Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Desde el 9 de agosto de 2018, se encuentran detenidos en una estación de policía Juvenal Bolívar, periodista de Corrillos!, y Sofía Ortíz Delgado, ex trabajadora administrativa del mismo medio, cumpliendo una sanción de diez días de arresto que fue impuesta arbitrariamente por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga.
 
La sanción se dictó luego de que Bolívar se negara a dar cumplimiento a una sentencia de tutela que le ordenaba retirar una nota informativa de su página web, luego de un proceso plagado de irregularidades procesales: (i) el periodista nunca fue notificado del proceso, por lo que nunca tuvo oportunidad de defenderse; (ii) el juzgado tramitó la tutela sin ser competente para ello, (iii) a pesar de que el demandante no cumplió con la obligación de solicitar previamente una rectificación al medio.
 
Preocupa especialmente que se ordene una medida tan drástica como el arresto en contra de un particular, en medio de un proceso con tantas arbitrariedades. La orden de arresto de la señora Ortíz es aún más preocupante si se considera que se pretende obligarla a dar cumplimiento a la sentencia, a pesar de que ella ya no trabaja en el medio y de que cuando lo hacía estaba dedicada a funciones meramente administrativas y no editoriales.
 
Forzar al periodista a retirar de internet la nota sin ofrecerle oportunidad de presentar los testimonios, fuentes y demás documentos que apoyan su reportería no sólo es una vulneración de su libertad de expresión y su debido proceso, sino también una violación al derecho de las audiencias de enterarse de asuntos de su mayor interés. Además, la orden funciona como un mensaje disuasorio tanto para el propio periodista (quien cuenta haberse sentido tentado a abandonar su labor) como para sus colegas para que dejen de hacer cuestionamientos sobre la labor de los funcionarios y de informar sobre asuntos de interés público.

 


Jueves, 5 de julio de 2018. 03:26 pm

Sanción de arresto contra trabajadores de medio de comunicación en Bucaramanga viola la libertad de prensa

El 26 de junio de 2018, el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga dictó una orden de arresto contra un periodista y una extrabajadora del medio de comunicación Corrillos!, violando los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de prensa.

Corrillos! es un medio de comunicación digital e impreso de la ciudad de Bucaramanga que se especializa en temas públicos, políticos y electorales. En enero de este año, el medio publicó un artículo en el que contaba que Jorge Enrique Rueda, director de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, fue informante de la Fiscalía en el caso que la entidad adelanta contra el exalcalde Luis Francisco Bohórquez. Rueda había sido Secretario Administrativo de dicha administración. En consecuencia, Rueda interpuso una acción de tutela en contra del medio, la cual fue concedida en marzo. Sin embargo, el proceso de tutela tuvo las siguientes irregularidades procesales:

  1. El medio de comunicación nunca fue notificado de la acción de tutela en su contra, con lo cual no pudo ejercer su derecho de defensa, ni pudo impugnar a tiempo la decisión. El medio se enteró del proceso cuando éste había concluído, a través de un mensaje publicado por un tercero en Twitter.

 

  1. El juzgado tramitó la tutela a pesar de que el accionante no cumplió con la obligación de solicitar previamente la rectificación directamente al medio de comunicación. Esta solicitud es requisito de procedibilidad de la acción de tutela1.

 

  1. El juzgado tramitó la tutela a pesar de no ser competente para ello. De acuerdo a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, de las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito, no lo municipales.

Dadas las evidentes irregularidades procesales y dado el hecho de que Corrillos! no pudo defenderse dentro del proceso, mostrando las pruebas que justificaban lo publicado, el medio solicitó que se declara la nulidad de la sentencia. Sin embargo, la solicitud fue negada.

Ahora, el mismo juzgado que no dio a Corrillos! la oportunidad de defenderse - y que se ha negado a corregir su error - sancionó con multa y diez días de arresto al periodista Juvenal Bolívar y a Sofía Ortíz Delgado, extrabajadora del medio. Si bien la decisión es arbitraria en ambos casos, la sanción de arresto en contra de esta última resulta especialmente preocupante ya que Ortíz no trabaja actualmente para el medio y en ningún momento tuvo responsabilidad editorial alguna sobre los contenidos, ya que su trabajo era estrictamente administrativo.

Es sorprendente que un juez advierta violaciones tan graves al derecho fundamental al debido proceso y que, aún así, proceda a dictar una orden de arresto de diez días. Estas decisiones preocupan por el impacto que causan en la libertad de prensa del medio de comunicación. La sanción impuesta será ahora evaluada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, quien decidirá definitivamente sobre la sanción de arresto. La FLIP espera que el Juez Décimo Civil del Circuito tome una decisión que garantice el debido proceso y la libertad de prensa del medio de comunicación.


 

1Decreto 2591 de 1991. Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: (...) 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.

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En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

 

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

 

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

 

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Santiago de Cali, Valle del Cauca. 22 de junio de 2018.

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

1.       El pasado jueves 21 de junio, a través de la cuenta de Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvimos conocimiento del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida que podrían corresponder a nuestros familiares.

2.       El viernes 22 de junio nos desplazamos desde Quito (Ecuador) a Cali (Colombia) permaneciendo a disposición durante la mayor parte del día y hasta las 20:30 en las instalaciones de Medicina Legal SIN que se nos diera información oficial concluyente sobre la identidad de los cuerpos por parte de las autoridades colombianas. En todo momento el director regional de Medicina Legal nos indicó que los procedimientos se extenderían hasta el martes 26 de junio.

3.       Una hora después de nuestra salida de la sede del Instituto de Medicina Legal, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa colombiano afirma que en un 99% los cuerpos corresponderían a nuestros familiares. Información que no nos fue proporcionada durante nuestra prolongada estancia en el lugar donde estos datos se pueden originar.

4.       Hemos insistido desde el inicio de esta pesadilla que es fundamental que las familias tengan acceso prioritario a la información, esto ha sido transmitido a las autoridades colombianas y dicho compromiso ha sido desconocido sin miramiento del impacto que tiene sobre nuestro dolor, nuestras familias y el derecho a la información que le asiste a la sociedad ecuatoriana.

5.       Transcurren horas trascendentales, más no concluyentes, sobre el caso que nos convoca. Lamentamos que el Gobierno Colombiano prefiera la figuración pública y alterar los protocolos de intercambio de información.

Con base en lo anterior exigimos:

Al Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, indicar las razones por las cuales en su nombre se transmite públicamente información que no es de conocimiento de los familiares, resaltando además, cuál es el sustento legal que respalda esta actuación cuando aún no han concluido todas las etapas de peritaje .

A la Cancillería ecuatoriana, a enviar notas de protesta diplomática en aras de velar por el cumplimiento de los derechos que nos asiste como víctimas.

A la CIDH, en el marco del Equipo de Seguimiento Especial, a vigilar el compromiso adquirido por el Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, con respecto al flujo de información desde las autoridades hacia los familiares.

A la sociedad ecuatoriana y colombiana, les pedimos solidaridad y sumarse a este llamado desde el duelo de los familiares. Este atropello, falta de sensibilidad y de humanidad no puede permitirse.

Los hechos de las últimas horas sientan un precedente de falta de seriedad para el tratamiento de este caso, siembran sospechas alrededor del ocultamiento de información a los familiares. En estas condiciones se afecta la confianza sobre el resto de acciones que realizó y realiza el Estado colombiano para la investigación. Nos preocupa que los compromisos de palabra, que las más altas autoridades del país nos han hecho en múltiples ocasiones, sigan perdiendo su valor. 

*En la mañana del sábado 23 de junio, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que también expresó su descontento con el manejo de la información por parte del Gobierno colombiano. Vea el comunicado a continuación.

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Ayer, 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- hizo pública la sentencia en la que se declara responsable al Estado de Colombia por el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal.  Es el primer caso en el que una corte internacional condena a un Estado por un homicidio motivado en razón del ejercicio periodístico de la víctima.

Nelson Carvajal fue un periodista radial colombiano que trabajó como director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio de Pitalito, Huila. Desde allí, se concentró en la investigación de asuntos de corrupción local como las irregularidades en la administración de fondos públicos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Corte Interamericana reconoce que fueron estas denuncias las que motivaron su asesinato el 16 de abril de 1998, fecha en la que sicarios lo abordaron a la salida del colegio del que también era docente y le dispararon en 7 oportunidades.

¿Por qué Colombia es responsable internacionalmente en este caso?

La Corte reconoció el contexto de violencia generalizada existente contra los periodistas en el país, advirtiendo que, para 1998, año en el que Nelson Carvajal fue asesinado, Colombia fue catalogado como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo”[1]. Esta situación se ve agravada por la impunidad de las agresiones contra periodistas, según afirma la Corte IDH, “la justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables”. De los 157 casos de homicidios a periodistas en Colombia, sólo ha habido condenas a autores intelectuales en 4 casos.

La Corte IDH advierte que tras 20 años desde la muerte del periodista la investigación no ha concluido y no se ha hallado a los implicados en el crimen, por lo que concluye que “el Estado es, en gran medida, responsable por la dilación extraordinaria de este asunto”. Igualmente, el Tribunal indica que Colombia es responsable por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con las amenazas proferidas en perjuicio de varios familiares de Nelson Carvajal Carvajal y que produjeron su exilio fuera del país.

En este sentido, el tribunal internacional concluye que la investigación inadecuada del homicidio de Nelson Carvajal constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Esto implica que las carencias en la investigación que perjudiquen la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables podrían constituir una violación del derecho a la vida[2].

Sobre el derecho a la libertad de expresión, la Corte IDH sostiene que “una de las formas más violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión es a través de homicidios contra periodistas”. La Corte concluyó tanto el homicidio como la falta de investigación del mismo constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión.

Así mismo, la Corte declaró a Colombia internacionalmente responsable como consecuencia de la falta de investigación de las múltiples amenazas que recibió la familia de Nelson luego del homicidio y que forzaron el exilio de nueve de sus integrantes. Lo anterior, aunado al profundo sufrimiento que les causó la muerte del periodista, la afectación del tejido familiar y la dilación injustificada del proceso.

¿Cuáles son las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH?

Como parte de la decisión, la Corte ordenó a Colombia reparar los daños infringidos a los derechos humanos del fallecido periodista y de sus familiares. Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte, se ordena al Estado:

  1. Continuar con las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la muerte de Nelson Carvajal dentro de un plazo razonable.

  2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.

  3. Se publique el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.

  4. Garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Nelson puedan retornar a sus lugares de residencia, si así lo desean.

  5. Remitir a la Corte los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de las y los periodistas en Colombia.

Para la FLIP esta sentencia representa un avance en la garantía efectiva del derecho a la libertad de expresión en Latinoamérica y el Caribe, puesto que reconoce el fenómeno de la violencia contra la prensa y la impunidad generalizada en estas agresiones. Adicionalmente, desarrolla criterios que orientan la investigación, juzgamiento y sanción de los homicidios contra periodistas como medidas que deben seguir los Estados para cumplir su rol de contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión.

Este logro no habría sido posible sin el esfuerzo de los familiares de Nelson Carvajal que no desistieron en su búsqueda de justicia durante 20 años, y gracias al liderazgo de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Robert F. Kennedy Human Rights que litigaron el caso. La FLIP presentó -en alianza con el International Freedom of Expression Exchange- un Amicus Curiae a la Corte Interamericana solicitando la condena del Estado colombiano por su negligencia en investigar el homicidio de Nelson.

Esta sentencia debería invitar al Estado colombiano a desarrollar una política criminal robusta para hacer frente al fenómeno de la violencia contra la prensa y a que tome medidas efectivas para detener el aumento exponencial de las amenazas a periodistas que ha registrado la FLIP en los últimos 5 años. En criterio de la FLIP esto pasa por una revisión y reforma al sistema de protección actual que incorpore elementos de prevención

La FLIP continuará acompañando a la familia de Nelson Carvajal y vigilará el cumplimiento a cabalidad de la sentencia en los términos ordenados por la Corte Interamericana.

Una decisión fundamental para enfrentar las violencias contra la prensa en las Américas

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierten en un estándar de derechos humanos para los países de las américas que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que no sólo Colombia de manera principal adquiere obligaciones para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad, estos estándares también deberán ser acatados por países donde persiste la violencia contra la prensa como México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Brasil.

La FLIP confía en que este precedente sea de utilidad para el fortalecimiento de las garantías a la libertad de prensa en las américas.

 

 


 

[1]           Comité para la Protección a Periodistas, “Resúmenes por país: Colombia”, 1998, citado en el peritaje de Carlos Lauría rendido durante la audiencia pública del presente caso. Disponible en: https://cpj.org/es/2004/07/resumenes-por-pais.php

 

[2]           Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 97, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costars. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 83.

 

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Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

 

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

 

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.


No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.



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El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.

Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.

La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.

El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.

A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:

  • La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.

  • Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.

  • Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.

  • El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.

  • Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.

  • En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.

La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.

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Bogotá D.C./ Miami, FL. / Washington, D.C., 23 de marzo de 2018 --

A tan solo un mes de que prescriba el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron el miércoles 21 de marzo una solicitud a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia, para que declare el homicidio como crimen de lesa humanidad.

El homicidio de Carvajal es un caso emblemático que señala el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, ilustra la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.

Nelson Carvajal Carvajal fue periodista radial en Pitalito, Huila. Fue director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en ese municipio. Reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Fue asesinado el 16 de abril de 1998 por un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, donde era director.

El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las FARC.

Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados.

Durante el proceso, miembros de la familia Carvajal han sido víctimas de amenazas y muchos debieron salir al exilio. También fueron asesinados testigos y varios fiscales abandonaron la causa tras recibir amenazas. Otros procesos judiciales asociados a la muerte de Carvajal fueron archivados en forma prematura. 

En 2002, el caso fue presentado por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso fue remitido en el 2015 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano. La Corte ya deliberó sobre el caso y se espera un fallo definitivo en las próximas semanas.

Vea aquí la solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación.

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El 19 de marzo de 2010 fue asesinado el periodista de la emisora La Voz de Montería, Clodomiro Castilla, en el departamento de Córdoba. El día en que ocurrieron los hechos, el reportero se encontraba en la terraza de su casa leyendo y aproximadamente a las 9 de la noche dos hombres llegaron en moto y le dispararon en ocho ocasiones. 

Castilla se destacaba por sus investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción en las instituciones de su departamento, además de los nexos entre políticos de la región y grupos paramilitares. Por su labor periodística, Castilla fue testigo en procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia por la infiltración de estructuras ilegales en las instituciones del Estado.

Es de conocimiento de la FLIP que, luego de ocho años del asesinato del periodista, el proceso continúa en indagación preliminar en la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes consultadas por la Fundación, existe material probatorio suficiente para vincular a presuntos responsables al proceso, sin embargo, esto no se ha hecho.

La ausencia de vinculación formal implica que la investigación se mantiene sin mayores avances y el paso del tiempo hace que el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido sea cada vez más complejo. Esto es particularmente preocupante si se considera que una de las formas de resolver delitos contra periodistas es a través de la información que los autores materiales puedan aportar al proceso.

La FLIP advierte que el constante cambio y reasignación de fiscales interfiere en la continuidad de la investigación penal y ello se refleja en la falta de resultados efectivos en los procesos. En el caso de Clodomiro Castilla, al menos 3 fiscales distintos han estado a cargo de su caso en tan solo 8 años. Esta situación impide que se identifiquen y vinculen a los presuntos autores y perpetúa la impunidad que impera en este crimen.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que con el material probatorio con el que cuenta actualmente vincule formalmente a los presuntos responsables del homicidio. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la entidad para que el caso de Clodomiro Castilla sea priorizado en la Unidad de Derechos Humanos con el fin de que haya celeridad procesal y sea posible condenar a los responsables del crimen. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por la falta de diligencia de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de Néstor Javier Pachón, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Pachón está siendo investigado por su presunta responsabilidad en los seguimientos, interceptaciones y tortura psicológica de las que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque. El exagente de inteligencia del DAS debe responder ante la justicia cuál fue el uso que le dio a un vehículo con el que se realizaron los seguimientos a la periodista.

En noviembre de 2016, Pachón fue capturado por los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir. El exagente estuvo detenido por un año mientras se adelantaba el proceso en su contra. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2017, su defensor solicitó la libertad por vencimiento de términos. Dicha solicitud fue rechazada por la fiscal asignada al caso, Gilma Amparo Duarte, quien además decidió prorrogar el tiempo de su detención.

No obstante, el 27 de diciembre del 2017, Catherine Naranjo Sierra, Fiscal 53 de Apoyo de la Unidad especializada contra violaciones a los derechos humanos, contrariando la decisión de su colega, lo dejó en libertad por vencimiento de términos.

A comienzos de febrero de este año, Claudia Julieta Duque solicitó declaración de nulidad a esta decisión, argumentando que existieron irregularidades en el debido proceso y que se violó el derecho a la defensa.

La Fundación apoya la solicitud de Duque para que se declare la nulidad de la decisión que deja en libertad a Pachón. Si bien los crímenes de los que fue víctima la periodista fueron declarados de lesa humanidad y no pueden prescribir, eso no puede ser una excusa para que los funcionarios adelanten conductas que rayan en la negligencia.

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