La cifra de ataques que registró la FLIP, que representa un incremento del 53% con relación al 2017 y del 120% con relación al año anterior, es un indicativo de que la violencia contra la prensa colombiana está muy lejos de ser un asunto del pasado. Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios y desplazamientos internos impidieron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar su labor libremente.

La situación de violencia contra la prensa se ha transformado y siempre encuentra nuevas formas de actuar. Sin embargo, las amenazas alcanzaron niveles nunca antes registrados. Los 200 casos documentados son alarmantes y generan especial preocupación en departamentos como Tolima, Norte de Santander, Putumayo, Antioquia y Santander.

La situación de violencia causó tanta alarma que 19 embajadas y organizaciones internacionales firmaron un comunicado rechazando las crecientes amenazas en contra de periodistas y manifestando su preocupación por la violencia contra la prensa. Esto es un llamado de atención importante para las reformas que se requieren.

La creación del sistema de protección a periodistas en el 2000 fue una respuesta al volumen de asesinatos que sucedían en esta época, la violencia actual es menos letal, hay que reconocerlo, pero tiene la fuerza suficiente para intimidar, silenciar y configurar atmósferas de autocensura sobre todo en la prensa regional. El programa de protección a periodistas ha contribuido al descenso de los asesinatos pero ha probado sus limitaciones para contrarrestar las violencias contra la prensa.

Tal y como lo ha evidenciado la FLIP en los últimos 4 años, el programa de protección requiere reformas estructurales, la inclusión de estrategias preventivas efectivas y encarar el origen de la violencia aplicando sanciones judiciales contra los que ejercen violencia contra la prensa. Hay que reconocerlo, el Estado, al igual que en otros momentos de la historia, no está atendiendo de forma integral los peligros para la prensa. Algunas decisiones judiciales del 2018 evidencian las limitaciones del programa de protección. Ejemplo de esto es la condena contra Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Nelson Carvajal, periodista asesinado en 1998 después de omisiones estatales en su protección. En la misma línea se encuentra la condena administrativa contra el Estado por el caso de Edison Molina, asesinado en 2015 después de que ocurrieran omisiones de la Policía sobre su seguridad.

Los poderes públicos y los principales liderazgos del país no han mostrado un compromiso suficiente para solucionar este asunto. Incluso, hay casos en los que estas personas parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un perro guardián de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

Los primeros meses del gobierno del presidente Duque dejan al país en una enorme paradoja. De un lado los planteamientos públicos del Presidente están en sintonía con los estándares democráticos de libertad de expresión, ha reconocido la situación de violencia contra la prensa, en varias oportunidades el rechazo público del gobierno ante amenazas a periodistas ha llegado de manera oportuna y se publicó un marco normativo que, a pesar de ser carente de concreción, sí tiene el propósito de reestructurar el sistema de protección a periodistas. Estas aspiraciones públicas se ven opacadas por hechos que, sin ser atribuibles al Presidente, sí tienen su origen en el poder ejecutivo: las agresiones contra los periodistas que cubren protestas sociales por parte de la Policía, las órdenes para no emitir contenidos controversiales al gobierno en los medios públicos, así como el uso inapropiado de cuentas institucionales en redes sociales para la publicación de mensajes estigmatizantes contra periodistas son algunos de los hechos más preocupantes.

A esta lista debemos sumar la promoción de un proyecto de ley que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores. El debate de este proyecto de ley ha puesto en evidencia posibles restricciones a la autonomía de RTVC como medio público. El legislativo no se ha quedado atrás y ha dado trámite a esta iniciativa y, por otro lado, se han presentado iniciativas parlamentarias para censurar las expresiones en redes sociales.

La justicia colombiana ha traído avances en algunos casos emblemáticos como el de Jaime Garzón, o la confirmación -por parte de la Corte Suprema de Justicia- de la condena contra el político caldense Ferney Tapasco por el asesinato del periodista Orlando Sierra. Pero estos resultados no dejan de ser agujas de justicia en pajares de impunidad.

Por otro lado, es preocupante el incremento en casos de acoso judicial contra periodistas. La FLIP registró 40 casos en los que funcionarios o personas públicas buscaron acallar a la prensa en los tribunales. Esto llevó, incluso, al arresto de un periodista en Bucaramanga durante 10 días a raíz de un incidente de desacato por el incumplimiento de una sentencia de tutela que se dio con irregularidades.

Tanto a nivel legislativo como judicial se ha buscado revivir debates sobre asuntos que se consideraban zanjados. Por un lado, se destaca la lamentable decisión de la Corte Suprema de Justicia, a buena hora reversada, de avalar que se levantara el secreto profesional de la revista Semana en un proceso judicial contra ese medio. Junto a este, fueron 3 casos en los que la FLIP registró intentos de violar el derecho constitucional a la reserva de las fuentes periodísticas. Por otro lado, el senador Mauricio Aguilar presentó un proyecto de ley que busca revivir la existencia de la tarjeta profesional de periodista y la creación de un colegio de periodistas en el que habría asientos del gobierno. Esta iniciativa rompe completamente con la tradición sentada sobre este asunto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1985 y por la Corte Constitucional en 1998.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también genera contradicciones en materia de libertad de prensa. De un lado ha liderado desde la Fiscalía modelos de mejora para la investigación de amenazas contra la prensa logrando resultados en algunos casos de amenazas como ningún otro fiscal en el pasado. También contribuyó al hallazgo de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados y ha mostrado avances judiciales en este caso. Pero el Fiscal no ha contado con buenas credenciales para tramitar sus controversias con la prensa y ha optado por separarse indebidamente de su rol como garante del trabajo periodístico, para convertirse en un protagonista más de la estigmatización a la prensa que lo critica o que hace preguntas sobre sus actuaciones antes o después de asumir el cargo. Este tipo de posturas por parte de la cabeza del ente acusador, quien toma decisiones sobre casos de agresiones contra la prensa o de periodistas víctimas de acoso judicial, son intimidantes.

2018 también fue un año en el que las audiencias y los usuarios digitales demostraron que quieren y pueden tomar un rol más importante en los debates públicos. Hay personas entre el público que consumen información de forma más crítica, pero hay quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo. Muchas de las iniciativas que acá se reseñan podrían cambiar su enfoque de control de la opinión en entornos digitales para promover programas que fortalezcan el consumo crítico de información.

El rol de las audiencias y usuarios digitales también se vuelve crucial en un momento en el que existen varios retos de pluralismo e independencia de los medios. Por un lado, el proyecto de la FLIP Cartografías de la Información mostró que aproximadamente nueve millones de personas viven en regiones donde no existen medios que produzcan información local. Adicionalmente, la FLIP ha evidenciado que en buena parte del país existe una alta dependencia de los medios de comunicación de los recursos que asignan las entidades públicas en pauta publicitaria. Estos recursos suelen gastarse en autopromoción de funcionarios y oficinas, se asignan con un exceso de discrecionalidad y dan un poder de injerencia directa muy fuerte sobre las salas de redacción.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón, quien inspira a muchas personas de todas las edades y de diversas posturas políticas para hacer crítica sobre lo público. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

También es un momento en el que el gobierno debe tomar las riendas sobre las falencias del programa de protección, pues todo parece indicar una tendencia hacia el incremento de agresiones. El periodo de elecciones de 2018 fue significativo para el aumento de ataques contra la prensa y, teniendo como precedente las anteriores elecciones locales, se espera que el 2019 también tenga este asunto como un factor de riesgo.