La información es la materia prima de la democracia. Esta herramienta producida por la gestión pública sirve para conocer las reglas, nuestros derechos y deberes dentro de la sociedad. Además, es un insumo para la toma de decisiones como ciudadanos y para ejercer control sobre los asuntos que interesan a todos. Sin esta, sería imposible evaluar el cumplimiento de políticas estatales o la buena gestión de las instituciones a cargo de ellas.
De acuerdo a la ley 1712 de 2014, o ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho al acceso a la información pública consiste en que toda persona puede conocer la existencia y el contenido de la información que esté en posesión o bajo control de las entidades públicas. La publicidad de la información es la regla general y solo admite algunas excepciones que deben estar definidas en leyes o en la Constitución. La información entonces, pertenece a la ciudadanía y no al funcionario público que la custodia y éste último debe facilitar su acceso a toda persona que esté interesada.
Además, el derecho de acceso a la información pública va más allá de la obligación que tienen las entidades de dar respuesta a las solicitudes que se hagan. Este derecho también abarca la obligación de producir, capturar y divulgar información sin que haya una solicitud previa.
Este manual se publica gracias al apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
