Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

Las amenazas iniciaron anoche, 4 de mayo, cuando miembros del Clan del Golfo le exigieron difundir un panfleto a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño. Como medida de autoprotección ante la falta de garantías de seguridad, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado termine.

En Montería, esta mañana tres hombres, presuntamente miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora si no dejaba de emitir señal. Esta planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal por al menos cuatro días. 

A esto se suma la amenaza que recibió un periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. Según este mismo periodista, ninguna emisora de la ciudad está dando información relacionada con el paro armado. En Urabá, Antioquia, otros dos periodistas que realizaban reportería sobre el paro fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar. 

Esta censura directa afecta a la población, que se privará de tener información local durante el tiempo que el paro armado se mantenga. Además, también es preocupante la seguridad de los y las periodistas de los medios de estas regiones, que ya han sido amenazados y hostigados por intentar publicar noticias del paro.

Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el inicio de este 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década: en los primeros cuatro meses la FLIP ha documentado 199 casos de ataques a la prensa. También evidenciamos una relación entre los ataques y los temas que cubren los periodistas: en 52 casos los periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. En total, en el 2022 la FLIP ha registrado en todo el país cuarenta agresiones a la prensa realizadas por actores armados ilegales

El departamento de Arauca es ejemplo de este recrudecimiento de la violencia. En los primeros cuatro meses de este año registramos 39 agresiones, en contraste con las 24 de todo el 2021; la mayoría de los ataques en este departamento provienen de grupos armados ilegales.

El periodismo se enfrentó a una situación similar en el 2018, cuando un paro armado decretado por el EPL en el Catatumbo, Norte de Santander, silenció a varios medios de comunicación en la región. Con este antecedente, se hace necesario que se tomen medidas para enfrentar esta censura. 

La FLIP hace un llamado al Ministerio de Defensa para que incluya dentro de las estrategias de protección planes focalizados para garantizar la seguridad de los y las periodistas de los departamentos en los que se está desarrollando el paro armado. También pedimos a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba que discutan dentro de los consejos de seguridad acciones concretas para proteger a la prensa. Por último, instamos a la Unidad Nacional de Protección para que tenga en cuenta estos hechos dentro de las evaluaciones de riesgo de los y las periodistas que ya cuentan con protección, con el fin de reforzar o implementar medidas que salvaguarden su vida e integridad.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado para que se archive el proyecto de ley 318 de 2021 de la Cámara de Representantes. Este busca establecer medidas de “protección a las personas en el flagelo de la prostitución”; sin embargo, atenta de manera grave y directa contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad sexual. 

Existen varias razones por las que este proyecto de ley es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales sobre libertad de expresión:

1. El proyecto de ley establece definiciones y prohibiciones demasiado amplias que pueden llevar a restricciones indiscriminadas sobre cualquier contenido en línea y en medios de comunicación que se refieran a cualquier asunto sexual. Por ejemplo, indica que la prostitución será entendida como la realización de “actividades de naturaleza sexual a cambio de remuneración en dinero o especie”. Esto puede llevar a restricciones sobre actividades como el modelaje webcam o expresiones artísticas.
   
   Además, el proyecto dice que “ninguna persona, entidad pública o privada, medio de comunicación, tipo o figura contractual” puede promover la prostitución. Esto puede llevar a que se dé censura previa, una hipermoralización del debate público y a restringir el pluralismo, ya que se impediría la expresión de posturas en favor del trabajo sexual o la difusión formatos que tengan algún carácter sexual. A manera de ejemplo, esto podría llevar a la prohibición de la realización y difusión de contenidos artísticos como la exposición “Mujeres Ocultas”, protegida por la Corte Constitucional en 2015, que muestra iconografía de la Iglesia Católica mezclada con genitales femeninos.
   
   
2. Se establecen responsabilidades excesivas sobre los intermediarios de Internet, por ejemplo, plataformas de redes sociales o empresas que facilitan el funcionamiento de la red a través de la provisión de servicios como la conexión y el alojamiento, entre otros. De ser aprobado el proyecto de ley, estas compañías podrían ser sancionadas por supuestamente promover indirectamente la prostitución. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares dispuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que estas empresas no pueden ser responsables por los contenidos que publican sus usuarios porque, de lo contrario, estas tendrían un incentivo para monitorear y bloquear contenidos de manera desmedida con el fin de evitar responsabilidades.
   
   
3. En el mismo sentido, el proyecto de ley establece la posibilidad, en cabeza del MinTIC, de suspender totalmente a cualquier plataforma de Internet que “esté sirviendo de intermediario o que directamente ofrece o adquiere actividades sexuales”. El proyecto de ley, además, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de control, inspección y vigilancia de las redes sociales, para que estas se abstengan de promover todo tipo de contenido relacionado con una actividad sexual.
   
   Esto es problemático porque, por un lado, establece una medida que puede desencadenar en censura colateral y restringir la circulación de todo tipo de mensajes, incluso aquellos no cubiertos por la ley porque no se refieren a temas relacionados con la prostitución. Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establecen que este tipo de restricciones solo pueden ser determinadas por jueces en el marco de un proceso con todas las garantías de debido proceso. Brindarle esta facultad a una entidad del ejecutivo no es acorde con esta garantía básica.
   
   
4. El proyecto establece que los medios de comunicación deberán “promover en sus  campañas, contenidos y programas las consecuencias y riesgos físicos y mentales de la vulneración de las personas que realizan esta práctica y se abstendrán de permitir o promover programas que promociones directa o indirectamente el ejercicio de la prostitución” . Esto es una interferencia con la línea editorial de los medios e implica su uso para imponer una postura única sobre la prostitución. Esto podría llevar a la prohibición de debates que, por ejemplo, critiquen el contenido de este proyecto de ley.
   
   

Las discusiones sobre libertades sexuales, dentro de las que se incluye la prostitución, están fuertemente conectadas con la identidad y la dignidad de las personas. El debate público sobre estos temas tiene que contar con la mayor participación de todas las expresiones artísticas, investigaciones periodísticas y opiniones, entre otras manifestaciones de la libertad de expresión. La forma en que cada quien se aproxima a la sexualidad varía de una persona a otra. Lo que es considerado como indecente, vulgar o inapropiado por alguien puede ser visto como esencial para la identidad de otros. 

Además, en razón de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los Estados están en la obligación de alentar a los medios de comunicación a difundir contenidos que contribuyan a la erradicación de la violencia sexual. Esto implica que los medios de comunicación tengan las más amplias garantías para difundir contenidos relacionados con la violencia contra la mujer, que incluye aspectos sexuales.

Por estas razones, las organizaciones firmantes llamamos a la Cámara de Representantes que el proyecto de ley sea archivado.

Fundación Karisma

Fundación para la Libertad de Prensa

El Veinte

Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario - ISUR -

En tan solo un mes, el periodista Juan Pablo Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar la publicación de su libro “Este es el cordero de Dios”, basado en una investigación periodística. Estos procesos fueron promovidos por distintos sacerdotes del departamento del Meta de manera coordinada, sin aportar pruebas de ningún tipo, para intimidar al periodista y desgastar la administración de justicia. Esta semana se conocieron cuatro fallos de tutela que protegieron el trabajo periodístico de Barrientos.

Barrientos ya había sido acosado judicialmente por su investigación sobre este mismo tema en 2019 por miembros de la iglesia católica en Antioquia. En tres años, han habido al menos diez procesos de tutela mediante los cuales miembros de la iglesia buscan silenciar las denuncias de violaciones de derechos humanos de menores, que son sujetos de especial protección.

En los cuatro fallos de tutela conocidos esta semana se resolvieron seis de las siete tutelas. En una de estas decisiones, a pesar de que en primera instancia el juez reconoció la garantía de la libertad de prensa, el proceso continúa ya que los denunciantes impugnaron el fallo. En estos casos es evidente que existe un patrón y un comportamiento inequívoco que busca censurar la investigación sobre estos casos de pederastia, incluso con respaldo de la Arquidiócesis de Villavicencio que intervino directamente en los procesos. 

Desde la FLIP destacamos que el Juez Segundo Civil del Circuito de Villavicencio protegió la libertad de expresión y la reserva de las fuentes, y reiteró que el derecho a opinar o informar no se supedita a que exista un fallo condenatorio o absolutorio. Por lo tanto, contrario a lo que sostienen los sacerdotes, una publicación que se refiera a un asunto en investigación no viola el derecho al debido proceso o presunción de inocencia de los involucrados. Además, el juez resaltó que la reserva de la fuente es central para la labor periodística. Esta autoridad resolvió tres tutelas, gracias a la acumulación de expedientes, por solicitud de la FLIP y del periodista para contrarrestar la estrategia de acoso judicial de los sacerdotes. 

Si bien la decisión fue garante de la libertad de prensa, es indispensable que se fortalezca la formación de los jueces en materia de libertad de expresión y de prensa, para impedir que se usen vías judiciales con una finalidad de censura contra la prensa. La judicialización sistemática de la libertad de prensa es un mal síntoma en una sociedad democrática. Desde el 2018 a la fecha, la FLIP ha registrado 157 casos de acoso judicial con una tendencia de incremento en las regiones.

La FLIP seguirá acompañando este proceso y hace un llamado a los operadores judiciales para que reconozcan su importante rol a la hora de frenar el acoso judicial, que es una de las principales amenazas a la libertad de prensa. Esto ha sido reconocido internacionalmente mediante el Nobel de Paz otorgado a los periodistas María Ressa y Dmitri Muratov. Precisamente este premio valoró los esfuerzos que realizan las y los reporteros, a pesar de enfrentar de manera recurrente procesos judiciales en su contra como represalia a su oficio periodístico. 

La FLIP rechaza de manera categórica las presiones realizadas recientemente al medio de comunicación Publimetro. Al respecto consideramos inadmisible que funcionarios públicos y personas que ejercen influencia sobre las administraciones normalicen este tipo de acercamientos que van en detrimento del ejercicio de la libertad de prensa. Esto es especialmente recurrente en Barranquilla, Atlántico, que tiene una deficitaria oferta de medios y en donde, además, se ha generado una tóxica relación mediada por los recursos de publicidad oficial que ha destinado la Alcaldía en los últimos tres gobiernos. 

El 17 de febrero del 2021, el medio de comunicación Publimetro publicó el artículo “Empleados del Parque Cultural reclaman sus sueldos”. En dicho artículo se reportan incumplimientos en los pagos de salarios por parte de la Corporación Parque Cultural del Caribe en Barranquilla. Además, se exponen algunas irregularidades por parte de esta Corporación, dentro de las cuales se incluye la falta del aviso de suspensión de los honorarios de sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo. 

Antes de que el medio hiciera la publicación, Roberto Duarte —asesor externo de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla— le envió un mensaje al director del medio de comunicación en el que le pedía que no publicara la historia. En el mensaje manifestaba que dicha publicación no iba a ser del agrado de la Alcaldía de Barranquilla. Según lo reportado a la FLIP, algunos fragmentos del mensaje de Duarte incluían estas expresiones: “Pedirte el favor de que nos des un compás de espera de dos o tres semanas (...) Me atrevo a pedirte ese favor sobre la base de que una publicación en cualquier sentido que se haga en los medios de comunicación en estos días sobre la crisis aún con el interés de ayudar en la búsqueda de una solución puede tener un efecto contrario y retrasar el proceso”. El mensaje termina de la siguiente manera: “Me atrevo a comprometerme, incluso, a darles la primicia de la definición del esquema mediante el cual se comenzarán a pagar los pasivos laborales”. 

Duarte, quien ha tenido vínculos cercanos con las distintas administraciones en la ciudad, le dijo a la FLIP que no actuó a nombre de la Alcaldía y que su acercamiento para retrasar la publicación estaba relacionado con su interés por el mantenimiento del Parque Cultural. 

Los hechos descritos dejan entrever un peligroso precedente sobre injerencias de terceros en la publicación de discursos de interés público. Este tipo de mensajes, en donde se presiona para que no se denuncie, implican una violación a la prohibición expresa de la censura en Colombia y a los estándares de la Corte Constitucional, quien ha referido de manera insistente que los discursos de interés público tienen una protección reforzada y cualquier restricción que se quiera imponer a ellos debe ser tomada con sospecha.  

De acuerdo a lo documentado por la FLIP, este tipo de presiones ejercidas por distintos funcionarios y actores con poder ocurren con frecuencia en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, el temor de los y las periodistas a perder recursos de publicidad oficial o que se les niegue el acceso a la información impide generalmente que estas denuncias se hagan públicas. 

Este tipo de injerencia se realiza a través de mensajes directos o incluso a través de extorsiones comprometiendo los recursos de la publicidad oficial. La FLIP documentó ampliamente el gasto de publicidad oficial por parte de la administración del exalcalde Alex Char, que fue superior a los 114 mil millones de pesos durante su segundo mandato. Actualmente, la Fundación está realizando el seguimiento correspondiente al gasto de la administración actual. 

La FLIP invita al alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, a referirse públicamente a estos hechos y a que rechace cualquier injerencia sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación que hacen veeduría pública en Barranquilla. Con ello la FLIP también invita a los y las periodistas que ejercen el oficio periodístico en la ciudad para que hagan públicas las denuncias sobre acercamientos similares con terceros particulares o funcionarios públicos. 

El buen clima para ejercer la libertad de prensa necesita del respaldo de las administraciones y funcionarios públicos y en todo caso implica una pluralidad de voces que alimenten la opinión pública y la misma democracia. 

El pasado 18 de diciembre la FLIP conoció un video en el que se ve al secretario de salud de Popayán, Óscar Ospina, reaccionando de forma violenta ante un cuestionamiento realizado por el reportero Armando Meléndez sobre su gestión en la Secretaría.  En las imágenes se ve cómo Ospina le lanza un golpe a Meléndez y después intenta quitarle el celular con el que estaba siendo grabado. 

Meléndez tiene un blog denominado Así Ocurrió y ha trabajado como reportero gráfico para El Tiempo y El País. Meléndez explicó a la FLIP que el día de los hechos estaba esperando en Popayán a que salieran los asistentes de la reunión en  la que se  discutía el lanzamiento del plan piloto de Reactivación Económica en la capital de Cauca. Entre los asistentes se encontraba la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el secretario de salud Óscar Ospina. Meléndez se acercó a Ospina para preguntarle sobre su gestión, y la reacción del funcionario fue agresiva. 

La FLIP se comunicó con Ospina quien, a pesar de la evidencia, negó que hubiera intentado agredir a Meléndez y anunció que iba a denunciarlo ante la Fiscalía por hostigamiento. Además, justificó el intento de quitarle el celular aduciendo que él no identificaba al señor Meléndez como periodista. 

Meléndez manifestó que él ha estado haciendo críticas a la gestión de la Alcaldía y del secretario de salud en el marco de un ejercicio informativo y de control a los funcionarios públicos.

La FLIP rechaza la actitud violenta y desproporcionada con la que reaccionó el secretario Ospina ante un cuestionamiento a su gestión como funcionario público. Es indispensable recordar que como secretario de salud tiene el deber de ser tolerante a la crítica y de ser garante del derecho constitucional que tienen todos los colombianos de informar y recibir información. La Fundación le hace un llamado a Óscar Ospina para que ofrezca disculpas públicas por lo sucedido y se comprometa a respaldar la labor periodística. 

Además, la FLIP le hace un llamado al alcalde de Popayán para que dé instrucciones claras a los funcionarios de su administración sobre la importancia de garantizar la labor de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Estos son pilares indispensables para la construcción de una sociedad democrática.  En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión se establece que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. 

Gimbler Perdomo tenía 31 años cuando en 2002 fue asesinado en el municipio de Gigante, Huila. Era director de noticias y propietario de Panorama Estéreo, la única emisora que existía en esa época en Gigante. 

El camino en el periodismo

Gimbler empezó en la radio por casualidades de la vida. Sandra Cáceres, esposa de Gimbler, cuenta que el viaje por la radio empezó cuando un amigo ganó una licencia para tener el dial de una emisora comercial. Sin embargo, este terminó en la cárcel y fue ahí cuando le propuso a Gimbler ser socio de la emisora, para que se encargara de mantenerla mientras él salía de prisión. 

Gimbler aceptó y a partir de ese momento comenzó a desarrollar el noticiero de la emisora, con el que terminó ganándose a la comunidad. Su compromiso no solo fue dar información detrás de un micrófono en una cabina, sino también ayudar directamente a las personas. En algunas ocasiones viajaba a las veredas del municipio, donde emitía un programa en el que los campesinos exponían todas sus necesidades como salud o educación.

El hombre detrás del periodista

Gimbler era recordado en su pueblo por realizar campañas de solidaridad y además, denunciar a la administración municipal por casos de corrupción. Todo esto lo hizo cuando ocupó el cargo de Consejero municipal, durante el 91 y el año 2000, antes de ser periodista.

En el año 1999, cuando aún era Consejero municipal, Gimbler se encadenó frente a la alcaldía para presionar la salida de Luis Édgar Gutiérrez, el mandatario de la época. Finalmente este fue destituido por sus acciones corruptas. 

“Desde las seis o cinco y media de la mañana llegaba la gente a la casa a pedir ayuda”, cuenta Sandra. Su esposa lo recuerda como un hombre que realizaba muchas campañas para ayudar a las personas necesitadas del municipio, incluso muchas veces dejando de lado su propio bienestar. 

Una de las anécdotas que más recuerda es cuando su esposo le dio el dinero que tenían para el almuerzo a un señor que llegó a pedir ayuda. Sandra recuerda claramente las palabras con las que Gimbler le respondió a su reclamo: “ese señor necesita viajar a una cita médica y no tiene para el transporte, nosotros vamos a la tienda allá nos conocen y nos pueden fiar, a él nadie le va a fiar lo del transporte”. 

La verdad

La persona que lo asesinó está preso. “Ni para qué le cuento el sin número de expedientes de asesinatos que tiene ese señor”, afirma Sandra. 

El día de la audiencia en la que el asesino habló sobre la muerte de Gimbler, Sandra fue acompañada por dos de sus hijas. “Ese fue uno de los días más tristes, porque cuando le hacían preguntas sobre el asesinato de mi esposo, sentíamos que nunca respondía con la verdad”, dice Sandra. Cuando le preguntaron al asesino por qué lo había hecho, este dijo que lo habían obligado, que era matar a Gimbler o que su familia estuviera en riesgo.

Sobre los determinadores del asesinato, Sandra cuenta que fue la guerrilla. Aunque al inicio de la investigación habían dudas sobre esto, pues en su momento, algunas personas cercanas a Gimbler afirmaron que esto era poco probable. Decían que él era consciente del peligro en la región y por eso siempre fue precavido a la hora de dar información relativa al orden público. 

Dieciocho años después Sandra tuvo que sacar adelante a tres niños que en su momento no tenían más de diez años. La violencia le arrebató al pueblo de Gigante una persona que estaba comprometido con su comunidad, y a su familia, les quito un padre y esposo ejemplar. En todos ellos la memoria de Gimbler permanece viva. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos. 

Todos los días Juan Camilo Restrepo llegaba de mañana a Galaxia Estéreo, la emisora comunitaria que dirigía en Sevilla, un corregimiento del municipio de Ebéjico, Antioquia. En su espacio radial se dedicaba a informar y entretener a la ciudadanía, pero también hacía fuertes críticas a la administración local.

El 31 de octubre del 2000, y con tan solo 26 años de edad, fue asesinado, aparentemente, por paramilitares. Las investigaciones dieron a conocer que Juan Camilo habría cubierto en sus emisiones varios casos de corrupción de funcionarios locales. Su asesinato habría sido una retaliación a sus críticas. 

Un periodista nato

Desde que era joven Juan Camilo sintió pasión por el periodismo. Su gran amigo y colega Héctor Echevarría recuerda que antes de entrar a la universidad les encargaron la coordinación de una pequeña emisora en AM que había comprado la parroquia del pueblo. “Luego de eso, Juan Camilo quedó muy emocionado con el tema y su sueño era tener algo en FM”, dice Héctor. 

Luego de eso Juan Camilo hizo su carrera de comunicador en la universidad. Aprendió más sobre el oficio del periodismo y cultivó una carrera prometedora en Medellín. Allí trabajó en TeleAntioquia, en la emisora Oriente Stereo de RCN, Rumba y La Z. “Todo eso lo dejó botado cuando se enteró que estaban adjudicando unas emisoras comunitarias en FM”, comenta Héctor. 

En 1997 Juan Camilo volvió a su pueblo natal, Ebéjico, para ponerse en frente de la emisora que se llamaría Galaxia Estéreo. Héctor cuenta que la emisora fue tan exitosa que se escuchaba en gran parte del occidente antioqueño. 

Parte del éxito de la emisora es que Juan Camilo se encargó de capacitar a su grupo de trabajo con las herramientas que él había aprendido en la universidad. “Además de posicionar la emisora, Juan Camilo realizó un trabajo muy importante de escuela periodística”, afirma Héctor. 

Los momentos de temor

“Nosotros nunca nos metimos con ellos”, dice Héctor, refiriéndose a las AUC, el grupo paramilitar que tenía una amplia presencia en la zona. Sin embargo, nada pudo evitar que el equipo de Galaxia Stereo quedara en la mira del grupo.

Para Héctor todo empezó cuando en época de elecciones hicieron un programa, junto a concejales de la oposición, en el que criticaban fuertemente al alcalde. “Nosotros no estábamos a favor de nadie, más bien le abríamos los micrófonos a cualquier persona que quisiera dar el debate”, comenta Héctor, explicando que ellos nunca se catalogaron como oposición de la Alcaldía. 

A partir de ese momento el alcalde saliente les declaró la guerra. Hizo que la Junta de Acción Comunal, que administraba la emisora, llamara repetidamente a elecciones de un nuevo director, para poder sacar a Juan Camilo de la dirección. “Nunca lo lograron, a pesar de que el alcalde le daba plata a los miembros de la junta para que votaran por otra persona, Juan Camilo siempre arrasó en las elecciones”, recuerda Héctor. 

Las AUC, que atemorizaban al pueblo de Ebéjico, nunca les hicieron amenazas de muerte. “Jamás nos dijeron que nos teníamos que ir del pueblo o que nos iban a matar, lo que sí es que nos decían a modo de advertencia que no nos metiéramos con el alcalde”, cuenta Héctor. 

Juan Camilo era consciente del peligro, así que un mes antes de las elecciones decidió que la programación de la emisora sería netamente musical, nada de debates que pudieran causar controversia.

Días antes de las elecciones el candidato que se posicionaba como el favorito fue hasta a la emisora y amenazó al equipo de Galaxia Estéreo. Héctor recuerda claramente las palabras de quien días después se convertiría en alcalde de Ebéjico: “yo voy a ganar y ese día ustedes se van”

La cita

“Todo fue muy inesperado”, cuenta Héctor. Ellos sabían que podían tener problemas con el alcalde electo y por eso acordaron que si cualquiera de los dos recibía una amenaza, saldrían del pueblo.

A pesar del temor, los días transcurrieron sin novedades hasta que un día uno de los comandantes de las AUC llegó a las oficinas de la emisora. “Lo que cuentan es que este señor le dijo a Juan Camilo que todo estaba bien, que el jefe solo quería limar asperezas y que querían acordar cómo podían trabajar juntos”, dice Héctor. 

En ese momento el paramilitar le dijo que era importante hacer una reunión con el jefe de las AUC, que estaba esperándolos en la montaña y que no tardarían. Juan Camilo aceptó, sin saber que la reunión fue la excusa que tuvieron para poder matarlo. Fue asesinado en frente de su hermano, quien lo había acompañado en moto hasta el lugar de la cita.

Luego de eso, todo el equipo de Galaxia Estéreo tuvo que huir del pueblo y dejar el sueño que estaban cumpliendo con la emisora. 

El asesinato de Juan Camilo entristeció tanto a la comunidad, que las mismas AUC organizaron una reunión para justificar el asesinato del periodista. Dijeron que era informante de la guerrilla y por eso lo habían tenido que matar. 

Hoy, se cumplen 20 años del homicidio de este periodista y su caso está en completa impunidad. Juan Camilo fue un periodista que a pesar de su corta edad, logró aportarle a la comunidad a través de su emisora. Que no caiga en el olvido su invaluable labor. En la FLIP no olvidamos.

Rafael Antonio Solano Brochero tenía 51 años cuando desconocidos lo asesinaron frente a su residencia del barrio Tabitas en Fundación, Magdalena, en 1991. 

Solano era periodista freelance, corresponsal para El Tiempo en Magdalena y también era propietario de su propia agencia de publicidad. 

La escritura era una de sus pasiones. Por eso, antes de escribir noticias, compuso el himno de Fundación. Así dice uno de los versos que le escribió a su municipio:  “Digna eres de una gran corona, pues tu nombre es de hidalga ciudad”.

Nunca se conocieron realmente quiénes estuvieron detrás del asesinato del periodista, ni tampoco los motivos. El caso de Solano se encuentra en completa impunidad; sin embargo, su memoria permanecerá vigente. Gracias por recordar con nosotros. En la FLIP no olvidamos.

El derecho al olvido ha sido reclamado por quienes creen que hay artículos en la web que deberían ser eliminados o bloqueados, pues son irrelevantes dado el paso del tiempo. También exigen que su nombre no aparezca en las publicaciones o sea modificado.  

A continuación le contamos con qué argumentos usted o su medio pueden defenderse. 

¿Qué hacer si le piden eliminar o bloquear contenido periodístico?

Estas exigencias las pueden hacer citando la ley de Protección de Datos Personales y diciendo que el medio está publicando datos personales sin la autorización de la persona. Usted puede responder que el objetivo de esta ley no es silenciar el trabajo periodístico, pues expresamente se establece que esta ley no aplicará a “las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales”. Además, no puede considerarse que las notas periodísticas sean bases de datos.

También es común que argumenten que la persona a la que se refieren los artículos no ha sido condenada o vinculada a un proceso legal. No obstante, los periodistas no dependen de los resultados de los procesos judiciales para informar u opinar y, mucho menos, de que se hayan iniciado acciones legales o investigaciones. En la Sentencia C-417 de 2009, la Corte Constitucional aclaró que la “verdad judicial”, es decir, la que surge de los procesos judiciales, no necesariamente equivale a la “verdad real”. 

Ahora, si se argumenta que las notas publicadas son irrelevantes, obsoletas o perjudiciales para las personas a las que se refieren, se puede responder que estos factores no son relevantes para restringir el acceso a informaciones u opiniones. No existe una norma constitucional o legal que obligue a los periodistas y a los medios de comunicación a eliminar artículos por este tipo de argumentos.

También pueden argumentar que la nota publicada vulnera los derechos a la intimidad, el buen nombre y/o la honra de la persona a la que se refieren. Sin embargo, la libertad de información prima sobre esos otros derechos cuando se informa sobre personas públicas o hechos de interés público. Al respecto, puede citarse la Sentencia T-066 de 1998, que dice que “cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, el derecho de información debe ser preferido, en principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente a los medios de comunicación”. 

Finalmente, también le podrían argumentar que la información publicada es falsa, inexacta o errónea. Frente a ello, lo que se debería solicitar es una rectificación de la información y no su eliminación o bloqueo. La Sentencia T-626 de 2007 establece que quien solicita la rectificación tiene la carga de probar que el hecho informado no es cierto. También tenga en cuenta que no pueden pedirle rectificar una opinión, pues éstas no tienen por qué ser veraces o imparciales. Del mismo modo, quien pide la rectificación debe ser explícito en qué frases de la publicación son inexactas. 

Recuerde seguir las siguientes reglas a la hora de rectificar: Primero, la rectificación debe hacerse por el mismo medio y el mismo periodista. Segundo, debe tener un despliegue e importancia similar al de la publicación original. Por ejemplo, si la nota salió en radio en un horario prime time, la rectificación deberá hacerse en el mismo horario. Tercero, la rectificación debe hacerse en un término razonable a partir de la solicitud. Y cuarto, el medio o periodista debe reconocer expresamente que se equivocó.

Nuestro manual de derecho al olvido fue publicado en 2016 y desde entonces algunas cosas han cambiado. La más importante es que hoy en día sí puede considerarse que en Colombia hay jurisprudencia uniforme respecto al tema, contrario a lo que dice el manual. Sin embargo, las demás explicaciones que damos allí siguen vigentes. Puede leer nuestro manual completo sobre derecho al olvido aquí: https://www.flip.org.co/images/Documentos/guia-derecho-olvido.pdf

No olvide que si recibe solicitudes respecto a derecho al olvido o tiene alguna pregunta sobre  el tema, puede contactarnos: https://flip.org.co/index.php/es/atencion-a-periodistas/censura-en-internet 

Gabriel Angarita es periodista y director de TV Cúcuta, un medio regional e independiente de Norte de Santander. Ha publicado sin temor denuncias sobre irregularidades en la gestión de alcaldes, gobernadores, concejales y empresarios, pero, en menos de un año,  ha tenido que afrontar una tutela y cinco denuncias por injuria y calumnia. 

Si bien parecen recursos legales a los que Angarita no debería temer si está seguro de que ha hecho bien su trabajo, estas acciones tienen todas las características de maniobras para desincentivar su investigación periodística, aislar su atención del trabajo, minar su economía personal o la de su medio para costear la defensa y generar una presión psicológica que puede desencadenar la autocensura, incluso antes de que se produzca cualquier fallo.  

A este tipo de amedrentamiento se le conoce como acoso judicial. Angarita se ha mantenido firme, a pesar de la hostilidad de sus demandante, quienes también lo han insultado públicamente e incluso lo han agredido físicamente. 

Desde la FLIP hablamos con él para conocer su caso y entender mejor el impacto del acoso judicial en su trabajo, en la libertad de prensa y en la dignidad e integridad de los y las periodistas.

¿Cuándo fue la primera vez que lo denunciaron por injuria y calumnia?

Fue el año pasado, en plena época de elecciones. Uno de mis periodistas documentó que en la Gobernación estaban haciendo política con el Día de la Mujer. Habían reunido a un grupo de señoras para darles regalos con propaganda electoral, gritaban ¡qué viva el candidato tal! Mi periodista grabó todo eso y en la nota criticamos que se usara el erario público para hacer campaña política. Esa publicación nos dio la primera denuncia por injuria y calumnia, la hizo el gobernador William Villamizar. 

¿Cómo se desarrolló el caso, usted qué hizo?

Bueno, primero hubo una audiencia de conciliación, en la cual yo me ratifiqué y respaldé a mi periodista. También solicité el acompañamiento de la Procuraduría y del Consejo Superior de la Judicatura, porque consideraba que el gobernador tenía mucho poder y queríamos un proceso equitativo. En esa conciliación fue la primera vez que noté que había un desbalance y que los mismos conciliadores estaban del lado de los políticos. 

¿En qué consistía ese desbalance del que habla?

Cuando llegamos a las conciliaciones, y le hablo de todas, los conciliadores llegan saludando: “hola señor alcalde, qué tal le ha ido”, mientras que a mí me miran como una miércoles. Es aberrante el desbalance que hay. No me he retractado en ninguna conciliación porque tengo las pruebas. Muchas me las envía la misma ciudadanía. 

En otra de las conciliaciones estaba la esposa del alcalde de Cúcuta del momento, que es una funcionaria de la Fiscalía: Zuleima Cruz Gaona. La señora me trató de payaso y terrorista durante toda la audiencia. El conciliador me regañaba a mí y la felicitaba a ella. 

El desbalance también se nota cuando nos intentan amedrentar. Por ejemplo, en mi primera conciliación, una señora de la Fiscalía me dijo que era mejor que me retractara y arreglara, porque de lo contrario tendría que gastar plata en un abogado. 

Significa que han sido varias las conciliaciones y varios los procesos que ha tenido que afrontar.

¡Claro! En agosto del año pasado me denunció el entonces alcalde de Cúcuta, Cesar Rojas por una nota en la que cierro diciendo que él tiene el sello de los asesinos. A Rojas lo puso el exalcalde Rodrigo Suarez, condenado a 27 años por ser determinador de un homicidio. Desde La Picota Suárez definía elecciones, contratos y demás. Rojas continuó con el poder político de su antecesor y en ese momento, prácticamente había dos alcaldes, uno en el Palacio Municipal y el otro en La Picota. No rectifiqué ni me retracté, solicité el acompañamiento de la Procuraduría. 

El siguiente fue el caso con Zuleima Cruz Gaona, alta funcionaria de la Fiscalía y esposa del entonces alcalde Rojas. Nos denunció por injuria y calumnia por una entrevista que di en W Radio en la que dije que ella, por su cercanía con el Alcalde de la ciudad, estaba detrás de muchos de mis procesos. 

A finales del 2019, publicamos un audio de Leonardo Jacome, el presidente del Concejo, en el que dice: “yo quito y pongo decanos, yo subo y bajo las matrículas cuando me dé la gana”. Jacome usaba los subsidios que del convenio entre la alcaldía y la Universidad Francisco de Paula Santander para decirles a los estudiantes: “consiga cinco votos o si no, no le damos el subsidio”. Jacome nos denunció por injuria y calumnia con el argumento de que no podíamos probar que la voz de los audios era la de él. 

Después vino el incidente del Concejo, cuando me sacaron a golpes y empujones. Yo entré al recinto y Jacome me dice, con una clara intención de provocarme: “ahí llegó el adalid de la moral con su bate”, refiriéndose a mi trípode. Me dice que me acerque y en frente de todo el Concejo empieza a decir que yo le estaba cobrando 500 mil pesos y como no me los había pagado, yo lo había traicionado. Todo era falso. Entonces, el concejal Olivero Castellanos se para, me empuja hacia la puerta y me da un golpe en la espalda que me deja sin respiración. 

La siguiente denuncia por injuria y calumnia me llega de Castellanos. No entiendo muy bien de qué va el tema, pero creo que es una herramienta para intentar defenderse de lo que hizo. Yo abrí un caso en Procuraduría y en Fiscalía por la violencia física en el Concejo. Pero en ninguna de las dos instituciones ha avanzado mi caso. 

Por último, vino la tutela que interpuso el empresario Víctor Carrillo en el mes de junio de este año. Él es el presidente nacional de Medimás y gerente de Ecoopsos, una EPS de Cúcuta. Publicamos que Carrillo le habría comprado, a un funcionario de la Secretaría de Salud, 20 mil usuarios para que los afiliaran a Ecoopsos. Toda esa gente apareció afiliada a Ecoopsos de la noche a la mañana y sin firma. Hubo usuarios que se molestaron y denunciaron. Al final un juez me obligó a retractarme, incluso cuando yo tenía los documentos de la compra de los 20 mil usuarios. 

¿Cómo han afectado todas esas denuncias su trabajo periodístico?

Han hecho que yo tenga que limitar a mis periodistas. Nos han quitado mucho tiempo y ha sido desgastante. Ahora lo pensamos dos veces antes de hacer una denuncia fuerte. Cuando hay temas delicados les digo a mis periodistas que mejor los manejo yo.

Creo que lo que le ha pasado a TV Cúcuta se va a volver un arma de la clase política para amedrentar a la prensa. La limitación a nuestra libertad de prensa ha sido importante. Y eso le pega duro al medio, porque nos hemos caracterizado por ser independientes y voceros de la comunidad. Pero también pasa que si no denunciamos, empezamos a perder fuentes porque empiezan a decir: “ay, a este lo compraron”. Tengo fuentes muy importantes, que me he ganado gracias a la transparencia.

En medio de lo hostil del ambiente que le toca sortear, ¿por qué  sigue haciendo periodismo?

Porque creo que sí se puede enfrentar a los poderosos y denunciar lo que hacen. Si usted tiene las pruebas y siempre está del lado de la gente, esa credibilidad es una fortaleza grandísima. La ciudadanía termina protegiéndote.