Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

En un periodo de polarización como el que atraviesa Colombia, era de esperarse que los ataques a la prensa se incrementarían. Pero los registros de la Coordinación de Defensa y Atención a Periodistas de la FLIP no dejan de preocupar. En un tercio del año ya se han registrado 87 ataques en los que han resultado afectados 108 reporteros (en 2016 se documentaron 216 casos con 262 periodistas víctimas).

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, la FLIP hace un llamado a las autoridades colombianas, las audiencias, los periodistas, los medios de comunicación y a la comunidad internacional, para que se refuercen las garantías al periodismo en el país.

Parte de las variables que sólo han sido advertidas recientemente es la oferta deficitaria de medios de comunicación y de circulación de información local. El país rural recibe contenidos urbanos pero no siempre ve reflejadas sus realidades en los medios de comunicación.

Teniendo en cuenta algunas restricciones para el cubrimiento en las zonas veredales, la incertidumbre en términos de orden público en muchas regiones del país y la necesidad de hacer seguimiento a la transparencia institucional en un año decisivo para la próxima campaña electoral, resulta desalentador que haya funcionarios públicos empeñados en obstaculizar, estigmatizar o bloquear a la prensa. En lo corrido 2017, 23 servidores del Estado, que deberían ser los principales garantes de la libertad de prensa, han estado involucrados en actos de censura.

El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, ha sido señalado recientemente de sugerir contenidos periodísticos a través de terceros, con el fin de que los medios le den un giro a su línea editorial.La FLIP espera pronta respuesta de la Casa de Nariño al derecho de petición radicado el pasado 28 de abril para aclarar este episodio. Sin embargo, ya es muy diciente la evasiva del Presidente y su despacho a referirse sobre este tema. El respeto a la libertad de prensa debe ser un principio de cualquier funcionario público para ejercer su labor con transparencia y compromiso con los ciudadanos.

La indiferencia hacia la libertad de prensa se evidencia en otros problemas. Basta con resaltar que la justicia colombiana sigue sin mostrar avances significativos en los casos en los que los periodistas han sido víctimas.

Al interior del sistema judicial se presentan la negligencia, las dilaciones injustificadas y la dificultad para identificar dentro de la investigación a los autores intelectuales de los crímenes. Estas irregularidades han dado lugar a una administración ineficaz de justicia, lo que deriva en un alto riesgo de impunidad.

El equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa sigue trabajando para contrarrestar los múltiples frentes por los que se presenta la censura. A las 37 amenazas, 13 estigmatizaciones, 11 obstrucciones al trabajo y 9 agresiones directas que han sufrido distintos periodistas en lo corrido de 2017, entre otros ataques, se suman más formas de presión que atentan contra los derechos protegidos en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y ponen cuestión el derecho de los colombianos a estar informados.

Este año, la FLIP hará público el registro de otro tipo de violaciones a la libertad de prensa. Entre estas se encuentran los casos de acoso judicial, las obstrucciones al acceso a la información pública, las solicitudes de remoción o bloqueo de contenidos en Internet y los ciberataques a las páginas web de los medios de comunicación, entre otras. Confiamos en que estos datos ayudarán a enriquecer el análisis sobre las condiciones para el periodismo en Colombia.

La FLIP espera que esta fecha incentive a los ciudadanos a reflexionar sobre la necesidad de un periodismo libre en el país. El mejor reflejo de un sistema democrático eficiente es la defensa colectiva sobre la importancia de la libertad de prensa como valor fundamental para el buen funcionamiento de nuestra sociedad.

En el documento adjunto se encuentran los casos destacados de los primeros cuatro meses de 2017 en los que se resaltan las agresiones de funcionarios públicos a distintos periodistas y medios del país. 

Lea aquí el informe en línea.

Luego de la tragedia ocurrida en Mocoa en la madrugada del 1 de abril, la Fundación para la Libertad de Prensa se suma al llamado de solidaridad y donaciones, reconoce el esfuerzo de medios y periodistas e invita a que incrementen las ayudas.

Adicionalmente, la FLIP ha tenido conocimiento de al menos seis periodistas (la mayoría independientes) que resultaron gravemente afectados por la avalancha. La Fundación avanza en un censo de daños para contribuir a la búsqueda de apoyos a los medios locales. De acuerdo a las Cartografías de la Información en el Putumayo, en Mocoa hay al menos 8 medios de comunicación locales y 3 tres de carácter público: dos digitales, Putumayo Noticias y MiPutumayo.com; un impreso, El Nuevo Putumayo; cinco emisoras, Radio Waira, Colombia Estéreo, Radio Policía Nacional (estas tres son públicas); Putumayo Estéreo y Maguare Estéreo; y tres canales, WVC Televisión, Noticiero TV Putumayo y ASOCOTV.

La FLIP quiere hacer un reconocimiento especial a estos reporteros que están haciendo su trabajo en medio de sus dramas personales y a pesar de las restricciones de agua y energía eléctrica que todavía afectan algunos sectores de la capital del Putumayo.

De la mano de dos corresponsales de la FLIP que se encuentran en el terreno, la FLIP está evaluando los daños que sufrieron los periodistas y medios de comunicación de Mocoa para buscar una forma de apoyarlos hacia su reconstrucción. El objetivo es evaluar el impacto de las pérdidas y así determinar qué acciones son urgentes para que retomen actividades.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los señalamientos estigmatizantes del Frente de Guerra Oriental del ELN contra algunos medios de comunicación.  

En el comunicado, que empezó a circular en el departamento de Arauca el 28 de marzo, la Guerrilla del ELN señala a la Emisora local La Voz del Cinaruco como un medio “funcional” a los militares y califica al portal La Silla Vacía (cuya directora, Juanita León, también preside el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa) como parte de una “matriz mediática difamadora (…) que llama a golpear al movimiento social para debilitar a la guerrilla”. Estas afirmaciones tienen un efecto intimidatorio a los esfuerzos de hacer periodismo en una región de censura, sitúan al ELN como una organización que está lejos de entender la deliberación pública como un insumo fundamental para la democracia y marcan un efecto inhibitorio en el cubrimiento futuro de las distintas noticias que se presenten en el departamento de Arauca.

El pasado 19 de marzo, La Silla Vacía publicó una historia titulada “El desgane con el proceso del ELN se siente más en Arauca”. Allí este portal señalaba que “diferentes asociaciones sociales, muchas de las cuales guardan alguna afinidad con los postulados políticos del ELN (…) se han empezado a movilizar alrededor del proceso (…). En cambio en Arauca, departamento militarmente clave para el ELN y uno de los fortines políticos de esa guerrilla, todo está congelado”.

Por su parte, en la Voz del Cinaruco, medio local que ha sido víctima del ELN en repetidas ocasiones, se ha dado cubrimiento periodístico a los anuncios del gobierno nacional de incrementar el pie de fuerza militar en la zona. 

En los dos casos, y atendiendo a la coyuntura actual de una mesa instalada de diálogos con el ELN en Quito, las publicaciones de La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no solo son legítimas, sino necesarias en un departamento con obstáculos permanentes para la libertad de prensa. El ELN, con su comunicado, afecta las garantías a este derecho en una región y en un momento crucial donde es necesario el libre flujo de información sobre asuntos de interés público. Contra la Voz del Cinaruco la FLIP ha registrado 9 ataques dentro de los cuales se destacan dos asesinatos de periodistas. 

Los señalamientos del ELN a La Silla Vacía y la Voz del Cinaruco no pueden ser considerados como mensajes de paz. Particularmente porque los estándares internacionales de libertad de expresión y del derecho internacional humanitario son claros en indicar que los periodistas son considerados población civil en el marco de los conflictos armados. Cuando una fuerza rebelde como el ELN les asocia con su enemigo militar (El Estado) deja en condición de riesgo a medios y periodistas.

Resulta cuanto menos paradójico que el ELN, que tanto ha defendido la participación de la sociedad en la mesa de diálogos de Quito, sea quien emite este tipo de señalamientos que lo único que provocan es limitar las posibilidades de que la sociedad colombiana documente, publique y reciba información sobre la difícil situación del departamento de Arauca.

El comunicado de la guerrilla muestra, o que el ELN se resiste a entender que la libertad de expresión y de prensa son la base mínima de la participación social, o que esta guerrilla entiende por “participación de la sociedad” aquella que sólo coincide con sus intereses y visiones de la realidad. En cualquier escenario, el pronunciamiento del ELN afecta el derecho a la información de los colombianos en general y del pueblo araucano en particular.

La FLIP exige al Gobierno Nacional brindar todas las garantías al cubrimiento periodístico en Arauca. De igual forma, hace un llamado a la Mesa de Negociación de Quito para que sus integrantes acaten los estándares de libertad de prensa, esto pasa por abstenerse de hacer señalamientos estigmatizantes, ser tolerantes a las críticas y responder a ellas en el debate público sin atacar a la prensa.  

La FLIP rechaza la agresión verbal contra Karla Arcila por parte de un contratista del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en la Casa de Nariño. 

El jueves 23 de marzo la periodista estaba en la Casa de Nariño esperando la autorización para ingresar. En la recepción, el contratista del DNP se acercó a la reportera y, en frente de otros funcionarios y periodistas, le preguntó que si trabajaba para RCN. Cuando Arcila respondió afirmativamente el funcionario le contestó "con razón huele a azufre" y le dio la espalda. La FLIP habló con el contratista, quien confirmó lo ocurrido, lamentó los hechos y reconoció su error. 

La situación fue puesta en conocimiento de la jefe de prensa de Casa de Nariño, Marylin López; el director de Casa Militar, el General Maldonado y el Director del DNP, Simón Gaviria, este último indicó que abrirá una investigación interna.

Para la FLIP es grave que personas que trabajan para el Gobierno, o cualquier entidad pública, incurran en calificaciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Los estándares internacionales de libertad de prensa imponen obligaciones específicas en cabeza de quienes trabajan para el Estado con el fin de procurar un ambiente favorable a la deliberación pública. 

Es positivo que el contratista haya llamado a la periodista para disculparse. La FLIP no advierte que la agresión contra la periodista haya obedecido a una instrucción de directivos del Gobierno, fue un acto motivado desde el fuero personal. Sin embargo, es importante que sus superiores tomen correctivos para que este tipo de episodios no se repitan. Por esto invitamos al Gobierno Nacional a que públicamente instruya a sus funcionarios y contratistas para respetar la libertad de prensa, ser tolerantes a la crítica y abstenerse de restringir o perturbar la labor periodística, especialmente con los medios que formulan críticas al Gobierno. 

La FLIP rechaza las amenazas de las que ha sido víctima Daniel Silva, periodista de Tras la Cola de la Rata en Pereira - Risaralda. Las intimidaciones son producto de las denuncias que el columnista ha hecho a través del medio.

En la noche del jueves 23 de marzo un desconocido llegó a la casa del reportero, le apuntó con un revolver en la cabeza y le dijo: "vea malparido, no queremos más investigaciones. Queda advertido".

La FLIP expresa su preocupación por las constantes intimidaciones de las que ha sido víctima Silva. Entre 2016 y 2017 la FLIP ha documentado tres amenazas contra el periodista por sus investigaciones y artículos sobre hechos de corrupción en Pereira.

En una de ellas, el columnista denunció a Fernando Pineda por destinación indebida de dineros públicos cuando el funcionario se desempeñaba como presidente del Concejo de Pereira. A partir de esta denuncia, el Consejo de Estado investigó la conducta del concejal y el pasado 16 de febrero ordenó su destitución.

En junio de 2016 la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le realizara un estudio de nivel de riesgo, este organismo completa 9 meses sin brindar una respuesta. Una demora que sólo acentúa la responsabilidad del Gobierno en la obligación de brindar protección tras la intimidación con arma de fuego. 

La declaración de principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la "intimidación, amenaza a los comunicadores sociales... viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada"

Por lo anterior, la FLIP exige a la UNP asignar medidas de protección de emergencia y solicita a la Fiscalía que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fue víctima Esteban Peralta, reportero de Campo Televisión que registró en un video a cuatro policías que persiguieron y golpearon con fuerza desmedida a unos jóvenes en el barrio Los Laureles de la capital del Magdalena. Las autoridades arremetieron contra Peralta cuando se dieron cuenta que el periodista los estaba grabando. Los hechos ocurrieron en la mañana del 10 de febrero.

Anualmente la FLIP publica el Informe sobre el estado para la Libertad de Prensa en Colombia el 9 de febrero, día del periodista. En 2016, en medio de un año decisorio para la búsqueda de paz en Colombia, los reporteros se enfrentaron al secuestro, a las agresiones, a la persecución y a nuevas formas de censura que están imponiendo más obstáculos para informar con libertad.

La FLIP rechaza los hechos intimidantes de la última semana contra periodistas de distintas zonas del país. Dos panfletos y una amenaza contra dos reporteros elevan a 58 la cifra de periodistas amenazados en lo que va corrido del 2014.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el panfleto conocido ayer, 29 de septiembre, en horas de la mañana, y que llegó al correo personal de los periodistas amenazados de Cali y Buenaventura, departamento del Valle del Cauca.

Durante los meses de julio y agosto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 14 ataques y 15 periodistas víctimas, 10 casos menos que en el bimestre (mayo - junio) inmediatamente anterior. Un descenso significativo aunque preocupante porque eleva a 109 el número de ataques y a 132 los periodistas perjudicados en lo que va del 2014. Además, porque se documentaron ataques especialmente delicados, como el intento de homicidio contra la periodista Amalfi Rosales en el municipio de Barrancas, en La Guajira; o el ataque contra el periodista Javier Osuna, a quién le quemaron sus equipos con valiosa información periodística.