Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El 14 de junio de 2018 la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y, al revisar sus objetos personales, notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica. 

A pesar de que en el apartamento del reportero había otros artículos de valor, los desconocidos solo se llevaron los equipos que contenían información periodística. Dos empresas de seguridad que evaluaron los hechos le manifestaron a Hoyos que, por las características del robo, era posible inferir que los responsables no eran ladrones comunes, sino expertos que habían hecho un asalto selectivo. La puerta del apartamento asaltado era de seguridad, blindada, de acero y de un peso aproximado de 120 kilos.

La FLIP ha podido establecer que los equipos que fueron robados contenían información sensible relacionada con investigaciones judiciales que involucran a dirigentes políticos del país.

Esta no es la primera vez que el material periodístico de Hoyos es robado. En el año 2006, ocho personas encapuchadas con armamento de alto calibre ingresaron a la casa del reportero, amarraron a las personas que se encontraban allí y esperaron sin éxito la llegada del periodista, quien se encontraba ausente. Los desconocidos robaron el material periodístico que encontraron en la vivienda y presionaron a los familiares del periodista para que entregaran unos documentos de similar naturaleza a los que contenían los equipos que fueron robados en el último asalto.

Con la finalidad de proteger la integridad del periodista y la confidencialidad de sus fuentes, la Fundación se abstiene de hacer públicos detalles sobre el tipo de información contenida en los documentos robados y los nombres de los dirigentes políticos que podrían verse afectados por dicha información.

La FLIP condena estos actos de persecución e intimidación contra Juan José Hoyos que atentan contra su derecho a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés en Colombia. Así mismo, la Fundación acompañará al periodista haciendo seguimiento y evaluación a su situación y presentará denuncias formales ante las instancias pertinentes para que se proteja su vida y el desarrollo de su labor periodística.

La FLIP también ha puesto estos hechos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y espera que la entidad otorgue medidas efectivas de emergencia para salvaguardar la integridad del periodista.

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A través de un derecho de petición firmado por 178 personas, y en el marco de un debate de control político al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, realizado en la Comisión Segunda del Senado de la República, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma como el gobierno de Colombia actuó ante el secuestro y desaparición de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Tras la desaparición de los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, varios grupos de periodistas en Colombia se reunieron en las plazas principales de sus ciudades para expresar el rechazo a este acto atroz y solidarizarse con las familias de las víctimas. Los miembros de la red de corresponsales de la FLIP, en distintas regiones del país, recolectaron firmas para exigir al Ministerio de Defensa de Colombia que esclarezca qué gestiones se hicieron para cuidar la vida del equipo periodístico y lograr su liberación.

El derecho de petición solicita la siguiente información:

  1. Toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018.

  2. Información sobre los canales que el gobierno colombiano adelantó con el fin de lograr la liberación de los trabajadores de El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Esto incluye: recuento, indicando asunto, duración, fecha y hora de llamadas realizadas a funcionarios del gobierno ecuatoriano, a entidades humanitarias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y grupos ilegales; recuento de los diferentes acuerdos que se lograron con ese tipo de entidades con respecto a la situación de los trabajadores de El Comercio.

  3. Recuento y descripción de las hipótesis que se manejaron con respecto al secuestro y al asesinato de los trabajadores de El Comercio durante el desarrollo de los hechos.

  4. Cuántos "operativos de control territorial" (dada la respuesta del Mindefensa el 10 de abril al diario El Colombiano) se llevaron a cabo en la zona (y agregaría específicamente los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) entre el 26 de marzo y el 13 de abril, y en qué consistieron los mismos.

  5. Número de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días.

Adicionalmente, en el marco del debate de control político al Ministro de Defensa, que se realizó el pasado martes 24 en la Comisión Segunda del Senado, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, expresó estas y otras inquietudes al Ministro y los miembros de la cúpula militar allí presente.

“El Ministro Villegas dijo a la W Radio el pasado 28 de marzo que se estaba prestando colaboración al gobierno ecuatoriano a través de la experiencia del ejército, del gaula, y vía inteligencia militar.  ¿Qué pasó con los organismos humanitarios? ¿CICR, Conferencia Episcopal, el párroco?”, preguntó al ministro el director de la FLIP.

Y es que según los datos de la Fundación, en los últimos 7 casos de secuestros de periodistas en Colombia, nunca la liberación ha sido un asunto exclusivo de la fuerza pública.

En la FLIP no hay dudas sobre en quiénes recae la culpa, y así lo expresó Vaca en el Senado: “Debo ser claro en que la primera responsabilidad cae sobre las estructuras criminales salvajes que operan en el margen fronterizo. Sin embargo, es importante esclarecer si lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades contribuyó a este fatal desenlace”.

Veinte días han pasado desde la desaparición del equipo periodístico del diario El Comercio y sus cuerpos no han podido ser recuperados. La FLIP se solidariza una vez más con las familias de las víctimas e insiste en el llamado a las autoridades de Colombia y Ecuador para que aceleren los procedimientos necesarios para dar con los restos de Rivas, Ortega y Segarra.

Exigimos a las autoridades den respuesta a la solicitud de información hecha por la FLIP. Argumentos como la defensa de la seguridad nacional no deberían primar en este caso ya que, como lo advierte el derecho de petición, “nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de derechos humanos”.


Vea aquí el derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa.

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Desde que empezó el 2018 a la fecha se han presentado 150 violaciones a la libertad de prensa, que han afectado a 177 víctimas. En 2017, para esta misma fecha, la FLIP había registrado 87 ataques al periodismo. El periodo electoral ha potenciado las agresiones y por eso la Fundación, desde la campaña #VotoInformado, ha invitado a los candidatos y sus seguidores a promover un ambiente favorable para la libertad de expresión. Las regiones con más ataques son, sin contar a Bogotá, Tolima, con 16 casos; y Antioquia y Norte de Santander, cada uno con 11.

El secuestro y desaparición de los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana es sin duda el caso más grave en lo corrido del año. Además de la responsabilidad del grupo criminal liderado por alias Guacho, se destaca la inacción por parte del gobierno colombiano y la falta de coordinación de este con las autoridades ecuatorianas.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cumplen 20 días desde que se confirmara la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano y es lamentable que todavía no se recuperen sus cuerpos. El pasado 24 de abril, la FLIP radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa para indagar por las acciones del gobierno durante las tres semanas de secuestro para facilitar la liberación de estas personas y cuidar sus vidas.

Entre otros hechos destacados, la FLIP rechazó la decisión de la Fiscalía de no declarar el caso de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad. Esto sucede en un contexto en que, de 158 casos de asesinatos de periodistas entre 1938 y 1958, solo 24 cuentan con condena de autor material y 3 de autor intelectual.

Este ha sido un año en el que también se ha agredido constantemente a la sátira y el humor. Primero, un seguidor del Centro Democrático presenta una tutela contra Matador. Después el alcalde de Floridablanca presentó un denuncia por injuria y calumnia en contra de Diego, caricaturista de Vanguardia Liberal. Por último, otro seguidor del Centro Democrático amenaza a Matador en redes sociales. La FLIP espera que la justicia colombiana obre en favor de la libertad de expresión en estos y otros casos en los que se intente penalizar la sátira.

En el Informe anual de la FLIP, presentado el pasado 9 de febrero, se destacó, entre otras cosas:

El aumento de ataques contra la prensa: 310 en total, un 43,5% más que en el 2016. Dentro de estas cifras el caso más grave es el asesinato de Efigenia Vásquez en el Cauca.

En los últimos seis años, la Corte Constitucional ha tomado al menos ocho decisiones regresivas en la protección de la libertad de expresión en Internet. Esto ha implicado posiciones restrictivas en el uso de redes sociales, medidas desproporcionadas para los medios de comunicación como el deber de actualización, entre otras.

La falta de resultados efectivos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la promoción y defensa de la libertad de expresión. Las principales acciones de Santos, como la política pública promovida por el Ministerio del Interior y el proceso de reparación colectiva a la prensa tomaron años de trabajo y miles de millones de pesos en inversión sin que se diera ningún resultado. Esto se agrava al recordar que el presidente ha sugerido abiertamente a los grupos económicos del país que presionen indebidamente a los medios de comunicación para que adopten posiciones editoriales favorables a su gobierno. A lo anterior se suman los discursos del presidente en los que emite juicios sobre lo que él considera que es buen o mal periodismo, lo cual lo aleja de su obligación de garante y promotor de la libertad de expresión.

Con más de medio año por delante, el panorama es incierto y preocupante. La FLIP espera que los nuevos líderes políticos que llegarán al Congreso el 20 de julio, y a la presidencia el 7 de agosto, abracen las banderas de la libertad de prensa como una garantía fundamental para la democracia.

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El 11 de mayo de 2017, el periódico santandereano Vanguardia Liberal publicó una caricatura llamada “Modus operandi”. En enero de este año, el caricaturista Diego García fue notificado de una denuncia penal por injuria y calumnia en su contra. El denunciante es el alcalde de Floridablanca, Héctor Guillermo Mantilla. García fue citado por la Fiscalía a audiencia de conciliación el próximo 21 de junio. La FLIP acompañará al caricaturista en su defensa.

En el momento en que fue publicada la caricatura, varios medios de comunicación habían denunciado irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Vanguardia Liberal informó que el Comité de Transparencia por Santander habría advertido que los contratos del PAE se habrían adjudicado sin realizar licitación. La caricatura de García da cuenta de esta situación.

Este tipo de denuncias son frecuentemente utilizadas como forma de acoso judicial a periodistas, y más recientemente a caricaturistas (Así fue el intento de censura a Matador), para presionarlos o intimidarlos por sus publicaciones. Si bien las personas tienen derecho a buscar justicia cuando consideren que se ha cometido un delito, estos caminos no deben usarse como forma de censura. De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, leyes como las que penalizan la injuria y la calumnia “no deben convertirse en mecanismos indirectos tendientes a impedir la circulación de ideas y opiniones. Por el contrario, el libre debate democrático y el pluralismo exigen un margen de tolerancia a la manifestación de ideas, informaciones y opiniones que puedan considerarse ofensivas, particularmente respecto de la función pública y de quienes la ejercen”.

Es importante resaltar que los funcionarios deben ser tolerantes a la crítica, por haberse sometido voluntariamente al escrutinio ciudadano de sus acciones. En una sociedad democrática es necesario que la prensa pueda hacer un control fuerte de los poderes del Estado. Así lo han declarado de forma reiterada la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las acciones penales no son la mejor ni más eficiente manera de disputar lo publicado por la prensa. La FLIP hace un llamado al señor Mantilla y, en general, a los funcionarios, para que resuelvan de forma más democrática y menos intimidante sus cuestionamientos. Si consideran que lo publicado es inexacto o erróneo pueden recurrir a solicitudes de rectificación.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas de las que fue víctima el periodista ambiental y les solicita a las autoridades responsables de la seguridad de los reporteros que proporcionen las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de labor periodística de Castaño.

El jueves primero de marzo el reportero fue amenazado a través del siguiente mensaje en Twitter: "@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche" (sic). El trino fue publicado por el usuario @RodrigoDuet8, quien se identifica en Twitter como Rodrigo Duarte.

La intimidación se produjo luego de que el 28 de febrero Castaño publicara un artículo en los portales Mongaybay y Natural Press, en los que denuncia el asesinato sistemático de líderes ambientales, indígenas y sociales en Colombia durante 2017. El artículo, además, señala la falta de atención a esta problemática por parte del gobierno y hace un recuento de los últimos asesinatos sistemáticos de líderes regionales.

Alberto Castaño, director de Natural Press, ha trabajado durante varios años en denuncias sobre problemáticas ambientales que afectan a comunidades vulnerables. Estas investigaciones, que pueden afectar los intereses de empresas, funcionarios y grupos ilegales; podrían representar un riesgo inminente para el desarrollo de la labor periodística del reportero.

La FLIP hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que inicie el estudio de nivel de riesgo del periodista con el fin de determinar las medidas necesarias para la protección de su vida y su integridad.

La Fundación le solicita al área de delitos informáticos de la Policía Nacional que a través del usuario en Twitter identifique al agresor para dar con su paradero. En ese mismo sentido, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de esta amenaza y sancione al responsable de este hecho.

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Por Pedro Vaca Villarreal*

Desde hace varios años, el líder político usa la marca de este canal como una especie de comodín proselitista, olvida que de ser presidente le corresponde garantizar la libertad de expresión.

Un estudiante hace cuatro preguntas pertinentes en la contienda electoral, pero incómodas para Gustavo Petro. La respuesta tiene como antesala etiquetarle como “una pregunta tipo RCN”. Hay risas y aplausos del auditorio, pero lágrimas en la democracia porque aprovecha el momento para criticar al canal pero no responde a las preguntas. En otro momento, Gustavo Petro recuerda el asesinato de un líder comunitario en Buenaventura y, sin un motivo serio, nombra también al canal dando a entender que RCN no habló del tema, cuando en realidad sí lo ha hecho. Gustavo Petro quiere recibir una ovación y dice “de eso no se habla en RCN”.

Señor candidato Gustavo Petro, yo creo que usted no ve mucho al canal RCN, y no está mal, la libertad de prensa también supone que las audiencias escojan a través de qué medios quieren informarse. También permite este derecho que las personas hagan críticas sobre la forma como estos canales cubren la información. Pero si hay algo que va en contra de esta garantía constitucional es que un personaje público, que aspira a ocupar un cargo de elección popular, propicie un clima adverso para la libertad de prensa.

La democracia permite el disenso, pero los señalamientos sistemáticos e injustificados se parecen más a la persecusión y son peligrosos, no solo para los medios, sino sobre todo para los periodistas que los representan. Cada vez que Gustavo Petro usa la imagen de RCN para asociarla a un problema concreto, está dando una licencia no explícita para que sus adeptos o seguidores ataquen al canal, o a los reporteros que llevan un chaleco que los identifica como representantes de ese medio. ¿Usted sabe lo jodido que es llevar un chaleco de un medio de comunicación en Colombia?, ¿sabe acaso qué implica para el reportero que se queda en Buenaventura que usted lo exponga como alguien que contamina la sociedad?

En la democracia colombiana NO sobran medios, antes faltan. Si usted aspira a liderar este país debería concentrarse en el déficit de información, no a pontificar sobre lo bueno y lo malo del periodismo en lo poco que hay. Ayer, El Tiempo anunció que Llano Siete Días cerrará, a lo mejor para usted es una buena noticia, porque sale un medio de un empresario. Pero para la democracia es fatal. No sé si le doy una buena o mala noticia, pero debe saber que si es presidente, le corresponderá garantizar la libertad de expresión de RCN y sus palabras de campaña pueden pesarle mucho a futuro.

Usted tiene razón en que Colombia es un país donde los grandes medios tienen intereses cruzados con otros sectores de la economía y que esto puede impactar, no solo en el caso de RCN, sino en muchos otros sectores, la información que reciben los colombianos. Pero ese planteamiento no es excusa para arremeter contra un medio y sus trabajadores. Usted se equivoca situando su liderazgo como un tribunal de ética periodística, un asunto importantísimo, pero que debe estar muy alejado de los políticos. A usted no le corresponde ese debate. Ojalá tenga la entereza democrática para reconocerlo.

Cuando en medio de sus seguidores habla despectivamente de los periodistas presentes, incentiva en sus votantes un rechazo al pluralismo. Su teoría de la democratización y la diversidad se podría ir al piso si alguno de sus seguidores lleva su invitación de rechazo a la práctica. Piense en lo que hace Uribe con Daniel Coronell y lo que hace usted con RCN y no se extrañe si se ve reflejado en el mismo espejo.

Su aspiración presidencial me obliga a invitarlo a comprender el porqué de mi reclamo. Bien sea para que milite en la cancha de la libertad de expresión o para dejar constancia de que lo intentamos. Si usted está tan interesado en la información de los colombianos, me gustaría conocer sus propuestas para conectar a los 6.9 millones de Colombianos que viven en regiones en las que no circula información local, o qué hacer en un país donde la radio militar dobla en número a la radio pública civil, donde se registran 310 agresiones contra la prensa, donde la autocensura es enorme, donde no hay condiciones para hacer ni el periodismo que a usted le gustaría, ni ningún otro.

Este episodio me lleva a invitarlo a usted y al resto de candidatos a que desayunemos un día para conversar sobre el rol de un presidente para garantizar la libertad de expresión. No pretendo obstaculizar la carrera de ningún candidato a la presidencia, quiero que quien llegue a ser presidente conozca sus obligaciones con respecto al derecho que me encomendaron cuidar en la FLIP. De momento, por lo que veo en campaña, usted no va por buen camino. Es decisión suya si quiere o no sintonizar su propuesta de país con los estándares de libertad de expresión.

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La campaña #VotoInformado está invitando a los candidatos a que asuman compromisos públicos de respeto a la libertad de prensa. En el conteo de agresiones que hemos realizado en periodo electoral, Petro se ubica en el primer lugar al lado de Alejandro Ordóñez. Vea más información aquí.

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP.

Publicado en Opinión
Jueves, 01 March 2018 14:43

¿El suyo será un #VotoInformado?

Por más de 21 años, la Fundación para la Libertad de Prensa ha trabajado en pro de los periodistas en Colombia. Y al hacerlo, esta organización ha defendido el derecho de los ciudadanos a estar informados. En época electoral, las personas requieren de información para poder tomar decisiones. No obstante, también es un tiempo en el que los intereses políticos y la violencia ponen en riesgo el acceso a información importante para poder elegir.

La campaña #VotoInformado es un esfuerzo de la FLIP para que candidatos, periodistas y la ciudadanía en general, se articulen en la defensa de la libertad de prensa como mecanismo para tomar decisiones informadas.

Como parte de esta iniciativa, la Fundación envió 30 cartas a candidatos de Cámara y Senado, y próximamente le enviará un mensaje similar a los candidatos presidenciales, en la que se les invita a asumir los siguientes compromisos:

 

  1. Rechazar públicamente que se realicen declaraciones que estigmaticen o pongan en peligro a medios de comunicación o periodistas.

  2. Comprometerse públicamente, por medio de la etiqueta #VotoInformado, a que, en caso de tener inconformidades con el cubrimiento hecho sobre ellos o sobre su campaña o la colectividad que representa, las expresará a través de solicitudes de rectificación, acompañadas de las respectivas pruebas.

  3. Promover entre sus seguidores, adeptos y los miembros de su campaña o la colectividad que representa, el respeto por el trabajo de los medios de comunicación y periodistas.

 

Desde que empezó el 2018, adicional al monitoreo constante que hace la FLIP a las violaciones a la libertad de prensa, la FLIP viene prestando especial atención a los señalamientos, estigmatizaciones, acusaciones y agresiones por parte de los candidatos a los medios o los periodistas.

El conteo, hasta ahora, va así:

Los precandidatos a la presidencia Alejandro Ordóñez y Gustavo Petro, encabezan el Censurómetro de la FLIP con 3 ataques a la prensa cada uno. En el caso de Ordóñez sus ataques se concentran en la estigmatización de periodistas. Así lo hizo con Ramiro Bejarano, Daniel Coronell, Yohir Akerman y Ricardo Silva.

Por su parte, los ataques de Gustavo Petro fueron a Revista Semana, al periodista Darío Arizmendi, de Caracol Radio, además de sus señalamientos contra el canal RCN.

Carlos Caicedo, precandidato a la presidencia de la República, hizo señalamientos contra la Silla Vacía y su directora Juanita León. La candidata al Senado Leszli Kálli por el Centro Democrático, también hizo varias acusaciones injustificadas contra este medio.

Finalmente, están los candidatos al Senado Miguel Gómez, del Partido Conservador, y Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático. En el caso de Gómez, a través de su cuenta de Twitter, publicó un ataque general a los medios del país. Por su parte, Uribe Vélez realizó un intento de obstrucción a un periodista de Noticias UNO.

 

Queremos que los ciudadanos reflexionen sobre la importancia del periodismo como una herramienta para entender el acontecer nacional y un apoyo útil a la hora de decidir su voto. Son las preguntas incómodas de los reporteros, las críticas de los columnistas, los debates al aire en los medios los que posibilitan entender un poco más quién es la persona que aspira a representar a una colectividad durante los próximos 4 años.

Entendemos que para muchos candidatos esto puede ser incómodo, pero esa exposición hace parte de el rol que rodea a los funcionarios públicos. Su intimidad es menor y, adicionalmente, su papel les exige promover un clima favorable para la libertad de prensa.

Invitamos a los ciudadanos a que se unan a esta campaña, nos ayuden a monitorear a los candidatos y le exijan a aquellos por los que planean votar que asuman compromisos por la defensa de la libertad de prensa con la etiqueta #VotoInformado y la cuenta @Flip_org.

Vea aquí la carta que se está enviando a los candidatos.

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El pasado 7 de febrero se conoció un video en el que se ve cómo Mario Uribe, secretario de Desarrollo e Industria de Sabana de Torres, Santander, aborda y agrede a Humberto Muñoz, panelista del programa “Al paredón con Ramón”. Uribe le quita las llaves de la motocicleta en la que se desplazaba, lo insulta y lo golpea en la cara. “Usted es lo que es un bocón. No me joda la vida, vaya busque trabajo, usted es un vividor. Yo sí sé trabajar” (sic.), sentenció violentamente Uribe.

Dos días después de la agresión, Jesús Niño, uno de los dirigentes del canal de televisión Sabana T.V., informó al director del programa “Al paredón”, Ramón Sandoval, que se “finalizaba” su espacio en la parrilla de programación. Si bien la decisión de cerrar el espacio coincide con la golpiza de Mario Uribe, en conversación con la FLIP, Niño afirmó que la decisión no tiene que ver con el secretario sino que está relacionada con problemas técnicos y administrativos que está enfrentando el canal.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la agresión que cometió Uribe en contra de Muñoz. Además, la Fundación expresa preocupación por el cierre de un espacio de opinión y debate en el se discutían temas de relevancia local.  

El comentarista Humberto Muñoz considera que la golpiza que recibió podría estar relacionada con algunos comentarios que realizó en el programa de televisión “Al paredón con Ramón”. En una de las emisiones Muñoz criticó la idoneidad de Uribe para ocupar el cargo de secretario de desarrollo: “nos contaron que al señor secretario no le gusta ni ir a reuniones ni hablar en público”. Por su parte, Sandoval afirmó a la FLIP que una semana atrás Uribe también le habría reclamado por los comentarios del programa y lo habría buscado para resolvieran el asunto a los puños.

A la FLIP le preocupa que un funcionario agreda verbal y físicamente a un periodista como respuesta a las críticas. Más aun cuando el periodista es una persona mayor. Las acciones del secretario generan un clima vulnerable para la prensa en el municipio de Sabana de Torres, ya que otros podrían entenderlas como autorizaciones o incitaciones para atacar a los periodistas. La Fundación le recuerda a Uribe que si tiene desacuerdos con la prensa, puede expresarlos de manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación.

Por otra parte, es desafortunado que un espacio de opinión y debate salga del aire coincidencialmente después de estos hechos. Sabana T.V. es el canal de televisión local del municipio y el cierre de programas genera un clima de desinformación y silencio en esta región de Santander. Es derecho de los ciudadanos acceder a información local y con el cierre de espacios periodísticos se estaría violando este derecho.

Hasta el momento de publicación de este comunicado, la FLIP no pudo comunicarse con el secretario Uribe.

En 2017, el 25% de las agresiones a la prensa vinieron de funcionarios públicos. Vea más detalles en el Informe anual Estado Depredador.

 

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Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

 

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

 

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Publicado en Informes Anuales

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el clima adverso para la libertad de expresión que se está consolidando con relación a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo año en Colombia.

 

En el 2015 se registraron 147 agresiones contra la libertad de prensa. Esta cifra aumentó en el 2016 a 216 y, a pocos días de que termine el 2017, la FLIP ya ha registrado 300 ataques. El aumento en amenazas es alarmante. El año pasado 89 periodistas fueron amenazados, este año la cifra ya supera los 130. Esto representa un aumento del 32 % en un año.

Las agresiones contra la prensa cometidas por funcionarios públicos y políticos también han aumentado. En lo corrido del año se han documentado 70 de estos ataques. Esto es el 25% de la totalidad de agresiones documentadas por la FLIP. La agresión más frecuente de funcionarios es la estigmatización. Este año van 24 casos. Estos hechos convierten a los servidores públicos en uno de los mayores agresores de la libertad de expresión en Colombia por encima de los grupos armados ilegales.

En el periodo electoral que se aproxima es crucial garantizar que la deliberación pública transcurra sin restricciones ni presiones para un voto informado. La FLIP considera que este debate electoral podría verse contaminado por un ambiente de agresiones contra los medios y estigmatizaciones difundidas masivamente a través de internet.  

De manera creciente, funcionarios y políticos y otros líderes públicos, están encontrando réditos políticos en estigmatizar y señalar de manera violenta a quienes opinan e informan a través de medios de comunicación. Esta actitud es una característica trazable en todas las tendencias ideológicas que participan de la contienda electoral y pone en riesgo a periodistas en todas las regiones de Colombia.

La FLIP hace un llamado a los partidos políticos y a los candidatos a cargos de elección popular a que se abstengan de hacer señalamientos estigmatizantes contra los medios y el trabajo periodístico. Así mismo, a que respondan a las críticas de manera responsable velando porque sus declaraciones no limiten la libertad de expresión de quienes les critican. “Los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento,” dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El voto informado en las próximas elecciones tampoco será posible sin mayor transparencia en la financiación de las candidaturas. Es necesario que candidatos y partidos divulguen detalles del  flujo de recursos de parte de particulares hacia las campañas, así como de las campañas hacia los medios de comunicación, especialmente en pagos asociados a publireportajes, publicidad política pagada y anuncios de campaña en televisión, prensa, radio, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram entre otros.

La FLIP es consciente de la importancia de las decisiones que tendrán que tomar los colombianos en las próximas elecciones. Para que estas decisiones sean libres y democráticas, se requiere proteger la discusión pública y los derechos a informar y a ser informados.

Publicado en Pronunciamientos
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