autores a grupos armados al margen de la ley, 30 casos se atribuyen a organizaciones paramilitares, 13 a las FARC y 7 casos al ELN.

El 23 de noviembre se conmemora el día mundial de la lucha contra la impunidad. “Este día marca el aniversario de la masacre de Ampatuan en el 2009, cuando 58 personas - incluidos 32 periodistas y trabajadores de los medios - fueron asesinados en Filipinas”.

Foto tomada de: El Tiempo

Hoy, 8 de octubre de 2013, iniciaba el juicio contra Jorge Noguera Cotes, ex director del extinto  Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por escándalo de las ‘chuzadas’. No obstante, la Corte Suprema decidió declarar prescritos los delitos relacionados con la intervención de comunicaciones a periodistas y opositores. Esto quiere decir que se venció el tiempo para investigar y sancionar. El juicio se dará únicamente por los delitos de concierto para delinquir y abuso de poder con relación a hechos ocurridos en el exterior.

La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP publica este 9 de febrero, día del periodista, su informe anual en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012. La FLIP ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. 

Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia es uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, especialmente a nivel local. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. 

En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba; y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, ocurrido el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle. Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. 

Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a funcionarios de alto nivel siguen sin mostrar avances. 

Por otro lado, se destacan ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio.

La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Igualmente notorio, entre otros, fue el caso ocurrido en agosto, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Al final, la Corte se retractó. 

La FLIP destaca que en el 2012 los roces entre periodismo y fuerza pública se acentuaron. La muerte de Guillermo Quiroz involucró a miembros de la Policía en hechos que están por esclarecerse. A su vez, se dieron agresiones en Bogotá, Arauca y Santander. Por otro lado, se resalta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. 

Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.

Lea aquí el informe completo en línea.

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP , manifiesta su preocupación por el estado en que permanece la investigación del asesinato de Guillermo Cano.

Más allá de ser declarado crimen de lesa humanidad en julio de 2010, son pocos los avances judiciales destacables en el último tiempo. En 2012 la Procuraduría pidió citar en el proceso a Carlos Alberto Gaviria, al considerar que debe aclarar algunos movimientos financieros bajo los cuales, presuntamente, la mafia habría pagado por el asesinato de Guillermo Cano.

En el marco del Día Mundial Contra la Impunidad, que se celebra cada 23 de noviembre, IFEX-ALC, el capítulo de América Latina de la Red Internacional de organizaciones que promueven y defienden la libertad de expresión (IFEX), y de la cual hace parte la Fundación para la Libertad de Prensa- FLIP, lanza el Informe anual de impunidad 2012: Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y el Caribe.

En los últimos 10 años, más de 500 periodistas han sido asesinados en el mundo...

Un sinnúmero de otros ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados y encarcelados por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión.

Como parte de la celebración del Día Mundial contra la Impunidad, los miembros de la Red Intercambio Internacional por la libertad de Expresión (IFEX), entre ellos la FLIP, realizan la campaña 23 acciones en 23 días, en la que se publicará el perfil de 23 personas que hayan sido amenazadas o atacadas por expresar sus opiniones, y en cuyos casos, los responsables siguen libres.

La Red Intercambio Internacional por la libertad de Expresión (IFEX) liderará, este 23 de Noviembre, la celebración por el Día Mundial contra la Impunidad.

Te invitamos a participar en el concurso de caricaturas editoriales: “Llama la atención sobre la impunidad”, organizado por la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).

Para inscribirte debes enviar tu caricatura al correo electrónico: contest@daytoendimpunity.org, hasta el 4 de noviembre.

Para conocer la carta completa que envió la periodista Jineth Bedoya al Fiscal General Eduardo Montealegre, ante el comunicado de prensa emitido por la oficina de la Fiscalía, el pasado jueves 13 de septiembre, en el que se refiere al caso de la periodista, por favor descargue el documento adjunto, ubicado en la parte inferior de esta página.

Mañana 19 de septiembre te invitamos a hacer parte de la visita guiada a la obra del Centro de Memoria, previa a su inauguración, organizada especialmente para periodistas, estudiantes y profesores de comunicación.

La Fiscalía General de la Nación declaró imprescriptible el caso de la actual sub editora judicial de El Tiempo Jineth Bedoya, por los hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000 cuando fue secuestrada a la entrada de la cárcel La Modelo en Bogotá, y luego torturada y violada por sus captores.

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, una vez más, le hace un llamado a Fiscalía General de la Nación para que tome las medidas jurídicas necesarias para evitar que el proceso por el homicidio del periodista John Félix Tirado Castañeda, ocurrido el 5 de agosto de 1992 en el municipio de Cartago (Valle), prescriba.

Con motivo del cumplimiento de los doce años del secuestro, tortura y violencia sexual contra Jineth Bedoya, la periodista compartirá los resultados de su investigación: No es hora de callar "Violencia contra las mujeres: El caso de los "Urabeños"".

El problema de impunidad afecta el real acceso a la justicia de los colombianos en general y no es solo un problema de los crímenes contra periodistas. Diversos organismos institucionales y no gubernamentales de derechos humanos han coincidido en reconocer la dramática situación de impunidad que vive el país, especialmente por los crímenes cometidos durante el conflicto armado que todavía continúa.

Hoy, 8 de marzo, la primera dama de EEUU, Michelle Obama, entregará personalmente el premio a la periodista colombiana en la Casa Blanca, en el marco de los actos del Día de la Mujer.

El Departamento de Estado de Estados Unidos eligió a Jineth Bedoya por su valentía y su defensa de los derechos de la mujer en Colombia, como periodista y representante de las mujeres víctimas de la violencia en el país.

Jineth Bedoya y la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, consideran que es un avance importante la vinculación formal que hace la Fiscalía, de los paramilitares Jesús Emiro Pereira Rivera, alias "Huevo de Pisca"; Alejandro Cárdenas Orozco, alias "JJ"; y Mario Jaimes Mejía, alias "Panadero", por la presunta comisión de los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual, contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos el 25 de mayo de 2000.

La Fundación para la Libertad de Prensa hace parte de la campaña que desarrolla la Red Intercambio Internacional por la libertad de Expresión (IFEX), por el Día Mundial Contra la Impunidad, que se celebrará el próximo 23 de noviembre, fecha en que se conmemora "el aniversario del ataque más mortal contra periodistas en la historia reciente: la masacre de Maguindanao, en 2009, en Filipinas"  

Al norte del Cauca, en el municipio de Caldono, hay un resguardo indígena de la comunidad Nasa formado por cuatro veredas y habitado por 2000 personas. En el resguardo, escondido en las laderas de la cordillera central de los Andes vivió Rodolfo Maya Aricape, comunicador indígena y padre de dos hijas, asesinado por desconocidos hace un año, el 14 de octubre del 2010.

El 14 de agosto de 1999, más de 200.000 personas se reunieron sin planearlo al frente del Capitolio Nacional, en la plaza de Bolívar de Bogotá; acababan de matar al periodista y humorista Jaime Hernando Garzón Forero.  Caía de nuevo un periodista, un duro crítico del Estado y una de las personas más queridas por los colombianos. Su muerte significó un duro mensaje al periodismo nacional: Nadie estaba a salvo y era el tiempo de la autocensura.

El próximo martes 24 de mayo, a las 9:00 AM en el Hotel Parque 97, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, en compañía de Oxfam y la Campaña “Violaciones y Otras Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia contra el Estado Colombiano por el secuestro, tortura y violencia sexual cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, en mayo del 2000. Once años después, el caso sigue en etapa de investigación en la Fiscalía, sin que haya alguna persona vinculada.

• Solo han sido condenados 5 autores intelectuales de asesinatos a periodistas desde 1977.

• Dos periodistas fueron asesinados en 2010.

De los 138 casos de periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977 hasta 2010, 19 están cerca de prescribir y 46 ya prescribieron. Es decir, el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 quedaron impunes. Así lo revela el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2010: "El olvido de la Justicia", que presentó hoy la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en conmemoración del día del periodista. 

Hasta el momento, solo se conocen cinco sentencias condenatorias a autores intelectuales por homicidios a periodistas, ocho sentencias absolutorias y 29 casos permanecen estancados en investigación preliminar. Por otro lado, en el caso de las amenazas, no existe en Colombia una sola condena contra alguien por atentar de esa manera contra la vida de un periodista.

Durante el 2010 se presentaron los lamentables asesinatos de los periodistas, Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba; y Rodolfo Maya Aricape en Caloto, Cauca. Castillo era reconocido por denunciar la presencia de grupos armados ilegales en sus regiones y Maya era un reconocido comunicador y líder comunitario. La FLIP también documentó 51 casos de amenazas contra periodistas durante el año, varios atentados contra instalaciones de emisoras radiales, los avances judiciales por los seguimientos e interceptaciones ilegales hechos por el DAS contra periodistas y la difícil situación que se vive en Córdoba para ejercer el periodismo. 

Igualmente, la FLIP subraya con preocupación el incremento de denuncias penales, sin justa causa, por injuria y calumnia contra periodistas. Se documentaron 10 casos a lo largo del año donde la mayoría de denuncias son de líderes políticos o funcionarios públicos.

Finalmente, se señala que durante el 2010 se aprobó la ley 1426 que aumentó a 30 años la prescripción de homicidios a periodistas, sin embargo esta ley no tiene carácter retroactivo. Asimismo, la FLIP destaca la declaración como crimen de lesa humanidad del asesinato del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, sucedido en 1986 y la vinculación de los líderes políticos Ferney y Dixon Tapasco al proceso por el homicidio del periodista Orlando Sierra, ocurrido en el 2002.

Vea aquí el informe completo en línea.

Durante esta semana se conmemoró el asesinato de los periodistas Javier Darío Arroyave y Lides Renato Batalla, del departamento del Valle del Cauca; Martín Eduardo Múnera, de Antioquia, y Carlos José Restrepo Rocha, de Tolima. Sus crímenes se mantienen en la impunidad después de varios años de haber ocurrido.

Siete años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, no hay un solo detenido por el crimen. El único condenado por los hechos fue el jefe paramilitar Carlos Castaño, desaparecido desde abril de 2004.

El 28 de abril de 2003 el periodista investigativo Guillermo Bravo Vega fue asesinado en su casa en Neiva. Bravo Vega se encontraba trabajando en su computador cuando un sicario entró hasta la sala de su casa y le propinó tres disparos que acabaron con su vida. 

El pasado 9 de octubre se inició la audiencia de juzgamiento por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón ocurrido el 13 de agosto de 1999. En sus alegatos de conclusión, el fiscal Eduardo Meza, solicitó condenar al jefe paramilitar Carlos Castaño como autor intelectual del crimen y a Juan Pablo Ortiz -'Bochas'- y Edilberto Sierra -'Toño'-, como autores materiales. El fiscal fundamentó su solicitud en varios documentos judiciales que, según él mismo, demostraban la participación de 'Bochas' en el asesinato. 

El juez séptimo del circuito especializado de Bogotá se declaró impedido para pronunciase sobre el proceso judicial que se adelanta por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. Esta decisión implica que el caso pasaría de la justicia especializada, que se encarga de juzgar las violaciones a los derechos humanos y delitos con fines terroristas, a la justicia ordinaria.

Tres años después del crimen del humorista y periodista, Jaime Garzón Forero

Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 cuando se dirigía a las instalaciones de la emisora Radionet en Bogotá. Dos sicarios acabaron con la vida de uno de los periodistas más queridos en Colombia.