Informe 2018 / Prensa acorralada: un juego de violentos y poderosos

Las vidas que nos quitaron en la frontera colombo-ecuatoriana

El domingo 25 de marzo Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, trabajadores del diario El Comercio; salieron de su casa con destino a la frontera colombo-ecuatoriana para investigar sobre la situación de orden público en esta zona. La misión periodística tenía como objetivo indagar por las acciones ilegales que durante los últimos meses habían cometido grupos al margen de la ley como el Frente Óliver Sinisterra, organización armada al mando de Walter Arízala, alias “Guacho”.

Según habitantes de la región, los reporteros de El Comercio llegaron el 26 de marzo a la provincia de Mataje, región que adopta su nombre por el río que está a sus orillas, y le preguntaron a las personas de la comunidad dónde quedaba el puente que conecta a Ecuador con Colombia. Luego de recibir esta información, los periodistas dejaron estacionado el vehículo en el que se transportaban en la provincia de Mataje y se dirigieron hacia el puente caminando. Esa fue la última vez que los vieron con vida.

Dos días después, el 28 de marzo, César Navas, ministro del Interior de Ecuador, confirmó que Ortega, Rivas y Segarra habían sido secuestrados por miembros del Frente Óliver Sinisterra. Sin embargo, aquí las versiones de ambos gobiernos sobre lo sucedido empiezan a parecer difusas. Por un lado, el gobierno ecuatoriano asegura que los periodistas fueron interceptados por un desconocido en territorio ecuatoriano, quien se los llevó engañados a Colombia y allí fueron secuestrados por hombres de “Guacho”. Por su parte el gobierno colombiano sostiene que los reporteros fueron secuestrados en territorio ecuatoriano por ciudadanos de ese país.

A pesar de que ambos Estados se negaban a reconocer públicamente su responsabilidad sobre estos hechos, en secreto adelantaban acciones para lograr la liberación del equipo periodístico. Ese mismo 28 de marzo en la noche, el entonces fiscal ecuatoriano, Carlos Baca, se trasladó a la base naval de San Lorenzo, ubicada cerca a la frontera con Colombia, para recibir a los secuestrados. El funcionario fue a cumplir con esta misión, luego de que el gobierno ecuatoriano había recibido la información de que la organización ilegal los había dejado en libertad y en cualquier momento llegarían a ese punto. Sin embargo, luego de cinco horas de espera, ninguno de los reporteros llegó.

Al día siguiente, el ministro Navas calificó como irresponsable la información emitida sobre la liberación y negó que el gobierno hubiera adelantado acciones para recibir a los reporteros. Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, asegura que tuvo conocimiento de que la información la emitió el entonces ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas.

Posteriormente, el 3 de abril los familiares de los miembros del equipo periodístico recibieron fotos y videos como prueba de supervivencia de Rivas, Segarra y Ortega. El material provenía de un correo electrónico de un periodista colombiano a quien alias “Guacho” presionó para que enviara esta información. A pesar de que estas imágenes evidenciaban la angustia y las difíciles condiciones en las que los captores tenían a los periodistas, ninguno de los gobiernos emprendió acciones humanitarias efectivas para su liberación.

En medio de la indolencia de ambos gobiernos, sucedió lo peor. El 13 de abril de 2018 los gobiernos de Colombia y Ecuador confirmaron el asesinato de los reporteros en la frontera. Las autoridades de los dos países ratificaron esta información luego de que el 11 de abril se difundiera un comunicado firmado por el Frente Óliver Sinisterra en el que anunciaban el homicidio: “El gobierno de ecuador (sic) y el ministro de Colombia no quisieron salvarle la vida a los tres detenidos. (…) Lamentamos profundamente la muerte de los dos periodistas y el conductor”. 

Pero, ¿Qué buscaba “Guacho” con este secuestro? ¿Por qué los reporteros de El Comercio nunca volvieron a casa?

Luego del asesinato de los tres miembros de El Comercio, 19 periodistas de diferentes países del mundo, junto con cinco organizaciones que defienden la libertad de prensa, entre ellas la FLIP; le dieron vida al proyecto periodístico “Frontera Cautiva”. El objetivo de esta alianza periodística era investigar las circunstancias del secuestro y posterior asesinato e indagar sobre las acciones que adelantaron los dos gobiernos durante el cautiverio del equipo periodístico.

Según esta investigación periodística, alias “Guacho” sostuvo comunicaciones desde enero de 2018 con Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia de la Policía de Ecuador en San Lorenzo. En ese intercambio de mensajes, el jefe del Frente Óliver Sinisterra le exigía al Estado ecuatoriano la liberación de tres de sus hombres, que habían sido detenidos en Latacunga, centro de Ecuador. Adicionalmente, “Guacho” exigía la cancelación de un acuerdo que estaban adelantando los gobiernos de Ecuador y Colombia para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Frontera Cautiva reveló que los miembros del grupo armado por quienes se exigía su liberación eran Patrocinio C.P. o alias Cuco, James C. A. y Diego T.V., quienes fueron capturados el 12 de enero de 2018 en Mataje. Desde el momento de la detención de estos tres hombres, se intensificaron las acciones violentas en la frontera por parte de la organización criminal al mando de “Guacho”. El 27 de enero, los hombres del Frente Óliver Sinisterra hicieron detonar un carro bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, dejando a 28 personas heridas. Luego, seis días antes del secuestro de los miembros de El Comercio, tres militares murieron y uno más resultó herido por la detonación de un artefacto explosivo.

Hay indicios de que la respuesta del gobierno ecuatoriano a estos ataques fue intensificar las acciones militares. Al parecer, un allanamiento que por esos días realizó el Ejército de Ecuador a la casa de la madre de “Guacho” fue el que motivó el secuestro de los periodistas del diario El Comercio. Según un testigo protegido por la Fiscalía de Colombia, quien informó sobre el lugar donde estaban los cuerpos, la falta de atención a las exigencias de “Guacho”, habría provocado el asesinato de Ortega, Rivas y Segarra. 

Justicia, la deuda de ambos Estados con las víctimas

El 12 de abril de 2018, cuando aún no se había confirmado el asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra; luego de la petición que hicieron Fundamedios, los familiares de los reporteros y la Fundación para la Libertad de Prensa. En junio de este año el organismo internacional anunció la creación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) con el fin de investigar y esclarecer los hechos relacionados con el secuestro y posterior asesinato de los tres miembros del diario El Comercio.

Un mes después, el 7 de julio, Jesús Vargas Cuajiboy, alias “Reinel”, fue detenido por las autoridades colombianas, acusado de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. De acuerdo con la información recolectada por el proyecto Frontera Cautiva, el detenido aceptó haber pertenecido al Frente Óliver Sinisterra, pero negó su participación en el secuestro y el asesinato de los periodistas. Sin embargo, un testigo que declaró ante la Fiscalía de Colombia, asegura que “Reinel” era el responsable de custodiar a Ortega, Rivas y Segarra durante el cautiverio.  

Según el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, los hombres de “Guacho” habrían asesinado a los comunicadores con armas de fuego calibre nueve milímetros y descartó que el crimen se hubiera presentado por fuego cruzado entre la Fuerza Pública y los hombres de “Guacho”. El médico forense a cargo de la diligencia judicial aseguró que los periodistas fueron ejecutados a sangre fría por sus captores.

Por su parte, el Estado ecuatoriano no ha incluido en sus indagaciones un análisis del contexto de seguridad en la frontera y tampoco ha tenido hallazgos contundentes que permitan esclarecer lo sucedido. En definitiva, ninguno de los dos Estados ha mostrado mayor diligencia para investigar y sancionar a los responsables de este crimen contra la prensa. Por el contrario, tanto el gobierno colombiano como el ecuatoriano han intentado evadir su responsabilidad frente a la necesidad de impartir justicia.

El pasado seis de diciembre se realizó en Washington una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y ninguno de los dos Estados aportó evidencias ni avances en las investigaciones sobre lo sucedido en la frontera colombo-ecuatoriana. Durante la diligencia el Estado ecuatoriano se defendió argumentando que el secuestro no ocurrió en su territorio y el Estado colombiano sostuvo que el asesinato no estuvo motivado por razones vinculadas al oficio periodístico.

En la audiencia quedó demostrado que las Fiscalías de Ecuador y Colombia han actuado de manera desarticulada y no han mostrado voluntad para adelantar una reconstrucción integral de los hechos, lo que contribuye a generar escenarios de impunidad. Como muestra de esta falta de disposición por esclarecer los hechos, ambos Estados solicitaron la finalización de las labores investigativas de la ESE en sus respectivos países.

El pasado 17 de diciembre Galo Ortega, papá del periodista Javier, anunció una huelga de hambre para exigir justicia por el crimen de su hijo y para rechazar la actitud del Fiscal ecuatoriano Wilson Toainga, quien aseguró ante la CIDH que el secuestro ocurrió en territorio colombiano. La exigencia de Ortega es la misma que hacen los demás familiares del equipo periodístico para que se esclarezcan los siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las acciones ofensivas que adelantaron los gobiernos de ambos países y qué pudo poner en riesgo la vida de los periodistas? ¿Por qué no se han entregado los documentos solicitados por los familiares? ¿Qué pasó el 28 de marzo, día en el que el fiscal ecuatoriano, Carlos Baca, estuvo durante varias horas esperando la entrega de los secuestrados en la base naval de San Lorenzo? ¿En qué lugar de la frontera ocurrió el secuestro y quiénes fueron los responsables?

Visite el especial web "EL ÚLTIMO VIAJE"