Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador. 

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano. 

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra. 

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo. 

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”. 

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH. 

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

 

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Jueves, 23 July 2020 13:41

20 años sin justicia no es olvido

Fabio Restrepo, María Helena Salinas y John Jairo Restrepo fueron asesinados en el 2000. Los tres eran periodistas. Este año, sus casos han prescrito, dejarán de ser investigados y no se podrá sentenciar a los culpables. En este artículo les explicamos más sobre la prescripción de los delitos de homicidios a periodistas.  

La prescripción de un caso se debe a que, por orden constitucional, hay que establecer un tiempo límite para que alguien pueda ser juzgado por un crimen. Esta duración se calcula teniendo en cuenta la pena máxima a la que podría verse enfrentado el autor del delito. Por ejemplo, en el caso de homicidios, después de 20 años, los casos prescriben, pues ese es el tiempo al que podrían sentenciar al responsable del asesinato.

En febrero y marzo de este año se cumplió el tiempo máximo para condenar a los responsables de los asesinatos de los periodistas Fabio Restrepo (Santander), John Jairo Restrepo (Santander) y María Salinas (Antioquia). En los primeros dos casos se tiene como presunto responsable a la guerrilla del EPL, y en el caso de Salinas, al ELN. Estos son los pocos datos que se tenían de sus casos, pues en la Fiscalía la investigación fue suspendida y no hubo más información, ni siquiera antes de la fecha de prescripción, así lo confirmó Ángela Caro, asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Para Caro, hay varios errores por parte de la Fiscalía que hacen que las investigaciones no lleguen a buen término y, por el paso del tiempo, muchos casos prescriban. Uno de esos errores es que los fiscales desconocen el oficio periodístico que ejercían las personas antes de ser asesinadas. El caso de Jaime Garzón es ejemplo de esto, explica Caro, pues la Fiscalía siempre ha defendido que su profesión era la de abogado y su asesinato no estaba relacionado con el hecho de ser periodista.

Caro añade que no hay personal que esté plenamente capacitado para abordar un crimen que pueda tener una relación con la actividad periodística: “hay funcionarios que no saben definir a un periodista o no entienden los riesgos que se corren en el oficio periodístico”.

Otro de los errores que señala Caro, es que los fiscales limitan la investigación a lo que les dice la familia de la víctima, aun cuando el Estado cuenta con suficiente capacidad para adelantar investigaciones más profundas.   

El último punto determinante es garantizar la imparcialidad del fiscal que está a cargo de la investigación. Por ejemplo, en el caso del asesinato del periodista Edison Molina, la Fiscalía de Puerto Berrío fue la primera encargada de investigar, aunque la familia alegaba falta de imparcialidad, pues los autores del crimen tendrían mucho control en las instituciones del municipio. Seis años después, y con el caso llevado por otra seccional de la Fiscalía, se dieron a conocer las irregularidades que ocurrieron en los primeros meses de investigación.  

 

Declaración de crimen de lesa humanidad

 

La declaración de crímenes de lesa humanidad evita que los casos prescriban. Esta declaración la puede solicitar la familia de la víctima o lo puede hacer la Fiscalía de oficio. Se puede realizar antes o después de que prescriba el caso, aunque esto último no es tan común. 

Sin embargo, para que se declare un delito como crimen de lesa humanidad,  se deben probar ciertas características. La Corte Penal Internacional fija los siguientes requisitos: lo primero es que el crimen debió haber sido generalizado, es decir que debió haber afectado a una cantidad considerable de civiles, o sistemático, que se se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de su ocurrencia por mera coincidencia. 

Un segundo punto es que las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos. El tercer requisito es que el ataque debe ser dirigido contra población civil. Por último, se debe probar que el delito tuvo una motivación discriminatoria, bien que se trate de motivos ideológicos, políticos, religiosos, étnicos o nacionales.

Caro señala, además, que no es suficiente con que se declare el crimen como de lesa humanidad, si al final las investigaciones no avanzan de forma diligente y en un plazo mucho más expedito.

Además, Caro explica que es importante que las investigaciones avancen en las líneas de autores intelectuales y no solo las de autores materiales en crímenes a periodistas. “Es de este modo como se puede determinar, en materia de libertad de prensa, cuál fue la razón por la que se quiso silenciar al periodista”, afirma la asesora legal.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación ante la falta de resultados de la Fiscalía en investigaciones de crímenes a periodistas por razones de su oficio, ya que como lo revela nuestro último informe anual Callar y fingir, la censura de siempre’, entre 1977 y 2019 se han registrado 159 asesinatos a periodistas, de los cuales 125 casos aún se encuentran en total impunidad.  

En nuestro compromiso por defender la libertad de prensa del país, seguiremos documentando, denunciando y realizando el seguimiento a los casos en los que esté en juego la vida, integridad o justicia de las voces de periodistas silenciados.

 

Casos prescritos pero no olvidados 

 

Los tres casos por los homicidios de los reporteros Fabio Restrepo, John Jairo Restrepo y María Helena Salinas, que mencionamos al comienzo de este artículo, prescribieron entre febrero y marzo de este año. Fabio era periodista y John Jairo el camarógrafo de un canal local de televisión de Barrancabermeja, fueron asesinados mientras hacía reportería sobre las milicias urbanas de Barranca. María Helena era periodista radial para varias emisoras en San Carlos, Antioquia y también se dedicaba a la docencia, al parecer su asesinato se produjo en medio de enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla del ELN.

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El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

Ospina Hernández es señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber sido el encargado de realizar los videos de supervivencia al equipo periodístico del diario El Comercio, mientras permanecía secuestrado por los miembros del grupo Oliver Sinisterra.

Esta decisión deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad en el juicio. 

Por otro lado, la FLIP le ha insistido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para que programe la fecha de continuación de juicio en contra de Gustavo Alonso Ospina, sin embargo no ha obtenido una respuesta.

Las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS hacen un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para que se adelante de manera célebre y sin dilaciones injustificadas el juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas. Vale la pena destacar que este caso cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual acentúa la responsabilidad del Estado frente a la investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos hechos. 

Esta decisión tiene origen en la negligencia del Estado colombiano frente al proceso, pues se fundamenta en la ausencia de documentos que están al alcance del Estado y no fueron aportados de manera oportuna. Por lo tanto, las consecuencias de esta decisión y el riesgo de repetición deben ser de especial seguimiento por parte la CIDH en el marco de las medidas cautelares binacionales vigentes.

Así mismo, se extiende el llamado al Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación en aras de que se realice un seguimiento a los juicios que se adelantan ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, para que los mismos se desarrollen dentro de los plazos establecidos por la ley.

Finalmente, las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS acuden a los Estados de Colombia y Ecuador para que reafirmen su compromiso en la lucha contra la impunidad en este caso y se implementen las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

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Este 11 de junio de 2020 se cumple un año del atroz homicidio del periodista Libardo Montenegro en Samaniego Nariño.

En la respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía General de la Nación afirma que la investigación todavía está en curso pero que tienen “indicios relevantes” de que el homicidio pudo responder a asuntos personales. Es preocupante que no se aborde como principal hipótesis del móvil del crimen su trabajo periodístico.

A continuación queremos compartirles este relato acerca del importante trabajo de Libardo y la impunidad que rodea su muerte.

Impunidad: la única verdad en el asesinato de Libardo Montenegro

 

Por Yulieth Mora G.

Era martes. Un martes en Samaniego, municipio del departamento de Nariño. Eran las 9:30 de la noche, a dos cuadras de la Estación de Policía dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon a Libardo Montenegro, comunicador, periodista y locutor de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Libardo, que iba a camino a su casa, cayó muerto y los asesinos huyeron, como siempre huyen.

Cuando la balacera cesó los residentes del barrio Sucre hicieron un círculo alrededor del cuerpo. Era la segunda vez que sucedía en el día. Cinco horas antes, el mecánico Víctor Carrera, de 24 años, fue asesinado también a manos de sicarios. Un muerto del que no se habló mucho en los medios de comunicación.

Los vecinos del barrio Sucre tuvieron que reunirse por tercera vez el viernes siguiente, 14 de junio de 2019, tres días después de los asesinatos. Querían cumplir con la convocatoria que Libardo Montenegro había pregonado por todo el pueblo: “La marcha por la paz y la vida de Samaniego”, una marcha por la defensa de la vida y los derechos humanos. .

El asesinato de Libardo Montenegro tuvo cierto cubrimiento mediático. Organizaciones, agremiaciones, el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, entre otros, se pronunciaron a través de las redes sociales con un rechazo rotundo, junto a los medios de comunicación que, al siguiente día, también informaron al país el despliegue de 25 policías al municipio para apoyar labores de investigación y seguridad.

William Montenegro, padre del periodista asesinado, le dijo a los medios con la voz quebrada de un hombre al que le han asesinado a su hijo: “hay un vacío muy grande que deja mi hijo entre nosotros y ese vacío nunca lo voy a rellenar con nada”.

Libardo creció con la influencia de la radio en su familia. Desde niño participó en la emisora comunitaria fundada en 1997 por su abuelo Segundo Montenegro y hasta el día de su asesinato no se apartó de los micrófonos.

Al día siguiente del asesinato de Libardo, la gerente de la emisora, Rosa Guevara, se refirió al caso y admitió un alto nivel de censura en el municipio: “Aquí en Samaniego se sabe que es un lugar bien difícil, zona roja, entonces… precisamente a ellos como periodistas, locutores, se les tiene en cuenta cualquier entrevista que hacen, cualquier mensaje, opinión que vayan a dar somos muy cautelosos”.

Sin embargo, días antes de la movilización, el reportero grabó una cuña para invitar a las personas del municipio a que participaran en “La marcha por la paz y la vida de Samaniego” y para exigir a los violentos el respeto por la vida y a las autoridades mayor responsabilidad frente a la protección de los derechos humanos en el municipio.

El municipio de Samaniego cuenta con unos 49 mil habitantes, y desde hace unas tres décadas se ha convertido en el corredor estratégico del narcotráfico que desemboca en Tumaco y en la Costa Pacífica.

Una mañana en Café al día, una de las franjas de radio que Libardo mantenía al aire, él dijo con una voz reflexiva lo que ahora se puede escuchar como un grito:

 “Decirles a nuestros campesinos que no abandonen el campo, tratemos de rescatarlo. En muchas oportunidades, se habla que la sustitución de cultivos ilícitos debe ser premiada por el Gobierno Nacional. Quiero hacerles esta reflexión porque hace unos años 35 años, en el municipio de Samaniego no se conocía lo que era la coca o la amapola y aunque no lo crean la gente vivía bien, los cultivos que eran yuca, plátano, frutales, maní, café, de pronto las verduras y la caña siempre dejaban buenos dividendos a nuestros campesinos. La droga nos la trajeron aquí”.

Según el Manual de autoprotección: Comunicar sin riesgo; radios comunitarias en tiempos de paz, en Nariño gran parte de los temores que enfrentan los periodistas de este departamento están relacionados con las disputas entre grupos armados por el control de la frontera con Ecuador y los municipios costeros.

“En abril de 2018, el asesinato de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio en inmediaciones de la frontera colombo-ecuatoriana fue determinante para que los reporteros locales tomaran distancia de cubrimientos relacionados con las rutas de narcotráfico, los cultivos de coca y el tráfico de combustible y otros insumos para la producción de la pasta de coca”.

Las emisoras comunitarias en Colombia desempeñan un papel fundamental en los territorios. Durante el conflicto armado y luego del Acuerdo de Paz se han convertido en espacios donde la comunidad puede encontrarse para compartir sus necesidades y problemáticas a través de un micrófono abierto.

Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, un proyecto de RESANDER, financiado por el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, se ha enfocado en los últimos años en el fortalecimiento de la radio comunitaria y ha considerado como herramienta vital en construcción de una cultura de paz y convivencia en los territorios.

Libardo Montenegro hacía parte de este proyecto y participaba activamente de los episodios de ‘Así suena la paz en los territorios’. Allí se destacó por su interés en los derechos humanos e hizo partícipes a las víctimas de la violencia cuando les abrió los micrófonos para contar sus testimonios y replicar los incumplimientos de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana.

Dicen que Libardo era la mejor voz de Samaniego, que le gustaba el fútbol, que era muy reservado con su vida privada, que tenía una novia que se llamaba Adriana y que unos días antes de su asesinato Libardo tuvo un enfrentamiento verbal con el exnovio de Adriana.

Dicen que las autoridades investigan ese encuentro como un móvil del crimen: un lugar común en investigaciones que no tienen futuro. Los mismos dicen que Montenegro no debería ser considerado un periodista, sino un pregonero. Incluso, un agente de policía de la zona que solicitó guardar su identidad expresó que estaba "95% seguro" de que el asesinato de Montenegro no tenía nada que ver con su labor periodística.  

Otros como Leobar Ibarra, un periodista y amigo de Montenegro, afirman que el asesinato pudo producirse por alguna de las bandas de narcotraficantes "para enviarle el mensaje a los pobladores de que se mantuvieran callados". Porque silenciar a un hombre dice mucho: el asesinato es el último y más radical recurso de la censura.

Durante el 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 13 casos de ataques a la libertad de prensa en Nariño, que dejaron 23 periodistas víctimas. En estas cifras está incluido el asesinato de Libardo. En 2019 hubo un aumento en el número de ataques en el departamento con respecto al 2018 cuando se registraron 8 casos. Incluso, ese conteo brutal que lleva la FLIP registra que de los últimos cinco asesinatos de periodistas en razón de su oficio (2018 y 2019), cuatro de ellos se presentaron en el departamento de Nariño.

Dicen muchas cosas sobre el asesinato de Libardo Montenegro, pero todavía las autoridades no dicen nada como resultado de sus investigaciones. Nadie habla de responsables, capturas, ni penas. La impunidad se ha convertido ya no en rumor sino en la única verdad que los familiares y oyentes de Montenegro tienen como respuesta. Una respuesta demoledora para el departamento de Nariño.

 

 

 

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La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el presidente Lenín Moreno informaron en Twitter sobre la captura de un hombre que supuestamente participó en el secuestro de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril. 

Ese es el único dato que las autoridades difundieron sobre Lino Julián Ruiz Segura, alias Julián, y su arresto. Los familiares del equipo periodístico de El Comercio accedieron a información que apunta a que alias Julián habría sido capturado en octubre de 2017, bajo la sospecha de pertenecer a la seguridad de alias Guacho; sin embargo, habría sido liberado. Al respecto, las familias exigen a la Fiscalía que se informe de inmediato las circunstancias por las que esta persona fue vinculada al secuestro y esperan que se tomen las medidas necesarias para que el detenido aporte con información que permita el esclarecimiento de ese crimen, así como del posterior asesinato de sus seres queridos. Así mismo, exigen que la información con la que cuente la Fiscalía sea contrastada con la investigación que se adelanta en Colombia.

La investigación previa por el secuestro y asesinato de Paúl, Efraín y Javier lleva dos años y casi tres meses, durante los cuales tres fiscales en Ecuador han pasado por el expediente sin lograr mayores resultados. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de apoyo técnico a las investigaciones para las fiscalías de Ecuador y Colombia cuyas recomendaciones no han sido implementadas hasta el momento. 

Para los familiares de los tres trabajadores de la comunicación, el anuncio de la detención de alias Julián, lejos de despertar la esperanza de que se hará justicia, los motiva a exigir nuevamente celeridad en las investigaciones. Les recuerdan a las autoridades que esta es la única captura que se ha realizado en Ecuador en los más de 782 días que el caso lleva abierto. Asimismo, exigen que la Procuraduría General del Estado, como entidad que recibió en diciembre pasado el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, informe los mecanismos de implementación de las recomendaciones de este documento. 

Finalmente, los representantes de las víctimas aclaran que, pese a las recomendaciones de la CIDH para analizar la actuación del comité de crisis durante los días del secuestro, en el proceso aún no se observa que esto se haya aplicado. Señalan que tampoco se ha explorado la posible participación de la Policía de Ecuador en operativos conjuntos con sus pares colombianos que pudieron propiciar el fatal desenlace del secuestro de Efraín, Javier y Paúl. Esta información fue revelada por investigaciones periodísticas.

De este modo, las familias de los tres periodistas afirmaron que ya se puede hablar de impunidad en el asesinato de sus seres queridos, pues en más de dos años, las autoridades han incumplido compromisos como el que públicamente hizo el presidente de desclasificar toda la información de lo actuado durante el secuestro de Paúl, Javier y Efraín. Tampoco han dado muestras de interés en realizar un trabajo y coordinación para  esclarecer los hechos y llegar a la verdad y justicia. 

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

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Viernes, 08 May 2020 16:18

Balas que apagan luciérnagas

El 9 de mayo de 2020 se cumple un año del asesinato del documentalista colombiano Mauricio Lezama. ¿Quién era Lezama y por qué su ausencia en Arauca es insuperable?

Balas que apagan luciérnagas

 

Por Yulieth Mora G.

“Recogieron el cadáver en una bandeja, como un animal muerto, y lo hizo el señor de la funeraria”, contó Tonni Villamizar en un entrevista cuando se refirió al asesinato de su colega, el realizador audiovisual, Mauricio Lezama. 

Más de cuatro horas estuvo el cuerpo baleado, dijo la gente de la comunidad. Tendido frente a la sede del SENA regional en el caserío La Esmeralda, a 20 minutos de Arauquita, Arauca. Era día jueves, 9 de mayo de 2019. “Nadie quería recoger el cuerpo, ni el ejército siquiera”, afirmó Villamizar.

Ricardo Llaín estaba con Lezama, a espaldas de la carretera, cuando dos hombres en moto dispararon en su contra. Una de las siete balas le dio en un brazo a Llaín y como pudo, como se puede correr con una bala en el brazo, se refugió en un establecimiento. Las otras seis balas no le dieron tiempo a Lezama de reaccionar. Porque seis balas, cuatro directo a la cabeza y dos al cuerpo, no dan tiempo de nada. 

Los asesinos, en cambio, sí tuvieron todo tiempo para herir a un hombre, matar a otro, y huir. Incluso en esas cuatro horas de abandono de la Policía y las fuerzas militares, alguien también tuvo tiempo suficiente para llevarse la cámara que Lezama tenía colgada al cuello, su celular y recoger los casquillos de bala. 

Un hombre de la comunidad, que conoció a Lezama dijo: “si no salen ellos (Policía y Ejército) porque les da miedo, imagínese nosotros”.

Sandra Lezama, hermana del realizador audiovisual, afirmó que, “a los veinte minutos del hecho, entró una foto de Mauricio en las redes sociales. En ella sale en el suelo con su cámara, su bolsito y los pies de las personas que estaban rodeándolo. Llamaron a la Policía Judicial y ellos dijeron que no pueden entrar si no está el Ejército. Se echaron la pelota de un lado al otro. Sí, pasaron horas hasta que los de la funeraria tuvieron que levantar el cuerpo porque ninguna autoridad llegó”. 

Una semana después del asesinato de Mauricio Lezama la noticia saltó de un municipio en el oriente de Colombia a medios de comunicación internacionales, cuando la delegación colombiana en el Festival de Cannes sostuvo carteles que denunciaban los hechos. Sin embargo, la exposición mediática no fue, ni ha sido, suficiente para que la Fiscalía General de la Nación entregue resultados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- en un derecho de petición* le preguntó a la Fiscalía: ¿dentro de la investigación se ha abordado como primera hipótesis que los móviles del homicidio están relacionados con el ejercicio de la labor periodística? La respuesta: “no se maneja como hipótesis que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues la víctima no era periodista”. 

¿Entonces qué era y quién era Mauricio Lezama?

Mauricio Lezama era tallerista, gestor cultural, productor y realizador audiovisual, representante legal de la productora Indosana, padre de dos hijos, esposo, exesposo, hijo, un tipo de títeres, amigo, actor, rebelde, artista de lienzos, el pelado de recetas vegetarianas, un integrante de la comunidad Hare Krishna, contador de historias, una persona que nunca se acopló a la vida corriente, viajero, el consejero departamental de cine y director del Festival de Cine en Arauca. 

Lezama era, pero ya no será porque alguien decidió que había que matarlo y había que hacerlo durante esos días de casting del cortometraje Las luciérnagas vuelan en Mayo, el proyecto que lo tenía ocupado tiempo completo gracias al estímulo de Relatos Regionales otorgado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura. 

Un día de Mayo

Arauca, 3 de mayo de 1984. Un hombre armado irrumpe en una farmacia de La Esmeralda. Ese hombre balea a los dueños del lugar: una pareja de esposos. Él muere inmediatamente. Ella recibe un disparo en el rostro. La mujer es la partera del pueblo, una reconocida dirigente de la Unión Patriótica. Normalmente ayuda a dar a luz a las madres del pueblo, pero esa noche, acude a la oscuridad para salvarse de todo lo que puede salvarse. Su nombre es Mayo Villarreal. Sobrevive, pero llevará por años la carga de un rostro desfigurado, un recordatorio de la violencia en Arauca. 

Esa es la trama de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Una historia que Tonni Villamizar escribió basado en la historia de su familia, la misma que Mauricio Lezama estaba obsesionado en dirigir. Hasta que, irónicamente, lo asesinaron un día de mayo.

Silencio ensordecedor 

Perder a un hijo es indecible. Que lo asesinen, un horror. Martha Isabel Muñoz intenta ponerle palabras al vacío que dejó Mauricio en su casa y en su familia. Ella fue su madre adoptiva. 

"Es muy duro revivir el dolor. Sentir ese nudo en el pecho. Mauricio llegó acá cuando tenía 16 años. Era muy cercano a su papá. Se fue a estudiar artes y volvió aquí a hacer pintura, teatro, títeres. Ha sido muy duro lo que hemos tenido que afrontar. La Fiscalía adelanta entrevistas y hay varias versiones pero aún no hay nada definitivo. Discúlpeme por no hablar más al respecto, pero este dolor continúa y se revive cada vez que nos preguntan”. 

La madre biológica de Mauricio murió siete meses antes de que a él lo asesinaran y la fecha coincidió con la entrega del estímulo para hacer la historia sobre ‘Mayo’. Eran tiempos difíciles pero había una esperanza. 

“Antes de morir mi mamá, le dije a Mauricio: ‘vente para acá que eso allá en Arauca es muy fuerte y tú tienes mucho para dar’. Él me dijo que iba a terminar el proyecto de ‘Mayo’ y se venía para Ecuador. Eso fue lo más duro para mí”, cuenta Sandra Lezama, que recientemente estuvo en Colombia, entre otras cosas, para hacer trámites ante la Fiscalía por el asesinato de su hermano. 

El día que Sandra llegó a Colombia para velar a su hermano no se imaginó que se iba a encontrar a cientos de personas en un cementerio de Arauca, personas que también querían despedirse. “No sé de dónde saqué fuerza. Hicimos una ceremonia bella, celebramos su vida, su espíritu. La gente se acercaba y me decía: ‘su hermano le dio teatro a mi hijo y lo recordamos mucho en la casa, ‘su hermano hizo una función hermosa’, ‘su hermano cocinaba delicioso’, no había alguién que no dijera algo bueno sobre él”. 

Después del asesinato, Sandra estuvo dos semanas en Arauca para intentar resolver lo que podía, resolver cosas en las que nadie piensa que un día pueden ser un problema: ¿qué haría con las pertenencias de Mauricio? su ropa, sus zapatos, los muebles, todo lo que había quedado ahí detenido en su apartamento. Sandra llamó a la persona de enlace en la Fiscalía para que fueran a revisar el apartamento, las notas, cualquier cosa y buscaran pistas sobre los móviles del asesinato. No, no pudo esperar más, tenían que regresar a su casa. Se deshizo de algunas cosas, otras las regaló. 

Hoy pocos se atreven a hablar del futuro de Las luciérnagas vuelan en Mayo. Mucho menos de la producción de esas otras historias que Mauricio Lezama estaba preparando. Se habla más del rodaje de 'Lez-Ama, vivir filmando', un documental que  prepara la directora Mónica Moya sobre la vida del cineasta, donde se abre el debate en torno a qué es el cine y por qué se hace. Lastimosamente, Mauricio, que por años optó por mantenerse detrás de las cámaras para dirigir películas, esta vez estará delante de ellas pero sin poder responder a ninguna de las preguntas. 

El mutismo de Arauca 

La violencia toca todo, toca incluso lo intangible, toca las voces hasta apagarlas y pronuncia el silencio. Pero cuando la violencia se instala proclama la censura como una bandera. 

“Los grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población… imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera”. Es lo que dice el informe Los guerrilleros son la policía publicado recientemente por la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) que analiza la situación a Arauca. 

Si en esta zona del país sobrevivir en medio del fuego ya es una hazaña, emitir y recibir información y hacer uso de un derecho fundamental puede, de un día para otro, desencadenar una tragedia.

Así lo indican las cifras de la FLIP que confirman el recrudecimiento de los ataques a periodistas en los últimos años: en 2017 se presentaron 9 ataques, en 2018 se calcularon 16 y en 2019 la FLIP registró un ascenso significativo con 26 ataques a periodistas en Arauca.

A lo anterior se suman los datos del Centro de Estudios de la FLIP que considera a Arauca un ‘departamento en silencio’ por la poca oferta de medios de comunicación, que llega tan solo a 35 para 267 mil habitantes en todo el departamento. 

Esas condiciones precarias para compartir información de interés de todos, han hecho del cine y otras formas de expresión una herramienta que hace flaquear la bandera de la censura. En los últimos años el cine regional ha tomado vuelo pero después del asesinato de Mauricio Lezama la violencia ha fijado un precio muy alto a las generaciones que siguen narrando el conflicto: pagar con la vida. 

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*La investigación del asesinato de Mauricio Lezama continúa en estado de indagación. No ha habido ningún avance. La única novedad en el caso es que fue reasignado a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior, a cargo de la doctora Luisa Obando, adscrita a la Unidad Especial de Investigación con sede en la ciudad de Bogotá D.C..

 

 

 

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La impunidad es un fenómeno que continúa latente en muchos países del mundo y responsabiliza a las entidades encargadas de investigar crímenes o violaciones a los derechos humanos. Es un factor determinante para que los agresores continúen actuando sin ninguna consecuencia. En Colombia, por ejemplo, en lo que respecta a asesinatos contra periodistas, de las decenas de casos registrados por la FLIP sólo en uno se han logrado condenadas contra toda la cadena criminal. En el resto de casos hay distintos niveles de impunidad, la mayoría de los cuales se concentra en la falta de justicia respecto de los determinadores o autores intelectuales. La situación de impunidad no difiere respecto de otros tipos de violencias, como agresiones físicas, amenazas o violencia sexual.

Para conocer la experiencia en otros países con el problema de la impunidad en los crímenes contra la prensa, la FLIP revisó el trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de conocer qué acciones, herramientas o estrategias se están usando para luchar contra este fenómeno. La elaboración de este documento se basó principalmente en entrevistas a diez organizaciones y expertos con experiencia en estos asuntos.

Lea aquí el documento completo.

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El pasado 6 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez, alias "Orbitel", a 80 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Katherine Leal. Esta es la cuarta sentencia que se emite en lo corrido del año por amenazas contra periodistas y es la condena más alta. 

Gélvez admitió haber amenazado telefónicamente a Latorre y a Leal desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido. Esta es la segunda sentencia en contra de Gélvez por hechos similares. En agosto de este año, fue condenado a 53.33 meses de prisión por amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada.

Los cuatro fallos se enmarcan en la estrategia de priorización de investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos, creada por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 00339 de 2018. En este momento continúan en etapa de juicio otros casos por amenazas contra los periodistas Claudia Gurisatti, Luis Carlos Vélez, María Jimena Duzán y Juanita Gómez.

La FLIP reconoce el trabajo realizado para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas. No obstante, vale la pena señalar que de los casos reportados a la FLIP en 2018 de amenazas el 99% permanece en la impunidad. En consecuencia, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que continúen y amplíen sus esfuerzos en el tema, la lucha contra la impunidad por estos hechos es fundamental para la garantía de la libertad de prensa en Colombia.


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El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje sin regreso que relata el cruel asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de un grupo narcotraficante comandado por alias ‘Guacho’. 

El crimen de esta misión periodística llevó a numerosos reporteros de distintas nacionalidades a buscar la verdad sobre los hechos ocurridos entre marzo y abril de 2018, en la frontera de Colombia y Ecuador. Apoyados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los periodistas llevaron a cabo la investigación que se presenta en este libro y que deja ver las dificultades de ejercer el periodismo en zonas de conflicto, así como la poca disposición de los Estados para facilitar la información. 

El texto narra la vida de los reporteros y las dificultades que enfrentaron en la frontera, cuenta en detalle el régimen de horror que viven los habitantes de la zona donde imperan el silencio y la ilegalidad, pone la lupa al papel de las autoridades ecuatorianas, revela contradicciones en la que se ha ocultado la verdad.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en la librería Lerner de la calle 93 en Bogotá y contó con la participación de la periodista María Teresa Ronderos; el director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo; Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de la FLIP; y el caricaturista chileno-ecuatoriano Alberto Montt, quien ilustró este relato. 

“Durante el proyecto toda la reportería tenía que estar sujeta a un protocolo, en Mataje o en la zonas de la frontera no se podía trabajar después de las cinco de la tarde, no entrevistas en lugares que no fueran seguros, tenía que haber una frecuencia de comunicación entre reporteros y la persona encargada de la seguridad”, señaló Bock.

Por su parte, el director de El Tiempo hizo una reflexión acerca del cubrimiento de estos lamentables hechos. Roberto Pombo dijo que “la información fue pésimamente manejada por parte del gobierno (...)  nosotros cometimos un pecado muy doloroso en El Tiempo, una altísima fuente del gobierno colombiano nos dió una información corroborada por altos mandos militares que estaban en la zona diciendo que a los periodistas los habían liberado y nosotros dimos la información y eso resultó un desastre, primero porque no resultó cierto y segundo porque nosotros le provocamos a los familiares y personas cercanas un dolor enorme”.

Jonathan Bock criticó la actuación del gobierno ecuatoriano: “hay un punto de quiebre frente a la credibilidad del gobierno de Lenin Moreno. Ocurre en diciembre, en Washington ante la CIDH (...) el gobierno ecuatoriano, en cabeza de su procurador, se paró frente a la CIDH y dijo que el secuestro había ocurrido en territorio colombiano y que ellos no tenían ninguna responsabilidad (...) había imágenes satelitales de donde habían sido secuestrados, estaba todo clarísimo de que era en territorio ecuatoriano donde sucedió el secuestro y que fue en territorio colombiano donde sucedió el asesinato, eran avances indiscutibles… y esto fue puesto en entredicho por el gobierno ecuatoriano, mostrando una estrategia de defensa y no en brindar información”.

La periodista María Teresa Ronderos moderó el panel y cerró la discusión recordando la importancia del trabajo colaborativo entre medios para evitar la impunidad en los crímenes contra periodistas como sucedió en el caso del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra

Lea el prólogo publicado en El Tiempo: https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/fragmento-del-prologo-de-viaje-sin-regreso-sobre-los-periodistas-ecuatorianos-asesinados-en-2018-410802

Lea el primer capítulo publicado en Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-ultimo-viaje-la-historia-de-los-trabajadores-de-el-comercio-asesinados-por-las-disidencias/631873

Viaje sin regreso fue publicado por Planeta y se puede conseguir en las principales librerías del país.                  

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El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

Luego de veinte años de investigación, la Fiscalía General de la Nación no ha identificado y llevado a la justicia a toda la cadena criminal que participó en el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres. Pocos días después de iniciar la investigación, se capturó a Jorge Eliécer Espinel Velásquez, alias “El Parce”, y Rodolfo Nelson Rosado, alias “El Pichi”, autores materiales de los hechos, a quienes se les condenó a 472 meses de prisión. 

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación sigue una línea de investigación a partir de las declaraciones del paramilitar Luciano Rojas Serrano, alias “Alex”, quien dice haber sido el encargado de contratar a los sicarios que acabaron con la vida de Guzmán Quintero Torres, por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Rojas Serrano aceptó los cargos por homicidio del periodista Quintero Torres y se está a la espera de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar dicte la sentencia. 

El 12 de septiembre de 2019, faltando tres días para que el asesinato prescribiera, la Fiscalía 77 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres, reconociendo que el mismo se dió en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia. 

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, debido a que la misma tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos. No obstante, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre sancionar a los responsables.

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