En 2018 los ataques a la prensa vinieron de todos los frentes y las formas de censura cada vez son más diversas. De los 477 casos atendidos en todo el año, hay algunos que se destacan por la gravedad de los hechos y el alcance de sus implicaciones.
Por violación a la reserva de la fuente periodística: Magistrado Luis Armando Tolosa de la Corte Suprema de Justicia
En enero de 2018 el magistrado Luis Armando Tolosa de la Corte Suprema de Justicia negó una tutela que buscaba evitar que un juez tuviera acceso a correos electrónicos y otros documentos de la Revista Dinero. La decisión violaba una de las garantías esenciales del periodismo: la reserva de la fuente.
Este derecho está garantizado en el artículo 74 de la Constitución, el cual dispone que “el secreto profesional es inviolable”. La decisión fue posteriormente revocada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Por agredir y obstruir a la prensa: Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-
La fuerza pública continúa robusteciendo las cifras de violencia contra la prensa en el país. Durante el 2018 la FLIP registró 31 ataques contra periodistas provenientes de miembros de la Policía Nacional. Seis de estos ataques fueron agresiones que se presentaron durante el cubrimiento de manifestaciones sociales y fueron perpetradas por integrantes del ESMAD.
El 13 de septiembre miembros del ESMAD golpearon brutalmente a cinco periodistas durante el cubrimiento de una protesta estudiantil en la Universidad Pedagógica, en Bogotá. Y el 13 de diciembre, de nuevo, miembros de este escuadrón agredieron a los periodistas independientes Nelson Cárdenas y Kevin Molano mientras cubrían manifestaciones sociales en la capital colombiana. A Cárdenas casi le arrebatan la cámara fotográfica, lo arrojaron al suelo, le quitaron las gafas y lo patearon; a Molano, dos uniformados en una moto le quitaron la máscara antigases, e intentaron arrebatarle la cámara mientras seis policías lo golpeaban.
En todos los ataques los reporteros afirman que estaban identificados como prensa e informaron a los miembros de la Policía Nacional que eran periodistas.
Por su crueldad y su sevicia: alias “Guacho”
Muchos años después, las imágenes de periodistas encadenados y a merced de sus captores volvieron a aparecer en los medios de comunicación colombianos. Se trataba del secuestro contra tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio. Según declaraciones de testigos en la zona, el 7 de abril de 2018 Javier Ortega, Efraín Ortega y Paúl Rivas fueron ejecutados a tiros en medio de un torrencial aguacero.
En Ecuador se trató del primer caso de periodistas asesinados por razones de su oficio. La sociedad ecuatoriana salió a las calles a mostrar su indignación, a pedir justicia al gobierno, a llorar y a repudiar al responsable: alias “Guacho”. Guacho nos recordó el terror. También, que la frontera del sur del país es una zona gris de Colombia donde el Estado no tiene control y no puede garantizar la vida de sus periodistas.
Por amenazar, silenciar y desplazar periodistas: EPL, ELN y Águilas Negras.
Este año la FLIP registró 53 ataques a medios y periodistas provenientes de bandas criminales, paramilitares y guerrillas del EPL y ELN. Son 20 agresiones más con relación al año pasado. En total fueron 41 amenazas y cuatro desplazamientos.
Durante el paro armado que decretó la guerrilla del EPL en el Catatumbo, entre el 14 y 15 de abril, algunos integrantes de este grupo llamaron a las emisoras comunitarias de la región y bajo amenazas de muerte obligaron a las emisoras Café Estéreo (San Calixto), Tentación Stereo (El Tarra) y Manantial Estéreo (Convención) a leer dos comunicados sobre el paro y a cerrar inmediatamente.
Por otro lado, el 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se declaraba objetivo militar a los periodistas Daniel Coronell, el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, Jineth Bedoya, y el medio de comunicación La Silla Vacía. Por otro lado, el 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista del medio alternativo El Macarenazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por las Águilas Negras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de comunicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan Manuel Arango del periódico El Clarín de Colombia. Además se amenazó a los medios de comunicación Colombia Informa y Desde Abajo.
Por imcumplir su mandato de garantizar la libertad de prensa y atacar a los medios: Fiscal General Néstor Humberto Martínez
Los medios de comunicación han cuestionado ampliamente al Fiscal General de la Nación por no denunciar la corrupción –de la que ‘supuestamente’ fue testigo–, vinculada con el escándalo de Odebrecht. En respuesta, el Fiscal atacó a los medios, sugirió que estos estaban siendo utilizados en una conspiración en su contra y se burló de María Jimena Duzán, periodista que ha hecho revelaciones en el caso y que ha dicho temer por su vida.
También, Martínez ha impedido el trabajo periodístico al negar el ingreso de dos periodistas que querían entrevistar a Zeuxis Hernández, alias Jesús Santrich, detenido con fines de extradición, a pesar de contar con su autorización. La Fiscalía no tiene la facultad de decidir si un detenido puede o no hablar con la prensa, privando también a las audiencias de informarse sobre asuntos de interés público.
Por impulsar un proyecto de ley que afecta la autonomía de los medios públicos: Ministra Sylvia Constaín
La Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, presentó un proyecto de ley, conocido como #LeyTIC, que afectaría la autonomía de los medios públicos. El gobierno pretende crear una única entidad que regule armónicamente el sector de las TICs (radio, televisión e internet), en vez de tres como ocurre actualmente. Sin embargo, el regulador carece de autonomía del gobierno. Además, el proyecto deja una serie de funciones de regulación en cabeza del MinTic. Todo lo anterior viola los estándares internacionales en la materia.
Por otra parte, el presidente Duque convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que el proyecto de ley fuera aprobado lo más rápido posible, pero el debate fue aplazado por las críticas que surgieron por parte de varios sectores. Esta iniciativa tiene muchos problemas que el gobierno y el Congreso no han querido debatir a fondo. La discusión de la #LeyTIC fue aplazada hasta que se reinicie el próximo periodo de sesiones del Congreso, en marzo de 2019.
Por obstruir la labor de los periodistas en los estadios haciendo uso abusivo de sus facultades: la Dimayor
En 2018, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y los equipos de fútbol profesional se consolidaron como los principales censores de la prensa deportiva. Durante el 2018, la FLIP conoció 9 nueve casos de censura contra periodistas deportivos.
La obstrucción al trabajo periodístico fue el principal problema de los reporteros en los estadios, pero no el único. En las canchas, los comisarios de la Dimayor usaron sus facultades para retirar a periodistas de las canchas o para exigirles que borraran fotografías de sus cámaras. Además, a varios reporteros les han quitado las credenciales de prensa en procesos que se han caracterizado por su falta de publicidad y el irrespeto por el derecho a la defensa.
Por su indolencia y su falta de compromiso humanitario: los Estados de Colombia y Ecuador
El 6 de diciembre del 2018 el Estado ecuatoriano afirmó en una audiencia de la CIDH que el secuestro contra el equipo de periodistas de El Comercio no había sucedido en terreno ecuatoriano, que había sido al otro lado de la frontera. Lo dijo a escasos metros de los familiares de los periodistas asesinados. Minutos después, la Fiscalía de Colombia desplegó evidencia que demostraba que el secuestro había ocurrido en territorio ecuatoriano. También dijo que el asesinato no había “ocurrido por su función como periodistas”. Esto sucedió ocho meses después de que el Frente “Óliver Sinisterra” secuestrara y asesinara a los reporteros. Y los Estados aún discuten en qué lugar ocurrió el secuestro.
Como si se tratara de un pacto de silencio entre Colombia y Ecuador, los Estados no han aportado verdad a este caso y durante ocho meses sus esfuerzos se han enfocado en evadir responsabilidades propias a pesar de las capturas de personas vinculadas al Frente “Óliver Sinisterra” por parte de la Fiscalía colombiana. En este propósito, no se han olvidado de despreciar a los familiares de los periodistas Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas.
Por usar el aparato judicial para acosar a periodistas: el alcalde Santa Marta, Rafael Martínez
El 18 de octubre 2018, Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta, interpuso 8 denuncias contra periodistas de Radio Magdalena y El Artículo.co. Las denuncias por los delitos de injuria y calumnia incluyen un total de 11 denunciados, de los cuales 7 son periodistas. Además, por los mismos hechos, Martínez interpuso 7 acciones de tutela contra periodistas.
La cantidad de procesos iniciados por el alcalde de Santa Marta constituyen un caso claro de acoso judicial en el cual se intimida a los periodistas que publiquen contenido crítico, obligándolos a afrontar múltiples procesos judiciales que los pueden llevar a prisión. Este caso es especialmente grave no solo por la cantidad de denuncias, sino porque Rafael Martínez, como funcionario de elección popular, debe tener una especial tolerancia a la crítica en medios y al control ciudadano.
El hecho de que un funcionario público de elección popular instaure 15 procesos distintos para evitar que medios se pronuncien de forma adversa a sus intereses denota una intención no de proteger sus derechos fundamentales, sino de silenciar a los medios.
Por dar la orden de censurar un programa como retaliación a las opiniones de su presentador: RTVC
El 6 de diciembre de 2018, el entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, decidió censurar al programa Los puros criollos. En una decisión tomada arbitrariamente, Bieri decidió que en Señal Colombia se dejarían de emitir las repeticiones del programa a partir de ese mismo día. También ordenó que la nueva temporada fuera emitida de madrugada, en un horario en el que tuviera menor relevancia. La órdenes se dieron luego de que Santiago Rivas, presentador del programa, apareciera en La Pulla criticando el proyecto de ley de modificación del sector de las telecomunicaciones presentado por el gobierno. La decisión sobre la emisión de la nueva temporada cambió luego de que el escándalo sobre la censura estallara en el país.
Al escándalo de Los Puros Criollos se sumaron otras acusaciones de censuras e intromisiones en otros medios de RTVC, las cuales despertaron preocupaciones sobre la falta de independencia de los medios públicos. A pesar de los claros indicios de censura, antes de que se hiciera público el audio, ni el gobierno, ni la Junta Directiva de RTVC ni la Procuraduría emprendieron acciones para atender las denuncias.
En junio de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín pretendió obligar a Noticias Uno a lo imposible: rectificar información cierta. En enero, Noticias Uno había publicado una nota en la que informaba que, en el caso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra de Luis Alfredo Ramos por parapolítica, el magistrado ponente presentaría un proyecto de sentencia condenatoria. Esta información se confirmó meses después. No obstante, frente a una tutela presentada por Ramos, el Juzgado Séptimo ordenó la “rectificación” de la nota y su eliminación de la página web del medio.
Uno de los argumentos del juez es que el proyecto de ponencia es información reservada por ley. Sin embargo, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la obligación de reserva recae sobre los funcionarios públicos, no sobre los medios de comunicación que tienen acceso a la información. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín.
El 2 de agosto de 2018, desconocidos ingresaron por la fuerza a la casa de la periodista Silvie Ojeda en Bogotá y se llevaron dos computadores, un disco duro y varios documentos cuidadosamente seleccionados y que comprometieron el guión, las entrevista y el material fotográfico recolectado para la realización de un documental sobre la apropiación irregular de tierras.
En 2018 la FLIP registró diez casos de robo o eliminación de material periodístico. Cuatro más que en el 2017. Como en el caso de Ojeda, esta clase de agresiones se caracterizan porque los agresores, a pesar de tener acceso a otros bienes valiosos, roban o destruyen material con el objetivo de entorpecer la publicación de investigaciones periodísticas y de intimidar. Esta clase de acciones también ponen el peligro la garantía de reserva de las fuentes. Otro caso de gran resonancia en 2018 fue el robo del computador del periodista Santiago Rivas, en el que tenía información periodística sensible.
El lunes 17 de diciembre, dos hombres armados llegaron hasta la vivienda del periodista Víctor Diago Cardozo, en la ciudad de Riohacha, y le dispararon en la cabeza. En el momento del asesinato, el reportero se encontraba solo en la terraza de su casa atendiendo una llamada. Cuando se dio cuenta de la presencia de sus agresores, intentó correr para refugiarse en el interior de su vivienda, pero los hombres lo alcanzaron y, luego de cometer el crimen, huyeron en una motocicleta.
El periodista dirigía un programa cultural en la emisora comunitaria del municipio de Dibulla que se llamaba “Las Mañanas con Victor Diago”. En esta franja de entretenimiento también se abría una línea telefónica para la participación ciudadana a través de la cual las personas daban a conocer las problemáticas de su región. La FLIP ha recibido información según la cual este asesinato habría sido motivado por su labor periodística.
En 2018, se agudizaron las amenazas contra el periodista Ricardo Ruidíaz, quien a lo largo del año fue víctima de más de veinte amenazas y hostigamientos. El punto más crítico estuvo en noviembre, cuando en menos de tres semanas el periodistas fue intimidado en tres ocasiones, a través de personas que dejaron mensajes amenazantes en la portería de su lugar de vivienda y de un paquete con apariencia de explosivo que fue dejado junto a su vehículo. La respuesta de la UNP frente a todas estas agresiones no ha sido satisfactoria y la Fiscalía no ha mostrado avances en la investigación de estos hechos.
La emergencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango fue uno de los asuntos que más interés despertó en el público durante 2018. Sin embargo, el alto interés en la emergencia no estuvo acompañado de las garantías necesarias para el ejercicio de la prensa durante situaciones de calamidad, cuando se acentúa la necesidad de transparencia. En junio, la FLIP conoció denuncias sobre documentos relacionados con el proyecto que fueron eliminados de la página de EPM y sobre trabajadores que fueron amenazados para que no hablaran con la prensa. Además, periodistas de seis medios de comunicación sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte del Ejército Nacional, la Defensa Civil y trabajadores de EPM al hacer cubrimiento de la situación en los albergues establecidos en Valdivia.
La FLIP ha registrado ocho casos de estigmatizaciones a periodistas por parte del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y los funcionarios de su administración entre 2017 y 2018. Los ataques a la prensa se han concentrado en periodistas opositores a Jaramillo, quien los acusa de aliados del narcotráfico.
Esta situación es muy preocupante pues se suma al silencio de la alcaldía respecto a las estigmatizaciones y otros ataques a periodistas, lo que puede ser entendido como una legitimación de los mismos e incentiva otras conductas nocivas contra la libertad de prensa. Además, desvía la atención respecto de los debates de interés público que afectan a los habitantes de Ibagué.
En marzo de 2018 fueron secuestrados Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio, en la frontera entre Ecuador y Colombia. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los periodistas, en las que ordenó a los Estados de Ecuador y Colombia informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos. Luego de que se confirmara el asesinato del equipo, el gobierno de Ecuador tomó la ejemplar decisión de levantar cualquier tipo de reserva sobre la información del caso.
En abril, la FLIP envió al Ministerio de Defensa de Colombia un derecho de petición firmado por 178 personas en el cual se solicitaba información relacionada con estos crímenes (operativos realizados en la zona, canales de comunicación activados por el gobierno para lograr la liberación de los secuestrados, entre otros). La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que la información relacionada con violaciones a derechos humanos no estará sujeta a reserva. No obstante, el Ministerio no entregó la información completa, violando el derecho fundamental de acceder a la información pública. En consecuencia, la FLIP interpuso una tutela que fue negada en primera instancia y concedida parcialmente en segunda, con lo cual tuvo acceso a más información, inicialmente negada por el Ministerio.
Desde 2016 la FLIP viene documentando un aumento significativo en los casos de acciones arbitrarias de censura por parte de Facebook y Twitter en contra de caricaturistas, periodistas y medios de comunicación.
Estas plataformas han eliminado o aplicado filtros para tapar contenidos e incluso deshabilitado cuentas de manera arbitraria, sin debido proceso y sin dar mayores explicaciones. El caricaturista Bacteria ha sido víctima de reiteradas censuras por parte de Facebook, plataforma que veta sus trabajos. Facebook también prohibió a Suversion.com la publicación de videos en vivo como forma de sanción luego de que el medio publicara un video de una mujer haciendo denuncias de la violencia machista de la que fue víctima. Facebook calificó el video como contenido que incita al odio.
El medio The Prisma ha sido sancionado constantemente desde 2017 por Facebook (con la eliminación de material y la deshabilitación del uso de ciertas herramientas de Facebook). Las sanciones, que suceden luego de que el medio publica enlaces de su propio sitio web, son tan automáticas que pareciera que el medio se encuentra en alguna clase de lista negra.
Durante el 2018 Gustavo Petro, quien fue el candidato presidencial por el movimiento ciudadano “Colombia Humana”, fue uno de los principales responsables de los señalamientos contra la prensa cuando se emitía información que era incómoda para sus intereses políticos.
Los ataques comenzaron en febrero de 2018 cuando Petro todavía era precandidato presidencial. La primera situación se presentó el 6 de febrero cuando el dirigente de la Colombia Humana calificó de “periodismo rastrero” el cubrimiento sobre las encuestas presidenciales de Revista Semana. Días después, Petro señaló el cuestionamiento de un estudiante durante un acto público como “una pregunta tipo RCN”, luego de que el joven emitiera un interrogante sobre la posición del precandidato frente a lo que ocurre en Venezuela y el proceso de paz con las Farc.
A pesar de los llamados de atención hechos por la FLIP a través de la campaña #VotoInformado, que buscaba prevenir los señalamientos de los candidatos y políticos durante la campaña presidencial, los ataques continuaron. Luego de un debate presidencial transmitido el 19 de abril a través de RCN Televisión y NTN24, Petro aseguró que el debate lo había puesto en desventaja, debido a una interrupción que hizo Claudia Gurisatti durante una intervención de Petro para emitir un contenido publicitario. A pesar de que RCN explicó que eran compromisos institucionales, Gustavo Petro nunca se retractó de sus afirmaciones.
Durante 2018 se presentaron cuatro ataques contra periodistas de RCN Radio y RCN televisión. Entre las agresiones que recibió esta casa periodística hay tres amenazas y un ataque a la infraestructura del medio.
El cinco de junio los periodistas de RCN Radio Bucaramanga recibieron una llamada al máster de la emisora por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que se adelantaría en la región.
Luego, el 16 de julio, un hombre que se identificó nuevamente con el mismo alias amenazó al equipo periodístico de RCN Radio en Bogotá. En la llamada el desconocido sentenció: “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”. El agresor se refería a Juan Pablo Latorre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruiz, quienes estaban al aire en el informativo de la mañana.
Posteriormente, el 28 de julio, la periodista Katherine Leal recibió varias llamadas de un hombre que se identificó como alias “el aguapanelero” y la amenazó diciéndole que desde ese momento era declarada objetivo militar. El agresor le ordenó renunciar al informativo en el que ella trabaja en un plazo máximo de 72 horas.
El último ataque que recibió el medio se presentó el 8 de noviembre de 2018 durante las manifestaciones del Paro Nacional. En horas de la tarde encapuchados llegaron a las instalaciones del medio y lanzaron explosivos contra las instalaciones de la emisora. Luego del ataque, dos miembros de la Policía que se encontraban custodiando la infraestructura del medio, resultaron heridos.