Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del libro Viaje sin regreso que relata el cruel asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos de un grupo narcotraficante comandado por alias ‘Guacho’. 

El crimen de esta misión periodística llevó a numerosos reporteros de distintas nacionalidades a buscar la verdad sobre los hechos ocurridos entre marzo y abril de 2018, en la frontera de Colombia y Ecuador. Apoyados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los periodistas llevaron a cabo la investigación que se presenta en este libro y que deja ver las dificultades de ejercer el periodismo en zonas de conflicto, así como la poca disposición de los Estados para facilitar la información. 

El texto narra la vida de los reporteros y las dificultades que enfrentaron en la frontera, cuenta en detalle el régimen de horror que viven los habitantes de la zona donde imperan el silencio y la ilegalidad, pone la lupa al papel de las autoridades ecuatorianas, revela contradicciones en la que se ha ocultado la verdad.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en la librería Lerner de la calle 93 en Bogotá y contó con la participación de la periodista María Teresa Ronderos; el director del periódico El Tiempo, Roberto Pombo; Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de la FLIP; y el caricaturista chileno-ecuatoriano Alberto Montt, quien ilustró este relato. 

“Durante el proyecto toda la reportería tenía que estar sujeta a un protocolo, en Mataje o en la zonas de la frontera no se podía trabajar después de las cinco de la tarde, no entrevistas en lugares que no fueran seguros, tenía que haber una frecuencia de comunicación entre reporteros y la persona encargada de la seguridad”, señaló Bock.

Por su parte, el director de El Tiempo hizo una reflexión acerca del cubrimiento de estos lamentables hechos. Roberto Pombo dijo que “la información fue pésimamente manejada por parte del gobierno (...)  nosotros cometimos un pecado muy doloroso en El Tiempo, una altísima fuente del gobierno colombiano nos dió una información corroborada por altos mandos militares que estaban en la zona diciendo que a los periodistas los habían liberado y nosotros dimos la información y eso resultó un desastre, primero porque no resultó cierto y segundo porque nosotros le provocamos a los familiares y personas cercanas un dolor enorme”.

Jonathan Bock criticó la actuación del gobierno ecuatoriano: “hay un punto de quiebre frente a la credibilidad del gobierno de Lenin Moreno. Ocurre en diciembre, en Washington ante la CIDH (...) el gobierno ecuatoriano, en cabeza de su procurador, se paró frente a la CIDH y dijo que el secuestro había ocurrido en territorio colombiano y que ellos no tenían ninguna responsabilidad (...) había imágenes satelitales de donde habían sido secuestrados, estaba todo clarísimo de que era en territorio ecuatoriano donde sucedió el secuestro y que fue en territorio colombiano donde sucedió el asesinato, eran avances indiscutibles… y esto fue puesto en entredicho por el gobierno ecuatoriano, mostrando una estrategia de defensa y no en brindar información”.

La periodista María Teresa Ronderos moderó el panel y cerró la discusión recordando la importancia del trabajo colaborativo entre medios para evitar la impunidad en los crímenes contra periodistas como sucedió en el caso del asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra

Lea el prólogo publicado en El Tiempo: https://www.eltiempo.com/lecturas-dominicales/fragmento-del-prologo-de-viaje-sin-regreso-sobre-los-periodistas-ecuatorianos-asesinados-en-2018-410802

Lea el primer capítulo publicado en Semana: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-ultimo-viaje-la-historia-de-los-trabajadores-de-el-comercio-asesinados-por-las-disidencias/631873

Viaje sin regreso fue publicado por Planeta y se puede conseguir en las principales librerías del país.                  

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El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

Luego de veinte años de investigación, la Fiscalía General de la Nación no ha identificado y llevado a la justicia a toda la cadena criminal que participó en el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres. Pocos días después de iniciar la investigación, se capturó a Jorge Eliécer Espinel Velásquez, alias “El Parce”, y Rodolfo Nelson Rosado, alias “El Pichi”, autores materiales de los hechos, a quienes se les condenó a 472 meses de prisión. 

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación sigue una línea de investigación a partir de las declaraciones del paramilitar Luciano Rojas Serrano, alias “Alex”, quien dice haber sido el encargado de contratar a los sicarios que acabaron con la vida de Guzmán Quintero Torres, por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Rojas Serrano aceptó los cargos por homicidio del periodista Quintero Torres y se está a la espera de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar dicte la sentencia. 

El 12 de septiembre de 2019, faltando tres días para que el asesinato prescribiera, la Fiscalía 77 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres, reconociendo que el mismo se dió en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia. 

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, debido a que la misma tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos. No obstante, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre sancionar a los responsables.

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En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

El 21 de marzo de 2019, un juez condenó a Francisco Javier Andica Acevedo a pagar 38 meses de prisión y una multa de 6,5 SMMLV por las amenazas hechas a través de su cuenta de Twitter en contra de la periodista Vanessa De La Torre, el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El mes pasado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez a la pena de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 53.33 meses, por el delito de amenazas en contra del periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada. Por otro lado, la FLIP tiene conocimiento que el 18 de septiembre se emitirá la sentencia condenatoria por las amenazas en contra de los periodistas Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, hechos por los cuales también se encuentra procesado Gélvez Gélvez.

En estos casos los hechos se dieron en el año 2018. Siendo así, la Fiscalía logró culminar la etapa de investigación y juzgamiento dentro de un año.

Los anteriores resultados se dan en el marco de la implementación de la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos (Resolución 00339 de 2018 - FGN), a partir de la cual la Fiscalía continúa en la etapa de juicio de cinco casos de amenazas contra periodistas.

La FLIP reconoce el trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas pues se han obtenido avances que no se habían visto en años anteriores. Sin embargo, al contrastar esta cifra con el número de amenazas registradas por la FLIP en el año 2018, continúan en la impunidad el 99% de los casos. En ese sentido, la FLIP hace un llamado para que la Fiscalía continúe avanzando en la investigación y sanción de los responsables de la violencia hacia la prensa. 

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Miércoles, 28 August 2019 10:42

20 años sin Jaime Garzón

El 13 de agosto, aniversario 20 del asesinato de Jaime Garzón, la FLIP invitó a su hermano Alfredo para que conversara con Santiago Rivas acerca de cómo ha sido el proceso en la búsqueda de justicia. Además, se anunció el apoyo de la FLIP en la publicación del libro "La victoria de humor". Casa-E fue el escenario escogido para acoger al evento "Sátira contra la censura".
 
La FLIP está coordinando un proyecto para que Alfredo edite y publique una novela gráfica que cuente la lucha contra la impunidad que ha llevado la familia a lo largo de estos 20 años. En palabras de Alfredo, este proyecto "busca ocuparse del duelo irresoluto y, tal vez, irresoluble que desató en mí el asesinato de Jaime (…) cuando uno se enfrenta a un crimen de esta naturaleza (un crimen de estado), la sensación es la de la interrupción, no solo de la vida del ser querido, sino también, la de la propia vida”. El libro estará dividido en cuatro capítulos que mezclan la prosa con la caricatura.   
 
En el mismo evento se presentaron los 10 proyectos de humor periodístico y sátira de la convocatoria #RevivamosElHumor. Durante el proceso, los seleccionados recibieron tutorías de Santiago Rivas, La Pulla y Actualidad Panamericana. Los pilotos de los proyectos están publicados en el sitio web de La Liga Contra el Silencio.
 
Aquí están los seleccionados:
 
 
 
La FLIP también hizo esta pieza audiovisual para conmemorar a Garzón, los invitamos a verla:
 
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Miami/Washington D.C./Bogotá (19 de agosto de 2019) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) celebran que la Justicia colombiana haya declarado como delito de lesa humanidad el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido el 16 de abril de 1998.

Nelson Carvajal Carvajal trabajaba en la Emisora Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN, en Pitalito, departamento del Huila, donde se caracterizaba por investigar casos de corrupción en la administración pública. También era docente y director de una escuela.

Tras dos décadas de impunidad, en marzo de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Colombia por no garantizar el derecho a la vida del periodista y por no investigar los hechos e identificar a los responsables. En consecuencia, ordenó reparar a las víctimas y adoptar medidas de no repetición de hechos similares.

El Estado de Colombia reconoció públicamente su responsabilidad en un acto realizado el pasado 29 de marzo en cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en la Sentencia. Sin embargo, al celebrar el fallo de este 14 de agosto de la Fiscalía General de la Nación que declara la imprescriptibilidad del crimen de Carvajal Carvajal, la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez y la presidenta del RFK Human Rights, Kerry Kennedy, hacen un "llamado a la Justicia colombiana para que redoble sus esfuerzos para que el crimen del periodistas sea esclarecido y los autores materiales e intelectuales sean condenados". De manera más amplia, Domínguez y Kennedy "urgen al Estado a cumplir con las demás medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso y que siguen pendientes de cumplimiento a más de un año de proferida la Sentencia".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Fundado en 1968, Robert F. Kennedy Human Rights promueve la visión de Robert F. Kennedy de un mundo más justo y pacífico. En alianza con defensores y organizaciones en el terreno, Robert F. Kennedy Human Rights utiliza la incidencia y el litigio estratégico para lograr justicia alrededor del mundo.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que defiende la libertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven en Colombia a estar informados.

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La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido. 

Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según  María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas. 

Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya. 

El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas. 

Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.  

A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.

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El 11 de junio de 2019 fue asesinado en el municipio de Samaniego (Nariño) el periodista José Libardo Montenegro, integrante de la emisora comunitaria Samaniego Estéreo. Según la gobernación de Nariño, un reporte de la fuerza pública señala que el asesinato fue cometido en horas de la noche por dos sicarios que se desplazaban en moto.

La FLIP se comunicó con Ricardo Álvarez, compañero de Libardo en Samaniego Estéreo. Los periodistas trabajaban juntos de lunes a viernes. Según Álvarez, Libardo presentaba varias secciones de la emisora: programa informativo El despertador, en la mañana; luego el magacín Café al día y un programa de dos a cuatro de tarde con música y cápsulas informativas. De acuerdo con Álvarez, Libardo publicaba información del municipio, centrándose en noticias municipales y departamentales.

En la noche del asesinato, el periodista Leobar Ibarra Fernández, director del programa Nuestro Sur Televisión, informó que Libardo le había concedido una entrevista esa mañana. Según Ibarra, en la entrevista hablaron de un encuentro por la paz que éste estaba organizando para el viernes 14 de junio, por la defensa de la vida y los derechos humanos en Samaniego.

Adicionalmente, según Giovanni Melo, coordinador de la Oficina Local de Paz de la Secretaría de Gobierno de Samaniego, no tienen reporte de amenazas en contra de Montenegro. Melo añadió que el contexto de seguridad del municipio es complejo y que han hecho varios llamados al gobierno nacional para que investigue e intervenga sobre esta situación.

Según cifras de Cartografías de la Información, Samaniego hace parte de los 578 municipios con déficit de oferta de información local o zonas silenciadas. En el municipio sólo hay cinco medios de comunicación: dos son de fuerza pública, una radio comercial, un canal de televisión comunitario y una emisora comunitaria que es Samaniego Estéreo 104.1 FM. Se tiene registro de un solo informativo: el de la emisora comunitaria en la que trabajaba Libardo Montenegro..

De acuerdo con Fundepaz, 15 defensores de DDHH han sido asesinados en lo corrido del año en Nariño. El 20 de mayo fue asesinada por dos sicarios en el mismo municipio Paula Andrea Rosero Ordóñez, personera del municipio. De acuerdo con el diario El Espectador, Rosero habría recibido amenazas luego de denunciar malos manejos en el hospital local. Por otro lado, según Caracol Radio, el mecánico Víctor Fernando Corrales fue asesinado horas antes del crimen contra Montenegro en el mismo municipio.

La FLIP conoció un audio en el que el Coronel Jhon Peña, subcomandante de la Policía de Nariño, expresó que Libardo Montenegro se desempeñaba como locutor, en actividades de perifoneo en el municipio. Como se indicó anteriormente, la FLIP documentó que Montenegro era un periodista reconocido en el municipio con una larga trayectoria en medios de comunicación incluyendo la conducción de un programa informativo.

La calificación de la Policía no solo es precaria sino contradictoria con la labor que Montenegro desarrollaba en el municipio. Si bien la relación del asesinato con el oficio está en proceso de documentación, no hay un solo insumo para que la Policía desconozca su condición de periodista. Cuando las autoridades desconocen el rol de periodista se puede afectar las cifras oficiales de registro y monitoreo del fenómeno de violencia contra la prensa. Los impactos de esta reacción -imprudente- se agudizan en municipios como Samaniego donde la prensa regional es escasa y vulnerable.

La FLIP rechaza el asesinato del periodista Libardo Montenegro y hace un llamado a las autoridades para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables. Además la Fundación le solicita a la Fiscalía que tenga como hipótesis de la investigación sobre los móviles del crimen el desarrollo de su labor periodística. La FLIP se solidariza con los familiares y colegas de Libardo Montenegro y continuará la documentación del caso.










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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

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Este 11 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Ferney Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, a 36 años y tres meses de prisión por su participación como autor intelectual en el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales. Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015.

En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia destacó que el homicidio contra Orlando Sierra se dio en razón de su labor como periodista. Al respecto la Corte señaló: “las amenazas que soportaba Orlando Sierra por razón de su actividad periodística son una realidad demostrada en el proceso, de las cuales, además, sabían las personas que lo acompañaban y compartían su trabajo, su vida familiar”.

A través de su columna “Punto de Encuentro”, Sierra realizó críticas a varios políticos de Manizales, entre los que se encontraba Ferney Tapasco. Sin embargo, la Corte determinó que fue Tapasco quien planeó el homicidio del periodista a través de múltiples declaraciones  entre las que se encuentra la de Flavio Restrepo, a quién Orlando Sierra le había manifestado quién pretendía atentar contra su vida.

Para la condena también fueron determinantes los testimonios de personas cercanas al sicario que disparó contra Orlando Sierra. Al respecto, la Corte señaló que “el análisis conjunto de las pruebas revela la condición bajo la cual se le llamó a juicio, pues así fue reconocido por el jefe de sicarios que perpetró el homicidio y por personas del círculo cercano de éste, como Néstor Iván Arboleda Franco y Gustavo Adolfo López Aguirre”.

La Sala Penal modificó parte de la sentencia de segunda instancia al determinar que la condena contra los hermanos Fabio y Jorge López Escobar se haría en calidad de cómplices y no de coautores, como lo había establecido previamente el Tribunal.

Orlando Sierra fue asesinado el 30 de enero de 2002 cuando salía de La Patria. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario que disparó contra el periodista, fue condenado en 2002 a 19 años de prisión por su participación material en los hechos. En 2007 salió de prisión, pero fue asesinado en 2008.

La Fundación para La Libertad de Prensa reconoce la importancia de esta decisión en la lucha contra la impunidad por crímenes contra periodistas. Además, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las investigación de los crímenes contra la prensa en  Colombia, los cuales alcanzan graves niveles de impunidad.

 

Actualización:

El 25 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela interpuesta por Ferney Tapasco, por medio de la cual solicitaba se ordenara su libertad. Con la acción de tutela, Tapasco pretendía quedar en libertad aduciendo que al ser condenado por el Tribunal Superior de Manizales, no se le había garantizado el derecho a la doble instancia. La Corte Suprema negó esta solicitud considerando que no hubo una violación a sus derechos fundamentales pues contó con el recurso de casación para controvertir el fallo.

 

 

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EL pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su respaldo al Equipo de Seguimiento Especial (ESE) del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la CIDH por las investigaciones emprendidas. 

Sin embargo, las organizaciones rechazan los alegatos de los Estados colombiano y ecuatoriano. Los dos Estados hicieron declaraciones irresponsables que revictimizan a los familiares del equipo periodístico y que significan un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad en este caso. En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias.

Aquí puede leer el comunicado completo.

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