Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

La tarde de este 27 de noviembre, la Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo público un comunicado que llegó a su correo electrónico el pasado viernes. En un archivo de Word se amenaza, con un lenguaje agresivo, a siete mujeres que aportan con su liderazgo a la vida pública del país. Entre ellas se encuentran las periodistas Salud Hernández y Jineth Bedoya. El panfleto, firmado por “Bloque Capital D.C.” sentencia que “les damos pocos días para que abandonen la ciudad de Bogotá ya la tenemos ubicadas a todas para llenarlas de plomo. No es un juego gonorreas” (sic.).

A pesar de que el documento está fechado de octubre de este año, hasta hoy se hizo público. Este mensaje proviene de la dirección de correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

La FLIP exige a la UNP tomar las medidas de protección necesarias para garantizar que las periodistas puedan desarrollar su oficio. De igual forma, exigimos a la Fiscalía General de la Nación investigar el origen de esta amenaza como parte de sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa.

En el caso de Bedoya, esta es la cuarta amenaza que recibe la subeditora del diario El Tiempo desde que fue a La Habana en representación de las víctimas del conflicto. Resulta inadmisible que estas amenazas no se esclarezcan. La impunidad de estas agresiones a la libertad de prensa sólo incentiva la repetición de la intimidación como mecanismo de censura.

Por último, instamos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para que ofrezcan respuestas sobre el alcance de esta intimidación y las medidas que tomarán para garantizar la libertad de prensa. 

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra de Erica Londoño y Gustavo Chicangana, periodistas de Caracol Radio Guaviare.

El pasado 23 de noviembre los periodistas recibieron un mensaje amenazante proveniente de un número desconocido. El texto decía: “Mirem hps periodistas de la derecha erica y gustavo las farc ezisten como grupo armado del pueblo y aki en guaviare y meta mandamos nosotros o empiesan a decirlo o atengance o los actos revolucionarios por cierto bonito su hijo erica y su hija senor gustavo” (sic.).

A través de los programas informativos de la emisora, los reporteros han compartido detalles de las actividades que ha llevado a cabo la comunidad en contra de hechos delictivos realizados por, al parecer, disidencias de las Farc. Además, han informado acerca de la posición de algunos funcionarios que afirman que los responsables de estos actos criminales pertenecen a grupos de delincuencia común y no guerrillas.

Sumado a esta amenaza, los periodistas también han conocido información en la que guerrilleros hablan de la emisora Caracol Radio y de las notas que transmiten. En el mismo sentido, en mayo, se difundió un panfleto firmado por el "Frente 1 Armado Ríos de las Farc-EP" en el que declaraban objetivo militar a los medios de comunicación que dicen “lo que no deben”.

Chicangana cumple funciones de corresponsal para la Fundación en el departamento del Guaviare. La FLIP respalda completamente la labor de los dos periodistas y se compromete a hacer seguimiento juicioso a la situación de seguridad relacionada con la libertad de prensa en esta región del país.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección a que fortalezca las medidas de protección de los periodistas para así garantizar su seguridad. Además, insta a la Fiscalía a que investigue con celeridad estos hechos para que se sancione a los responsables de las amenazas.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque con granada en contra de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, ocurrido esta tarde en Bogotá.

Hoy, 23 de noviembre, desconocidos lanzaron una granada al vehículo asignado para la protección del reportero cuando ingresaba a su lugar de residencia. Afortunadamente, la granada no explotó ni se reportaron heridos. La FLIP denuncia el procedimiento irregular de los agentes de la Policía que atendieron la situación y que, además, desestimaron la gravedad del atentado.

El periodista afirmó a la Fundación que el conductor del vehículo sintió un golpe pero aún así ingresó a la unidad residencial. Vecinos y personal de vigilancia alertaron a Ruidíaz y a los hombres de protección por la presencia de una granada. Inmediatamente se avisó al personal de Policía del cuadrante. Se solicitó la evacuación de la zona en la que lo encontraron.

Según el relato de Ruidíaz, uno de los uniformados levantó la granada sin llevar a cabo ningún protocolo y sin el apoyo del grupo Antiexplosivos. Al momento en que se preguntó por el explosivo, el patrullero dio declaraciones inconsistentes sobre el paradero del artefacto, afirmando que había botado el elemento y que era de juguete.

La FLIP expresa su preocupación por el atentado y por el actuar de los agentes de la Policía que atendieron la situación. Debido a las irregularidades de los uniformados, la Fiscalía no cuenta con elemento probatorio para desarrollar adecuadamente la investigación.

La FLIP exige a la Policía Metropolitana que aclare la situación. Si se incurrió en irregularidades en el procedimiento, la Fundación solicita que sancione a los responsables.

Además, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con diligencia los hechos y así se pueda condenar a los culpables.

*

La FLIP ha advertido en varias ocasiones el riesgo al que se ve expuesto Ruidíaz. En mayo, durante una la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic).

Después, el pasado 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido que le dijo: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”.

Sumado a estas dos situaciones, el periodista ha recibido llamadas amenazantes y ha sido víctima de seguimientos y hostigamientos.

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las frecuentes intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero de Colmundo y le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que fortalezca su esquema de protección cuanto antes.

El 2 de noviembre, Ruidíaz recibió una llamada por parte de un desconocido, que lo amenazó: “Lo tenemos vigilado. Se salvó porque va en el SITP con el polocho pero lo tenemos vigilado y le vamos a dar en la jeta pa’ que aprenda, sapo hp. Está en la emisora pero espere que esté solo que lo vamos a coger y lo vamos a reventar”, sentenció el agresor.

Minutos antes, Ruidíaz identificó la presencia de un hombre en motocicleta frente a su lugar de residencia. Luego, mientras el periodista y su hombre de protección, asignado por la UNP, se trasladaban en un bus de transporte público; notaron que un hombre de aspecto y actitud sospechosa abordó el vehículo y se bajó de este una cuadra antes de llegar a las instalaciones de Colmundo. En el momento en que el hombre salió del bus, se subió a una motocicleta que lo estaba esperando.

Las intimidaciones y hostigamientos en contra de Ruidíaz han sido constantes. El 14 de mayo, en la transmisión del programa “Rompecabezas arma corazones”, un hombre llamó a la emisora y amenazó al aire al reportero: “Tenemos un comunicado para el señor Ricardo Ruidiaz: dígale al periodista y director de la ONG, Ricardo Ruidíaz, que no siga investigándonos, que no sea sapo, no meta las hijueputas narices donde no debe. Le damos 24 horas para que salga de la ciudad y se esconda” (sic). Después de esto, el reportero recibió más amenazas telefónicas y fue víctima de seguimientos en sus lugares de vivienda y de trabajo.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la UNP que refuerce cuanto antes el esquema de protección de Ruidíaz con el fin de salvaguardar su vida y su integridad.  

La Fundación reitera su preocupación por los inconvenientes que implica la asignación de esquemas de protección que no garantizan un transporte seguro para sus beneficiarios y que, por el contrario, aumentan las condiciones de vulnerabilidad de los protegidos y sus hombres de protección. La FLIP ha expresado esta preocupación con insistencia ante la UNP con el fin de prevenir situaciones de riesgo inminentes como la que se presentó en contra de Ruidíaz, pero las recomendaciones no han sido acogidas por la entidad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Ruidíaz con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por las constantes amenazas de las que ha sido víctima el periodista José Luis Mayorga, director del medio Agencia de Reporteros Sin Fronteras.

El pasado 29 de octubre el reportero recibió un panfleto con la siguiente amenaza: “Ustedes hijueputas periodistas sapos no han creido que nuestra advertencia es de verdad y piensan que pueden sguir paseándose y guevoneando por donde se les de la gana (...) cuando ustedes perros no sean sino unos periodistas mas muertos, de los que vendran porque nuestra lista de sapos Castro Chavistas camuflados como periodistas aumenta y acabaremos con toda esa plaga" (sic).  

Los agresores dejaron la intimidación dentro de un sobre en la portería del edificio en el que vive Mayorga, pero no se especificaba el destinatario, únicamente tenía registrado el número de apartamento. El panfleto, además, tenía impreso el símbolo de las “Águilas Negras” y estaba firmado por el “Bloque Capital”.  

Esta no es la primer amenaza que recibe el periodista. En abril de este año, Mayorga recibió un panfleto con las mismas características, pero en esa ocasión el sobre contenía dos balas. El mensaje de aquella vez decía: “SAPO CASTRO CHAVISTA LAS PROXIMAS NO LAS VERA POR QUE ESTARAN DENTRO DE SU CABEZA POR NO HABER APRENDIDO Y SEGUIR JODIENDO DONDE NO DEBE” (sic).

El medio ha publicado investigaciones de alta sensibilidad relacionadas con el proceso de paz de las Farc, los diálogos del Gobierno con el ELN, algunos casos de corrupción y de influencia de grupos paramilitares en diferentes regiones del país.

La FLIP expresa su preocupación por los riesgos a los que está expuesto el director de la Agencia Reporteros Sin Fronteras por las constantes amenazas que ha recibido. A partir de estos nuevos hechos, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de Mayorga con el fin de salvaguardar su vida y su integridad. La FLIP considera que las intimidaciones de las que ha sido víctima el reportero lo sitúan en un riesgo inminente, que el Estado tiene el deber de atender con celeridad.

La Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad los hechos de violencia de los que ha sido víctima Mayorga con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ha indicado que “es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo de Open Society Foundations, el fondo para apoyar a los periodistas freelance Rory Peck Trust y la empresa de tecnología Sudecom, respaldaron a los periodistas de Mocoa a través de la entrega de equipos para reanudar su labor periodística, luego de que resultaran afectados por la avalancha del pasado 1 de abril.

El pasado 28 de octubre miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa se reunieron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Mocoa con los 12 periodistas que resultaron afectados por la avalancha que dejó más de 300 personas muertas. Durante el encuentro, la FLIP entregó los equipos que fueron reunidos junto a las otras tres organizaciones para contribuir a la reanudación de sus labores periodísticas.

Las organizaciones esperan que este apoyo contribuya a que los periodistas desarrollen su oficio con mayores garantías para hacer veeduría a la gestión de los funcionarios de su municipio y denuncien las irregularidades en los procesos electorales y de contratación pública de su región. Con la entrega de estos equipos se espera, además, que haya mayor pluralidad informativa a través del fortalecimiento de medios de comunicación de diferentes formatos como radio, televisión y prensa.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza y condena el robo del que fue víctima la Agencia de Prensa Rural en Bogotá.

El 25 de octubre, en la madrugada, delincuentes ingresaron a la casa de la Corporación para el desarrollo de la educación y la investigación social (Corpeis), violentaron las entradas y se dirigieron únicamente a la oficina de Prensa Rural. Allí robaron un computador Mac, un disco duro y un kit de luces. Los periodistas fueron informados por el personal de seguridad cuando la alarma se activó.

El robo podría ser un ataque dirigido ya que los delincuentes no tomaron objetos de valor de otras oficinas, atravesaron toda la edificación y llegaron hasta el lugar donde está ubicada la sede de Prensa Rural, en el segundo piso. De acuerdo con la información que logró obtener la FLIP, para llegar hasta las instalaciones del medio se debe conocer con exactitud su ubicación e identificar el momento apropiado para ingresar.   

A pesar de que en el computador no había información sensible, en el disco duro sí estaban guardadas maquetas de trabajos que está realizando la Agencia. Prensa Rural ha estado trabajando en varios proyectos relacionados con la construcción de memoria en algunos departamentos del país, el proceso de erradicación de coca, el encuentro nacional de víctimas de la Unión Patriótica y el encuentro nacional de Reserva Campesina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso:  “la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Fundación rechaza estos intentos de censurar a un medio alternativo y el robo de información sensible. Los responsables del robo pueden acceder a la información de Agencia de Prensa Rural y así se violaría el secreto profesional. La seguridad de los reporteros y de sus fuentes pueden estar en riesgo.

La FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investigue los hechos y así se pueda hacer justicia con las sanciones adecuadas. La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a la Agencia de Prensa Rural con el fin de determinar las medidas apropiadas para proteger las instalaciones del medio.