Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La publicación, que elaboramos con la Alianza Más Información Más Derechos, muestra un balance desalentador de la implementación de la Ley de acceso a información pública en Colombia.

En el marco de la celebración del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, este 28 de septiembre, la Alianza Más Información Más Derechos presenta la primera edición de la Revista DesTápate, contra la opacidad del poder.

La Alianza Más Información Más Derechos es un grupo de organizaciones —Dejusticia, Transparencia por Colombia, Proyecto Antonio Nariño (PAN) y Corporación OCASA— que trabaja por lograr un pleno conocimiento, garantía y ejercicio del derecho fundamental de acceso a información pública por parte de funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos en general. En el marco de esa labor la Alianza promovió la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Colombia (Ley 1712 de 2014) y sigue realizando seguimiento a su implementación en el territorio nacional.

Después de 5 años de la expedición de la ley, la Alianza ha aunado esfuerzos para dar vida a esta revista, que no sólo pretende conmemorar cada año el día del Derecho a saber, sino también realizar un balance anual de los avances en la garantía del derecho de acceso a la información pública en Colombia, desde el trabajo de cada una de las organizaciones.

Entre los contenidos que hay en la publicación se destacan análisis sobre el alarmante retroceso del Gobierno de Iván Duque en el acceso a información pública, en áreas tan centrales como el proceso de elección del nuevo Fiscal General de la Nación o el manejo de los recursos presupuestados e invertidos en la implementación del Acuerdo de Paz.

Así mismo, se plantea que la Procuraduría General de la República avanza de manera lenta y formalista en el cumplimiento de su rol como órgano garante de acceso a la información pública, y que hay jueces que hacen uso excesivo de la discrecionalidad en el acceso a información judicial en casos de interés público, lo que afecta la labor de los periodistas.

Esta iniciativa estuvo apoyada por el Proyecto Learning Collaborative, financiado por Ford Foundation y Hewlett Foundation, y busca convertirse en un punto de referencia para las personas, organizaciones y entidades públicas interesadas en hacer seguimiento al estado del acceso a la información pública en nuestro país.

Los miembros de la alianza esperamos que las reflexiones y los hallazgos incluidos en esta primera edición puedan ser de utilidad para el órgano garante, los líderes de la política pública de acceso a información pública, los sujetos obligados y la. ciudadanía en general. Así mismo, que sean un incentivo para continuar aportando a esta cruzada por más y mejor información pública, que permita hacer efectiva la garantía de nuestros derechos.

Lea aquí la revista DesTápate.

Publicado en Noticias

Uno de los elementos que componen el derecho a la libertad de expresión es el derecho de acceso a la información pública. Este es considerado como la piedra angular de los sistemas democráticos pues la sociedad requiere permanentemente de información, especialmente cuando ésta se encuentra en poder del Estado, con el fin de participar activamente en los asuntos que son de interés público así como para conocer sus derechos y deberes, luchar contra la corrupción y los abusos de poder. Sin este derecho sería imposible evaluar el cumplimiento de políticas estatales o la buena gestión de las instituciones a cargo de ellas. 

De igual forma, el derecho al acceso a la información es indispensable para el ejercicio de la actividad periodística pues sin este no sería posible garantizar derechos como la libertad de prensa. 

Dada su importancia para los sistemas democráticos, la FLIP ha actualizado* el Manual de Acceso a la Información Pública con el fin de proporcionarle a los periodistas herramientas útiles cuando se enfrentan a obstáculos que les impiden acceder a la información que se encuentra en posesión del Estado. 

Así las cosas, este manual resuelve preguntas como ¿qué es el derecho de acceso a la información pública?, ¿quiénes deben entregar información pública?, ¿qué tipo de información puede buscar y cómo?, ¿qué información le pueden negar y cómo?, ¿qué hacer si alguien niega la información? 

Además, el manual incluye formatos útiles de solicitud de información a entidades públicas, los cuales están adaptados a diferentes escenarios. Por ejemplo, podrá encontrar modelos de derechos de petición para que sean empleados cuando las entidades públicas niegan información, así como acciones de tutela contra las autoridades públicas cuando no responden derechos de petición o cuando la información solicitada se niega por ser presuntamente reservada.

*Este manual será actualizado conforme se expidan leyes, jurisprudencia y estándares internacionales nuevos sobre el derecho al acceso a la información.

Aquí puede ver en línea la actualización del manual de Acceso a la información pública. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva varios años investigando la inversión de la pauta oficial en distintas entidades públicas del país. La evidencia, luego de entrevistas a periodistas y funcionarios, grupos focales, investigaciones y denuncias, muestra que en muchos casos la publicidad oficial se usa como un mecanismo de censura indirecta que castiga a los críticos y premia a quienes callan.

La administración irregular de los recursos que deberían destinarse para comunicar al Estado con los ciudadanos está encubierta por la opacidad de estos contratos. De ahí la necesidad de hacer veeduría y exigir transparencia para que los lectores y audiencias se enteren, por un lado, cómo se administran los recursos públicos, pero además, sepan cuál es la relación entre las entidades públicas y los medios de comunicación.

Bajo esta lógica, la FLIP creó el proyecto pautavisible.org, un micrositio en el que se hace seguimiento a los contratos de pauta oficial entre el Estado y los medios, agencias de publicidad y periodistas, entre otros actores.

 

Como parte de esta iniciativa, la FLIP ha iniciado una serie de investigaciones que harán seguimiento a la contratación pública relacionada con la pauta oficial. Cada capítulo de esta serie estará compuesto de un videoblog que expondrá los hallazgos más relevantes, un reportaje que analizará en detalle algunos contratos  y una carpeta con los insumos principales de esa investigación.

La FLIP espera que la Serie Pauta Visible sea un mecanismo para que las entidades del Estado reevalúen sus prácticas de contratación y sus estrategias de comunicación con los ciudadanos, así como es de esperar que estos últimos sean cada vez más críticos a la hora de consumir información.

El equipo del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la FLIP estará atento para recibir los datos que sirvan para complementar la red de contratos y actores que componen el sistema de contratación de la pauta oficial en Colombia. La información puede ser dirigida al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..



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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de seis medios de comunicación por parte del Ejército Nacional, la Defensa Civil y EPM durante la reubicación de los afectados por la emergencia en Hidroituango. Una de las periodistas recibió, además, intimidaciones por parte de los miembros de las oficinas de prensa de las entidades.

El lunes 4 de junio Paola Rojas, periodista de Noticias Uno, se acercó al albergue, ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Valdivia, donde se encuentran alojados los damnificados por la difícil situación que se vive en la región aledaña al proyecto Hidroituango. Cuando la periodista quiso entrevistarse con los afectados, miembros de la Defensa Civil y el Ejército le prohibieron el ingreso, argumentando que las personas que estaban allí no tenían permiso para hablar con la prensa por temas de seguridad.

Los damnificados alzaron su voz ante la prohibición de las autoridades y un oficial del Ejército le permitió al equipo de Noticias Uno entrevistar a las personas que se encontraban en el albergue a través de una reja. Luego de diez minutos de espera, los funcionarios del Ejército y la Defensa Civil permitieron el ingreso del equipo periodístico, pero restringieron las entrevistas con los damnificados: “EPM-Une da la orden de que ustedes pueden ingresar, me entrevistan a mí si quieren con mucho gusto, al Ejército, pero a ninguna de las personas”, aseguró la funcionaria de la Defensa Civil. Al respecto, Diego Salazar, gerente de comunicaciones de EMP, afirma que no tiene conocimiento de ninguna directriz por parte de la entidad para obstruir la labor periodística. Sin embargo, el funcionario asegura que continúan indagando en terreno sobre lo sucedido.

Luego de que el equipo de Noticias Uno terminó de hacer el cubrimiento de la situación que se vive en el albergue, la periodista recibió llamadas intimidatorias por parte de un funcionario de las oficinas de prensa del Ejército, EPM y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En las tres comunicaciones, las entidades querían mostrar lo sucedido como un sabotaje por parte de la comunidad y presionaban a la reportera con frases como: “no queremos que luego te toque rectificar”.

Ese mismo día, cinco periodistas de la Asociación de Medios Comunitarios (AMA) intentaron ingresar a tres de los albergues de Valdivia, pero funcionarios de la Policía Nacional no lo permitieron. Según Bibiana Ramírez, una de las reporteras afectadas, el domingo 3 de junio el equipo periodístico de AMA le solicitó al Puesto de Mando Unificado (PMU) una autorización para ingresar a los albergues del municipio, pero no recibieron respuesta.

 

La FLIP expresa su preocupación por la obstrucción periodística de la que fueron víctimas estos periodistas y hace un llamado a las entidades implicadas -Ejército Nacional, EMP, Policía Nacional y la Defensa Civil- para que garanticen el cubrimiento periodístico de la situación de emergencia que se vive en Hidroituango. En situaciones de riesgo humanitario las entidades públicas deben generar condiciones favorables para el acceso a la prensa con el fin de mantener a la sociedad informada sobre sucesos de alto interés público.

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A partir del comunicado publicado por la FLIP el pasado 1 de junio en el que se expresan las preocupaciones por actos de censura sobre el caso Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín y el proyecto SIATA se comunicaron con la FLIP para expresar su versión sobre lo sucedido. A continuación se exponen esas reacciones y la postura de la Fundación frente a las mismas.

Reacción de EPM y posición de la FLIP

La FLIP expresó su preocupación por la eliminación de tres documentos del sitio web de EPM:

  1. La escritura pública mediante la cual la EPM Ituango da mandato a EPM para ejecutar el proyecto.

  2. El plan de contingencia que se entrega con la licencia ambiental

  3. Un cronograma de desarrollo del proyecto.

En su respuesta, EPM sostuvo que los tres documentos removidos de la página no hacen parte de la información obligatoria que las entidades deben publicar de manera proactiva en su sitio web, de acuerdo con la Ley de Transparencia, y que la información se mantiene en sus inventarios de activos.

EPM alega que, por no ser estos documentos de aquellos mínimos exigidos por la Ley de Transparencia, mantiene discrecionalidad para publicar o retirar información de su página web “de acuerdo con las circunstancias que permitan dar una lectura pertinente y adecuada en un momento determinado”.

La FLIP no comparte esta posición. Que la información no haga parte de los mínimos exigidos por la ley no faculta a EPM para desmontarla después de haberla hecho pública. El artículo 14 de la Ley de Transparencia y el artículo 48 del Decreto 103 de 2015 establecen la obligación de los sujetos obligados de garantizar y facilitar el acceso a “toda la información previamente divulgada” y exige definir procedimientos para el retiro de la información.

De acuerdo con la entidad, esta exigencia es aplicable sólo en relación con la información mínima obligatoria. A juicio de la FLIP, esta interpretación es contradictoria. Por exigencia de la ley, la información mínima debe estar permanentemente publicada en la página web, es decir, no se puede borrar. Luego, si la misma ley establece otras disposiciones para proteger información que se pueda borrar, y obliga a la entidad a definir procedimientos para hacerlo, no podrá estarse refiriendo a los mínimos que no son eliminables.

Vale la pena recordar que, además, EPM está sujeta al principio de facilitación (artículo 3 de la Ley de Transparencia) en virtud del cual “los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo”. De modo que no corresponde a la entidad argumentar que la información sigue disponible en sus archivos y que puede ser solicitada a través de derechos de petición, porque tal acción dificulta el derecho de los ciudadanos a conocer información previamente divulgada.

Los documentos eliminados de la página web son de enorme relevancia pública y la confusión que se genere entre los ciudadanos por su contenido se debería solucionar de manera más transparente. Y esto se logra con más información.

Por otra parte, EPM manifestó su interés por mantener informadas a las audiencias e indica los distintos canales (declaraciones, ruedas de prensa, atención a periodistas, cuñas radiales, etc.) a través de los cuales ciudadanos y periodistas pueden acceder a información sobre Hidroituango. Sin embargo, la FLIP ha tenido noticia de nuevas obstrucciones al trabajo periodístico que en esta ocasión afectan a Noticias Uno y a damnificados albergados en Puerto Valdivia.

Lea aquí la carta que EPM envió a la FLIP.

Reacción del SIATA y posición de la FLIP

El pasado 6 de junio la FLIP tuvo una conversación telefónica con Carlos Hoyos, director del SIATA, en la cual se aclararon los hechos y posiciones de ambas organizaciones. En relación con la información del sensor de nivel 302, la FLIP se permite aclarar lo siguiente:

El SIATA fue convocado por EPM para monitorear la situación de Hidroituango, para efectos de lo cual se instaló un sensor de nivel de agua. La información generada por este sensor fue efectivamente desenlazada hacia el 20 de mayo de la página web del SIATA para el Valle de Aburrá. Sin embargo, de acuerdo con el SIATA, tal información ha estado disponible sin interrupción en el sitio web que fue dispuesto específicamente para el cubrimiento de Ituango.

De acuerdo con el director del SIATA, la decisión de desenlazar la información de su página principal (Valle de Aburrá) buscaba evitar confusiones o malas interpretaciones. No obstante, a juicio de la FLIP, la forma cómo se ejecutó la decisión resultó confusa para los ciudadanos que habían estado accediendo al sitio. Tanto así que inmediatamente generó reclamos de los ciudadanos que creyeron que ya no podrían acceder a la información.

Faltan compromisos

La FLIP valora la disposición de las entidades para conversar y las invita a reafirmar sus obligaciones de máxima publicidad y facilitación. Además, invita a EPM a declarar públicamente que los periodistas tienen derecho de informar y acceder a todo tipo de fuentes en el terreno, incluyendo a trabajadores del proyecto y a las comunidades víctimas. Adicionalmente, la FLIP le solicita a EMP que reconozca el derecho que tienen las personas vinculadas al proyecto a hacer denuncias a la prensa.

Además, la Fundación hace un llamado para que EPM publique nuevamente la totalidad de la información eliminada de su sitio web para facilitar el derecho de los ciudadanos de conocer esos documentos de innegable relevancia pública.


Viernes, 01 de junio de 2018 12:13

Alerta de la FLIP por censura en Hidroituango

En los últimos días, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha tenido conocimiento de distintos tipos de denuncias de periodistas y ciudadanos en relación con el manejo de la información sobre Hidroituango. Estas denuncias involucran a distintas entidades, entre las cuales se encuentran Empresas Públicas de Medellín (EPM), principal socio del proyecto, y al Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Estos reclamos son especialmente preocupantes para la FLIP, pues señalan que las entidades estarían incumpliendo su deber de transparencia, el cual les exige publicar información oportuna, veraz y completa, en los términos más amplios posibles. Este deber se refuerza en circunstancias de emergencia, en las cuales el acceso a la información es esencial para la reducción de riesgos, para mantener al tanto a toda la ciudadanía y para permitir el escrutinio de las acciones de las autoridades. La FLIP ha tenido noticia de las siguientes denuncias.

Se ha ocultado la información del sensor de nivel 302 del SIATA

Desde el 20 de mayo de 2018, múltiples periodistas y ciudadanos han denunciado que se ha ocultado la información del sensor 302 que se mostraba en la página del SIATA. Este instrumento mide el nivel del agua del río Cauca en Hidroituango.

Según se ha informado, el sensor fue deshabilitado para consulta del público alrededor de las 10 de la mañana del 20 de mayo. En respuesta a los reclamos ciudadanos, el SIATA confirmó la deshabilitación diciendo que “[l]os sensores instalados por SIATA continúan funcionando, la información está siendo entregada al PMU (Puesto de Mando Unificado), para tener una adecuada e integral interpretación de la información. Se continuará informando a toda la ciudadanía en caso de ser necesario”. Horas después dijo que la información había sido desenlazada de su sitio web para evitar “interpretaciones aisladas que pueden ser erróneas”.

El 22 de mayo hubo nuevas denuncias en las que se señalaban que se había deshabilitado del sensor. En esta ocasión el SIATA respondió diciendo que había “dificultades de telecomunicaciones que esperamos se solucionen durante el día”.

Ocultar esta información contraría las obligaciones que tiene el SIATA en materia de transparencia activa en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la cual obliga a los sujetos obligados (como el SIATA) a actuar de buena fe y facilitar el acceso a la información “en los términos más amplios posibles”.

Eliminación de documentos públicos de la página de EPM

La FLIP también ha tenido conocimiento de denuncias de eliminación de documentos públicos relacionados con el proyecto de Hidroituango que antes estaban disponibles en la página web de EPM. Daniel Quintero, exViceministro de Economía Digital,fue una de las personas que se pronunció al respecto. Es preocupante que se estén ocultando documentos que puedan ayudar a entender y hacer escrutinio de las acciones de las entidades involucradas.

EPM, por ser una entidad prestadora de servicios que administra recursos públicos, es un sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por lo tanto, tiene la obligación de tener publicada de forma proactiva en su página web cierta información exigida por tal ley (como, por ejemplo, la información sobre sus relaciones contractuales). Los cuestionamientos de los ciudadanos levantan dudas sobre la transparencia de EPM y sobre la eventual responsabilidad disciplinaria o penal por ocultar de documentos públicos (artículo 292 del Código Penal).

La FLIP se comunicó con Maritza Alzate, Secretaria General de EPM, quien aclaró que los documentos retirados fueron tres: la escritura pública donde se da el mandato que la sociedad EPM Ituango le hizo a EPM, en virtud del cual le transfirió el contrato BOMT; un plan de contingencia que se tiene que entregar con la licencia ambiental y una presentación de una secuencia cronológica en la cual se explica cómo ha sido la evolución del proyecto desde el punto de vista societario. Según Alzate, la Ley de Transparencia no exige publicar esta clase de documentos, razón por la cual la entidad mantiene su discrecionalidad de subirlos o bajarlos.

Según informa la funcionaria, estos documentos fueron publicados originalmente con una función pedagógica, dado el nivel técnico del proyecto. Se buscaba que la ciudadanía entendiera qué era la sociedad EPM Ituango, qué es un contrato BOOMT y por qué la sociedad podía transferirlo a EPM. Contó que, sin embargo, la información resultó confusa para los ciudadanos, causando un efecto contrario al deseado y que, por tal razón, EPM decidió retirarla. La funcionaria llamó la atención sobre el hecho de que para efectos de transparencia también es importante que se publique información que no genere confusión en el público.

Sin embargo, la ley también obliga a la entidad a garantizar y facilitar el acceso a la información previamente publicada y a definir procedimientos para retirarla de su página web1. La funcionaria sostuvo que tal exigencia aplica en relación con la información mínima obligatoria exigida por la Ley de Transparencia. La FLIP no comparte esta posición. Es obvio que la norma busca proteger la información que es propensa a ser eliminada, porque los mínimos simplemente no se pueden borrar.

Amenazas a trabajadores de Hidroituango para que no den información a la prensa

La FLIP también tuvo conocimiento de denuncias de amenazas a trabajadores de Hidroituango para que no entreguen información a los periodistas que están haciendo cubrimiento de la situación. Esta denuncia también genera preocupaciones por cuanto los trabajadores están legitimados para comunicar información de interés a la prensa que, además, no tiene carácter reservado según la Ley de Transparencia. Cualquier tipo de represalia en contra de ellos iría en contra de los estándares internacionales sobre libertad de información y que protegen a aquellos alertadores que informan sobre irregularidades que ocurran al interior de las organizaciones para las que ellos trabajan.

Al respecto de esta denuncia, John Maya, Vicepresidente de Negocios de EPM, aclaró que en Hidroituango hay más de once mil trabajadores y que no todos son directamente contratados por EPM sino por sus contratistas o asesores. Según los funcionarios Maya y Alzate, desde EPM no se ha dado ninguna instrucción en este sentido.

La falta de transparencia y la censura durante situaciones de calamidad son inaceptables en tiempos en los que se acentúa la necesidad de información. Las autoridades a cargo no pueden pretender evitar la confusión a partir de la censura. Una situación crítica, prolongada en el tiempo y que puede comprometer la vida de cientos de personas, debe estar abierta al escrutinio público.

Es importante también señalar que EPM e Hidroituango son grandes anunciantes en medios comerciales y comunitarios de la región. Lo anterior genera preocupaciones adicionales de censura indirecta, dado que los medios locales pueden temer que les retiren la pauta por cubrir de forma crítica a sus anunciantes. Esta conducta puede restringir el acceso de los ciudadanos a la información a través de estos medios.

La FLIP hace un llamado al SIATA, a EPM y a las demás entidades vinculadas a este proyecto para que garanticen la mayor transparencia y el acceso amplio a la información por parte de periodistas y ciudadanos. Además, hace un llamado a la Procuraduría para que, con la información disponible, investigue si ha habido alguna falta disciplinaria y preste especial atención al manejo de la pauta como posible mecanismo de censura.


 Art. 14 de la Ley de Transparencia y art. 48 del Decreto 103 de 2015.

 

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Estos fueron los temas centrales de la IV Cátedra de Libertad de expresión, realizada por el Proyecto Antonio Nariño (PAN).

Durante el evento, que tuvo lugar en la Universidad de los Andes el pasado 28 de febrero, María Emma Wills, asesora de la dirección general del Centro Nacional de Memoria Histórica afirmó que a los periodistas se les debe enseñar que antes que una buena historia, prima el respeto por la dignidad humana. Recordó que la ley 1448 de 2011 dice que las víctimas tienen derecho a una reparación simbólica, y para eso hay que escucharlas y respetarlas.

El conflicto entre la libertad de prensa y el derecho de las víctimas fue el tema central del segundo panel realizado durante la Cátedra. La primera en abordarlo fue Vivian Newman, subdirectora del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, que presentó el libro ‘Víctimas y prensa después de la guerra’, en el que se ofrece un parámetro socio-jurídico para cubrir a las víctimas sin atropellar su derecho a la intimidad.

“Las víctimas no son personas públicas por elección propia. Las cámaras hacen que uno actúe distinto… que no llore igual”, recordó Newman después de hablar sobre el incidente entre periodistas y víctimas que se presentó durante las exhumaciones de las víctimas de Bojayá.

Según la subdirectora de Dejusticia, el periodista debe preocuparse por los sentimientos y derechos de las víctimas, hacer un esfuerzo por comprender su concepto cultural de intimidad, identificar las reservas que impiden legítimamente la divulgación y procurar soporte legal.

Para Ginna Morelo, directora de la organización de periodistas Consejo de Redacción (CdR), “si bien la verdad libera, también puede destrozar. Por eso el periodismo de investigación tiene mucho que hacer en Colombia.” Ella recomienda, como ejemplo de narrativa periodística que respeta la dignidad humana, una publicación reciente de CdR titulada ‘Memorias: 12 historias que nos deja la guerra.’

Elecciones y redes sociales

El primer panel de la Cátedra estuvo dedicado a las elecciones presidenciales y legislativas en curso, en medio del fenómeno de las redes sociales. Fue moderado por Ricardo Corredor, director ejecutivo de la Funcación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, abrió la discusión anunciando que designará agentes especiales para intervenir en los procesos penales en los que se investiguen hechos que puedan afectar la libertad de prensa. Dijo que con esa medida se busca “asegurar que no se den ese tipo de agresiones y poner un semáforo rojo al acoso judicial”.

Sobre la rendición de cuentas en época electoral, Carrillo aseguró que el 70% de los candidatos no manejan sus ingresos a través de una cuenta bancaria única, solo el 25% de las campañas tiene actualizada su contabilidad y se han detectado más de 1.300 piezas publicitarias que vulneran el espacio público” (vea aquí el discurso completo). Estas cifras se obtuvieron entre más de 70 visitas realizadas por la Procuraduría.

El Magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa, por su parte, se refirió al fenómeno de la publicidad política en redes sociales. Aunque admitió no tener experticia en el tema, afirmó: “Cuando las redes sociales son utilizadas para promover propaganda electoral, los mensajes que allí circulan pierden su naturaleza privada”.

 

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En el Día internacional del Derecho a Saber, la Alianza Más información Más Derechos manifiesta su preocupación por las barreras que aún persisten para el acceso a la información.

Nos preocupa, en particular, el rol de la Procuraduría General de la Nación como garante de la Ley de transparencia y acceso a la información pública así como el déficit de transparencia judicial y de acceso al escrutinio público sobre la financiación de iniciativas electorales.

1. La ambiciosa Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014) presenta serias dificultades en su implementación. No se evidencia que el Ministerio Público haya priorizado sus obligaciones como órgano garante. Además, es precaria la gestión del Procurador General de La Nación, Fernando Carrillo, como líder del Ministerio Público en cumplir con las responsabilidades que la ley le establece:

a. Hasta la fecha no se han identificado sanciones para entidades que no cumplan con el ejercicio de divulgar la información de manera proactiva, ni siquiera por la información mínima obligatoria que establecen los artículos 9 y 11 de la Ley.

b. En cuanto a la revisión de tutelas relacionadas con acceso a la información pública, los datos están atrasados, son poco amigables y no cumplen con la función de ayuda al ciudadano.

c. El Grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualizado mediante Resolución N° 077 del 23 de marzo de 2017 y ahora denominado Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público, no ha divulgado su Plan de Acción o Plan Estratégico.

La deuda de este organismo dificulta la posibilidad de que la ley pueda ser verificada en sus alcances.

2. Poniendo de presente que Colombia se encuentra en temporada de preparación para las elecciones legislativas y presidenciales de 2018, la Alianza quiere llamar la atención sobre la falta de información frente al cumplimiento de los estándares de transparencia por una gran parte de las candidaturas en curso. En particular, sobre el hecho de que no hay rendición de cuentas ni claridad en cuanto a los recursos invertidos en las gestiones que actualmente despliegan los aspirantes que han elegido obtener su candidatura por medio de la recolección de firmas ciudadanas.

En este sentido, La Alianza advierte a la sociedad colombiana sobre el vacío normativo al respecto de los procesos de recolección de firmas y exige a los grupos promotores y a sus candidatos rendir cuentas a la sociedad de manera voluntaria.

3. El sistema judicial colombiano enfrenta una crisis que involucra hasta a magistrados de las altas cortes en escándalos de la más grave corrupción. Para recuperar la confianza ciudadana, la Alianza Más Información Más Derechos exhorta a las altas cortes a cumplir las obligaciones de transparencia que la Ley 1712 de 2014 les impone. Si bien valora las instrucciones de transparencia recientemente dictadas por el Consejo de Estado en la Circular interna No. 12 del 21 de septiembre de 2017, ve con extrañeza que no se incluye a la Ley 1712 de 2014 como fuente de sus compromisos, lo que evidencia la precariedad del cumplimiento de los mismos. Además, rechaza la idea extendida en sectores de la Rama, de que información personal como experiencia y formación de los funcionarios judiciales se encuentra protegida por su derecho a la intimidad, pues desconoce que tal derecho admite las limitaciones propias que impone la condición de servidor público.

Por esas razones, la Alianza Más Información Más Derechos se suma a la solicitud recientemente extendida por Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación en días pasados y exhorta a la publicación de las hojas de vida de los magistrados auxiliares y titulares de las altas cortes, sus declaraciones de renta, sus licencias y comisiones de servicios y a divulgar los nombres de quienes tengan familiares en cargos públicos de libre nombramiento y remoción en la Fiscalía, los órganos de control, el Congreso de la República o en altos niveles de la rama ejecutiva, sus viajes y días de permiso, entre otras.

Resaltamos la crucial importancia del rol que la sociedad civil desempeña en favor del cumplimiento efectivo de las medidas de transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, invitamos a los Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz recientemente elegidos a adoptar medidas en esa precisa dirección durante el desempeño de sus funciones.

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La Alianza Más Información Más Derechos es una campaña de la sociedad civil por la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en Colombia, conformada por Corporación Ocasa, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Proyecto Antonio Nariño (PAN), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y la Corporación Transparencia por Colombia (TpC).

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La Policía Nacional de Colombia en el marco del Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anuncian la creación conjunta del curso “Libertad de prensa y función policial en Iberoamérica”.

A través de esta alianza asesorada y acompañada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se creará una plataforma virtual y en línea, para capacitar masivamente a miembros de la Policía Nacional de Colombia y de otros cuerpos policiales del continente en estándares internacionales de acceso a la información, libertad de pensamiento y de expresión. 

El pasado 13 de septiembre, miembros de la Policía Nacional de Colombia que incluyen al señor GENERAL CARLOS MENA BRAVO – Inspector General de la Institución Policial, a la señora Coronel MARTHA LIGIA HERRERA BETANCOURTH - Jefe Área de Derechos Humanos y a funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Escuelas de la Institución, se reunieron con el señor GUILHERME CANELA - Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de la Unesco, y con el señor PEDRO VACA, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, para formalizar su compromiso de realizar el curso. 

Los asistentes a la reunión reiteraron la necesidad de contar con una plataforma digital de enseñanza de libertad de expresión que sea de fácil acceso para integrantes de la Policía Nacional en todo el país y cuya experiencia pueda ser replicable masivamente en otros países de la región. En palabras del General Mena, este programa “busca del mejoramiento continuo para ser una Policía más humana, íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva en su gestión”. Así mismo, en la reunión se definió el cronograma para el diseño del material pedagógico y la implementación de las herramientas en la plataforma.  

Este 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, la UNESCO, la Policía Nacional de Colombia y la FLIP reafirman su interés en continuar trabajando en la generación de garantías para la actividad periodística y en reforzar el rol de garantes de la libertad de prensa.

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Viernes, 22 September 2017 15:44

5 pasos para acceder a la información pública

El acceso a la información pública es un derecho de todos los ciudadanos. Si ha tenido problemas para acceder a información pública y necesita interponer tutelas o recursos de reposición, aquí le ayudamos. Siga esta guía para saber qué hacer y qué responder frente a los obstáculos que le pongan las entidades públicas. 

Para información detallada sobre qué sujetos están obligados a entregar información, cuál información le deben dar, cuál le pueden negar, qué información es reservada y otros temas de interés, consulte nuestro Manual de acceso a la información pública.

¿Está teniendo problemas para acceder a información pública? 
¡Aquí le ayudamos!


Haga clic en "Siguiente" y siga los pasos.

*En algunos casos, esta guía recomienda interponer acciones de tutela, para lo cual señalamos los argumentos que pueden ser presentados en el escrito. Si usted prefiere hacer un segundo acercamiento a la entidad antes de interponer la tutela, esta opción también es viable. En ese caso, utilice los mismos argumentos que se presentan en esta guía ante esa autoridad, antes de ir ante un juez.


¿Cuál es el problema?*
Usted envió un derecho de petición, pero...*

¿Qué información debe estar disponible?

De acuerdo con los artículos 7 y 9 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), las entidades obligadas deben tener a disposición de público de manera permanente la siguiente información:

  • La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.
  • Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal.
  • Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado.
  • Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.
  • Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.
  • Los plazos de cumplimiento de los contratos.
  • El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

¿Le contestaron diciendo que necesitan más tiempo?

De acuerdo con lo establecido por la Ley que regula el derecho de petición (Ley 1755 de 2015), cuando no fuere posible resolver la petición en diez días, la entidad debe informarlo así al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en el que resolverá la petición, el cual no podrá exceder 20 días hábiles.

¿La autoridad aún está a tiempo? Si luego de que se agote el plazo la autoridad aún no ha contestado, usted puede interponer una acción de tutela. Cuando el tiempo llegue, vuelva a la página principal e ingrese por la opción "No le contestaron a tiempo".

¿Ya se cumplió el plazo? Haga clic en Siguiente.

¿No le contestaron a tiempo?

De acuerdo con la Ley 1755 de 2015 (Ley del derecho de petición), las peticiones enviadas por ciudadanos deben resolverse en diez días hábiles. Cuando no fuere posible para la entidad resolver la petición en diez días, ésta debe informarlo así al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en el que resolverá la petición, el cual no podrá exceder 20 días hábiles.

¿La respuesta es incompleta o le dan evasivas?

De acuerdo con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la Ley del Derecho de Petición (Ley 1755 y 2015) y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, las respuestas a las solicitudes hechas porciudadanos deben ser completas y de fondo, sin respuestas evasivas.

¿Le dicen que la información es clasificada o reservada?

Existen casos en los cuales las entidades pueden negar el acceso a la información que se solicita por estar clasificada o reservada. Sin embargo, deben cumplirse una serie de pasos para que la restricción sea legítima. La entidad debe dar respuesta por escrito que explique se se cumplen tres requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014):

  1. Tiene que haber una ley expedida por el Congreso que indique expresamente que determinada información es clasificada o reservada.
  2. Esta norma tiene que buscar proteger los derechos de terceras personas como la vida; la salud; la intimidad o los secretos comerciales, industriales y profesionales (información clasifica) o intereses públicos como la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la administración de justicia, la salud pública, etc. (información reservada).
  3. Finalmente, la entidad debe exponer las razones y pruebas por las cuales, al entregar la información, se causaría un daño presente, probable y específico que sea superior al interés de conocer la información.
¿Tiene algún problema?*
¿En la respuesta hablan de cuál excepción?*

¿Le piden que explique los motivos por los cuales solicita la información?

De acuerdo con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), no es necesario demostrar ninguna calidad o interés especial ante las autoridades.

¿Le dicen que no le pueden entregar la información porque así lo establece una cláusula de confidencialidad de un contrato?

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), una de los tres requisitos que se requieren para no conceder acceso a la información, es que la restricción esté contemplada en una ley expedida por el Congreso. Es decir, no en un decreto, una resolución y, mucho menos, una cláusula de un contrato.

¿Le dicen que no pueden entregar la información porque contiene datos personales o citan el habeas data?

Las entidades están obligadas a entregar datos personales públicos (como nombre, número de identificación, datos relativos a la profesión y el oficio, salario de funcionarios públicos, datos contenidos en sentencias judiciales, etc.). Por otra parte, pueden negar el acceso a información que contenga datos personales semiprivados o datos privados o sensibles, sin embargo, debe cumplir ciertos requisitos.

¿Le entregan la información en un formato distinto al solicitado?

De acuerdo con la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por un sujeto obligado deberá ser reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella.

¿Le hacen cobros exagerados sin justificación?

Tenga en cuenta que, de acuerdo a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y su decreto reglamentario:

  1. Las entidades no pueden cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información y del envío al solicitante.
  2. Estos costos deben seguir los parámetros del mercado.
  3. Cuando sea posible, se preferirá la respuesta por vía electrónica, si así lo pide y/o autoriza el solicitante.
  4. La entidad debe permitir al ciudadano conocer los costos de reproducción en el formato disponible y el costo de reproducción en caso de que se solicite un formato distinto al disponible.
  5. La entidad no pueden incluir dentro de los costos el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista que hace la reproducción.

Además, la entidad está obligada a motivar los costos de reproducción de la información mediante un acto administrativo, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato.

¿Le dicen que vaya hasta las oficinas de la entidad, ubicadas en otra ciudad?

Esta es una carga excesiva para el ciudadano, contraria a los principios establecidos en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

¿Tiene otro problema no incluido en esta lista?

Si la entidad le presenta otros argumentos, distintos de los incluidos en esta lista, ¡cuéntenos!

¿La información no está disponible?

En este caso es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿No le contestaron a tiempo?

En este caso es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿Le dan respuestas evasivas o le entregan información incompleta?

En este caso es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿La entidad no explica por qué la información está reservada o clasificada o dentro de cuál reserva de ley se encuentra cobijada la excepción?

En este caso es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿La entidad explica los motivos pero sus argumentos no son suficientes?

Puede interponer un recurso de reposición en un plazo de tres días para que el funcionario reconsidere su decisión. Si la respuesta es negativa, el funcionario debe enviar la información a un juzgado o tribunal administrativo en un plazo de tres días. Si el funcionario no envía la documentación, usted puede llevar directamente el recurso ante el juzgado o tribunal administrativo.

En caso se haya vencido el término de tres días sin que usted haya interpuesto el recurso de reposición, interponga una acción de tutela directamente.

¿La entidad explica los motivos pero sus argumentos no son suficientes?

Puede interponer un recurso de reposición en un plazo de tres días, para que el funcionario reconsidere su decisión. Si la respuesta es negativa o si no se interpuso el recurso de reposición en tres días, puede interponer una tutela directamen

¿Le piden que explique los motivos por los cuales solicita la información?

Una opción es adecidir no dar ninguna explicación. Otra opción es simplemente señalar que la información se requiere para una investigación periodística. Explicar que se trata de una investigación periodística tiene una ventaja: de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015 (Ley del Derecho de Petición) estas solicitudes deben tramitarse preferencialmente. Sin embargo, usted también puede interponer una acción de tutela directamente.

¿Le dicen que no le pueden entregar la información porque así lo establece una cláusula de confidencialidad de un contrato?

En este caso es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿Le dicen que no pueden entregar la información porque contiene datos personales o citan el habeas data?

Si la entidad le responde citando el habeas data y diciendo que la información está "clasificada" o "reservada", vuelva a la página inicial, elija la opción "Usted envió un derecho de petición, pero...", elija "Le dicen que la información es reservada o clasificada" y siga los pasos.

Si simplemente mencionan genéricamente los datos personales o el habeas data, interponga una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿Le entregan la información en un formato distinto al solicitado?

Usted puede enviar una respuesta a la entidad recordándole su deber de entregar la información en un formato reutilizable, procesable y accesible o puede interponer directamente una acción de tutela. También es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿Le hacen cobros exagerados sin justificación?

Usted puede enviar una respuesta a la entidad recordándole no se pueden hacer cobros exagerados o pidiéndole que le explique la justificación de los costos. También es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¿Le dicen que vaya hasta las oficinas de la entidad, ubicadas en otra ciudad?

Usted puede enviar una respuesta a la entidad recordándole que esta es una carga excesiva para el ciudadano. También es procedente una acción de tutela. A continuación encontrará los argumentos que usted puede usar en su escrito de tutela y un modelo que puede adaptar a su caso.

¡Cuéntenos!

Revisaremos su caso y nos podremos en contacto para darle argumentos que usted pueda presentar en una respuesta, recurso o acción de tutela, de ser procedentes.

¿La información no está disponible?

En su escrito incluya la siguiente argumentación:


De acuerdo con los artículos 7 y 9 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), las entidades obligadas deben tener a disposición de público de manera permanente la siguiente información:

  • La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.
  • Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal.
  • Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado.
  • Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.
  • Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.
  • Los plazos de cumplimiento de los contratos.
  • El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

No obstante, la entidad accionada no cuenta con esta información, vulnerando lo ordenado por al Ley 1712 de 2014 y mi derecho fundamental de acceder a la información pública.


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¿No le contestaron a tiempo?

En su escrito incluya la siguiente argumentación:


La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Publica (Ley 1712 de 2014) expresamente exige en los artículos 4 y 26 que la respuesta dada por las entidades sea oportuna. Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado claramente en reiterada jurisprudencia que se vulnera el derecho fundamental de petición cuando la entidad obligada no da respuesta oportuna a la solicitud presentada. Al respecto, puede verse lo dicho por este tribunal en la sentencia T-149 de 2013 en la que sostuvo lo siguiente: "Respecto de la oportunidad de la respuesta, como elemento connatural al derecho de petición y del cual deriva su valor axiológico, ésta se refiere al deber de la administración de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones formuladas".


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¿Le dan respuestas evasivas o le entregan información incompleta?

En su escrito incluya la siguiente argumentación:


De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la respuesta a la solicitud de acceso debe ser completa. También la ley que regula el derecho fundamental de petición establece que los ciudadanos tenemos derecho a recibir respuestas completas y de fondo. Por su parte, la Corte Constitucional ha aclarado en reiterada jurisprudencia que se viola el derecho fundamental de petición cuando no se dan respuestas de completas y de fondo. Al respecto puede verse lo dicho por la Corte en la sentencia C-007 de 2017:

La respuesta de fondo hace referencia al deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente".


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¿La entidad no explica por qué la información está reservada o clasificada o dentro de cuál reserva de ley se encuentra cobijada la excepción?

En su escrito incluya la siguiente argumentación:


El artículo 28 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) establece que los sujetos obligados a entregar información tienen la carga de aportar las razones y pruebas que justifiquen que la información se mantenga reservada o confidencial. De acuerdo a lo ordenado por el artículo, la entidad debe (i) decir en qué ley se define que esa información debe permanecer reservada o clasificada, (ii) explicar que se buscan proteger intereses particulares o intereses públicos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la ley y (iii) exponer las razones por las cuales al entregar la información se causaría un daño presente, probable y específico superior al interés que usted tiene de conocer la información.


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¿La entidad explica los motivos pero sus argumentos no son suficientes?

¿Qué quiere hacer?*

¿La entidad explica los motivos pero sus argumentos no son suficientes?

¿Qué hacer?*

¿Le piden que explique los motivos por los cuales solicita la información?

¿Qué desea hacer?*

¿Le dicen que no le pueden entregar la información porque así lo establece una cláusula de confidencialidad de un contrato?

En su escrito incluya la siguiente argumentación:


De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), deben cumplirse tres requisitos para que una entidad pueda negar el acceso a la información pública, a saber: (i) tiene que haber una ley expedida por el Congreso que indique expresamente que determinada información es clasificada o reservada, (ii) la ley debe buscar proteger derechos de terceros o intereses públicos y (iii) la entidad debe exponer las razones y pruebas por las cuales, al entregar la información, se causaría un daño presente, probable y específico que sea superior al interés de conocer la información.

El primero de estos requisitos exige que la excepción esté contemplada en una ley del Congreso, es decir, no puede citarse como fundamento de la restricción un decreto, una resolución, un circular y, mucho menos, una cláusula de un contrato, como pretende hacer la entidad. En consecuencia, en el presente caso no se encuentra justificada la restricción de acceso a la información que solicité.


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¿Le dicen que no pueden entregar la información porque contiene datos personales o citan el habeas data?

En su escrito incluya esta argumentación:


Las entidades están obligadas a entregar datos personales públicos (como nombre, número de identificación, datos relativos a la profesión y el oficio, salario de funcionarios públicos, datos contenidos en sentencias judiciales, etc.).

Por otra parte, si se trata de datos semiprivados y datos privados o sensibles, las autoridades deben explicar las razones y aportar las pruebas que fundamenten que la información debe permanecer clasificada. En este caso, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la entidad tiene la carga de aportar las razones y pruebas que justifiquen que la información se mantenga confidencial. De acuerdo a lo ordenado por el artículo, la entidad debe (i) decir en qué ley se define que esa información debe permanecer reservada o clasificada, (ii) explicar que se buscan proteger intereses particulares o intereses públicos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la ley y (iii) exponer las razones por las cuales al entregar la información se causaría un daño presente, probable y específico superior al interés que usted tiene de conocer la información.

Es decir, la entidad debe señalar en qué ley fundamenta su decisión de no conceder acceso a la información y, además, debe realizar un test del daño, cosa que no hizo al dar respuesta. Además, incluso si se exponen estas razones, la autoridad está en la obligación de hacer una versión pública de los documentos que mantengan la reserva únicamente de la parte indispensable. Es decir, si parte del documento tiene datos personales que deban mantenerse clasificados, la entidad deberá entregar una versión del documento que oculte esos datos.


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¿Le entregan la información en un formato distinto al solicitado?

En su escrito incluya esta argumentación:


La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) establece el principio de calidad de la información, en virtud del cual "toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad".


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¿Le hacen cobros exagerados sin justificación?

En su escrito incluya esta argumentación:


La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) establece el principio de gratuidad, según el cual “el acceso a la información pública es gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información”. El artículo 26 de la ley también establece que “la respuesta a la solicitud deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de la reproducción y envío de la misma al solicitante. Se preferirá, cuando sea posible, según los sujetos pasivo y activo, la respuesta por vía electrónica, con el consentimiento del solicitante”.

Por su parte, el Decreto 103 de 2015, regulatorio de la Ley 1712 de 2014, ordena a los sujetos obligados a no hacer cobros adicionales a los del valor de reproducción de la información (artículo 20) y a motivar los costos de reproducción de la información mediante un acto administrativo, individualizando el costo unitario de los diferentes tipos de formato.

Este decreto hace varias precisiones: en primer lugar, la entidad debe tener como referencia los precios de reproducción que se cobren en su lugar de domicilio, “de tal forma que se encuentren dentro de parámetros del mercado”. Además, la entidad debe permitir al ciudadano conocer los costos de reproducción en el formato disponible y los costos de reproducción que apliquen en caso de que el solicitante elija un formato distinto al disponible. Finalmente, no se pueden incluir dentro de los costos de reproducción el valor del tiempo que ocupe el servidor público, empleado o contratista que hace la reproducción.


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¿Le dicen que vaya hasta las oficinas de la entidad, ubicadas en otra ciudad?

En su escrito incluya esta argumentación:


Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra ubicada en otra ciudad, distinta a la de mi residencia, el desplazamiento hasta sus oficinas es un requerimiento excesivo, contrario al principio de facilitación, establecido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014: "En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo". Lo anterior puede apoyarse con este pronunciamiento de la Corte Constitucional de la sentencia T-558 de 2012:

"...este tribunal considera que el hecho de que se le exija al peticionario trasladarse desde la ciudad de Bogotá, hasta la regional del ICBF en Medellín para que sea él quien tenga que ubicar los documentos solicitados,  se convierte en una carga desproporcionada puesta en cabeza del accionante y en un obstáculo para la materialización de sus derechos, a todas luces contrario a los principios que deben orientar la actuación administrativa en desarrollo de los fines del Estado. Lo anterior en la medida en que, se impone un trámite innecesario al actor toda vez que, la entidad demandada cuenta con los medios y la capacidad de ubicar, procesar y remitir las copias a través de distintos medios de comunicación idóneos, por ejemplo, vía correo electrónico, correo certificado, o enviarlas a su homóloga en la ciudad donde reside el peticionario. En ese sentido, no es de recibo el argumento presentado por la entidad demandada referente a la obligación del pago de los documentos solicitados, puesto que el dinero puede ser recaudado por medio de distintos mecanismos, como ser consignado en una cuenta bancaria que tenga la entidad demandada a su disposición o realizar el pago directamente en las oficinas del ICBF de Bogotá".


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¡Cuéntenos!

Por favor confirme antes de continuar.*

Modelo acción de tutela

Señor/a

[Juez o Tribunal]

[Ciudad]

E. S. D.


Ref.: Acción de Tutela [nombre del peticionario] contra [nombre de la entidad]


Yo, [nombre del peticionario], mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía [No.] de [ciudad], actuando en nombre propio, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución, por medio de la presente interpongo ante este despacho Acción de Tutela contra [nombre de la entidad]- (en adelante “LA ENTIDAD”), con fundamento en los siguientes:


I. HECHOS

1…

2…

3…

[Hacer recuento de los hechos, enumerándolos. Indicar qué se solicitó, en qué fecha, a qué entidad, si dieron respuesta, qué respuesta dieron, qué problema tuvo, etc.]


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra el derecho fundamental de petición, el cual está reglamentado en la ley 1437 de 2011. Igualmente, el derecho de acceso a la información se encuentra reglamentado en la ley 1712 de 2014. Como bien lo ha definido la Corte Constitucional en varias de sus sentencias:

“(...) el núcleo esencial del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, contempla no 0solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ante la autoridad, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta respuesta que resuelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la ley”. (Sentencia T- 637 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell).


Lo anterior significa no solamente que la autoridad administrativa deba responder la petición dentro de los términos que le otorga la ley, sino que debe hacerlo de manera que origine una respuesta clara, pronta y sustancial con relación a lo solicitado:


“Esta Corporación ha definido, en su jurisprudencia, que el derecho de petición es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir una respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. Esta respuesta debe definir, de fondo, -positiva o negativamente-, la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó”. (Sentencia T-601 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz).


IV. PROCEDENCIA

La presente acción de tutela es procedente según los artículos 1, 2, 5 y 19 del Decreto 2591 de 1991.


V. PRETENSIONES

[Incluya acá sus pretensiones enumeradas. Por ejemplo: “Que se ordene a la ENTIDAD dar respuesta de fondo de manera clara y efectiva al derecho de petición presentado”).


VI. MANIFESTACIÓN JURADA

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que esta misma petición no ha sido presentada en otros juzgados o tribunales.


V. ANEXOS

1…

2…

[Incluya aquí la lista de anexos, enumerada. Por ejemplo: 1. Derecho de petición enviado, 2. respuesta de la entidad].


VI. NOTIFICACIONES

Dirección para notificaciones [Incluya aquí su dirección y correo electrónico y, si la tiene, la dirección de la entidad pública].


Del juez respetuosamente,

[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionario]

Modelo recurso reposición - Seguridad nacional o relaciones internacionales

[Ciudad y Fecha]



[Nombre]

[Cargo]

[Entidad]

[Ciudad]


Referencia: Recurso de reposición


Respetado señor/a:


En atención a su respuesta a la solicitud del [citar fecha del escrito o de radicación], mediante el cual solicité [resumen de solicitud de derecho de petición inicial], me permito presentar recurso de reposición de acuerdo al artículo 27 de la ley 1712 de 2014.


La información por mi solicitada es pública y en su respuesta esta entidad no justifica suficientemente por qué debe mantenerse la reserva. Por lo tanto, en el ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y del derecho de acceso a la información pública, consagrado en los artículos 20 y 74 de la misma, desarrollado por la ley 1712 de 2014, solicito:


[Relacionar nuevamente la información solicitada]


En caso que la entidad decida volver a negar la información, solicito que se envíe la información al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a los JuzgadosAdministrativos de acuerdo al citado artículo 27 de la ley 1712 de 2014: “Negado este recurso corresponderá al Tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren os documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo en un plazo no superior a tres (3) días (…)”


Es importante recordar que el funcionario público debe, en virtud del cumplimiento de la ley, darle el trámite correspondiente al derecho de insistencia. De acuerdo con el artículo 79 de la ley 190 de 1995 “será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”.


Se anexa a la presente copia de la solicitud radicada el [citar fecha del escrito o de radicación] y la repuesta dada por esta entidad el [citar fecha de la respuesta]. La respuesta al presente recurso de reposición la recibiré en la [dirección de correspondencia del solicitante].


Agradezco de antemano su colaboración.


Atentamente,


[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionario]

Modelo tutela - Seguridad nacional y relaciones internacionales

Señor/a

[Juez o Tribunal]

[Ciudad]

E. S. D.


Ref.: Acción de Tutela [nombre del peticionario] contra [nombre de la entidad]


Yo, [nombre del peticionario], mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía [No.] de [ciudad], actuando en nombre propio, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución, por medio de la presente interpongo ante este despacho Acción de Tutela contra [nombre de la entidad]- (en adelante “LA ENTIDAD”), con fundamento en los siguientes:


I. HECHOS

1…

2…

3…

4... La ENTIDAD no justificó con suficiencia por qué la información debe mantenerse reservada.

[Hacer recuento de los hechos, enumerándolos. Indicar qué se solicitó, en qué fecha, a qué entidad, si dieron respuesta, qué respuesta dieron, qué problema tuvo, etc.]

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra el derecho fundamental de petición, el cual está reglamentado en la ley 1437 de 2011. Igualmente, el derecho de acceso a la información se encuentra reglamentado en la ley 1712 de 2014. Como bien lo ha definido la Corte Constitucional en varias de sus sentencias:

“(...) el núcleo esencial del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, contempla no 0solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ante la autoridad, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta respuesta que resuelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la ley”. (Sentencia T- 637 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Lo anterior significa no solamente que la autoridad administrativa deba responder la petición dentro de los términos que le otorga la ley, sino que debe hacerlo de manera que origine una respuesta clara, pronta y sustancial con relación a lo solicitado:

“Esta Corporación ha definido, en su jurisprudencia, que el derecho de petición es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir una respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. Esta respuesta debe definir, de fondo, -positiva o negativamente-, la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó”. (Sentencia T-601 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz).

La Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceder a la información pública establece en su artículo 28 los sujetos obligados a entregar información tienen la carga de aportar las razones y pruebas que justifiquen que la información se mantenga reservada o confidencial. De acuerdo a lo ordenado por el artículo, la entidad debe (i) decir en qué ley se define que esa información debe permanecer reservada o clasificada, (ii) explicar que se buscan proteger intereses particulares o intereses públicos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la ley y (iii) exponer las razones por las cuales al entregar la información se causaría un daño presente, probable y específico superior al interés que usted tiene de conocer la información.

IV. PROCEDENCIA

La presente acción de tutela es procedente según los artículos 1, 2, 5 y 19 del Decreto 2591 de 1991.

V. PRETENSIONES

[Incluya acá sus pretensiones enumeradas. Por ejemplo: “Que se ordene a la ENTIDAD dar respuesta de fondo de manera clara y efectiva al derecho de petición presentado”).

VI. MANIFESTACIÓN JURADA

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que esta misma petición no ha sido presentada en otros juzgados o tribunales.

V. ANEXOS

1…

2…

[Incluya aquí la lista de anexos, enumerada. Por ejemplo: 1. Derecho de petición enviado, 2. respuesta de la entidad].

VI. NOTIFICACIONES

Dirección para notificaciones [Incluya aquí su dirección y correo electrónico y, si la tiene, la dirección de la entidad pública].


Del juez respetuosamente,

[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionari

Modelo recurso de reposición - Casos distintos a seguridad nacional y relaciones internacionales

[Ciudad y Fecha]


[Nombre]

[Cargo]

[Entidad]

[Ciudad]


Referencia: Recurso de reposición


Respetado señor/a:


En atención a su respuesta a la solicitud del [citar fecha del escrito o de radicación], mediante el cual solicité [resumen de solicitud de derecho de petición inicial], me permito presentar recurso de reposición de acuerdo al artículo 27 de la ley 1712 de 2014.


La información solicitada es pública y en su respuesta esta entidad no justifica suficientemente por qué debe mantenerse la reserva. Por lo tanto, en el ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y del derecho de acceso a la información pública, consagrado en los artículos 20 y 74 de la misma, desarrollado por la ley 1712 de 2014, solicito:


[Relacionar nuevamente la información solicitada]


Es importante recordar que el funcionario público debe, en virtud del cumplimiento de la ley, darle el trámite correspondiente al derecho de insistencia. De acuerdo con el artículo 79 de la ley 190 de 1995 “será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”.


Se anexa a la presente copia de la solicitud radicada el [citar fecha del escrito o de radicación] y la repuesta dada por esta entidad el [citar fecha de la respuesta]. La respuesta al presente recurso de reposición la recibiré en la [dirección de correspondencia del solicitante].


Agradezco de antemano su colaboración.


Atentamente,


[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionario]

Modelo tutela - Otros casos distintos a seguridad nacional y relaciones internacionales

Señor/a

[Juez o Tribunal]

[Ciudad]

E. S. D.


Ref.: Acción de Tutela [nombre del peticionario] contra [nombre de la entidad]


Yo, [nombre del peticionario], mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía [No.] de [ciudad], actuando en nombre propio, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución, por medio de la presente interpongo ante este despacho Acción de Tutela contra [nombre de la entidad]- (en adelante “LA ENTIDAD”), con fundamento en los siguientes:


I. HECHOS

1…

2…

3…

4... La ENTIDAD no justificó con suficiencia por qué la información debe mantenerse reservada.

[Hacer recuento de los hechos, enumerándolos. Indicar qué se solicitó, en qué fecha, a qué entidad, si dieron respuesta, qué respuesta dieron, qué problema tuvo, etc.]

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra el derecho fundamental de petición, el cual está reglamentado en la ley 1437 de 2011. Igualmente, el derecho de acceso a la información se encuentra reglamentado en la ley 1712 de 2014. Como bien lo ha definido la Corte Constitucional en varias de sus sentencias:

“(...) el núcleo esencial del derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, contempla no 0solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ante la autoridad, ya sea en interés general o particular, sino también a obtener una pronta respuesta que resuelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la ley”. (Sentencia T- 637 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Lo anterior significa no solamente que la autoridad administrativa deba responder la petición dentro de los términos que le otorga la ley, sino que debe hacerlo de manera que origine una respuesta clara, pronta y sustancial con relación a lo solicitado:

“Esta Corporación ha definido, en su jurisprudencia, que el derecho de petición es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir una respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. Esta respuesta debe definir, de fondo, -positiva o negativamente-, la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó”. (Sentencia T-601 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz).

La Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceder a la información pública establece en su artículo 28 los sujetos obligados a entregar información tienen la carga de aportar las razones y pruebas que justifiquen que la información se mantenga reservada o confidencial. De acuerdo a lo ordenado por el artículo, la entidad debe (i) decir en qué ley se define que esa información debe permanecer reservada o clasificada, (ii) explicar que se buscan proteger intereses particulares o intereses públicos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la ley y (iii) exponer las razones por las cuales al entregar la información se causaría un daño presente, probable y específico superior al interés que usted tiene de conocer la información.

IV. PROCEDENCIA

La presente acción de tutela es procedente según los artículos 1, 2, 5 y 19 del Decreto 2591 de 1991.

V. PRETENSIONES

[Incluya acá sus pretensiones enumeradas. Por ejemplo: “Que se ordene a la ENTIDAD dar respuesta de fondo de manera clara y efectiva al derecho de petición presentado”).

VI. MANIFESTACIÓN JURADA

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que esta misma petición no ha sido presentada en otros juzgados o tribunales.

V. ANEXOS

1…

2…

[Incluya aquí la lista de anexos, enumerada. Por ejemplo: 1. Derecho de petición enviado, 2. respuesta de la entidad].

VI. NOTIFICACIONES

Dirección para notificaciones [Incluya aquí su dirección y correo electrónico y, si la tiene, la dirección de la entidad pública].


Del juez respetuosamente,

[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionari

Modelo respuesta - No explica motivo de solicitud

[Ciudad y Fecha]



[Nombre]

[Cargo]

[Entidad]

[Ciudad]



Respetado señor/a:


Dando alcance a su respuesta a mi solicitud de acceso a la información pública enviada el [citar fecha del escrito o de radicación], en la que usted solicita que explique los motivos por los cuales solicito la información, muy amablemente me permito recordarle lo siguiente.


El derecho a acceder a información pública es un derecho fundamental, de titularidad universal, es decir, está en cabeza de todos los ciudadanos y, por ese motivo, no es necesario demostrar ninguna calidad o interés especial ante las autoridades. Así lo aclara la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y de acceso a la información pública) cuando habla del "principio de no discriminación" (artículo 3). De acuerdo con este principio, "los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud".


En consecuencia, solicito nuevamente acceso a la siguiente información:


[Relacionar nuevamente la información solicitada]


Vale la pena señalar que no dar respuesta a mi solicitud, argumentando que se deben explicar las razones por las cuales se requiere acceso a la información, es una violación de mi derecho fundamental de acceder a la información pública. De insistir en su negativa, en este caso es procedente una acción de tutela. También es importante recordar que el funcionario público debe, en virtud del cumplimiento de la ley, darle el trámite correspondiente al derecho de insistencia. De acuerdo con el artículo 79 de la ley 190 de 1995 “será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”.



Agradezco de antemano su colaboración.


Atentamente,


[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionario]

Modelo respuesta - Investigación periodística

[Ciudad y Fecha]



[Nombre]

[Cargo]

[Entidad]

[Ciudad]



Respetado señor/a:


Dando alcance a su respuesta a mi solicitud de acceso a la información pública enviada el [citar fecha del escrito o de radicación], en la que usted solicita que explique los motivos por los cuales solicito la información, muy amablemente me permito recordarle lo siguiente.



El derecho a acceder a información pública es un derecho fundamental, de titularidad universal, es decir, está en cabeza de todos los ciudadanos y, por ese motivo, no es necesario demostrar ninguna calidad o interés especial ante las autoridades. Así lo aclara la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y de acceso a la información pública) cuando habla del "principio de no discriminación" (artículo 3). De acuerdo con este principio, "los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud".


No obstante lo anterior, me permito informarle que la información solicitada se requiere para una investigación periodística. Aclarado la anterior, no sobra señalar que, de acuerdo con el artículo 20 de la ley que regula el derecho de petición, estas solicitudes son prioritarias:


Artículo  20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.

Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente.



En consecuencia, solicito nuevamente acceso a la siguiente información:


[Relacionar nuevamente la información solicitada]


Vale la pena señalar que no dar respuesta a mi solicitud, argumentando que se deben explicar las razones por las cuales se requiere acceso a la información, es una violación de mi derecho fundamental de acceder a la información pública. De insistir en su negativa, en este caso es procedente una acción de tutela. También es importante recordar que el funcionario público debe, en virtud del cumplimiento de la ley, darle el trámite correspondiente al derecho de insistencia. De acuerdo con el artículo 79 de la ley 190 de 1995 “será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”.



Agradezco de antemano su colaboración.


Atentamente,


[Firma del peticionario]

[Nombre del peticionario]

[Cédula del peticionario]


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En el marco del Día Mundial para la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presenta la guía “Periodistas: ¿Cómo usar la Nueva Ley de Acceso a la Información?”.

En esta publicación encontrarás información sobre la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

En esta guía se define quién debe entregar la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), qué tipo de información se puede buscar y cómo, qué información se puede negar, los pasos para usar la ley y qué hacer en caso de que la información sea negada o de que se incumpla la ley.

La guía se encuentra en el documento adjunto.

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