Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Desde hace cuatro meses, la FLIP ha realizado seguimiento a denuncias realizadas por ocho periodistas frente a la dificultad que tienen para acceder a información a través de la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha usado diferentes estrategias para obstaculizar el acceso a la información, entre estas están:

  • La Fiscalía se ha negado a responder solicitudes de información que han sido radicadas de manera formal a través de derechos de petición sobre temas como: las desapariciones de civiles durante las manifestaciones del 2021, las detenciones de paso en celdas de la Fiscalía y las irregularidades en un informe presentado por la Fiscalía sobre operativos contra el narcotráfico en Norte de Santander.

  • La directora de comunicaciones de la Fiscalía, Paola Andrea Tovar Niño, bloqueó en WhatsApp a periodistas de dos medios, con lo que les excluye e impide hacer su trabajo periodístico. 

  • La Fiscalía ha mostrado sesgos y preferencias a la hora de entregar información. Tovar le dijo a un periodista que no le daba la información a su medio y a otro sí porque “no les gustaba trabajar con ellos”. 

 

Frente a esta situación, la FLIP se comunicó con Tovar y su respuesta fue que el problema era que las y los periodistas no daban un trámite formal a sus preguntas mediante derechos de petición. La Corte Constitucional ha reconocido que si una entidad del Estado decide utilizar una red social y esta admite una comunicación bidireccional, está en la obligación de tramitar los derechos de petición que por esa vía se formulen. Del mismo modo, los grupos de WhatsApp no deben ser vistos como espacios unidireccionales, en los que las instituciones envían comunicados y esperan que los medios los repliquen sin cuestionar la información que reciben.

Por esto, el 24 de mayo enviamos un derecho de petición a la Fiscalía para indagar si se estaba cumpliendo con la obligación de establecer un trámite preferencial para las solicitudes de información. Ayer, 8 de junio, se cumplió el plazo para que la entidad diera una respuesta; sin embargo, esto no ha ocurrido. 

En palabras de la Corte Constitucional, este trámite preferencial parte de que “el ejercicio del periodismo, es decir, la tarea de dar visibilidad y comprobar hechos de interés social, sea mucho más productiva cuando hay una facilidad para acceder a la información de interés que permite ampliar la búsqueda, desarrollar el tema y contrastar las fuentes para el trabajo investigativo que, al final, se pone al servicio de la sociedad.” El acceso a la información es fundamental en una democracia, pues gracias a este derecho las personas pueden tomar decisiones informadas. 

Hacemos un llamado a la Fiscalía para que haga una revisión interna de sus prácticas en la oficina de prensa, para que se garantice la entrega de información, se aclaren los canales mediante los cuáles se puede solicitar derechos de petición y se promueva una transparencia activa. Además la oficina de comunicaciones debe tener un protocolo interno claro para darle un trámite preferencial a las solicitudes, de manera que se entregue la información sin aplazamientos ni restricciones injustificadas. Además, no se debería restringir el acceso a la información a las y los periodistas debido a las afinidades personales de la persona a cargo de las comunicaciones.

También le pedimos a la Procuraduría que haga veeduría sobre el cumplimiento de Fiscalía con la ley 1712 del 2014 de acceso a la información, para que preste asesoría para que los procesos de la Fiscalía mejoren y haya un mejor flujo de información entre la entidad y la prensa. 

 

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La FLIP expresa su preocupación por las reiteradas limitaciones en el acceso de la prensa a audiencias y a fuentes por parte de jueces y autoridades. Con estas restricciones se impide que se cubra la fuente judicial, bajo el argumento de proteger la administración de justicia; y con ello, se limita el acceso a la información y el debate público sobre el desarrollo de procesos judiciales de alto interés público.

El 16 de mayo, ningún medio de comunicación pudo acceder a la audiencia de imputación de cargos contra Andrés Escobar, quien habría disparado contra civiles en Cali durante el Paro Nacional. Posteriormente, se conoció que el juez impidió la entrada de los y las periodistas por supuestos motivos de seguridad del acusado. Aunque no se conocen detalles de cómo el juez justificó esta medida, en cualquier caso debió explicar el porqué de la exclusión antes de limitar la entrada del público. 

Ese mismo día, se expulsó al periodista Lucio Torres de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento de la presidenta del Concejo de Cartagena, Gloria Estrada, quien fue capturada en enero luego de que se le encontrara en su carro un kilogramo de cocaína. Torres estaba transmitiendo en vivo la audiencia, que era pública y, luego de ser expulsado, no pudo volver a ingresar. En este caso, el juez estableció sin ningún sustento que no se iba a permitir la retransmisión. 

El 11 de mayo, la Fiscalía impidió el acceso a la periodista de Noticias Uno Juliana Ramírez a una audiencia virtual de licitación pública de un contrato de esta entidad. Ramírez contactó a la directora de comunicaciones de la Fiscalía para que le diera explicaciones; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta. En el caso de la Fiscalía este tipo de limitaciones parecen reiterativas. Hace unas semanas esta entidad negó a dos medios de comunicación la posibilidad de entrevistar a alias Otoniel. Después de que los periodistas interpusieran una tutela, un juez de Bogotá afirmó que los argumentos de la Fiscalía para impedir la entrevista no fueron suficientes, ya que limitaban la libertad de prensa y expresión, y también comprometían el derecho de las víctimas de conocer la verdad de los hechos en los que participó el detenido. 

En los casos documentados, las autoridades no han justificado por qué negaron el ingreso de periodistas, aún sabiendo que esas decisiones son lesivas para la libertad de prensa. El acceso a audiencias y fuentes solo puede ser limitado de manera excepcional: las restricciones deben ser proporcionales, perseguir un fin legítimo y estar justificadas. Así lo ha dicho la Corte Constitucional, al afirmar que los procesos judiciales deben ser lo más transparentes posibles para que la ciudadanía conozca de primera mano la información y se pueda generar un debate público.

Limitar el cubrimiento de la fuente judicial puede configurar un tipo de censura previa, pues los y las periodistas no podrán publicar información a la cual no tienen acceso. Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los jueces y autoridades para que le garanticen a la prensa el acceso a información sobre la actividad judicial. Conforme a los estándares regionales, siempre debe primar la transparencia y publicidad activa y, en caso de una restricción, debe justificarse y optar por las medidas menos lesivas para la libertad de expresión.

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Colombia, 8 de abril del 2022.

Senadores y senadoras de Colombia,

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, incluidas todas aquellas que integran el Comité de Estado Abierto, solicitamos al Senado de la República rechazar las objeciones del Presidente Iván Duque al proyecto de ley que pretende restablecer los plazos para dar respuesta a los derechos de petición, respetando el mandato de las leyes 1437 de 2011 y 1577 de 2015 que reglamentan el derecho de petición en Colombia.  

El derecho de petición es un derecho fundamental para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a información relevante y pertinente, y construir mejores relaciones con las instituciones y los gobiernos. En este sentido, la Ley 1437 de 2011 dispone que toda petición debe resolverse en el término de los 15 días siguientes a su recepción. Sin embargo, el artículo 5 del Decreto 491 de 2020 amplió los términos de respuesta a los derechos de petición y solicitudes de información “dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción” a todas las peticiones radicadas o que se encuentren en curso “durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria” del Covid-19. Este cambio se estableció como una medida de urgencia para la garantía de la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. La Corte Constitucional avaló esta medida como constitucional con la sentencia C-242 de 2020 y señaló que era proporcional “a fin de permitir el ejercicio racional del derecho fundamental de petición”, ya que su carácter era temporal. 

Dos años después del inicio de la pandemia, el estado de emergencia sanitaria se mantiene vigente, aún cuando el control epidemiológico le permitió al Estado colombiano restablecer el ritmo de sus actividades políticas y económicas, y así superar las condiciones que justificaron inicialmente la medida. Pese a ello, en diciembre de 2021, el Gobierno Nacional objetó el proyecto legislativo que buscaba restablecer los tiempos de respuesta a los derechos de petición a los tiempos de ley. Esta decisión limita el derecho fundamental al acceso a la información pública, y pone en entredicho la voluntad política del Gobierno Nacional hacia la consolidación de un modelo de Estado Abierto. 

La objeción del proyecto se dio por razones de inconveniencia ante la continuidad de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Sin embargo, como indicó la Cámara de Representantes en su informe de rechazo a dichas objeciones presidenciales, "la emergencia sanitaria que dio origen a la ampliación de los términos y a la habilitación de suspender actuaciones no se ha agravado, y si bien es cierto que aún persiste la presencia del coronavirus COVID-19 en las dinámicas sociales del país, dicha continuación no puede representar la perpetuidad de medidas que tenían sentido al inicio de un aislamiento preventivo obligatorio, pero no así en un escenario de retorno a las labores presenciales de todos los colaboradores del Estado".

Así mismo, el Gobierno, en el Documento Conpes 4070 del 2021, “Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto”, se define este modelo como “una forma de relacionamiento entre todos los actores de la institucionalidad pública y la sociedad que equilibra expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas, fortalece el modelo de democracia participativa y lucha contra la corrupción, mediante el principio del diálogo, integrando los elementos de transparencia y acceso a la información pública, integridad, legalidad, participación ciudadana e innovación”. 

La permanencia de la extensión de los términos de respuesta a las peticiones representa una seria amenaza a la construcción de confianza entre la institucionalidad pública y la sociedad, eje central del citado documento. Las prácticas de Estado Abierto se centran en la transparencia y el acceso a la información como canalizador de las relaciones entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Mantener los plazos del Decreto 491 de 2020 desincentiva a toda la sociedad colombiana a realizar peticiones al Estado, el quehacer de ejercicios de monitoreo y el control a los recursos públicos. Obstaculiza los ejercicios periodísticos de investigación, y disminuye la capacidad y oportunidad de las organizaciones y ejercicios ciudadanos de aportar desde su participación de forma efectiva al desarrollo del país. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes del presente comunicado solicitamos al Senado de la República de Colombia que rechace las objeciones presidenciales al proyecto de Ley, que ya fue aprobado por la misma corporación durante el año 2021, y proceda a seguir adelante con el trámite constitucional correspondiente para garantizar a todas las personas en Colombia el ejercicio efectivo del derecho fundamental de petición, ligado al derecho de acceso a la información pública. Confiamos en que el Senado de la República hará prevalecer la garantía a los derechos fundamentales de los ciudadanos ante las objeciones presentadas por el Presidente de la República, con base en argumentos que ya no corresponden a la realidad nacional.

 

Organizaciones firmantes:

Datasketch

Fundación Corona

Instituto anticorrupción

Corlide

Biblioteca y Ruralidad

Artemisas

Extituto

Fundación Karisma

Caribe afirmativo

Cuestión pública

El Avispero

Feelin

Fundación para la libertad de prensa - FLIP

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A puertas de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, en la FLIP hemos publicado diferentes insumos que guían a la ciudadanía, periodistas y funcionarios públicos sobre cómo garantizar la libertad de prensa antes y durante los comicios. 

1. Acceso a la información:

La ley 1712 del 2014 establece que todas las entidades públicas y funcionarios tienen el deber de entregar la información pública que les sea solicitada. Por ello, esta no puede ser supeditada o condicionada. A su vez, ningún funcionario o funcionaria debe ser castigado/a por ser fuente de algún medio de comunicación. La obligación de dar información recae sobre todas y todos los servidores, no únicamente frente a quienes ostentan altos cargos. A pesar de esta ley, sabemos que hay entidades que no priorizan el acceso a la información. Por ejemplo, sabemos que en la Registraduría cualquier solicitud de información que reciba un funcionario es direccionada a la Oficina de Prensa.

También, aunque la información esté publicada y sea de libre acceso para la ciudadanía, las y los funcionarios deben permitir que se les interrogue frente asuntos de interés público y, especialmente, sobre aquellos que conocen en ejercicio de sus cargos. Para ello es clave que se dé acceso, sin discriminación de ningún tipo, a los canales mediante los cuales se entrega información pública, como grupos de Whatsapp o ruedas de prensa. 

Así mismo, en casos de solicitud de información sobre un departamento o municipio específico, la respuesta debería darse desde la vocería regional. No es práctico que solo habiliten las vocerías nacionales, pues estas pueden tardar más tiempo en responder y pueden no tener la información sobre asuntos regionales. La FLIP conoció que, por ejemplo, la Policía Nacional tiene el lineamiento de dar mensajes unificados nacionalmente. Esto demora la información y pone obstáculos a periodistas regionales.

Es clave recordar que garantizar el acceso a la información a la prensa en tiempos electorales también es una forma de combatir la desinformación.

2. Estigmatizaciones a periodistas

 

En épocas electorales, es común que los políticos y candidatos a cargos de elección popular utilicen la estigmatización para desacreditar y violentar a periodistas que informan sobre sus campañas. Una estigmatización es cualquier señalamiento donde de forma injusta se vincula a la prensa con intereses políticos, actos ilegales u organizaciones delictivas. Esta es una actitud de todas las tendencias ideológicas, suele hacerse en contra de periodistas críticos que investigan sobre política, y pone en riesgo a los y las periodistas de todo el país.

Un ejemplo reciente es el del senador Gustavo Bolívar, quien el 9 de febrero dijo en su cuenta de Twitter que la periodista Darcy Quinn es una sicaria moral, desacreditó su trabajo diciendo que es esposa de un criminal y que ella solo busca construir el relato de que él es tóxico para la campaña. 

En muchas ocasiones, quienes emiten estas estigmatizaciones lo hacen para deslegitimar a la prensa cuando hacen publicaciones críticas en su contra. Tanto candidatos como funcionarios públicos están bajo el escrutinio público, lo que significa que deben ser respetuosos y mantener una narrativa favorable con esta. Esto no significa que no se pueda refutar o responder a cuestionamientos de periodistas, simplemente estos deben ser hechos de manera respetuosa y responsable. 


Otro ejemplo de esto es el tweet de María Fernanda Cabal en el que afirmaba que cinco emisoras de paz estaban siendo controladas por exmiembros de las FARC. La candidata y senadora tiene la suficiente influencia y poder para hacer creer que sus afirmaciones son ciertas; aunque en realidad está desinformando, pues ningún excombatiente reincorporado lidera las emisoras de paz. Con esa publicación Cabal pretendía minar la credibilidad de la ciudadanía en esos medios. Pero además, puso la integridad de los y las periodistas en riesgo, pues las emisoras de paz emiten desde territorios en los que aún hay presencia de actores armados.

Las constantes estigmatizaciones en épocas electorales contribuyen a que las y los periodistas se vean obligados a autocensurarse, para no ser tildados de criminales o miembros de grupos ilegales.

3. Los derechos de los periodistas durante el cubrimiento de elecciones

 

Primero, ¿es obligatorio un carné de prensa? 

No, según la Constitución colombiana, los o las periodistas no están obligados a portar una tarjeta profesional. Por eso, ninguna autoridad puede exigir acreditaciones de medios de comunicación, títulos profesionales o credenciales de entidades oficiales. Sin embargo, debe portar una identificación personal, como la cédula, y recomendamos que también tenga evidencias para demostrar su trabajo periodístico, como noticias publicadas.

Segundo, ¿puedo ingresar a los puntos de votación en calidad de periodista? 

Sí, las y los reporteros tienen derecho a estar en los puestos de votación, y a su vez, pueden utilizar teléfonos celulares y cámaras para registrar lo que sucede. Esto sin perjuicio de interferir con el derecho al voto secreto de la ciudadanía.

Tercero, ¿funcionarios pueden revisar el material grabado y eliminarlo?

No, las autoridades, veedores, jurados y candidatos no pueden decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier material periodístico. Hacerlo puede acarrear consecuencias penales y disciplinarias. Ninguno de estos actores está autorizado para cuestionar la labor de los periodistas, por ejemplo, indagar qué tipo de nota será divulgada con la información recolectada, dónde se va a publicar o por qué. 

Recuerde que si intentan obstruir su trabajo periodístico, procure grabar estos hechos o registrar el nombre o número de identificación del o la funcionaria que está cometiendo la agresión. Esto es útil a la hora de exigir investigaciones en casos de violaciones a la libertad de prensa. 

Es gracias al trabajo del periodismo que podemos hacer veeduría sobre las campañas y, también podemos recibir información de alta calidad para emitir votos informados.

 

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Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsable.

En los últimos 18 meses, el país ha sufrido graves retrocesos en materia de transparencia, en buena medida por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional y funcionarios públicos que han obstaculizado el acceso a la información, especialmente por parte de los periodistas. 

La ‘cultura del secreto’, preponderante en las entidades estatales colombianas, encontró terreno fértil en el mundo hiperdigitalizado. La virtualidad marcó profundamente las prácticas periodísticas durante la pandemia y ha puesto sobre la mesa nuevos desafíos en materia de acceso a la información que deben ser atendidos de manera urgente para combatir la opacidad. A continuación identificamos las 5 medidas y prácticas que limitan la transparencia y el ejercicio de veeduría ciudadana.

  1. La ampliación de términos para responder derechos de petición - Decreto 491 de 2020

Ha pasado año y medio desde que el Gobierno duplicó los plazos de respuestas para que los funcionarios públicos entreguen información, pasando de diez días hábiles a veinte. Hoy en día las circunstancias que justificaron esta medida han desaparecido, sin embargo el Gobierno ha luchado por mantener su decreto y no ha tenido la iniciativa de restablecer la garantía de este derecho a plazos razonables. Desde hace varias semanas y por iniciativa de un grupo de legisladores, se presentó una propuesta que revierte esta ampliación, el Proyecto de Ley 448 de 2020. Sin embargo, el Senado todavía no ha citado al último debate, y algunos congresistas advierten falta de voluntad para hacerlo.  

  1. Bajo reserva: excusa injustificada

Durante el último año, la FLIP ha documentado el uso abusivo por parte de las entidades de la “reserva legal” para  no entregar la información sin justificación y de manera genérica.

Es común que las entidades respondan que la información está sometida a reserva, ya sea por políticas de tratamiento de datos o por asuntos de seguridad nacional. Estas respuestas suelen ser insuficientes, pues las entidades no realizan un test para verificar si esa reserva tiene un fundamento legal, si busca proteger intereses consignados en la ley de acceso a la información pública y si la entrega de esa información genera un daño. Esto sucedió de manera recurrente con la información relacionada con los contratos entre el Gobierno nacional y las empresas farmacéuticas; así como con los hechos que guardaban relación con la información del paro nacional. 

  1. Judicialización del acceso a la información 

Para poder obtener una respuesta frente a las solicitudes de acceso a la información, los peticionarios deben acudir a interponer recursos de reposición, de insistencia y acciones de tutela. Esto, ya sea porque se alegan reservas, porque las entidades no responden tras el vencimiento de los plazos legales o porque las respuestas son insuficientes Esta práctica entorpece claramente el ejercicio del periodismo, y en ocasiones es una estrategia que busca dilatar las investigaciones.  

  1. Revertir la carga sobre el periodista 

Una respuesta común de las entidades es que la información ya está publicada en boletines oficiales o en la página web de las entidades públicas. En estos casos se presenta un choque entre la transparencia activa y el derecho de petición, pues el hecho de que la información esté disponible en boletines no da vía libre para que las entidades se nieguen a responder solicitudes de información bajo este argumento.

  1. Sin competencia para responder

Es una práctica reiterativa que los derechos de petición sean remitidos a otras entidades y de esta manera se reinicia el conteo de los términos para responder. Los peticionarios suelen tener que tocar varias puertas para dar con las entidades competentes y obtener respuestas. 

Cuando se pide información a entidades locales, éstas suelen responder que no están autorizadas para entregar la información y remiten la solicitud a entidades del orden nacional. Esto dificulta la investigación sobre asuntos locales y hace que sea casi imposible contrastar información, pues todo se centraliza y sólo unas pocas entidades están autorizadas para entregar “datos oficiales”.

Los obstáculos descritos impiden acceder a la información de manera oportuna. Tanta opacidad en la información pública impide ejercer un periodismo independiente y de calidad, lo cual obstruye el acceso a la información indispensable para el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.   

En un estado democrático es esencial que se promueva de manera activa la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades del Estado. Por ello, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que reafirme su compromiso como garante del acceso al acceso a la información y, en ese sentido:

  • Promueva el principio de máxima divulgación, según el cual se debe diseñar un sistema jurídico en el cual la regla general es la transparencia y el acceso a la información, y lo excepcional son las restricciones.

  • Impulse la investigación disciplinaria de oficio de faltas disciplinarias o mala conducta derivada del derecho de acceso a la información.

  • Realice de manera programática actividades de capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información, para corregir las deficiencias sistemáticas que evidencia la falta de conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).
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En los últimos días la FLIP ha conocido que distintas entidades estatales y locales han impedido el libre cubrimiento del Plan Nacional de Vacunación. Esto se ha traducido en prohibiciones de circulación de la prensa en diferentes centros de salud del país y en dificultades para acceder a fuentes de primera mano.

Desde la FLIP recordamos  a las autoridades nacionales y locales la obligación que les asiste de garantizar el acceso a la información de los y las periodistas. Entendemos que existan ciertas restricciones debido a la necesidad del distanciamiento, sin embargo estas no deben ser arbitrarias ni excesivas. Si no es posible que los periodistas ingresen a los centros de salud, se deben explicar los motivos y su justificación.

A continuación enlistamos una serie de recomendaciones para funcionarios públicos. 

  1. Es necesario que la prensa cubra el plan de vacunación en los centros de salud de todo el país. Por esta razón, se deben garantizar espacios ventilados y con condiciones básicas de bioseguridad para que los y las periodistas hagan el cubrimiento adecuado.

  2. Se deben promover condiciones para que los y las periodistas consulten fuentes de primera mano. Deben tener la posibilidad de entrevistar a las personas vacunadas, a los y las médicos, a gerentes de las entidades de salud y a funcionarios presentes. Esto alimenta la pluralidad de fuentes.

  3. Los funcionarios y entidades no pueden limitarse a brindar información a los periodistas sin abrir espacios para preguntas. Se deben promover espacios al aire libre en los que se garantice el registro y control por parte de los y las periodistas.

  4. Los periodistas no tienen que contar con alguna acreditación para que se les permita el ingreso a estos cubrimientos. Exigir demostrar una vinculación a un medio afecta desproporcionadamente a los periodistas independientes y termina por obstruir su labor.

  5. La información no puede limitarse al registro fotográfico y audiovisual que entreguen las entidades. Esto configura censura indirecta. Los y las periodistas necesitan contrastar distintas fuentes para que con ello puedan ejercer un control a la gestión de las entidades.

La FLIP invita a las autoridades y a los trabajadores de los centros de salud a ser receptivos con la prensa y a permitir que ejerzan su trabajo sin limitaciones. Obstruir la labor periodística bajo argumentos de la protección de la salud pública y la intimidad restringe el derecho de los ciudadanos de acceder a información pública. Es necesario que se promueva un clima óptimo para el ejercicio del periodismo y se garantice la pluralidad de voces y fuentes en el cubrimiento. 

La FLIP continúa documentando estas situaciones, por esta razón invitamos a los y las periodistas a que nos cuenten de estos casos. Pueden escribirnos o llamarnos al 320 2311308 o pueden diligenciar este formulario.

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El pasado 30 de agosto la Revista Semana publicó en la sección Semana Noticias de su canal digital el expediente de Álvaro Uribe, incluyendo las interceptaciones legales de algunos miembros de la familia del testigo Juan Guillermo Monsalve. Después de esta publicación, Marta Elena Monsalve, hermana del testigo, interpuso una acción de tutela en contra de la Revista Semana y los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano. 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 28 de septiembre de 2020, notificada el 6 de octubre, consideró que la publicación de las grabaciones de conversaciones familiares, que fueron ordenadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y son prueba dentro de dicho proceso judicial de interés público, afectó los derechos a la intimidad personal y familiar de Marta Elena Monsalve. Por esto, en el fallo de tutela, el juez ordenó a la Revista Semana y a los periodistas retirar de todas las plataformas el programa titulado “¡Exclusivo! Las Conversaciones del Testigo Monsalve con su familia”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) rechazamos la censura que se desprende de la decisión tomada por el Juzgado Segundo Penal con función de conocimiento de Bogotá, y manifestamos lo siguiente: 

  • Es crucial recalcar que se trata de la publicación de información sobre un proceso de alto interés público y trascendencia nacional y esto es preponderante partiendo del deber de ponderación entre la investigación de delitos y la garantía de la libertad de prensa. Las grabaciones contienen información sobre uno de los testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien aparece en el proceso contra el exmandatario por presunto soborno de testigos y fraude procesal.

  • El juez ordenó la eliminación de la publicación argumentando que aunque los periodistas tienen derecho a informar, no podrían usar pruebas que tienen el carácter de reservado, ya que "no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal". Frente a esto, consideramos que la información que reposa en las investigaciones y procesos judiciales no tiene un uso exclusivo dentro del proceso, pues también es un elemento de juicio de la sociedad y la prensa que se puede debatir dentro de la esfera pública. Es a partir de esta información que se genera un debate público sano para la democracia.

  • Respaldamos lo señalado por la defensa de la Revista Semana que advirtió que equiparar la divulgación de información reservada por parte de un servidor del Estado con la publicación de una información de interés general por parte de un medio es un precedente peligroso para la libertad de prensa. Esto crea obstáculos para el cumplimiento de la función de los medios de comunicación y desdibuja su naturaleza, además, limitaría el acceso a la opinión pública a información de interés nacional.

  • En el fallo, el juez argumentó que los periodistas manifestaron su opinión sobre lo que escuchaban “supliendo la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas”. Rechazamos la censura por parte del juez quien restringe el ejercicio periodístico al reprochar a los comunicadores expresar sus opiniones frente a las pruebas del proceso. La actividad judicial en cabeza de los jueces no excluye el debate público que se pueda generar con respecto del proceso judicial e inclusive sobre la actividad judicial.

  • La decisión de eliminar el contenido es desproporcionada y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión. De acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, si se presenta “un abuso” de la libertad de expresión que causa un perjuicio a derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión para reparar el perjuicio. En ese sentido, la medida de protección adoptada en el fallo de tutela debía orientarse únicamente a la edición de los fragmentos que vulneran la intimidad de la accionante, en lugar de censurar por completo el reportaje. Es decir, no se debió ordenar la eliminación de los apartes en los que la accionante no hace parte de las conversaciones.

  • La decisión de ordenar investigar cómo el medio tuvo acceso a las grabaciones y, con ello, determinar responsabilidades penales es preocupante porque desconoce que en el sistema constitucional colombiano NO hay fuentes prohibidas y parece criminalizar algunas. La compulsa de copias puede significar un mecanismo para desconocer la reserva de la fuente protegida constitucionalmente. Al respecto, hacemos un llamado a las autoridades judiciales a valorar y respetar la importancia de que los periodistas cuenten con esta garantía sin la cual estaría en riesgo su derecho a la información.

  • La divulgación sin edición de las interceptaciones telefónicas de la familia Monsalve está cobijada por la protección a la libertad de prensa y la garantía constitucional de independencia que abarca la línea editorial.

Acompañamos la decisión del medio de comunicación de acatar la orden y retirar el programa. Sin embargo, en conjunto, haremos el seguimiento al desarrollo de este proceso de tutela por considerar que la decisión adoptada pone en peligro a la libertad de prensa. 

Las interceptaciones se refieren a uno de los casos judiciales de mayor trascendencia en la historia del país, por esta razón la libertad de prensa debe prevalecer por materializar el interés general de conocer la verdad y hacerlo accesible a la sociedad y, con ello, fomentar el debate público y la veeduría frente a las autoridades públicas. 

Censurar a la prensa y el acceso a la información por parte de la ciudadanía constituye un grave precedente en materia de libertad de expresión.  

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A propósito del Día Mundial de los whistleblowers (denunciantes), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo al que están expuestos los periodistas y las fuentes que han publicado reportajes periodísticos de altísimo interés público en las últimas semanas.

Por ello, queremos llamar la atención de la Fiscalía General de la Nación sobre dos casos. Primero, el de los denunciantes y periodistas que sacaron a la luz pública la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos durante la segunda vuelta presidencial de 2018; y segundo, el caso de quienes aportaron información a Revista Semana y que ahora son investigados disciplinariamente por parte de la Procuraduría General de la Nación. Estas fuentes revelaron la existencia de acciones sistemáticas para perfilar a decenas de personas (entre las cuales hay más de 54 periodistas) a partir de los lugares que frecuentaban, con quiénes se citaban y los contenidos publicados.

Los riesgos a los que están expuestos periodistas y fuentes que revelan información sensible de interés público exige que las entidades del Estado, responsables de su protección, implementen las medidas necesarias para garantizar que los reporteros continúen desarrollando su labor. El Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad e integridad.

En este escenario, es necesario que las fuentes puedan seguir aportando información relevante que contribuya a la investigación sobre estos hechos. Aquí, la Fiscalía General de la Nación desempeña un rol central al garantizar que se investiguen las amenazas que han recibido los denunciantes. Por lo anterior, la Fundación le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que: i) adopte medidas concretas que permitan garantizar la seguridad de quienes están aportando información de interés general y ii) tome acciones para garantizar la seguridad de las fuentes que estén expuestas a una situación de riesgo inminente derivado de estas publicaciones periodísticas. 

Además, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los reporteros que han denunciados situaciones de riesgo derivadas de estas investigaciones periodísticas.

El Día Mundial de los Whistleblowers y por qué defenderlos

Este 23 de junio se conmemora el Día Mundial de los Whistleblowers, que reconoce el importante papel de los denunciantes (whistleblowers) en la lucha contra la corrupción y el mantenimiento de la seguridad nacional. El derecho de los ciudadanos a denunciar es una faceta legítima del derecho a la libertad de expresión que requiere medidas concretas de las autoridades nacionales para su garantía efectiva.

Las denuncias de whistleblowers parten de la buena fe y de la convicción de que se está frente a irregularidades como: la violación de políticas, normas, regulaciones, leyes; amenazas al interés público o la seguridad nacional; así como ante fraude, corrupción o actos poco éticos o incorrectos dentro de una organización. 

Exponer a la luz pública este tipo de información busca mantener vivo el derecho de la sociedad a estar informada con el fin de hacer control político y social, y promover la rendición de cuentas y la gobernanza democrática. Estas denuncias generalmente ocurren cuando los mecanismos institucionales son insuficientes, no proporcionan los canales seguros para hacer efectiva la denuncia o son ineficaces.

Los denunciantes suelen asumir un alto riesgo: pueden ser despedidos, sancionados disciplinaria y penalmente, apartados de su sector profesional como mecanismo de sanción social, arrestados, amenazados o, en casos extremos, hostigados o asesinados. 

Proteger a los denunciantes y a quienes difunden sus denuncias fomenta una cultura de transparencia, forja un mejor debate democrático y es una condición necesaria para quienes confrontan las barreras institucionales y las estructuras rígidas. En algunos casos estas estructuras facilitan la posibilidad de obstruir el acceso y la difusión de información que la sociedad legítimamente está interesada en conocer. Por ello, en contextos de cooptación o uso irregular de los poderes del Estado y la falta de mecanismos jurídicos que garanticen la seguridad del denunciante, es indispensable que se garantice tanto la confidencialidad de los denunciantes como la posibilidad de formular denuncias anónimas. 

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La información oportuna, veraz, actualizada y descentralizada es un bien público esencial para tramitar la pandemia con credenciales democráticas para atender la crisis y garantizar los derechos fundamentales durante el aislamiento. Cuando la ciudadanía cuenta con información de calidad adopta las medidas para su cuidado y atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Reconociendo la vital importancia del periodismo en esta coyuntura la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- comparte un balance preliminar sobre las variables que afectan a una prensa libre en Colombia durante la pandemia.

1. Los periodistas y trabajadores de la prensa enfrentan riesgos biológicos.

El Gobierno Nacional en representación del Estado en su conjunto debe garantizar el ejercicio de la libertad de prensa libre e independiente para que esta difunda información que contribuya al debate público sobre temas de interés general. No es suficiente declarar el servicio de telecomunicaciones como un servicio esencial si no se acompaña de medidas concretas para:

a. Proteger del riesgo biológico a los periodistas. Al menos 16 reportaron haber tenido acercamientos con personas contagiadas o posiblemente contagiadas durante el ejercicio de su oficio. Cuatro periodistas mantuvieron aislamiento voluntario y 11 se tomaron la prueba para el diagnóstico de Covid-19 pero se evidenciaron retrasos de hasta 17 días en la entrega de los resultados. Uno de estos casos fue el de Paco Lasso, quien falleció en 7 el mayo de 2020 tras contraer el nuevo coronavirus. La FLIP también ha tenido conocimiento extraoficial de casos positivos de Covid-19 en trabajadores de un medio de comunicación,  un caso donde respetamos la discreción del medio en el manejo y en el que valoramos especialmente la diligencia de cuidado que se ha adelantado con respecto a ese trabajador y todas las personas en su entorno. 

b. Corregir las dificultades de movilidad para la reportería. Según el Decreto 749 de 2020, los periodistas están exceptuados de las restricciones de movilidad. Sin embargo, algunas autoridades también requieren la acreditación de esta calidad mediante títulos, certificados laborales y/o carnets. Esto es contrario al artículo 20 de la Constitución Política que establece que el derecho a informar está en cabeza de todas las personas del territorio colombiano. Además, en algunos casos, para ser cobijado por esta excepción, resulta indispensable registrarse en plataformas que exigen acceder a datos personales y a la georeferenciación en tiempo real. Esto puede representar un riesgo para los comunicadores y sus fuentes.

c. Aclarar las condiciones del uso de los medios de comunicación para difundir información oficial1. Algunas medidas reconocen y valoran el derecho a informar y ser informados para exigir que los medios de comunicación difundan la información oficial. Sin embargo, la falta de claridad sobre los parámetros aplicables puede prestarse para arbitrariedades. La Resolución 844 de 2020 establece la obligación a los medios de comunicación masiva de difundir gratuitamente información sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población adoptadas, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud. La amplitud de estos términos y restringir a los medios como simples amplificadores de información oficial abre la puerta para la imposición estatal de contenidos, uno de los mecanismos de propaganda y censura previa prohibidos por la Constitución.  

d. Disponer recursos para asegurar la sostenibilidad del sector. Hasta el 31 de mayo, se han conocido al menos 48 casos de periodistas y medios de comunicación que se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria, 32 son de medios y reporteros que están viendo afectadas sus finanzas. Esta situación es más grave en las regiones que se ven amenazas de quedarse sin medios e información local. Las distintas interpretaciones de la Directiva 16 de la Procuraduría General de la Nación implicó una reducción de la pauta publicitaria agravando la situación, los alivios del gobierno se han concentrado en televisión abierta y medios comunitarios dejando en desprotección específica a un amplio rango de medios de comunicación

2. Ambiente hostil contra la libertad de prensa.

La FLIP ha advertido conductas recurrentes entre las autoridades locales que afectan el flujo de la información. La descalificación de manera pública del trabajo periodístico y estigmatización a algunos reporteros y medios tiene, sin duda, un efecto inhibidor. Estas conductas hostiles contra la prensa buscan silenciar las voces que critican la gestión de la emergencia. Esto limita la veeduría y participación ciudadana. Es preocupante la situación en Medellín, Sucre, Cesar y Nariño donde las autoridades gubernamentales no han ahorrado calificativos denigrantes contra la prensa.

Al respecto, vale la pena recordar que las autoridades y funcionarios públicos deben garantizar el derecho a la libertad de prensa y facilitar el debate de interés público aun cuando ello implique tolerar la crítica sobre su gestión. Dicho debate no debe estar sujeto a calificaciones por parte de las entidades oficiales ni a obstrucciones o censura, que está expresamente prohibida en la Constitución Política y es una herramienta dañina que limita el pluralismo y por ende el funcionamiento mismo de la democracia en un Estado.

3. Dificultades para acceder a la información.

El acceso a la información pública no se está garantizando de manera plena, al menos por las siguientes razones:

  • El tiempo de respuesta a derechos de petición se amplió como consecuencia de la emergencia, mediante el Decreto 491 de 2020. 

  • Motivos de orden público se ha convertido en un argumento recurrente para negar la entregar la información sobre el nivel de contagio.

  • La directriz de que las únicas fuentes autorizadas para dar esta información son el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud limita el acceso a la información local.

  • La falta de reglas claras para el uso de ámbitos digitales (Whatsapp, Facebook, Twitter) como canal oficial y de los funcionarios ha facilitado arbitrariedades, tales como no responder a los cuestionamientos incómodos, excluir con base en criterios discriminatorios (línea editorial, tamaño del medio, tipo de medio, tamaño de audiencia) y bloquear los comentarios críticos.

Esto no permite un flujo ágil de la información y tampoco responde a las necesidades informativas territoriales. Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que establezca guías de uso de plataformas y redes sociales que garanticen el acceso a la información y también que ejerza de manera activa el poder disciplinario preferente sobre las faltas por impedir y obstaculizar el acceso a la información. 

Por último, la FLIP declara un riesgo de captura estatal del debate público en el que la expectativa de simple amplificación de la voz oficial por parte los gobiernos nacional y locales, sumada a una reducción operacional de los medios debido a la crisis financiera que atraviesan, deriva en un ambiente muy limitado de escrutinio social a las políticas públicas en curso. La FLIP anima a las audiencias a que contribuyan económicamente a los medios de comunicación e invita a las autoridades nacionales y locales a evaluar el derecho a una sociedad informada como un bien de interés público en la pandemia facilitando medidas que efectivamente atiendan el riesgo de extinción de medios y la captura del debate público. 

 

1 El Decreto 460 de 2020 se ordenó a las radios comunitarias estar dispuestas y responder a las necesidades informativas en medio de la emergencia frente a ciertos temas específicos. De manera más reciente, el apoyo de los medios de comunicación fue ampliada mediante la Resolución 844 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020 y ordena a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la información suministrada por este ministerio, en horarios o franjas de alta audiencia, sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

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  • El 10 de abril se convocó una sesión virtual del Senado, sin embargo no se encontró un documento que informe a la ciudadanía estas medidas.

  • De acuerdo con la Ley 5 de 1992 y el decreto 491 de 2020, las sesiones no presenciales deben estar sujetas a la condición de publicidad.

  • La FLIP le solicita al Congreso que adopte las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso a la información pública en las sesiones virtuales. 


El 10 de abril fue convocada una sesión virtual del Senado de la República para el lunes 13 de abril, en consideración a la actual situación de aislamiento por el Covid-19. Frente a esto, la FLIP notó que no se encuentra disponible un documento por medio del cual se informe a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas para garantizar la publicidad y el acceso a la información de las sesiones virtuales que se realizarían en el marco de esta situación. 

Por esta razón, la FLIP solicita al Congreso de la República que cumpla el deber de publicidad de las sesiones que se llevan a cabo en la entidad, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 5 de 1992. De igual modo, que atienda a lo dispuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que en el marco de la emergencia decretó que las reuniones no presenciales de los órganos del Poder Público deben estar sujetas a la condición de publicidad (Artículo 12 del Decreto 491 de 2020). En ese sentido, el Congreso debe comunicar de manera oportuna los medios mediante los cuales se llevarán a cabo estas sesiones virtuales y que estas esten disponibles en las páginas web y medios oficiales.

La FLIP reitera la relevancia del derecho de la ciudadanía a estar informada de los distintos debates y decisiones que se tomen con respecto a la crisis actual y a los temas que se debaten día a día tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. En consecuencia, le pide al Congreso de la República que adopte las medidas necesarias para asegurar el goce de este derecho en las sesiones virtuales. 

El artículo 74 de la Constitución Política y los artículos 2 y 3 de la Ley 1712 del 2014 describen las obligaciones que se derivan del derecho al acceso a la información y documentos públicos. Así mismo, la Corte Constitucional ha resaltado la relevancia de establecer procedimientos adecuados para dar a conocer, tanto a los congresistas como a la sociedad civil, la información de lo que se debate y decide en el Congreso de la República como máximo órgano legislativo.

Frente a estas sesiones virtuales, la FLIP ha conocido comunicados internos y algunas declaraciones de senadores en redes sociales anunciando la disponibilidad de canales virtuales para acceder a las sesiones. Sin embargo, no existe un documento oficial del Congreso de la República en donde se hable de dichos canales.

En virtud de lo anterior, la FLIP le recomienda al Congreso de la República que comunique de manera oficial y oportuna las condiciones bajo las cuales se garantizará a toda la ciudadanía el acceso a la información y la publicidad de las sesiones virtuales, así como la participación en estos asuntos de relevancia pública. A su vez, la FLIP insta para que esta difusión sea de fácil acceso para toda la ciudadanía a través de los medios oficiales de la entidad. 

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