Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP reconoce los avances que se han dado en la búsqueda de justicia en crímenes contra la prensa. Sin embargo, es necesario que las autoridades del Gobierno trabajen exhaustivamente para condenar a los autores de estos ataques.

El primer paso para evitar la violencia contra la prensa es lograr justicia, y así lograr un efecto disuasorio para futuros agresores. Sin embargo, lamentablemente, en Colombia se ha posicionado la impunidad que incentiva la violencia. Las cifras son dramáticas: 126 casos de asesinatos a periodistas se mantienen en completa impunidad.

El caso de Orlando Sierra es el único de 158 asesinatos que no está en la impunidad, al haberse condenado a toda la cadena criminal. Solo en 28 casos se han dictado condenas contra autores materiales. Sin embargo, resulta aún más preocupante que los autores intelectuales parecen ser olvidados por la justicia: tan sólo en tres casos se ha alcanzado condenas de los cerebros de los asesinatos. Adicionalmente, durante 2018 prescribieron cuatro casos, y varios están próximos a quedarse en la impunidad perpetua.

El problema de la impunidad se repite para otros tipos de violencia. Las amenazas, motivadoras de exilios y autocensura, se mantienen impunes en cerca del 99% de los casos. Esto es especialmente preocupante al considerar que al día de hoy, con dos meses restantes para terminar el año, la FLIP ha documentado 183 amenazas contra 240 periodistas. Este año, la FLIP y diecinueve embajadas y organizaciones expresaron su preocupación por el aumento de las amenazas durante 2018.

Es necesario que la justicia avance prontamente en la investigación y solución de estos casos. En agosto de este año, la FLIP y AMI (Asociación Colombiana de Medios Informativos) se reunieron con el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Interior, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de la Unidad Nacional de Protección y la Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del gobierno del presidente electo, quienes expresaron su preocupación por el aumento de las amenazas y por la situación de la prensa regional. En dicha reunión, todos ellos hicieron una declaración contra la impunidad: se comprometieron a impartir instrucciones para garantizar el pleno trabajo periodístico y acordaron trabajar de manera coordinada para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de la violencia.

Ha habido algunos progresos destacables por parte de la Fiscalía en varios casos de amenazas y extorsiones. Además, el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las investigaciones del asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, ha resaltado los avances de la institución en la captura y judicialización de al menos tres presuntos autores de los crímenes.

Sin embargo, son necesarios más avances. La FLIP hace un llamado a estas instituciones para que honren sus compromisos y trabajen coordinadamente, ya que su acción es esencial para lograr una verdadera prensa libre.

Es importante resaltar que este año se consiguieron algunas decisiones importantes que avanzan en la consecución de justicia y verdad para las víctimas y sus familias. En el caso del periodista Nelson Carvajal, por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a un Estado responsable por el asesinato de un periodista por razón de su oficio. Además, la justicia administrativa encontró al Estado responsable por el asesinato del periodista y abogado Edison Molina. Este año también se obtuvo la condena más alta jamás dada en Colombia por el asesinato de un periodista, en el caso Luis Antonio Peralta. Finalmente, José Miguel Narváez fue condenado a treinta años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón.

La FLIP espera que la misma justicia sea encontrada para otros casos y ratifica su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la prensa. Durante el día de hoy la FLIP compartirá algunos de los casos de asesinatos, amenazas y otros crímenes que continúan en la impunidad para generar una reflexión profunda en la búsqueda de justicia.

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La violación, la tortura y el secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 fueron el comienzo de una pesadilla de la que aún no despierta: “Llevo casi 19 años siendo violada todos los días”, dice. Y se refiere a la impunidad que ha rodeado su caso todo este tiempo.

El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después: “Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”.

Bedoya no ha logrado justicia. Todavía recibe amenazas constantes por su trabajo como periodista y también por su labor como activista por los derechos de las mujeres que han padecido abuso sexual.

Hoy, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es preciso recordar este caso por su doble condición: crimen contra la libertad de expresión y la marcada violencia de género. Ese 25 de mayo se intentó callar y amedrentar a la periodista por revelar las irregularidades de la cárcel La Modelo.

Un obstáculo tras otro

Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.

En 2011, después de años de inactividad procesal, se asignó el caso a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Estos avances no necesariamente deben atribuirse a la fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales. Según Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se trata de una justicia confesional y no de una que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos.

A la fecha se ha vinculado a varias personas y hay dos condenados: Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) y Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.). Ambos se acogieron a un beneficio que contempla la Ley Penal, conocido como “sentencia anticipada”. Jaimes Mejía aceptó su responsabilidad en los tres cargos que le imputaron y recibió una condena de 28 años de prisión. Cárdenas Orozco aceptó cargos de secuestro y tortura, pero no de violencia sexual, por esto su responsabilidad penal no se ha definido.

El tercer paramilitar es Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepizca), quien tiene detención preventiva por el caso de Bedoya, y además está detenido por otros delitos. La defensa de Pereira busca su libertad provisional y está pendiente un recurso de apelación donde el tribunal decidirá si continúa detenido o sale en libertad. La FLIP, como representante de la periodista, teme que el tribunal considere la segunda opción.

“Esas condenas”, dice Bedoya, “son el producto de mi persistencia, gracias al apoyo de la FLIP y otras personas”. Sin embargo, la periodista ha dicho que estas detenciones y sentencias no se pueden mostrar como una acción efectiva y reparadora de la justicia, porque se trata solo de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, mientras los autores intelectuales siguen sin ser mencionados.

Desde agosto de 2017 la defensa espera la sentencia que decida, de forma definitiva, la responsabilidad de los mencioandos paramilitares por los distintos crímenes cometidos en el 2000. Pero se siguen sumando días y meses de espera. 

El peso de la injusticia

El caso ha tenido cinco fiscales. El primero estuvo desde que ocurrieron los hechos hasta 2011, y fue la etapa menos productiva de la investigación. Desde 2011 se han asignado cuatro fiscales mujeres. Cada vez que un fiscal nuevo toma el caso debe leer el expediente en la Fiscalía. Son 30 cuadernos de 400 folios: unas doce mil páginas en total.

Según Pedro Vaca, solo desde mediados de 2017 la fiscalía está avanzando hacia los los otros niveles de responsabilidad. Es decir, establecer la autoría intelectual de los hechos: “Han comenzado a hacer su trabajo en el momento en el que es más difícil y dispendioso”. Vaca celebra que se retomen líneas de investigación en las que no se había avanzado desde las primeras pistas aparecidas en 2007.  Y una de estas líneas es la que involucra a funcionarios públicos como cómplices, incluidos funcionarios del INPEC.

A esto se suma otro proceso, también demorado: el caso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, pero solo fue admitido hasta 2014. Desde 2015, los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH han dicho que este es un caso priorizado, pero todavía no está en  la agenda la discusión sobre una decisión de fondo. “A veces siento que la CIDH terminó siendo igual de revictimizante que el Estado colombiano. Y lo digo con todo respeto, porque creo que hacen un muy buen trabajo en defensa de los derechos humanos, pero en mi caso no lo he sentido así”, dice Bedoya.

Ella siente que la CIDH la ha dejado en un vacío: “Hemos hecho hasta lo imposible para que entiendan que esto no solo es el caso de Jineth Bedoya. Es lo que afrontan centenares de mujeres en todo el hemisferio”.

La solicitud concreta ante la CIDH es que el Estado colombiano sea juzgado internacionalmente en este caso, porque varios de sus agentes pudieron estar vinculados en los hechos. El Estado no brindó protección a la reportera, aunque había denunciado amenazas previas al secuestro y había sufrido un atentado un año antes. El Estado, por último, tiene la obligación de brindar justicia y no lo ha hecho.

La CIDH tiene una gran oportunidad para sentar un precedente: se trata, al mismo tiempo, de un caso de violencia de género y el único ante el sistema interamericano que trata el tema de libertad de expresión. Una resolución de la CIDH podría dar un mayor impulso a las investigaciones a nivel nacional y hacer visibles las deficiencias que existen en algunas estructuras del Estado; sobre todo en el tiempo de respuesta.

Después de que la CIDH emita este pronunciamiento pueden ocurrir dos cosas: el caso se archiva, o pasa a la Corte Interamericana para que se juzgue al Estado. Bedoya no se amilana: “Si la justicia de este país no asume su responsabilidad frente a los victimarios, tenemos una última instancia que es la Corte Penal Internacional. No voy a desfallecer en ese propósito, ni para mí, ni para ninguna de las miles de mujeres violadas en Colombia”.

En 2012, la Fiscalía calificó este caso como un crimen de lesa humanidad, lo cual refuerza el deber internacional del Estado de investigar y sancionar a todos los responsables. Pero la espera se extiende como una agonía larga. “La impunidad va a ser siempre una segunda violación y una segunda muerte. Y cuando las tienes que cargar todos los días, lo único que te queda es pensar cómo vivir esa agonía, si llevarla con rabia, o como algo positivo que pueda transformar la vida de alguien”, dice Bedoya.

La periodista sabe que la impunidad padecida no es una excepción. Para muestra ofrece este dato: de los 136.000 sindicados que se llevaron a la justicia, solo hay cinco condenas por violencia sexual. “Yo no dejo de creer en la justicia, porque si no creyera, no tendría mi proceso adelante. Pero sí soy muy clara frente a lo que la justicia nos ha dado a las mujeres en Colombia”.

Para ella, solo habrá justicia cuando se esclarezcan los hechos. “Creo que ya no me importa si están cien, veinte o un año en la cárcel. Lo que me importa es que se conozca la verdad. Si no va a haber un escarmiento ante la justicia, creo que el peor escarmiento es el social: que esta sociedad conozca qué hubo detrás del secuestro de Jineth Bedoya. Eso me daría tranquilidad”.

La reportera y editora ha expuesto su caso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido premios como el que entrega cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mujeres de Coraje. Además, lidera la campaña de Intermon Oxfam, No es hora de callar, que invita a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar estos crímenes. Su voz se ha vuelto relevante e influyente, pero no ha sido suficiente para conseguir justicia y reparación.

Las amenazas contra la periodista continúan, y aunque agradece el esquema de protección que le brinda el Estado, es urgente investigar de dónde viene el intento de coacción para desactivar el riesgo. Entre toda la negligencia oficial durante estos años, Bedoya piensa que la peor de todas radica en las amenazas, porque no han cesado en estos 18 años. 

“Yo aprendí que lo normal era estar amenazada”, dice resignada. Bedoya ha visto afectada su salud, por la gran angustia que le generan estos hechos. “Si esto pasa conmigo que puedo hablar directamente con el fiscal general, qué puede esperar el resto de las mujeres, a quienes ni siquiera les reciben la denuncia”.

A pesar de todo, Jineth Bedoya no se deja amedrentar en su trabajo como periodista o como activista por los derechos de las mujeres: “Esto ya no es por mí, yo solo soy un referente que aglutina miles de nombres”.

'La violación es para siempre': Jineth

“La violencia sexual nunca se supera. Es un dolor con el que uno aprende a vivir. Además de las secuelas emocionales, están las físicas. Nadie imagina cómo ha afectado mi salud todo lo que ocurrió. A veces, cuando estoy tan enferma como lo he estado en los últimos meses, pienso que esto es como el bono adicional que traía la violación. Te dañan el cuerpo, te dejan marcada, te dañan espiritualmente. Pero, además, después de casi 19 años, tienes que seguir sufriendo las secuelas de salud que deja ese hecho. Y te llenas de rabia y de impotencia porque son cosas muy difíciles de llevar. Toca agarrarse de algo para seguir viviendo. Pero hay días que no quisiera seguir viviendo. Hay días que desisto cien por ciento porque es muy difícil. A todas las mujeres les pasa eso. Hay mujeres que quedan con el útero destrozado; mujeres que nunca pueden ser madres, como yo. Hay mujeres que nunca pueden volver a tener una relación y a sentir que tienen el derecho a ser amadas. Hay mujeres que no consienten que las vuelvan a tocar. Eso es matarte en vida. Es lo que logra la violación”.

Las cifras del proceso

  • 18 años y cinco meses han transcurrido desde que ocurrieron los hechos. 
  • 5 fiscales ha tenido el caso. El primero estuvo a cargo durante once años, sin ningún avance. 
  • 99,8 % es la tasa de impunidad en los casos de amenazas a periodistas en Colombia.
  • 97 % de impunidad hay en los casos de violencia sexual.
  • 30 libros de aproximadamente 400 folios cada uno es el expediente del caso que reposa en la Fiscalía. 
  • 11 años de prisión fue la sentencia para Alejandro Cárdenas, uno de los paramilitares que se atribuye responsabilidad material de dos de los delitos cometidos contra Bedoya. 
  • 28 años de prisión le dictaron a Mario Jaimes Mejía, también confeso.

 

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Se cumplen seis meses del asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, conformado por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. El 26 de marzo fueron secuestrados por el grupo residual denominado Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El 13 de abril Lenin Moreno, presidente de Ecuador, confirmó el asesinato.

Desde que ocurriera el secuestro, los Gobiernos de los dos países han ocultado información impidiendo establecer con claridad cómo ocurrieron los hechos. La FLIP ha solicitado insistentemente información acerca de los operativos realizados, los canales de liberación y las hipótesis manejadas al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas, deficientes y no se han presentado de forma oportuna. La FLIP continuará representando a los familiares de las víctimas en los procesos que se llevan en Colombia y seguirá exigiendo las respuesta por parte del Estado.

Durante estos seis meses una alianza de veinte periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Efraín, Paúl y Javier fueron ejecutados. Esta alianza encontró datos y versiones de los hechos que hasta ahora no habían sido conocidos por la opinión pública. Los resultados serán publicados en el especial Frontera cautiva: tras el rastro de los periodistas ejecutados.

La FLIP apoyó el proyecto Frontera Cautiva y acompañó este proceso con rigurosos protocolos de seguridad y con el objetivo de que los reporteros pudieran viajar nuevamente a la zona fronteriza. Para la Fundación resulta fundamental estimular el ejercicio periodístico que investiga e indaga asuntos de tal relevancia social. Además, se hace necesario contrastar las versiones oficiales, que en este caso como en muchos otros, han sido insuficientes.

En otros casos de asesinatos a periodistas en el país, la FLIP ha apoyado proyectos de esta índole. Después del asesinato de Orlando Sierra en 2002, un grupo de periodistas se unió e investigó en Manizales las causas del homicidio. Además, recaudó pruebas que luego fueron utilizadas en la investigación penal. Trece años después el líder político Ferney Tapasco fue condenado por este crimen.

En 2015, la periodista Flor Alba Núñez fue asesinada en Pitalito, Huila. Después de esto, el proyecto Pitalito Sin Censura buscó contar las condiciones en las que el asesinato fue ejecutado y los temas que había denunciado Núñez.

Los resultados de Frontera Cautiva aportan información que esperamos sean tenidos en cuenta por las autoridades colombianas y ecuatorianas en las investigaciones internas que se están realizando y así establecer responsabilidades de actores e individuos. También, es relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analice detalladamente el producto como parte de la investigación que está realizando el Equipo de Seguimiento Especial (ESE).

Sumado a lo anterior, es fundamental que esta penosa situación se convierta en un incentivo para mirar las zonas de frontera que tienen especial interés periodístico pero donde no existen garantías para ejercer la reportería.

Aquí puede consultar Frontera Cautiva

 

 

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Hoy, 12 de octubre de 2018, se cumplen ochenta años del asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa. Este crimen es el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio del que se tiene registro en Colombia. Galarza, fundador y director del periódico La Voz de Caldas, fue asesinado en 1983 por el teniente Jesús María Cortés.

El periódico había publicado las denuncias de maltrato presentadas por un soldado en contra de Cortés. El teniente pidió a Galarza que se retractara y, ante la negativa, asesinó al periodista a pesar de haber afirmado que las acusaciones eran ciertas. Curiosamente, en la madrugada del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, abogado defensor de Cortés, logró su absolución con un razonamiento imposible de sostener hoy en día: Gaitán argumentó que el teniente había actuado en legítima defensa del honor militar. Más tarde, ese mismo día, Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá.

La FLIP invita a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación a que acompañen a la Fundación en un homenaje a Galarza.

Aquí puede leer la carta completa.

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El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La CIDH reconoció que en el curso del proceso internacional se cometieron errores con respecto a los derechos de las víctimas. Los familiares valoran positivamente esta consideración y esperan que el proceso se retome desde el 2001, cuando todos estos errores comenzaron.

El Estado colombiano no reveló ningún avance significativo en lo relacionado con la investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cano. Sin embargo, la FLIP reconoce su disponibilidad y compromiso de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

El comisionado relator para Colombia asumió personalmente el compromiso de llevar al pleno de la Comisión la solicitud de los familiares. La Comisión afirmó que para el próximo diciembre ya habrá respuesta a esta solicitud.


Aquí puede leer la carta de Ana María Busquets de Cano.

 


Comunicado de la familia Cano Busquets y organizaciones por el caso del asesinato de Guillermo Cano

El Estado colombiano fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de realizar una reunión de trabajo acerca del homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza.

La familia Cano Busquets, la Fundación Guillermo Cano Isaza, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa publicaron un comunicado conjunto debido a su presencia en el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lea aquí el comunicado en línea.

 

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La periodista Claudia Julieta Duque y su hija María Alejandra Gómez demandaron en las últimas horas al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los múltiples ataques de los que han sido víctimas desde el año 2001, entre los que se cuentan un secuestro, graves amenazas, tortura psicológica, persecución y exilios, La mayoría de estos se encuentra en la impunidad, en el marco de juicios e investigaciones ralentizadas contra exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La periodista comenzó a ser perseguida en el año 2001, cuando investigaba el caso del asesinato del también periodista Jaime Garzón Forero. En la petición presentada ante la CIDH durante el período de sesiones que se lleva a cabo a partir de este lunes en Boulder (Colorado, Estados Unidos), se hace un recuento de las violaciones a los derechos humanos infligidas por el DAS contra ambas demandantes entre los años 2001 y 2008, y se menciona la impunidad en que permanecen nuevas amenazas y hostigamientos sufridos por la periodista y su familia a raíz de la batalla por justicia que ha emprendido la periodista Duque en Colombia.

En el expediente penal se llegó a comprobar que existió un plan específico de persecución contra la periodista que fue llevado a cabo desde el DAS. En la actualidad, varios ex funcionarios de esa entidad involucrados en los ataques contra Claudia Julieta Duque continúan ejerciendo cargos públicos, uno está libre por vencimiento de términos y otro por cuenta de irregularidades procesales que la Fiscalía se negó a corregir, mientras otros más que se encuentran en juicio están prófugos de la justicia. El proceso penal –con excepción de tres condenas por aceptación de cargos–  se ha paralizado en los últimos años pese al abundante caudal probatorio.

Los hechos de la petición han sido calificados por las cortes colombianas como tortura psíquica agravada y por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, por el patrón sistemático de ataques, hostigamientos, seguimientos, actividades de inteligencia y contrainteligencia perpetrados por DAS en contra de la periodista.

La demanda fue presentada en nombre propio y de su madre por la hija de Claudia Julieta, quien hoy es abogada y becaria en una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Durante más de un año, María Alejandra trabajó en la demanda de su propio caso como una forma de apoyar activamente a la periodista Duque en su lucha por justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha acompañado el caso de Claudia Julieta Duque desde hace más de una década, lo que ha llevado a varios de sus miembros a servir como testigos en los procesos judiciales en Colombia. Desde la FLIP esperamos que la Comisión atienda la solicitud de las demandantes en busca de justicia definitiva.

Tanto Duque como Gómez son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el año 2009, por lo que las demandantes han solicitado darle a su caso un trámite prioritario, o “per saltum”, de conformidad con el reglamento interno de la Comisión.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce esta condena como un avance significativo en la búsqueda de justicia en el crimen contra Jaime Garzón. Sin embargo, la FLIP rechaza la decisión de no declarar el homicidio de lesa humanidad y no tener en cuenta el oficio periodístico como agravante y motivación del crimen.

El pasado 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez como autor intelectual del homicidio en contra del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el juez ordenó el pago de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de sus familiares, negando cualquier tipo de beneficio al condenado.

El juez llegó a esta conclusión al comprobar la veracidad de testimonios vinculados a las autodefensas, quienes afirmaron que Narváez habría sugerido directamente a Carlos Castaño asesinar a Garzón. En la sentencia, el juez afirma que “el procesado le ‘vendió’ la idea a Castaño Gil que Garzón Forero era un guerrillero, acusándolo de haberse apoderado de parte del dinero del rescate de un hijo de un empresario, y criticar, en el programa de televisión, a las autodefensas por masacres como la del aro” (pág. 55). Como resultado de la investigación, el juez afirmó que Castaño, incitado por Narváez, ordenó a la banda “La Terraza”, dirigida por alias “Don Berna”, ejecutar el homicidio de Jaime Garzón.

Adicionalmente, el juez estableció que el homicidio de Jaime Garzón fue un claro mensaje de terror y miedo hacia la sociedad y familiares de las víctimas de los secuestros, para evitar acciones similares a las desplegadas por Garzón. Además, agregó que el estado de indefensión en el que se encontraba el periodista al momento de la ocurrencia de los hechos y la imposibilidad de reaccionar en su propia defensa, da lugar a que el crimen de Jaime Garzón sea un homicidio agravado.

No obstante, reconoce como único móvil del asesinato la labor que cumplia Garzón como mediador entre las familias de los secuestrados y los secuestradores. El juez desconoce que en los testimonios se resalta como motivo adicional para ordenar su muerte, la crítica y las denuncias que Garzón realizaba contra los paramilitares en programas de televisión y radio, lo cual se corresponde a su labor periodística.

Esta determinación resulta contraria al precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, en el que se sostiene que no es necesario escindir las actividades ejercidas por una víctima para determinar cuál de ellas fue origen o causa de las violaciones a sus derechos humanos. Es así como, el hecho de que Jaime Garzón haya sido humorista, activista humanitario y periodista no implica desconocer que una de las motivaciones de su homicidio haya sido su labor como periodista en conjunción a otras actividades que ejercía.

En este sentido, descartar que la labor periodística de Jaime Garzón fue una de las causa de su homicidio implica ignorar el impacto que su asesinato tuvo en la sociedad colombiana. Esto, especialmente al coartar la posibilidad de recibir la información y conocer las opiniones difundidas por el periodista a través de diversos medios de comunicación.

La FLIP rechaza la posición adoptada por el juez al negar que el homicidio de Jaime Garzón es un delito de lesa humanidad. El juez desconoce las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de Estado, quienes reconocieron que la muerte de Garzón no fue un hecho aislado y que por el contrario, “se produjo en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas, etc”. (Consejo de Estado. Expediente: 34.349, Actor: Ana Daisy Forero de Garzón y otros, 2016).

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y a la administración de justicia para que se siga avanzando en este caso y se prosiga con una investigación efectiva y diligente que contribuya a esclarecer los hechos y determinar a las personas responsables del asesinato del periodista. Es necesario que este crimen no continúe en la impunidad como la mayoría de delitos en contra de periodistas en Colombia.

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“La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos”, Darío Fo.

Hace 19 años silenciaron la sátira en el periodismo en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue uno de los periodistas de humor más representativos del país, hizo de la sátira política una arma poderosa para poner en evidencia la corrupción y el narcotráfico de la época.

A pesar de que con su muerte los autores del crimen pretendían que su memoria muriera con él, casi dos décadas después de los hechos, su legado permanece en los recuerdos de los colombianos.

Como periodista, Jaime Garzón fue protagonista de programas como ¡Quac! y Zoociedad, en los que criticaba a través del humor y sátira a la clase política y evidenciaba la gran distancia que tenía de la sociedad colombiana y sus problemas. Profundamente comprometido con las clases populares del país, su labor periodística se acercaba a ellos tanto en lenguaje como en formato.

Este estilo le valió enemigos dentro del Estado, principalmente dentro de los militares. Según consta en los expedientes judiciales, integrantes de las fuerzas militares se aliaron con paramilitares para asesinarlo el fatídico 13 de agosto de 1999. A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos y obtener justicia, este caso continúa en la impunidad.

Cronología de la impunidad

Días después del asesinato de Jaime Garzón, fueron capturados Juan Pablo Ortiz, alias “Bochas”, y Edilberto Sierra, alias “Toño”; acusados de ser los autores materiales. Sin embargo, cinco años después fueron dejados en libertad al demostrarse que la versión de los testigos que los vincularon resultó siendo falsa. Adicionalmente, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía apuntaban a que los autores del crimen eran miembros de la banda delincuencial La Terraza de Medellín, la cual estaba al servicio del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.

En 2004, Carlos Castaño, jefe paramilitar desaparecido, fue condenado como autor intelectual de los hechos. En la decisión judicial, el juez absolvió a dos miembros de la banda “La Terraza”. Luego, en 2011, la familia de Garzón llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos y un año después se adelantó el juicio contra José Miguel Narváez por haber sido otro de los presuntos determinadores del crimen. El coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y los generales retirados del Ejército, Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo, también fueron vinculados al proceso, acusados de ser los autores intelectuales del homicidio contra el periodista.

El 14 de septiembre de 2016, el Consejo de Estado condenó a la Nación por el crimen contra Garzón. En el fallo se hace referencia a la participación de militares y policías para coordinar el atentado contra el periodista. Mes y medio después, el 29 de septiembre, la Fiscalía declaró el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad al considerar que el homicidio sucedió en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de persecución política ejercida por las autoridades en contra de dirigentes sociales, líderes de la oposición y periodistas.

El 29 de mayo de 2018, el caso fue remitido a la sala incidental de la Jurisdicción Especial para la Paz para definir si este mecanismo de justicia transicional tiene o no competencia para conocer acerca del caso. Debido a esta decisión, el juicio contra el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo quedó suspendido.

A pesar de las decisiones adoptadas por la Fiscalía y las instancias judiciales en las que se reconoce la calidad de periodista de Garzón, la actual fiscal a cargo de la investigación no la reconoce y descarta que este asesinato sea un crimen contra la libertad de expresión. Es de conocimiento de la FLIP que el caso se mantiene en la impunidad como consecuencia de los intentos por desviar y afectar el curso de la investigación.

El aniversario del asesinato de Jaime Garzón es una oportunidad para conmemorar su labor humanitaria y resaltar el ejercicio periodístico que efectuó. La Fundación hace un llamado al sistema judicial y a la Fiscalía General de la Nación para que cumplan con la obligación de investigar, juzgar y sancionar de forma diligente y efectiva este crimen. Diecinueve años sin resultados relevantes en el proceso penal son fiel testimonio de la rampante impunidad que afecta este y otros casos de crímenes contra periodistas.

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Fuentes consultadas

  1. Demanda de parte civil como actor popular- Jaime Garzón, febrero de 2018.

  2. https://www.colectivodeabogados.org/?Suspenden-caso-de-homicidio-de-Jaime-Garzon-por-conflicto-de-competencia-con-la

  3. https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-jaime-garzon-fue-declarado-crimen-de-lesa-humanidad/495966

  4. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-el-crimen-de-jaime-garzon-se-quiso-garantizar-la-impunidad-articulo-707593

  5. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/asesinato-de-jaime-garzon-fue-un-crimen-de-estado-fisca-articulo-621261

  6. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenan-nacion-crimen-de-jaime-garzon-articulo-654849

 

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El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, asesinado el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce este fallo como un importante paso hacia una mayor garantía de la seguridad para la prensa en Colombia.

En dicha sentencia se reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional al ejecutar tardía y deficientemente su labor de protección.

Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son responsables no solo por el “conocimiento que se tenía del peligro latente sobre la vida del señor MOLINA CARMONA, sino porque existía de un lado solicitud de protección de parte de autoridades en favor del denunciante, y en el caso de la Fiscalía General, porque a pesar que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció por otro lado el deber constitucional y legal, que sobre el particular le asistía".

Como consecuencia de ello, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, representada por la FLIP,  y realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y la sociedad y que se realice un taller de derechos humanos, con énfasis en libertad de expresión y garantías de la oposición, entre otros temas, en ese mismo municipio.

La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad.

 

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