Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

Este miércoles 1 de marzo, la periodista Jineth Bedoya Lima tendrá que contar por doceava vez la agresión de la que fue víctima hace diecisiete años.  El 25 de mayo de 2000 Jineth fue secuestrada, torturada y violada mientras realizaba su trabajo periodístico en la cárcel Modelo de Bogotá, ha declarado once veces ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos, pero parece no ser suficiente para la justicia colombiana.

El 7 de septiembre de 2014 prescribió el caso del periodista Martín Eduardo Múnera del Río, quien fue asesinado en Medellín hace 20 años cuando se desplazaba hacia la emisora Radio Reloj en donde era locutor. Además, Múnera era vicepresidente nacional del sindicato de Caracol.

Durante los meses de mayo y junio ocurrieron varios hechos que evidencian la crítica situación de impunidad en los casos de agresiones contra periodistas.

Avances y retrocesos en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque

En el mes de junio ocurrieron dos hechos de relevancia dentro de la investigación que se adelanta por tortura psicológica cometida contra la periodista Claudia Julieta Duque, a raíz de la persecución por parte del DAS de la que fue víctima la periodista.

Jineth Bedoya y Jhon Wilson Vizcaíno, corresponsales del periódico El Tiempo, quienes se encontraban realizando un reportaje en el departamento del Guaviare al oriente del país, fueron secuestrados por miembros del frente 44 de las FARC durante 5 días. 

Jineth Bedoya Lima, editora judicial del diario El Tiempo, fue víctima de amenazas, el pasado 9 de noviembre, por parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de la presentación de su libro sobre el jefe guerrillero ‘Mono Jojoy’, el pasado fin de semana. En su publicación, Bedoya señala que ‘Jojoy’ habría dado la orden de asesinar al periodista Néstor Morales, de Caracol Radio.

El próximo martes 24 de mayo, a las 9:00 AM en el Hotel Parque 97, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP, en compañía de Oxfam y la Campaña “Violaciones y Otras Violencias: Saquen Mi Cuerpo de la Guerra”, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia contra el Estado Colombiano por el secuestro, tortura y violencia sexual cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, en mayo del 2000. Once años después, el caso sigue en etapa de investigación en la Fiscalía, sin que haya alguna persona vinculada.

Jineth Bedoya y la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, consideran que es un avance importante la vinculación formal que hace la Fiscalía, de los paramilitares Jesús Emiro Pereira Rivera, alias "Huevo de Pisca"; Alejandro Cárdenas Orozco, alias "JJ"; y Mario Jaimes Mejía, alias "Panadero", por la presunta comisión de los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual, contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos el 25 de mayo de 2000.

Hoy, 8 de marzo, la primera dama de EEUU, Michelle Obama, entregará personalmente el premio a la periodista colombiana en la Casa Blanca, en el marco de los actos del Día de la Mujer.

El Departamento de Estado de Estados Unidos eligió a Jineth Bedoya por su valentía y su defensa de los derechos de la mujer en Colombia, como periodista y representante de las mujeres víctimas de la violencia en el país.