Conscientes de la importancia de avanzar en el debate sobre cómo garantizar la libertad de expresión en Internet al tiempo que se protegen los derechos fundamentales de las personas, presentamos un estudio del marco legal colombiano para abordar los contenidos ilegales, la desinformación y el discurso de odio en línea. El objetivo es aportar elementos que permitan a la sociedad civil exigir a las plataformas mayor transparencia e información sobre cómo cumplen con los estándares de derechos humanos a los que están obligadas.
La conversación digital en Colombia se erosiona en la medida que las estrategias de desinformación se vuelven más frecuentes y los mensajes alcanzan un nivel de hostilidad que busca atacar a personas y comunidades vulnerables. El volumen de este tipo de contenidos genera riesgos especialmente contra mujeres, personas trans y otras identidades de la diversidad de género y sexual, comunidades afrocolombianas e indígenas que se encuentran sobreexpuestas a violencia y acoso en redes sociales. Sin embargo, estas mismas plataformas han permitido a millones de personas opinar, cuestionar a políticos, hacer denuncias, crear medios de comunicación y expresarse de una manera que no era posible hace una década. Las redes son un canal de comunicación fundamental para la democracia.
Este estudio se realizó en colaboración con UNESCO, como parte de un proyecto piloto que se ha desarrollado en otros tres países (Bosnia y Herzegovina, Kenia e Indonesia) para promover estrategias para hacer frente al discurso de odio y a la desinformación en internet.
El análisis consistió en revisar las herramientas legales para abordar el discurso de odio y la desinformación en línea en Colombia y analizar qué tan compatibles son con los estándares internacionales. Al mismo tiempo, se organizaron sesiones de consulta con personas pertenecientes a grupos especialmente afectados por contenidos discriminatorios como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y mujeres periodistas.
Por su parte, la organización Linterna Verde hizo un monitoreo de Twitter para observar cómo ciertas comunidades en Colombia están expuestas a publicaciones que riñen con las normas comunitarias de las plataformas y que podrían llegar a ser consideradas como incitación al odio, violencia o acoso.
Uno de los hallazgos de esta investigación es que las redes sociales suelen ser espacios de reproducción de estereotipos discriminatorios en su contra:
- Para los pueblos indígenas los más comunes están relacionados con una vinculación de estas comunidades a grupos guerrilleros. Asimismo, suelen ser señalados de ser personas sin educación, que viven bajo la tutela del Estado sin obligaciones ni control.
- Las personas afrodescendientes afirmaron enfrentar comentarios derogatorios a su apariencia física. También reportan comentarios asociados a su nivel de escolaridad.
- Las mujeres periodistas dieron su testimonio sobre su exposición a cuestionamientos sobre su apariencia física y trabajo. Las agresiones van típicamente dirigidas a su vida personal o a atacar a su familia.
Según algunas personas consultadas, la reproducción de estos contenidos genera efectos adversos en su salud mental. Del mismo modo, se inhibe su participación en redes sociales, lo que restringe su labor periodística y/o de defensa de los derechos humanos. Además, las personas consultadas coinciden en su insatisfacción frente a mecanismos internos de reporte de contenidos de agresiones en su contra. Ninguna de ellas afirmó haber tenido una experiencia exitosa con estos mecanismos, y en algunos casos no obtuvieron respuesta en absoluto.
Aquí puedes leer el informe completo en español y aquí en inglés.
Marco legal
De acuerdo con nuestra investigación, el marco legal colombiano se ajusta, a grandes rasgos, a los estándares internacionales de libertad de expresión. El caso de Colombia contrasta con otros países con ordenamientos restrictivos en donde el Estado castiga expresiones legítimas de las y los ciudadanos y obliga a las plataformas a ser hipervigilantes de lo que cada persona publica en internet.
Gran parte del alcance del derecho a la libertad de expresión se ha desarrollado a través de sentencias de la Corte Constitucional que en su conjunto han sido garantistas. De esta manera el ordenamiento cuenta con reglas sobre veracidad e imparcialidad, rectificación de contenidos, diferencia entre opinión e información, discursos protegidos y prohibidos, entre otras; que ofrecen unas herramientas iniciales positivas para la protección del debate democrático en internet.
Estas reglas se han desarrollado principalmente en fallos de tutela. Sin embargo, la sentencia SU-419 de 2019 hizo más difícil para la ciudadanía acceder a esta acción constitucional cuando se presentan controversias por publicaciones en redes sociales. La Corte determinó que en estos casos las personas deben acudir primero a las plataformas antes que a un juez para solucionar un conflicto de libertad de expresión. Esto es problemático porque -si bien no todas las disputas las puede resolver la rama judicial- los mecanismos internos de las redes sociales no tienen tiempos de respuesta claros, lo que lleva al ciudadano a tener que esperar indefinidamente antes de poder acceder a un recurso judicial.
Desafíos
Este estudio muestra la necesidad de fortalecer la transparencia de las plataformas tecnológicas en aspectos como la manera en que se aplican las normas comunitarias, la claridad en los mecanismos internos de reclamación. También se evidencia que es necesario mejorar los canales para la protección de comunidades sobreexpuestas a violencia en línea.
Sin embargo, es indispensable considerar los riesgos existentes en la búsqueda de soluciones para la problemática de la desinformación y el discurso de odio. Las Leyes de regulación de plataformas, por ejemplo, suelen tener problemas en temas como la creación de entes regulatorios sin garantías de independencia, o imposiciones de mecanismos de bloqueo automático de contenidos.
La sociedad civil debe avanzar en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de las plataformas. A la vez, debe evitar caminar hacia el impulso de leyes de regulación de contenidos en Internet, más aún cuando estas podrían ser tramitadas por órganos legislativos adversos a la libertad de expresión.
