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El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio. 

Por: Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez

¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta el momento de su asesinato? ¿Por qué se frustó su liberación? —Estas son preguntas que están pendientes de resolver desde hace 4 años. Durante este tiempo sus familiares no han parado de exigirle a victimarios, y a los Estados de ambos países, dar información suficiente para aclarar lo que ocurrió con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados en territorio colombiano por el Frente Oliver Sinisterra (FOS) de las disidencias de las FARC en zona fronteriza con Ecuador entre marzo y abril de 2018. 

A pesar de haber dos condenas, el caso sigue sin resolverse. Ha faltado celeridad, transparencia y mayor claridad en la información sobre lo ocurrido - ¿Dónde fallaron las negociaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado colombiano negó haber adelantado operativos militares que los pusieron en riesgo y frustraron su liberación?. Este todavía es un relato lleno de versiones incompletas que entorpecen un ya muy difícil camino a la justicia. 

Negociación para la liberación fallida y operaciones militares negadas por el Estado Colombiano 

La información que se conoce sobre lo ocurrido entre el 26 de marzo, fecha del secuestro, y el 11 de abril, fecha en que el FOS anunció el asesinato, reposa en expedientes que el Estado ecuatoriano prometió a las familias desclasificar y no lo ha hecho. Un compromiso roto por el gobierno de Lenin Moreno y hasta el momento también por el de Guillermo Lasso, que no solo indigna a sus familiares que buscan verdad sino que incumplen la recomendación del equipo de seguimiento especial designado por la CIDH para el caso que en su informe final dijo: “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”. (Informe final ESE, Num. 335). 

Frente a esto Galo Ortega, padre de Javier, reclama aquello que buscan: “(...) sería la verdad de la investigación, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Estas autoridades nos niegan cosas. A lo mejor no lo investigaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Nos han dicho cosas que sí han hecho, pero dentro de la investigación no hay nada porque nos ofrecieron la desclasificación de la investigación, eso no lo tenemos. Al principio las autoridades ofrecieron tantas cosas, que no iba a quedar en el olvido. (...) Las autoridades no hicieron nada. Cada quien tapa, cada quien esconde. Se tapan entre ellos.”. 

Aún hoy todavía no es claro quiénes, en qué niveles, estuvieron realmente involucrados en las negociaciones desde que el FOS, presumiblemente  su comandante: Walter Arizala, alias “Guacho”, contactó al mayor Zaldumbide Navia - que en ese entonces cumplía labores en San Lorenzo - para exigir el canje de los periodistas por disidentes presos en Ecuador. ¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta? ¿En qué momento se derrumbaron estas negociaciones a pesar de que se había dado luz verde para el canje? y por qué queda en el aire la sensación de que, en palabras de Ricardo Rivas, hermano de Paúl, “(...) el Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo: salvaguardando la vida de ellos, la integridad de ellos. Entonces la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué pesó más la imagen de un país, como lo dijo el presidente Moreno, en el lado de Ecuador? ¿Es la imagen de un país, la dignidad de un país, sobre la vida de las personas? ¿Es eso realmente lo que pretende un Estado y no da la seguridad a la cual nosotros hacíamos referencia?”. Mientras familiares y colegas de la prensa pedían la liberación de los periodistas, las autoridades prefirieron el hermetismo. El apoyo y el respaldo que habían prometido altos cargos de ambos gobiernos se convirtió en algo opaco. Esta verdad, de nuevo, reposa en expedientes que las víctimas todavía no pueden ver.

Frente a esa negociación fallida es necesario un recuento de lo sucedido hace cuatro años para empezar a encajar las piezas de este rompecabezas. Hay evidencia que la comunicación entre el FOS y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato del equipo, pero todavía es incierto si fueron los trámites burocráticos y judiciales en ese país los que lo frustraron y, por otra parte, el impacto real que pudieron tener los operativos que las fuerzas militares colombianas hicieron en la zona. Un primer episodio que alimenta las dudas ocurrió el 28 de marzo de 2018, dos días después del secuestro, cuando el periódico El Tiempo, de Bogotá, publicó un artículo en el que afirmó que los periodistas serían liberados aduciendo a altas fuentes en el Ministerio de Defensa colombiano. El exministro del interior ecuatoriano Cesar Navas, relata en el libro Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, que Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Colombia se comunicó con su homólogo de Ecuador para iniciar los preparativos. Tan confiable era la información que el fiscal ecuatoriano, Christian Rivadaneira, se movilizó hasta San Lorenzo, en frontera colombo-ecuatoriana, para recibirlos. Sin embargo esa liberación nunca ocurrió, la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Defensa de Colombia se canceló sin explicación y todavía no es claro lo que pasó durante esos días, aunque hay versiones que indican que la cantada liberación se frustró por operativos militares adelantados en la zona por parte del Ejército de Colombia. 

Así, el 11 de abril, fallidas las negociaciones con el Estado ecuatoriano, empezó a circular un panfleto firmado por el FOS en el que anunciaba el asesinato de Javier, Paúl y Efraín señalando que operaciones militares en el territorio habían sido determinantes para el desenlace. Ese mismo día el Ministerio de Defensa colombiano aprovechó para contestar sobre tales operaciones militares, desmarcándose de cualquier responsabilidad. Dijo Villegas: “Nuestra presencia en ese territorio de frontera territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”.

A partir de una acción de tutela1 contra el Ministerio, la FLIP logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio y volvió sobre la mesa la importancia de responder estas preguntas: ¿Por qué, sabiendo que los ponían en inminente riesgo, el Estado colombiano adelantó operaciones ofensivas contra el FOS, más si se estaba adelantado una negociación? ¿Por qué el Estado colombiano buscaba negar la existencia de tales operaciones militares?  

Frente a esto, es importante anotar que la Fiscalía ha omitido indagar en esta línea de investigación a pesar de que el equipo especial de seguimiento de la CIDH le recomendará lo contrario, señalando que la verdad sobre este asunto es una pieza clave de todo este rompecabezas. 

Verdad incompleta y revictimización 

Por otra parte, varias de las principales respuestas de lo que ocurrió con Javier, Paúl y Efraín las tienen, por supuesto, quienes el 26 de marzo de 2018 los secuestraron y posteriormente acabaron con su vida. Del comandante del FOS y máximo responsable del secuestro y asesinato del equipo, Walter Arizala, conocido como alias Guacho, no fue posible ninguna información pues fue abatido a finales de ese mismo año. 

A día de hoy la Fiscalía General de la Nación colombiana ha condenado a dos miembros del FOS: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. En julio de 2018 se legalizó su captura y se impuso medida de aseguramiento contra ambos, pero sus audiencias se aplazaron por varias razones: por fallas en la conexión de los centros penitenciarios, por un brote de COVID-19 (en el caso de la Cárcel de Cómbita), por incapacidades de los jueces, y por la inasistencia de la Fiscalía o integrantes de la defensa. La situación fue así durante el 2019 y el 2020. Finalmente fueron condenados en el 2021 producto de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de Colombia en donde se comprometían a realizar actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón como medida de reparación para las familias. 

Por su parte, Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, señalado de ser responsable de grabar las pruebas de supervivencia, quedó en libertad en junio de 2020 por vencimiento de términos, hoy se desconoce su paradero.  Y, por último, El 30 de marzo de 2021 la Fiscalía presentó como avance la imputación de cargos contra Jesús Alfredo Arroyo, alias Roberto y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky, ambos señalados de participar directamente en el secuestro y posterior asesinato. A pesar que desde el 2019 venían anunciando tales actuaciones a la fecha sus casos no han avanzado. 

Frente a esto, Cristian Segarra, hijo de Efraín, relata que “Colombia con algunos detenidos procesados, hasta ahí llegaron las cosas. Ecuador se lavó las manos sin mayor investigación, sin mayores avances. Autoridades fueron, otras llegaron. Pero nada más ha pasado. No ha habido un resultado concreto, no ha habido ayuda y las cosas se han quedado estancadas. Tanto así que estamos planteando un proceso internacional de cara a este y los siguientes años”. 

Volviendo a las condenas que ya hay y frente a los actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón surge un nuevo problema: la manera en la que se han dado estos actos. Los testimonios otorgados por ambos se contradicen y no cumplieron mínimos de respeto y solemnidad necesarios en un escenario de perdón. Las condiciones básicas de audio y video que debían ser garantizadas por la Fiscalía no se cumplieron. La disposición de los victimarios de tratar este como un asunto meramente formal para cumplir con el preacuerdo fue notoria: respuestas genéricas, afirmaciones que tendían a desconocer los motivos de los homicidios por parte de “Cherry” aún cuando antes había aceptado a la Fiscalía ser responsable de la seguridad del secuestro y había detallado las circunstancias de los homicidios. Por parte de “Reinel” manifestó temor frente a su situación de seguridad, cosa que sin duda limitaba su versión; dejando el vacío frente a las medidas de protección que debe tomar el Estado colombiano para asegurar la verdad en su testimonio. Esto en últimas, se convirtió en un escenario de revictimización para las víctimas y un episodio que deja más dudas que certezas.  

Frente a esto, dice Galo Ortega que “cuando íbamos a las versiones a la fiscalía yo sentía mucha humillación. Porque cuando iban estos jefes, iban con dos y tres abogados, y los abogados susurraban al oído del oficial que tenía que dar la versión. Cuando ya terminaba el informe lo leían, lo releían. El Fiscal no hacía preguntas, sólamente básicas. Todo eso era humillante para mi. Mi deber como padre es estar donde tenga que dar la cara por mi hijo. Por los tres. Eso siempre es un momento de indignación”. En suma, la justicia y la verdad que debe garantizar la Fiscalía colombiana frente a este caso sigue coja: No es esta una cuestión tan simple como capturar y condenar, hacen falta aún explicaciones y respuestas a los familiares; hace falta reparación real y, por supuesto, hace falta aún un gran camino de justicia. 

En este caso asistimos a una serie compleja de interrogantes que todavía no tienen respuesta:  (i) opacidad por parte de los Estados para revelar cuáles fueron sus actuaciones en torno a la preservación de la vida y la liberación de Javier, Paúl y Efraín, esto incluye lo relativo a las negociaciones entre el FOS y el Estado ecuatoriano pero también el actuar de las fuerzas militares de Colombia. (ii) Una justicia, que como se ha expuesto, poco ha servido para reparar y brindar certezas a las víctimas sobre lo sucedido. Y, englobando lo anterior, queda entonces como gran deuda de todo esto la verdad, la posibilidad de conocer y entender realmente qué ocurrió en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Nos faltan 3 es un lema que nació a partir de la tragedia que vivieron familiares, amigos y colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Es un lema que sigue vigente hasta el día de hoy. Que seguirá vigente hasta que la verdad completa esté en manos de sus familiares, hasta que la justicia indague e investigue la responsabilidad de todos los actores y hasta que las condiciones de abandono y de inseguridad que viven los territorios donde ocurrieron estos hechos sean, de una vez por todas, asumidas por los Estados. 

1 La FLIP solicitó información sobre operaciones militares en las zonas en donde se encontraba el equipo periodístico, esta información fue negada por parte del Ministerio de Defensa justificándose en que era información reservada por seguridad nacional. Sin embargo, por orden judicial finalmente aceptaron que: “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación "HÉRCULES", se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (...) entre otras zonas de Nariño, que tenía como propósito la garantía de la defensa del área asignada incluyendo tropas y recursos, así como la de neutralizar los fenómenos de criminalidad, y ii) operación de acción ofensiva Arcángel sostenida en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan y el sector oriental de Tumaco en el Departamento de Nariño, orientada a ejecutar operaciones de acción directa y reconociendo. (sic)”  

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Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

Publicado en Pronunciamientos
Viernes, 10 December 2021 15:57

Ernesto Acero Cadena

Ernesto Acero Cadena era periodista del periódico El Informador Socioeconómico. A sus 59 años fue asesinado el 12 de diciembre de 1995 en Armenia, Quindío. Ese día, un desconocido lo atacó a dos cuadras del Cuartel de Policía y del Palacio de Justicia de Armenia. Su caso prescribió en 2015 luego de que la Fiscalía no lograra determinar a los autores del crimen. 

Ernesto tuvo una reconocida trayectoria periodística. Durante 1957 y 1962, trabajó en los periódicos El Relator y Occidente en Cali, Valle del Cauca. Años más tarde, fue editor del diario Edicron y Estelar Publicidad, así como redactor de la revista de la Policía Nacional en Bogotá. En 1966, viajó a Medellín y se desempeñó como director de Colprensa y de la emisora La Voz de la Independencia. 

Tres años después, Ernesto se estableció en Armenia donde fue jefe de prensa de la Gobernación del Quindío, periodista de las emisoras La Voz del Comercio y Radio Sucesos, corresponsal de La Patria de Manizales, El Espectador, El Pueblo, Occidente, El Siglo, La República, y redactor de La Patria del Quindío. 

Ernesto también fue emprendedor y, por eso, creó El Informador Socioeconómico del Quindío, un plegable que alcanzó 195 ediciones en Armenia y en el que criticaba y denunciaba temas de interés público.

Antes de su asesinato, Ernesto denunció al excongresista Carlos Alberto Oviedo por presuntos vínculos con narcontraficantes. Un funcionario de la unidad de investigaciones secretas de la Policía declaró ante la Fiscalía que, días antes del asesinato del periodista, el agente de policía Edgar Gamboa le contó que se estaba preparando un asesinato por el que pagarían 40 millones de pesos. Y aunque Gamboa fue expulsado de la institución, nunca  hubo condenas y las autoridades no lograron identificar a los responsables del homicidio. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Ernesto. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En la FLIP, recordamos a Ernesto y reconocemos su trabajo periodístico cuya trayectoria lo convirtió en uno de los periodistas más destacados del departamento. 

Gracias por recordar con nosotros. 

Publicado en Impunidad casos

Guillermo León Agudelo fue asesinado el 30 de noviembre del 2000 en Florencia, Caquetá. Guillermo era periodista de la emisora La Voz de la Selva, que para ese momento estaba afiliada a la cadena radial Caracol.

El 30 de noviembre del 2000, tres sicarios ingresaron a la vivienda de Guillermo y lo asesinaron. Inicialmente se creyó que las FARC era responsable del homicidio, pues en su espacio radial, Guillermo respaldaba al partido Conservador. Sin embargo, las autoridades no han logrado esclarecer el caso que aún permanece en investigación.

En la FLIP, no olvidamos a Guillermo y hacemos un llamado para que su caso no permanezca en total impunidad. Gracias por recordar con nosotros.

 

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Rodrigo Ahumada fue periodista y fundador de la emisora Radio Galeón y Galeón TV, programadora que lo convirtió en uno de los fundadores de Telecaribe. El 26 de septiembre de 1991 fue atacado. Recibió dos impactos de bala, que lo dejaron hospitalizado por doce días, hasta que finalmente murió en Santa Marta, Magdalena.

El hermano de Rodrigo, Antonio Ahumada, estaba con él el día del atentado, por lo que logró reconocer y denunciar a los autores materiales del homicidio. Sin embargo, él también fue asesinado.

En la FLIP no olvidamos la labor periodística de Rodrigo y reconocemos sus esfuerzos por mantener informada a la población samaria. Gracias por recordar con nosotros. 

 

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Hace 21 años fue asesinado el periodista Gustavo Ruíz Cantillo en el municipio de Pivijay, Magdalena. Antes de su asesinato, fue amenazado por su trabajo periodístico. Luego de más de dos décadas, la Fiscalía mantiene en reserva la información sobre el caso.  

Gustavo era un periodista empírico, apasionado por el oficio y la investigación. Llevaba 10 años trabajando como corresponsal de Radio Galeón, medio de comunicación de Santa Marta, Magdalena donde diariamente hacía cubrimientos para el noticiero Mi Radioperiódico. 

“Él los reportajes los hacía desde Pivijay y llamaba a Radio Galeón desde la plaza de mercado, era el único lugar aquí donde había teléfono público. A veces tenía que estar viajando a la emisora, pero él casi todos los días informaba lo que pasaba desde acá”, cuenta su hermana. 

Los reportajes y noticias que Gustavo emitía abordaban temas como la presencia y control de grupos paramilitares en el municipio, corrupción, inseguridad, deficiencias del servicio de electricidad y la demora del pago de salarios a docentes. Sus emisiones tenían una amplía audiencia, y así, empezó a convertirse en un periodista reconocido en la región. 

A causa de sus informes, Gustavo comenzó a recibir amenazas en las que le advertían que debía detener su actividad periodística. “Aquí no podía haber periodistas, porque estábamos en la era de las AUC y ellos no querían a personas como él en Pivijay; le habían dicho que dejara de contar todo lo que pasaba en el municipio”, explica la hermana de Gustavo, quien además dice que su hermano jamás les contó sobre las amenazas, porque de lo contrario habrían hecho lo necesario para sacarlo de allí. 

A sus 39 años, el miércoles 15 de noviembre del 2000, Gustavo fue asesinado en la plaza de mercado de Pivijay, mientras recolectaba información para el noticiero.

En la FLIP, no olvidamos las denuncias periodísticas de Gustavo y su labor por mantener informada a la región del Caribe colombiano. Gracias por recordar con nosotros. 

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Gabriel Cruz Díaz fue asesinado por desconocidos hace 26 años en Chinú, Córdoba. Gabriel fue corresponsal de los diarios El Universal de Cartagena, El Heraldo y El Espectador, y trabajó en emisoras como Panzenú, La Voz de Corozal Y Radio Piragua. Antes de su asesinato, el periodista estaba escribiendo un libro sobre los ataques militares contra las personas de izquierda en la región.

El caso del asesinato de Gabriel prescribió en 2015 sin que las autoridades identificaran a los responsables de su homicidio. Hoy, se cumplen 26 años de su muerte y en la FLIP reconocemos sus esfuerzos y el de todos y todas las periodistas que han sido asesinados en Colombia por denunciar las irregularidades y problemas en sus regiones. 

Gracias por recordar con nosotros.

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Oswaldo Regino Pérez fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, tras denunciar las primeras masacres paramilitares en Córdoba. El periodistas abrió sus micrófonos a las comunidades más vulnerables del departamento. Iba de pueblo en pueblo, denunciando las precariedades a las que se enfrentaba la comunidad. Oswaldo trabajó en las emisoras La Voz de Montería y Radio Panzenú, y además fue corresponsal de El Universal de Cartagena y jefe de prensa de la Gobernación de Córdoba.

El martes 11 de octubre de 1988, en el corregimiento Los Pericos, zona rural de Montería, Córdoba, Oswaldo fue asesinado presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Su caso prescribió en 2008 y hoy, 33 años después de su muerte, no hay condenas en contra de los responsables del crimen. 

En la FLIP, recordamos la trayectoria periodística de Oswaldo y recordamos sus esfuerzos por dar voz a las personas más vulnerables de su región. Gracias por recordar con nosotros.

 

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El periodista Alejandro Jaramillo Barbosa fue presidente de la Asociación Colombiana de Periodistas (ACP) y cronista del Diario del Sur. Un día como hoy, hace 24 años, fue asesinado en Pasto, Nariño. El 24 de octubre de 2017, el caso de Alejandro prescribió en completa impunidad sin que las autoridades identificaran a los responsables del crimen. 

El periodista del diario El Caleño, Fernando Abadía, recuerda a Alejandro como uno de los periodistas más destacados de la crónica roja en la región. “Antes de trabajar en el Diario del Sur, Alejandro era el encargado de las noticias judiciales en el periódico El Caleño de Cali. En la década de 1970, dictó clases de periodismo junto a Evaristo Bugallo y tuve la oportunidad de aprender de los dos. Era un periodista extraordinario”, señaló Abadía. 

Para Jorge Carvajal, colega de Alejandro en el periódico Occidente de Cali y del Diario del Sur, Alejandro fue un cronista ejemplar que guió su carrera dentro y fuera de la redacción. “Alejandro me aconsejó mucho. Recuerdo que un día, a eso de la 1:00 p.m., llamaron de una empresa de transporte y nos informaron que había una maleta extraña. Cuando la abrí, había una cabeza adentro. Me asusté mucho, pero junto a él aprendí cómo asumir los gajes del oficio”, recordó Carvajal.

Antes de su muerte, Alejandro fue hostigado y amenazado por las investigaciones y relatos que realizó como parte de su oficio periodístico. En 1984, el periodista fue víctima de un atentado en Cali, Valle del Cauca y tiempo después abandonó su cargo como director del diario El Caleño. Al parecer, en sus últimos reportajes, Alejandro había denunciado las actividades ilícitas de los carteles del narcotráfico en Colombia. 

El viernes 24 de octubre de 1997, Alejandro de 67 fue reportado como desaparecido por sus familiares. Días después, partes de su cuerpo fueron halladas en diferentes puntos de la ciudad. La crueldad de su asesinato dejó un mensaje amedrantandor para la prensa de la región. Pese al llamado de varias organizaciones para investigar y judicializar a los autores de su homicidio, el caso de Alejandro prescribió hace cuatro años sin que nadie fuera judicializado por el crimen. 

En la FLIP, no olvidamos la labor periodística de Alejandro y recordamos a los y las periodistas que han sido asesinados a causa de su labor investigativa para contar y denunciar lo que sucede en las diferentes regiones del país. 

Gracias por recordar con nosotros.

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El 18 de octubre de 1996, el periodista Norvey Díaz Cardona fue asesinado en Girardot, Cundinamarca. Norvey era director y fundador del noticiero radial “Rodando barrios” en la emisora regional Radio Colina y, durante seis años, fue hostigado y amenazado por las   denuncias periodísticas que realizó. Hace cinco años su caso prescribió en total impunidad. 

 

Una vida periodística hostigada  

Durante 1990, el periodista Norvey Díaz estuvo denunciado ante la opinión pública el asesinato masivo de habitantes de calle, recicladores y presuntos raponeros en Girardot. Norvey aseguró en sus reportajes que esta serie de crímenes respondía a la “limpieza social” que estaría haciendo un grupo ilegal denominado “Muerte a ladrones y bazuqueros” que, a través de avisos pintados en las paredes, amenazó con asesinatos selectivos. 

Además, según Norvey, algunos miembros de la Policía Nacional estarían implicados en las masacres, por lo que decidió denunciar los homicidios ante la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía. En consecuencia, varios policías  fueron investigados, pero las autoridades no determinaron la relación entre los agentes y estos asesinatos, de modo que ningún funcionario policial fue hallado culpable.

Sin embargo, a partir de ese momento, Norvey empezó a recibir amenazas e intimidaciones que pretendían silenciar su voz. En varias oportunidades, llegaron a la puerta de su casa coronas fúnebres con su nombre y cartas en las que lo amenazaban de muerte. Ante esto, el periodista empezó a abordar otros temas de investigación , en su mayoría relacionados con el orden público y la administración de recursos públicos de  la alcaldía de Girardot. 

Hasta 1996, Norvey no dejó de recibir amenazas y hostigamientos que intimidaron su ejercicio periodístico. Un día como hoy, hace 25 años, el periodista fue asesinado en Ricaurte, Cundinamarca a sus 42 años. La Fiscalía jamás determinó quién podría estar detrás del homicidio, por lo que su caso prescribió en 2016 en total impunidad. 

Para la fecha de publicación de este artículo nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Norvey. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En la FLIP, no olvidamos a los y las periodistas que como Norvey han sido asesinados por denunciar las irregularidades administrativas y las violaciones a los derechos humanos en sus regiones.

Gracias por recordar con nosotros.

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