En el 2018, la justicia dio respuestas importantes en algunos casos de homicidios contra periodistas. Por ejemplo, se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de 10 años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen. De 158 homicidios registrados hasta el 2018, solo en un caso se ha condenado a todo la cadena criminal, en cuatro casos a los autores intelectuales y en 28 casos a los autores materiales, siendo 125 el total de casos en completa impunidad. Por otra parte, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia.
Si bien es innegable que los niveles de impunidad alcanzan cifras muy altas que han persistido a lo largo de varios años, el 2018 agrega un factor diferenciador respecto de años anteriores puesto que se dictaron decisiones significativas, tales como las que se describen a continuación:
Nelson Carvajal fue un periodista radial en el municipio de Pitalito, Huila. Fue asesinado por sicarios el 16 de abril de 1998. El 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el fallo en el que condena al Estado colombiano por no cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la vida del periodista e investigar de forma diligente su homicidio. Este es el primer caso en el que un tribunal internacional condena a un Estado en un caso de homicidio contra un periodista en razón de su labor.
Luis Antonio Peralta era periodista y director de la Emisora Linda Estéreo en el Doncello, Caquetá. Fue asesinado el 14 de febrero de 2015. Casi tres años después de su homicidio, el 1 de febrero de 2018, el Juez Segundo Penal Especializado de Florencia, Caquetá, profirió una condena ejemplar de 58 años y tres meses de prisión contra Yean Arlex Buenaventura, señalado de asesinar al periodista y a su esposa Sofía Quintero. Esta decisión es un precedente histórico en Colombia, puesto que es la condena más alta impuesta por un delito contra la libertad de prensa.
El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez, exdirector del DAS, por su participación como autor intelectual en el homicidio en contra del periodista y humorista Jaime Garzón. En la sentencia condenatoria se destaca que Narváez habría sugerido directamente a Carlos Castaño asesinar a Garzón, acusándolo de ser guerrillero. Además de la condena contra Narváez, el juez ordenó el pago de una indemnización a favor de sus familiares. Lo anterior contrasta con el hecho de que el juicio seguido contra el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo quedó suspendido como consecuencia de su remisión a la Jurisdicción Especial para la Paz el 29 de mayo de 2018.
Guillermo Cano fue periodista y director del diario El Espectador. Fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios pertenecientes a la banda los Priscos, grupo criminal al servicio del Cartel de Medellín. Tras años de irregularidades y ausencia de avances en el proceso, el 1 de noviembre de 2018, la Fiscalía decidió vincular al proceso a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias “Maxwell”, quienes fueron personas cercanas a la actividad delincuencial del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar.
Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas eran periodistas de El Espectador. Fueron asesinados el 24 de julio de 1991, en el municipio de Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los reporteros estaban realizando una investigación periodística de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la que fueron asesinadas 46 personas en este mismo municipio. Después de varios tropiezos en la investigación y muy cerca a la fecha de la prescripción de este caso, el 3 de diciembre de 2018 la Fiscalía decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los dos periodistas. Esta decisión tiene como efecto que el caso no prescriba y que se tenga que conducir la investigación hasta esclarecer totalmente los hechos y sancionar a todos los responsables.
Durante años, la FLIP ha reclamado que se avance en la investigación y juzgamiento de las amenazas contra los periodistas. Este año la Fiscalía mostró avances: la entidad designó a un fiscal especializado para la investigación de las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos.
Tres casos de asesinatos de periodistas prescribieron en 2018: Óscar García Calderón, Bernabé Cortés y Amparo Leonor Jiménez Pallares. Los dos primeros casos quedaron en completa impunidad, mientras que en el caso de Amparo Leonor Jiménez Pallares solo se logró la condena de uno de los autores. Estos tres se suman a los 80 casos prescritos en años anteriores.
La justicia tiene una deuda pendiente con la libertad de prensa en Colombia, los niveles de impunidad ascienden y hay casos en los que los esfuerzos parecen ilusorios. El caso de Edison Molina es uno de los que mejor ilustra esta situación. Molina era un abogado y periodista que se dedicó a hacer seguimiento y denunciar los actos de corrupción de la administración municipal de Puerto Berrio. Fue asesinado el 11 de septiembre de 2013 y, desde entonces, la investigación seguida por su homicidio no ha arrojado ningún resultado ni se ha vinculado a ninguna persona en el proceso. Así mismo, muchos de los homicidios registrados llevan más de 15 años siendo investigados sin que exista condena alguna contra los responsables.
Otra muestra de la negligencia en las investigaciones seguidas por agresiones contra periodistas es el caso de la periodista Claudia Julieta Duque. En el 2018 quedaron en libertad tres de los implicados como consecuencia del vencimiento de términos. Así mismo, en el caso de Jineth Bedoya, han transcurrido más de 18 años desde la ocurrencia de los hechos y más de un año desde que concluyó el juicio contra dos de los presuntos responsables, sin que a la fecha se haya adoptado ninguna decisión que defina la condena de los autores.
El aumento de las amenazas contra periodistas en el 2018 es un fenómeno que resulta preocupante a la hora de analizar los niveles de impunidad. Este año se recibieron reportes de 200 amenazas, 71 amenazas más con respecto a 2017. A esto se agrega que de todas las amenazas reportadas hasta la fecha solo se ha emitido condena en un solo caso .
Es necesario advertir que el fenómeno de la impunidad propicia un ambiente de permisividad de ataques contra la prensa. En el 2018 se ha llegado a un punto de ebullición en el que las agresiones contra periodistas han aumentado de forma alarmante y exponencial respecto de años anteriores, lo que debería ser suficiente para encender las alarmas del sistema judicial, de forma tal que las investigaciones se conduzcan de forma diligente y se logre sancionar a los responsables de agredir a los periodistas en Colombia.