Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

La FLIP conoció hoy un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que amenazan de muerte a ocho personas, entre ellas, a dos periodistas del departamento de Córdoba: Rafael Gómez y Édgar Astudillo. Gómez, a quien le llegó el panfleto en físico a su oficina, ha estado cubriendo en el diario y la cadena radial La Piragua el accionar de grupos armados ilegales y el manejo irregular de dineros públicos en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador. 

Por otra parte, Rafael Moreno y Organis Cuadrado, periodistas de Voces de Córdoba, también le reportaron a la FLIP haber recibido amenazas en los últimos días. Moreno informó que el 17 de junio en Puerto Libertador un hombre desconocido se le acercó, mientras almorzaba, y le dijo que habían dado la orden de asesinarlo. El reportero días atrás había publicado información sobre el asesinato de un joven en el municipio. Por su parte, Cuadrado le reportó a la FLIP que el pasado 13 de junio fue intimidado por un hombre en el municipio de Montelíbano, quien le dijo que “se la iba a pagar”. El comunicador ha estado publicando notas periodísticas en las que denuncia irregularidades en la gestión de un exalcalde de Puerto Libertador. 

Córdoba es un departamento con presencia histórica de grupos armados, y, actualmente, la situación de seguridad resulta alarmante sobre todo en los municipios de la subregión del Alto Sinú y San Jorge, en donde hay una fuerte presencia de grupos al margen de la ley. En este contexto, genera preocupación que la situación de riesgo de los reporteros puedan estar relacionadas directamente con las denuncias sobre orden público, corrupción y organizaciones criminales. Además, estas amenazas contra la prensa generan un ambiente de miedo y silencio en los y las periodistas del departamento de Córdoba, afectando así el flujo de información en la zona sobre temas que impactan a la comunidad. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implemente y refuerce por trámite de emergencia las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida de los cuatro periodistas. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie diligentemente la investigación de estos hechos con el fin de que se sancione a los responsables, y así evitar agresiones futuras. 

Es sumamente necesario que tanto UNP como Fiscalía se articulen con la Defensoría del Pueblo, las Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Puerto Libertador y Montelíbano para evaluar el contexto de violencia que hay en la región y las vulnerabilidades y factores de riesgo de la prensa en esta región. Este contexto es un elemento supremamente importante para determinar el nivel de riesgo de los periodistas e implementar las medidas que sean más eficientes para salvaguardar su vida y su integridad. 

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La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos. 

El 17 de febrero del 2021, el medio de comunicación Publimetro publicó el artículo “Empleados del Parque Cultural reclaman sus sueldos”. En dicho artículo se reportan incumplimientos en los pagos de salarios por parte de la Corporación Parque Cultural del Caribe en Barranquilla. Además, se exponen algunas irregularidades por parte de esta Corporación, dentro de las cuales se incluye la falta del aviso de suspensión de los honorarios de sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. 

Antes de que el medio hiciera la publicación, Roberto Duarte —asesor externo de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla— le envió un mensaje al director del medio de comunicación en el que le pedía que no publicara la historia. En el mensaje manifestaba que dicha publicación no iba a ser del agrado de la Alcaldía de Barranquilla. Según lo reportado a la FLIP, algunos fragmentos del mensaje de Duarte incluían estas expresiones: “Pedirte el favor de que nos des un compás de espera de dos o tres semanas (...) Me atrevo a pedirte ese favor sobre la base de que una publicación en cualquier sentido que se haga en los medios de comunicación en estos días sobre la crisis aún con el interés de ayudar en la búsqueda de una solución puede tener un efecto contrario y retrasar el proceso”. El mensaje termina de la siguiente manera: “Me atrevo a comprometerme, incluso, a darles la primicia de la definición del esquema mediante el cual se comenzarán a pagar los pasivos laborales”. 

Duarte, quien ha tenido vínculos cercanos con las distintas administraciones en la ciudad, le dijo a la FLIP que no actuó a nombre de la Alcaldía y que su acercamiento para retrasar la publicación estaba relacionado con su interés por el mantenimiento del Parque Cultural. 

Los hechos descritos dejan entrever un peligroso precedente sobre injerencias de terceros en la publicación de discursos de interés público. Este tipo de mensajes, en donde se presiona para que no se denuncie, implican una violación a la prohibición expresa de la censura en Colombia y a los estándares de la Corte Constitucional, quien ha referido de manera insistente que los discursos de interés público tienen una protección reforzada y cualquier restricción que se quiera imponer a ellos debe ser tomada con sospecha.  

De acuerdo a lo documentado por la FLIP, este tipo de presiones ejercidas por distintos funcionarios y actores con poder ocurren con frecuencia en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, el temor de los y las periodistas a perder recursos de publicidad oficial o que se les niegue el acceso a la información impide generalmente que estas denuncias se hagan públicas. 

Este tipo de injerencia se realiza a través de mensajes directos o incluso a través de extorsiones comprometiendo los recursos de la publicidad oficial. La FLIP documentó ampliamente el gasto de publicidad oficial por parte de la administración del exalcalde Alex Char, que fue superior a los 114 mil millones de pesos durante su segundo mandato. Actualmente, la Fundación está realizando el seguimiento correspondiente al gasto de la administración actual. 

La FLIP invita al alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, a referirse públicamente a estos hechos y a que rechace cualquier injerencia sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación que hacen veeduría pública en Barranquilla. Con ello la FLIP también invita a los y las periodistas que ejercen el oficio periodístico en la ciudad para que hagan públicas las denuncias sobre acercamientos similares con terceros particulares o funcionarios públicos. 

El buen clima para ejercer la libertad de prensa necesita del respaldo de las administraciones y funcionarios públicos y en todo caso implica una pluralidad de voces que alimenten la opinión pública y la misma democracia. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tuvo conocimiento de nuevos casos de personas que por su ejercicio periodístico fueron blanco de perfilamientos y vigilancia ilegales. Esta información surge de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional.

  1. De los catorce casos nuevos de perfilamiento la FLIP obtuvo autorización de las siguientes personas para ser incluidos en este comunicado:  Damien Fellous, Gerald Bermúdez, Julián Martínez, Gustavo Rugeles, Javier Alexander Macías, Ibéyise Pacheco, Alberto Federico Ravell, Sandra Paola Soto, Vivian Fernández  y Miguel Mattus. Los restantes o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos. Estos casos se suman a los 38 periodistas que la FLIP había documentado en mayo, después de conocer la publicación “Carpetas secretas” realizada por la Revista Semana. A la fecha el balance de la FLIP asciende a 52 periodistas en este caso.  

  2. Dentro de los nuevos hallazgos de la investigación llama la atención que existen indicios sobre el uso de tecnología invasiva para la realización de los perfilamientos. En la investigación hay oficios del Ejército en los que se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry. A uno de estos planes se le denominó “Proceso Operacional Troya”, a través del cual se solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización. Esto controvierte seriamente los planteamientos iniciales sobre el uso exclusivo de fuentes abiertas en las acciones de perfilamiento militar a periodistas. 

  3. En algunos casos el perfilamiento incluía información de familiares y fuentes a quienes los organismos judiciales también deben reconocer como víctimas. La FLIP advierte sobre los obstáculos para el reconocimiento de estas personas como víctimas dentro de las investigaciones en curso y hace un llamado especial a la Fiscalía para que garantice los derechos de las víctimas.  

  4. Adicionalmente la FLIP informa que aún no recibe respuesta completa por parte del Gobierno nacional que delegó en el Ministerio de Defensa la responsabilidad de responder al derecho de petición formulado por buena parte los periodistas afectados. Hasta el momento las respuestas parciales se han limitado a insistir sobre la ya conocida posición del Gobierno frente a los hechos, pero evade responder preguntas fundamentales como la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados, los niveles de decisión en que se ordenaron los perfilamientos y las personas que tuvieron acceso a dicha información.

  5. La FLIP reitera su rechazo frente a estas prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia militar. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país. 

  6. La FLIP solicita al Gobierno nacional y en particular a la Unidad Nacional de Protección asegurar que los periodistas víctimas de perfilamiento por parte del Ejército cuenten con todas las garantías de protección a su vida e integridad y que dentro de las evaluaciones de riesgo se entienda este caso como un hecho grave que acentúa el deber de protección. 

  7. La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que avancen rápidamente en las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos, determinar los niveles de responsabilidad y asignar las sanciones correspondientes. 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente a la que están expuestos los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Diana López Zuleta y Daniel Mendoza Leal. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente esta situación con el fin de proporcionar la seguridad que requieren los reporteros. 

El pasado 19 de marzo un senador de la República tomó contacto a la FLIP y vía telefónica reprodujo un audio que revela explícitamente que el sábado 14 de marzo grupos criminales se reunieron para planear el asesinato de “los tres periodistas que destaparon la ñeñepolítica” y del twittero Beto Coral.    

La FLIP denuncia que la UNP no ha brindado medidas de protección a los periodistas mencionados, aun cuando ha pasado tiempo más que razonable para evaluar el riesgo e implementar medidas ante la emergencia. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo solicitó a la UNP brindar protección desde el 11 de marzo.

La FLIP resalta que debido al contenido de las denuncias sobre lo que se conoce como “ñeñepolítica” los periodistas han manifestado su desconfianza en la imparcialidad de la Fiscalía para adelantar investigaciones sobre las amenazas, seguimientos y, ahora, un  plan de asesinato en su contra. A pesar de esto, los reporteros hicieron la denuncia, como es su deber, ante el Fiscal General. 

La FLIP considera que estas investigaciones deberían sumarse a la solicitud expresada por Transparencia por Colombia y Dejusticia de designar un fiscal ad hoc que brinde más garantías al derecho a la justicia en este caso concreto.

La complejidad de este caso parte del hecho de que las denuncias periodísticas ponen en cuestión al Gobierno Nacional que está a cargo de la UNP y que, además, nominó al actual Fiscal General de la Nación. Con esta información presente, el pasado 9 de marzo la FLIP acudió a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo por ser los organismos de control a cargo de velar por los derechos humanos. Lamentablemente, y a pesar de haber manifestado en su momento la urgencia de un acompañamiento especial del Ministerio Público, ni la Procuraduría ni la Defensoría dispusieron de esfuerzos significativos para aportar a la protección de los periodistas en riesgo que ya han sido mencionados.

La FLIP alerta sobre el estado de desprotección generalizada, en términos de seguridad, en la que el Estado colombiano tiene a los periodistas Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Diana López Zuleta y Daniel Mendoza Leal. Así mismo, y por la información conocida en las últimas horas, hacemos extensiva nuestra preocupación sobre el tuitero Beto Coral.

La FLIP insiste en la urgencia de garantizar la seguridad de los cuatro reporteros y le solicita a la UNP que implemente en las próximas horas medidas de protección que garanticen la vida y la integridad de los periodistas afectados. También hace un llamado a la entidad para que atienda de manera urgente las solicitudes hechas por los periodistas que actualmente no cuentan con medidas de protección y que se encuentran en una situación de riesgo inminente. 

La Fundación también les solicita a las autoridades judiciales que dispongan de las condiciones necesarias para que se investiguen estos hechos y los responsables sean llevados ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa, como lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre violencia contra periodistas y trabajadores de medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.


Respuesta parcial de algunas autoridades 


Durante la mañana de hoy (viernes 20 de marzo de 2020) la FLIP intentó tomar contacto con la UNP y no obtuvo respuesta. El Procurador delegado para los Derechos Humanos aseguró que va a hablar con el Director del Cuerpo Élite. Por su parte, el Procurador General prefirió no responder y la Defensoría del Pueblo manifestó que: “la Defensoría a través de todos sus canales está en abierta disposición de acompañar y velar por que se garanticen los derechos de todos los periodistas, especialmente de quienes se encuentran expuestos a riesgos. Rechazamos las amenazas y los hostigamientos en contra de Gonzalo Guillén, Julián Martínez y todos aquellos que sufran de estas conductas censurables en una democracia. Una vez el defensor Negret concluya la cuarentena se pondrá a plena disposición de atenderles personalmente cómo fue requerido por la Fundación para la Libertad de Prensa”.

Para la FLIP todas estas respuestas son precarias y no ayudan a reducir el riesgo al que hacen frente los periodistas de este caso.

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  • Los medios y periodistas afectados son: La Oreja Roja, Julián Martínez, Gonzalo Guillén y Diana López Zuleta.

  • El ciberataque a La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas ocurrieron luego de las denuncias por la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018. 

  • La FLIP le hace un llamado a la UNP para que tenga en cuenta estos nuevos hechos y a la Fiscalía para que investigue y dé con los responsables.  


La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el ciberataque a la página web del medio de comunicación La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén. La FLIP les solicita a las autoridades competentes que implementen las medidas necesarias para proteger a los reporteros afectados.

El sábado 7 de marzo en la mañana, el portal digital La Oreja Roja sufrió un ciberataque que afectó el funcionamiento del sitio web durante el fin de semana. Según el diagnóstico del equipo de soporte técnico del medio de comunicación, los daños a la página fueron producto de un ataque dirigido en el que se modificó la configuración para afectar su funcionamiento. El equipo de sistemas del medio de comunicación continúa evaluando los daños para identificar otras posibles vulneraciones.

Ese mismo día en la noche, el periodista Julián Martínez denunció que estaba siendo víctima de hostigamientos luego de que un carro lo siguiera hasta su casa y permaneciera estacionado allí por más de media hora. Esta situación se presentó luego de que Martínez se reuniera previamente con el periodista Gonzalo Guillén. Adicionalmente, este lunes 9 de marzo un hombre estuvo siguiendo a la periodista Diana López Zuleta cerca a su casa. La FLIP tiene conocimiento de que otros periodistas están siendo objeto de seguimientos atípicos e intimidantes.

El ciberataque a La Oreja Roja y los hostigamientos contra los periodistas ocurrieron luego de las denuncias por la participación de José Guillermo “Ñeñe” Hernández en la presunta compra de votos en la segunda vuelta presidencial de 2018. (Ver Seis pistas para leer las revelaciones sobre el Ñeñe y Duque y Periodistas denuncian seguimientos ilegales por caso de 'El Ñeñe')

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de los periodistas con el fin de implementar las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita también a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP valora positivamente la disponibilidad de la Procuraduría General de la Nación para brindar acompañamiento a la situación de riesgo que enfrentan los periodistas. 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y el ciberacoso en contra de la periodista Vicky Dávila y le exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 3 de agosto se desencadenaron varios mensajes amenazantes hacia Vicky Dávila luego de una discusión en Twitter con el senador Gustavo Petro. Varios usuarios de la red social enviaron mensajes contra la periodista y crearon el hashtag #VickyNueraParaca, el cual fue tendencia durante la tarde del sábado.

El cruce de trinos entre el senador y la periodista se dio luego de que Dávila hiciera una publicación acompañada de un video donde mostraba el momento del ataque con huevos a Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena, quien cuenta con el apoyo de Petro. Ante esta publicación, el funcionario le respondió a la periodista sugiriendo la forma en la que debería haber contado los hechos y atribuyendo el sabotaje del evento a “un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco”. 

Pasada la discusión, la periodista notó que varios usuarios de Twitter le enviaban mensajes en los que la amenazaban a ella y a su familia, la vinculaban con grupos paramilitares y algunos de estos usuarios afirmaban tener el número de su hijo.

Sumado a esto, se difundió un montaje de la cara de Dávila en un cuerpo armado y a través de la cuenta @Mid_night37 se publicó lo siguiente: “#VickyNueraParaca sacando la casta ¡¡¡viva la tierra paramilitar, plomo es lo que viene, plomo es lo que hay!!!. Como estos, hay una gran cantidad de trinos que atentan contra la integridad de la periodista y ponen en riesgo su labor.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos y sancione a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. 

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular para que manejen un discurso favorable hacia la prensa que contribuya a garantizar la labor periodística. Y para que rechacen todo tipo de violencia contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual de 2010 señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

En sumamente importante que los periodistas encuentren un respaldo en las autoridades para publicar información que sea de alto interés público para la comunidad. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en el marco de las elecciones de este año, contribuyendo así a que exista una deliberación pública sin restricciones ni presiones para los votantes. 

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La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

En 2018, Salamanca publicó una investigación en sobre esta red y sobre los sobornos que la organización estaría haciendo a varios miembros de la Policía. La investigación se publicó en la página web de Uniminuto Radio en dos partes: “La Favorita”: sector de guerra entre ganchos y La Favorita: la nueva olla que se tomó Bogotá. En octubre de 2018, cuando se hizo la segunda entrega, una de las fuentes del reportaje tuvo que cambiar de residencia por las amenazas que recibió a raíz de esta investigación.

La FLIP solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dé inicio de inmediato al estudio de riesgo y que implemente medidas de protección por trámite de emergencia con el fin de proteger la vida y la integridad de la periodista. La FLIP también hace un llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

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En marzo de 2018 un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado por miembros del grupo disidente Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana. Los riesgos a los que se enfrentaron estos tres corresponsales, son los mismos a los que corren muchos periodistas que viven y visitan las fronteras colombianas, pues en la mayoría de las zonas fronterizas se vive un difícil contexto político, social e institucional. Diversos actores buscan tener control territorial y silenciar a quienes tienen la intención de mostrar estas realidades.

La creación de este manual responde a la necesidad contrarrestar el impacto del silenciamiento de información en las fronteras. También, aporta  herramientas prácticas a la hora de enfrentar riesgos del oficio periodístico, que se agudizan en los contextos limítrofes.

Aquí puede ver en línea el manual en español.

Here, you can read it online.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo que enfrenta el periodista Ricardo Ruidíaz. Durante este 2018 el reportero ha sido víctima de más de 20 amenazas y hostigamientos. Advertimos que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es proporcional al riesgo y la gravedad de los hechos no se corresponde con la protección que le ha sido asignada. La Fiscalía, que conoce de las amenazas, no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del periodista. Alzamos nuestra voz para enfatizar nuestro temor de que esta persecución contra el periodista de Colmundo Radio tenga un desenlace fatal.

En la última semana la FLIP registró tres hechos graves que afectan la seguridad de Ruidíaz. El primero se presentó el pasado 8 de noviembre cuando un joven de aproximadamente 15 años se acercó a la portería del edificio del periodista y le aseguró al vigilante que Ruidíaz había autorizado su entrada. Ante la negativa de los hombres de seguridad del conjunto, el desconocido dejó una nota que decía “pasé a buscarlo”. Posteriormente, el periodista recibió una llamada en la que le dijeron que habían estado en su lugar de residencia y que lo iban a esperar para “darle plomo”.

Luego, el sábado 10 de noviembre,  mientras Ruidíaz se encontraba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía Antiexplosivos hizo detonar el artefacto de manera controlada. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su aspecto, no se trataba de un explosivo.

El último hecho ocurrió hacia el mediodía de este martes 13 de noviembre. Un desconocido se acercó de nuevo a la portería del conjunto en el que vive el periodista y le solicitó con insistencia al vigilante que lo dejara ingresar, debido a que Ruidíaz tenía una deuda con él y necesitaba acceder a su vivienda con urgencia. De nuevo los hombres de seguridad negaron el ingreso.

Ante los recientes hostigamientos que demuestran que los agresores hacen seguimiento constante a las actividades diarias del periodista y que han identificado plenamente sus vulnerabilidades, lugares de trabajo, residencia, allegados profesionales y familiares, la FLIP exige que el Estado en su conjunto cumpla con sus obligaciones de protección e investigación judicial.  Si bien el periodista cuenta con medidas de protección, estas se basan en estudios de nivel de riesgo que no han evaluado la gravedad e inminencia de los últimos hechos. A partir del dialogo con la UNP, la FLIP advierte que hay resistencias para atender el riesgo del periodista como prioridad y confiamos en que esta actitud temeraria se reconsidere.

A pesar de que la persecución contra Ruidíaz ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, el déficit de avances en la investigación y la impunidad de estos hechos acentúa la vulnerabilidad y reafirma la necesidad de que cuente con medidas de protección proporcionales a los hechos denunciados.

Atendiendo a los compromisos adquiridos por los organismos de control en sesión del pasado 2 de Agosto, la FLIP hace un llamado:

  • A la Procuraduría General de la Nación, para que evalúe si la atención brindada al periodista Ricardo Ruidíaz cumple con los estándares de debida diligencia y el principio de prevención que ordenan los estándares internacionales de protección a periodistas.

  • A la Defensoría del Pueblo, para que brinde un acompañamiento especial a este caso.




 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las constantes amenazas que vienen recibiendo los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes desempeñan su labor en Mocoa, Putumayo. La FLIP les solicita a las autoridades estatales que investiguen y protejan a los reporteros.

El pasado jueves dos de agosto desde el perfil de Facebook de una persona que se identifica como Carlos Ramírez publicaron la siguiente amenaza en la cuenta de Dubán García:“ESTAMOS EN MOCOA, PARA MATARLO HIJO DE PERRA A USTED JAIRO FIGUEROA DUVAN GARCIA Y GERMAN ARANAS, LES VAMOS A PEGAR LA MATADA MAS IMPORTANTE DE ESTE AÑO POR SAPOS Y LAMBONES CON LA POLICIA Y EJERCITO”. Adicionalmente, los agresores se identifican como miembros de las Águilas Negras y les advierten a los periodistas que tienen hasta la siguiente semana para salir de Mocoa.

Posteriormente, en la tarde de ese jueves, Germán Arenas recibió una llamada en la que un desconocido le dijo: “perro hijueputa te vas a morir” e inmediatamente el agresor finalizó la comunicación. Luego, el viernes tres de agosto, el periodista Dubán García también recibió una llamada a su casa en la que en tono burlesco lo amenazaron a él y a miembros de su familia. Ese mismo día el reportero notó la presencia de extraños rondando su casa. Finalmente, en la madrugada de este lunes 6 de agosto, el periodista Jairo Figueroa recibió a través de un mensaje privado a través de Facebook la misma amenaza que recibió García el dos de agosto.

Los reporteros consideran que las amenazas son producto de la información que han difundido a través de sus medios de comunicación sobre los operativos que adelantan el Ejército y la Policía en la región para capturar a miembros de disidencias de las Farc, narcotraficantes y miembros de bandas delincuenciales. Los tres periodistas cubren las fuentes de Fuerza Pública para sus informativos. Dubán García trabaja en la emisora La Primera en el informativo “Noticias Al Día”, Germán Arenas es corresponsal de Colprensa y Jairo Figueroa de Caracol Televisión y Blu Radio.  

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad las amenazas contra los periodistas de Mocoa y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Adicionalmente, la Fundación expresa su respaldo a los periodistas amenazados por el riesgo inminente al que se encuentran expuestos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les implementen las medidas de protección necesarias para proteger su vida y su integridad.

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