Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza —y planea adquirir— tecnologías y software espías para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.

Estas actividades se institucionalizaron en 2019, en el Manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas, un documento reservado que incluye los lineamientos para la inteligencia sobre fuentes abiertas y la vigilancia de contenidos que periodistas y medios publican sobre las instituciones de las fuerzas militares. Para ello, utilizan programas que analizan las redes sociales, monitorean publicaciones, verifican imágenes, rastrean correos, obtienen geolocalizaciones, buscan personas y extraen información sensible.

A pesar de las decisiones judiciales que protegen la libertad de expresión en Colombia, el Estado ha hecho caso omiso y ha adquirido y empleado tecnologías aún más invasivas y sofisticadas para continuar con sus labores de vigilancia, espionaje, recolección de datos, perfilamiento y ciberpatrullaje. Y pretenden hacerlo a largo plazo, ya que según el Plan de Adquisiciones del 2023, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la intención de adquirir herramientas cada vez más novedosas, como un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial. Esto sin escatimar en el presupuesto, pues el costo de tal procedimiento supera los 3.500 millones de pesos y, por otro lado, ha tercerizado actividades de vigilancia en contratos que alcanzan los 35 millones de pesos. 

Una de las periodistas afectadas por estas acciones de inteligencia es María Alejandra Villamizar, quien se volvió objeto de estas vigilancias luego de que en 2019 entrevistara al comandante del ELN, Pablo Beltrán. El Ejército argumentó que el espionaje era para, supuestamente, obtener información relacionada con la fuente de la reportera; sin embargo, también recolectaron datos privados como números de teléfono, su historial académico y laboral, e incluso, datos de su matrimonio y fotos de su carro.

La FLIP accedió a un documento reservado que reveló varias inconsistencias y omisiones en este caso. Una investigación hecha por la Inspección General de las Fuerzas Militares, en 2021, confirmó que la fuerza pública abusó de sus capacidades y que las actividades de búsqueda y de inteligencia se realizaron sin la operación de los superiores. Así mismo, se desviaron de su propósito inicial, pues fue empleada en contra de personas que no constituyen una amenaza real, como las y los periodistas. 

Esto demuestra que el Ejército no realiza estudios sobre el impacto que tienen estas tecnologías en los derechos humanos, pues aseguran que la información en el espacio electromagnético está disponible para su uso y que está relacionada con fenómenos de criminalidad descritos en los planes de operaciones. Además, el Ejército no revela la información de sus auditorías internas sobre la inteligencia militar ni le informa a quienes perfila sobre tales actividades.

Conozcan aquí la investigación completa

A su vez, el Estado celebró millonarios contratos para vigilar a medios de comunicación y las redes sociales. El Estado contrató a la empresa MYMCOL S.A.S. por 35 millones de pesos para analizar, monitorear y hacer inteligencia permanente a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales. Entre ellos se encuentran las cadenas básicas de RCN y Caracol, La W, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, La Patria (Manizales), El Universal (Cartagena), Revista Semana, La Silla Vacía, Canal Uno, CNN, The New York Times, Le Monde, entre otros. Este monitoreo inició en 2019 y se ha hecho de manera continua —las 24 horas del día y de lunes a domingo— y ha identificado los temas que marcaron tendencia o que están relacionados con el sector Defensa y las fuerzas militares. Además, la fuerza pública etiqueta a los medios y a sus contenidos con calificativos como “positivo”, “negativo” o “neutro”, bajo sesgos arbitrarios y que promueven la estigmatización de la prensa. Algo similar ocurrió en 2019, cuando el Estado perfiló a más de 400 cuentas de Twitter, entre las que había periodistas.

Es evidente que las autoridades minimizan los impactos sobre los derechos humanos de las personas que están bajo el monitoreo de fuentes abiertas, en especial cuando recae en las y los periodistas que informan acerca de asuntos de interés público. Distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la vigilancia indiscriminada vulnera los derechos de las personas y afecta su vida privada. Por su parte, el Consejo de Estado ha alertado que las labores de inteligencia vulneran las garantías de la prensa y promueven la estigmatización.

Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia sobre fuentes abiertas, en cuanto a los procedimientos, los estándares sobre recolección de datos y los límites de la vigilancia en línea contra grupos sociales determinados, como la prensa. Esto es importante, ya que el marco jurídico no precisa los alcances de la vigilancia en línea y la Ley de Inteligencia no define de manera legal la duración ni los límites del monitoreo cuando se trata de “fuentes abiertas de información”. Además, las autoridades deben garantizar la transparencia sobre la adquisición de tecnologías con capacidad de vigilancia.

Por ello, la FLIP le solicita al Presidente de la República y al ministro de Defensa que emprendan acciones para asegurar que las actividades de inteligencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas relacionadas con la información que circula en Internet. Así mismo, es importante garantizar la no repetición de actividades perfilamientos y vigilancia indiscriminada, y que las fuerzas militares prescindan de la vigilancia y evaluación de contenidos periodísticos bajo parámetros de guerra.

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.

Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.

En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de  las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad. 

El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad. 

Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es [...] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”. 

En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura. 

Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública. 

En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena. 

Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio. 

El comunicador Abelardo Liz hacía parte de la emisora Nación Nasa Estéreo en Corinto, al norte del Cauca. El 13 de agosto del 2020, fue impactado por armas de fuego mientras cubría un desalojo del Ejército a comuneros indígenas que participaban en la Liberación de la Madre Tierra en una zona rural de ese municipio. 

A pesar de que la Fiscalía inició la investigación de oficio, en el primer año no hubo avances. De los dos años transcurridos, solo durante cinco meses esta entidad emprendió acciones de acuerdo con los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad planteados por distintos organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos tres meses, la Fiscalía ha practicado distintas pruebas, como testimonios, pruebas periciales y documentales, inclusive una inspección en el lugar de los hechos, para contrastar lo dicho en las distintas versiones (de la comunidad y del Ejército) sobre lo ocurrido. De ello, han surgido elementos de juicio que soportan la denuncia de la comunidad sobre la responsabilidad del Ejército en la muerte de Liz. También, que tanto el Ejército como el ESMAD impidieron el paso a la misión médica para que auxiliara al herido. 

Así, los resultados parciales de la investigación desvirtúan la versión del Ejército, que el día de los hechos afirmó que habría sido una herida causada por disparos de grupos disidentes. Es preocupante que hasta ahora no se conozca el avance del proceso disciplinario.

La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que formalice el vínculo de este crimen con el trabajo periodístico de Liz, así como el reconocimiento del impacto diferenciado de este homicidio sobre la libertad de expresión en general. Es fundamental que la Fiscalía continúe con los avances en la investigación, no únicamente bajo los impulsos solicitados por las víctimas y sus representantes. Debe haber un mensaje de urgencia para consolidar justicia en este caso, al encontrar el autor material y al reconocer el daño causado a la familia, la emisora indígena y a la comunidad.

La comunicación indígena está ligada a las luchas propias de los pueblos y es un vehículo para la participación comunitaria y la visibilización de sus necesidades y reclamos. Por ello, el silenciamiento de Abelardo Liz tuvo un impacto directo y amplio en la comunidad y en su lucha. Este caso es emblemático porque demuestra las falencias en la protección de la comunicación indígena.