Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta sobre el riesgo inminente sobre la seguridad e integridad del periodista de Canal 2 José Alberto Tejada, quien volvió a ser víctima de amenazas y hostigamientos. Rechazamos la publicación de datos personales del periodista, ya que esto podría generar un factor de riesgo adicional para la vida del reportero.

La FLIP tuvo conocimiento de que esta mañana dos individuos, uniformados sin identificación, se presentaron en la residencia del periodista Tejada e increparon a los escoltas. Esto ocurrió luego de que en un comunicado emitido por el encargado de la protección de defensores humanos de la Policía Nacional se publicara la dirección de la residencia personal del periodista. 

Tejada ha hecho un amplio cubrimiento de las manifestaciones en la ciudad de Cali. Desde finales de abril de este año y hasta la fecha la FLIP ha registrado siete ataques contra el reportero, incluidos disparos directos por parte de integrantes del  Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En las últimas dos semanas, la FLIP ha registrado tres ataques contra el periodista. Esto demuestra la agudización del riesgo al que está expuesto el reportero y exige la acción inmediata de las autoridades garantes.

La FLIP conoció que a través de Whatsapp habría circulado un comunicado atribuido a la Policía Nacional donde se filtró la dirección de residencia del periodista. Resulta altamente preocupante que se le atribuya la divulgación de esta información a la Policía, que es la autoridad que conoce de primera mano los problemas de seguridad de Tejada. Esta exposición de datos personales indudablemente incrementa la posibilidad de concretar el daño sobre la vida del periodista.

La Fundación conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) inició la evaluación de riesgo del periodista por trámite de emergencia, sin embargo,  han pasado ocho días desde que se le informó al periodista y aún no ha habido una respuesta de protección por parte de la UNP. De igual modo, solicitamos a la UNP que de manera urgente implemente medidas de protección a Alberto Tejada y que concerté con él la asignación de las mismas teniendo en cuenta los antecedentes de sus agresiones y las vulnerabilidades a las que está expuesto. 

No existe nada más permisivo para  la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente. Por este motivo, pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se articule con la UNP y realice una investigación de oficio de estos hechos de público conocimiento, para que se dé con los responsables y se procure la desactivación del riesgo.

La situación de Tejada evidencia que no se está dando cumplimiento a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a los niveles de violencia sin precedentes que conoció durante su visita. En su informe, la CIDH recomendó al Estado colombiano “Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones  intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios  de comunicación”.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la CIDH para que tenga en cuenta estos nuevos hechos y, en consecuencia, priorice la decisión de la solicitud de medidas cautelares en curso para el periodista Tejada, así como todas aquellas que se refieren a la seguridad de la prensa en las protestas sociales que siguen en curso.

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Se cumple un mes desde que miles de ciudadanos salieron a las calles de todo el país a ejercer su derecho a la protesta y el panorama para la prensa no puede ser más desalentador y preocupante. Estos 28 días de Paro Nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades.

En este periodo, la FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 186 víctimas. Dentro de los hechos más graves se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales. En este contexto, las mujeres periodistas han sido víctimas de 30 agresiones, entre las que se encuentran las agresiones físicas (10), el robo o eliminación del material periodístico (5), las detenciones ilegales (3) y las amenazas (4).

Es altamente preocupante que la violencia contra la prensa mantenga su intensidad con el correr de los días, los mismos ataques que se han presentado desde el día uno de protestas siguen afectando a  periodistas hoy; y no hemos visto que las autoridades se hayan esforzado por proteger a la prensa y defender el derecho a la libertad de expresión. 

Por el contrario, un aspecto que eleva nuestra preocupación es que el agresor más frecuente ha sido la fuerza pública con 87 ataques. Es decir, el 52% de las agresiones fueron cometidas por uniformados, quienes han intimidado, amenazado, agredido, obstruido y estigmatizado a los y las periodistas.También preocupan los 55 ataques cometidos por ciudadanos particulares que intentan censurar y obstruir el trabajo de las y los periodistas.

En estos 28 días hemos registrado el más alto número de agresiones contra las y los periodistas que cubren las masivas manifestaciones sociales. En el paro agrario de 2013 (25 días) registramos 24 agresiones; en el paro nacional de 2019 (40 días) documentamos 76 ataques a la prensa. Esto quiere decir que ya se duplicó la cifra de agresiones registradas hace dos años, en un menor tiempo.

 

 

Fuerza pública: patea, golpea y dispara contra periodistas

Miembros de la Policía Nacional, y especialmente del Esmad, han atacado constantemente a periodistas que cubren las manifestaciones sociales y que muchas veces registran casos de abuso de fuerza. En la documentación de los 87 casos, desde la FLIP hemos identificado una serie de patrones dentro de los distintos tipos de agresiones documentadas que dan cuenta de que dichas agresiones han tenido como finalidad atentar contra la libertad de prensa. Se destacan los disparos directos, las agresiones con gases lacrimógenos, los golpes con elementos como escudos o bolillos, los ataques con taser, y los golpes como patadas y puños. 

 

El 22 de mayo la FLIP registró tres agresiones a periodistas independientes en Medellín. Los periodistas denunciaron haber sido impactados con cápsulas de gases lacrimógenos, piedras y haber sido pateados por parte de miembros del Esmad. Dos de estos casos ocurrieron cuando los periodistas estaban grabando la detención de dos personas en medio de las manifestaciones en el Parque de la Resistencia.

Algunos miembros de la Policía Nacional también han deslegitimado la labor periodística y estigmatizado a las y los reporteros. Las y los comunicadores han manifestado que los han señalado de ser infiltrados y hacer parte de grupos armados. 

Además, a inicios de mayo el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, repitió de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de “terrorismo”. 

Los señalamientos y ataques provenientes de las autoridades, en este caso de la fuerza pública, se convierten en un factor de riesgo que compromete la integridad de los y las periodistas que cubren la protesta social y generan un ambiente de hostilidad para la prensa que perjudica la pluralidad en el debate público. Con todo esto se afecta gravemente el derecho constitucional de publicar y recibir información de interés público. 

El 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirma que junto a su Relatoría de Libertad de Expresión han “observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”. Además, recuerdan que las autoridades deben brindar protección a las y los periodistas que informan sobre lo que sucede en las protestas.  

 

Particulares: manifestantes agreden y obstruyen el trabajo de la prensa

Durante este mes, en la FLIP hemos registrado 55 ataques a periodistas por parte de particulares que participan en las manifestaciones sociales. Dentro de estos ataques hay 15 amenazas, 9 agresiones físicas y 2 daños a la infraestructura de medios.

Entre el 9 y el 11 de mayo, cinco periodistas fueron amenazados por personas que se encontraban en la jornada de manifestación en la ciudad de Cali. Uno de los periodistas tuvo que salir de emergencia del lugar y denunció seguimientos posteriores. Además, hemos conocido que corresponsales de medios nacionales han enfrentado distintas agresiones y obstrucciones por parte de los manifestantes. Incluso, en algunos casos las y los periodistas han salido a hacer la reportería sin ningún distintivo del medio de comunicación para evitar así ataques.

La labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la ciudadanía pueda conocer los hechos de las manifestaciones y con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas. Alentamos los ejercicios de crítica hacia los medios de comunicación y los contenidos que comparten, sin embargo, es indispensable que las audiencias manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y sin atentar contra la libertad de prensa.

 

Solicitudes:

La FLIP expresa su extrema preocupación por las constantes agresiones contra las y los periodistas que cubren el Paro Nacional. Teniendo el cuenta el alto nivel de violencia contra la prensa, la Fundación hace las siguientes solicitudes:

  • Al gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a que rechace públicamente la violencia contra la prensa y a que envíe un mensaje de cero tolerancia a los ataques por parte de miembros de la fuerza pública. 

  • A las autoridades nacionales y locales a que respalden el trabajo de las y los periodistas que informan a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

  • Al Ministerio de Defensa a que no estigmatice la labor de la prensa y de las personas que usan las redes sociales para informar sobre el Paro Nacional.

  • A la Procuraduría General de la Nación a que asuma las investigaciones de las agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y servidores públicos, y que sancione a los responsables. 

  • A la Fiscalía General de la Nación a que investigue con diligencia los ataques contra la prensa y dé con los responsables de estas agresiones. 

  • A los convocantes del paro a que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.
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  • Ha pasado un año desde que se conocieron los perfilamientos ilegales a periodistas, políticos y líderes sociales. Hasta ahora no se conocen imputaciones formales. 

  • El Estado colombiano no ha implementado medidas que garanticen la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón.

  • Es urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile el proceso para que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

 

Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones  que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales. 

El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.

Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021). 

La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.

Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.

El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa. 

Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país. 

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  • Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas.

  • A los a periodistas se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida.

  • La FLIP le exige al Ejército que investigue los hechos y que imparta instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garante de la libertad de prensa

 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

Osorio le manifestó a la FLIP que el siete de agosto fue intimidado por integrantes del Ejército Nacional mientras realizaba el cubrimiento de un operativo de erradicación forzada en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa, Meta. En la denuncia que el comunicador dirigió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación aseguró que miembros del Ejército lo señalaron de ser guerrillero y le afirmaron que la próxima vez “no le volarían solo un dedo”.

Es importante recordar que el pasado cuatro de junio, mientras Osorio hacía otro cubrimiento periodístico en la vereda Tercer Milenio, recibió dos impactos de fusil que le destrozaron tres dedos. Por estos hechos la FLIP le solicitó al Ejército Nacional información sobre las sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. El pasado seis de agosto la institución respondió que la oficina jurídica estaba adelantando las investigaciones disciplinarias y que el proceso apenas se encontraba en etapa preliminar.

Adicionalmente, Álvarez y Osorio aseguran que el ocho de agosto fueron detenidos durante seis horas por integrantes del Ejército en una casa de la vereda de Nueva Colombia. Los periodistas estaban en ese sector para cubrir la detención de un grupo de campesinos. Los dos reporteros aseguran que los uniformados los señalaron de ser guerrilleros y les dijeron que “no dieran papaya” porque los iban a matar.

Las amenazas, las detenciones y los ataques directos que han sufrido los comunicadores de Voces del Guayabero durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en esta región dan cuenta de la falta de garantías para ejercer su labor informativa. Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas que se encuentran en riesgo por las acciones militares de la fuerza pública.  

La FLIP rechaza las violaciones a la libertad de prensa denunciadas por los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida. En ese sentido, la Fundación le exige al Ejército Nacional que investigue con celeridad a los uniformados responsables y se emitan las sanciones correspondientes. Adicionalmente, le solicita que se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es un necesaria para la transparencia alrededor de los operativos militares. 

La FLIP les reitera a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la necesidad de crear un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad.

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La FLIP rechaza las intimidaciones contra Alejandra Herrera, periodista de RCN Radio en Neiva, quien denunció la violencia sexual contra una menor de edad en Putumayo. La Fundación les solicita a las autoridades que garanticen la seguridad de la reportera e investiguen a los responsables de estas amenazas. 

El pasado 7 de julio la reportera publicó a través de su cuenta de Facebook información sobre una menor que habría sido víctima de violencia sexual y posteriormente habría sido asesinada. La denuncia de Herrera aportaba información distinta a la que habían entregado  las autoridades, quienes señalaban que la niña se había suicidado dos días antes en Puerto Guzmán, Putumayo.  

Luego de publicar la denuncia, la reportera recibió una llamada por parte de un oficial de la Policía Nacional, quien le advirtió con un tono intimidante que era de público conocimiento que la niña no se había suicidado, pero que Herrera debía eliminar la publicación para evitar problemas. Ese mismo día, la mamá de la menor le envió una nota de voz a la periodista en la que la recriminó por la publicación y la amenazó: “si usted estuviera aquí en este momento yo creo que le metería su par de puños para que aprendiera a ser seria”. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo de la periodista con el fin de implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

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  • Los periodistas cubrían las manifestaciones de la comunidad campesina en el sur del Meta.

  • Tres comunicadores fueron agredidos con armas del Ejército y la Policía.

  • Las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables. 

 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones. 

Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios. 

Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.

Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después,  el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta. 

Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.

En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda. 

Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora. 

“A los de las cámaras hay que darles más duro”

Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.  

Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. 

En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero. 

La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 



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La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, desde el momento de su creación, se ha enfocado en el análisis del fenómeno de la censura y su transformación a través de los años. Por ejemplo, las nuevas tecnologías y los cambios en el contexto sociopolítico han hecho que la clasificación de las agresiones a la prensa deba modificarse. 

Por eso la FLIP ha agrupado los ataques a periodistas en cuatro categorías: 

  • Acoso judicial.

  • Ataques directos.

  • Dificultades en el acceso a la información. 

  • Censura que se da exclusivamente en internet. 

Las siguientes fichas presentan y explican los tipos de agresión incluidos en estas categorías. 

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La investigación Chuzadas sin cuartel, publicada por Revista Semana el 11 de enero de 2020, revela que distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Esta vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones militares, precisamente para blindarse de allanamientos de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar citado en la investigación.

La publicación entrega información sobre la persecución contra Alejandro Santos, director de Revista Semana, y varios de sus periodistas, por parte del Ejército a través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios físicos y digitales. Sin embargo, los ataques no estaban únicamente dirigidos a los periodistas de este medio.

Según la investigación, el Ejército compró por cerca de tres mil millones de pesos (930.000 USD) una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, a una empresa española representada en Colombia por un exoficial de la Armada Nacional. “Más allá de las innumerables irregularidades en la licitación y la evidente asignación a dedo de ese contrato, esta herramienta nos permite hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada”, revela el medio. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que sin un espacio libre de injerencias ilegales el derecho a la libertad de expresión no puede ser ejercido plenamente.

La situación de riesgo contra los periodistas ha incrementado de manera exponencial en los últimos dos años, en 2018 la FLIP documentó que 257 periodistas fueron amenazados y 178 durante el 2019. En este contexto de escalada de las amenazas resulta especialmente dramático que nuevamente sea el Ejército la institución que está involucrada en intimidaciones, amenazas e interceptaciones a periodistas.

El primero de mayo de 2013 el periodista investigativo de Revista Semana, Ricardo Calderón, fue víctima de un atentado mientras se trasladaba en la vía que comunica a Girardot y Bogotá. Previo al intento de homicidio, el reportero había sido víctima de seguimientos y sus fuentes habían sido acosadas por la investigación periodística titulada Tolemaida Resort, donde se detallaron los privilegios que de manera ilegal tenían varios militares.  

Posteriormente, a principios de 2014, Revista Semana reveló que, bajo la fachada de un Café Internet, operaba una sala de operaciones de inteligencia conocida como “Andromeda”, donde se realizaron seguimientos a los representantes del gobierno que hacían parte del equipo negociador durante los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc. En esa investigación el medio reveló que dentro de las personas que estaban siendo víctimas de vigilancia se encontraban periodistas y medios de comunicación. 

El caso más reciente donde ha habido confirmación de vigilancia contra comunicadores se conoció en diciembre del 2019, cuando se confirmaron las interceptaciones ilegales contra la periodista Vicky Dávila por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, la FLIP publicó una alerta por el peligro de las chuzadas contra periodistas.

A pesar de que repetidamente las autoridades han negado las acciones de vigilancia contra periodistas, la realidad ha mostrado, con suficiente evidencia, que esta forma de agresión es constante. Las investigaciones de las autoridades también dan resultados suficientes, con los que se mantiene el ambiente de intranquilidad y desconfianza. 

Estas revelaciones suponen un nuevo episodio de vigilancia estatal, masivo e ilegal cuyo alcance todavía no es posible establecer y revive los temores que surgieron cuando se conocieron los actos delictivos realizados por el órgano de seguridad DAS. 

La FLIP se solidariza con Revista Semana, sus directivas y reporteros, y rechaza de manera contundente todo tipo de intimidación y espionaje ilegal. Estas acciones, violatorias de la Constitución y la ley penal, ponen en peligro y afectan los derechos de los periodistas y ponen en jaque el ejercicio libre del periodismo.

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La FLIP rechaza los ataques a la prensa por parte de la Policía Nacional durante el cubrimiento del paro nacional del 21 de noviembre. De los catorce casos registrados por la FLIP en Cali, Bogotá, Medellín, Valledupar y Santander de Quilichao, ocho tuvieron como agresores a miembros de la Policía. A pesar de los compromisos públicos de la institución de garantizar el ejercicio libre y pacífico del periodismo, la Policía Nacional se consolida como la principal agresora de la prensa durante el cubrimiento de la protesta social.

El 21 de noviembre se registraron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, hostigamientos y daño de equipo periodístico por parte de uniformados. Entre los casos más graves está el del periodista independiente Andrés Bayona, víctima de graves agresiones físicas y de detención arbitraria. A pesar de necesitar atención médica, miembros de la Policía lo retuvieron sin darle explicaciones sobre el proceso que se estaba adelantando. Por su parte, el periodista Andrés Matheo Agudelo, fotógrafo independiente, también fue detenido arbitrariamente durante aproximadamente tres horas por miembros del Esmad en Medellín, debido a que no contaba con un documento que lo identificara como periodista de un medio de comunicación. Durante su detención, miembros de la Policía revisaron en varias ocasiones el material periodístico de su cámara.

El periodista Santiago Andrade de la revista Rolling Stones y el periodista independiente Javier Ruíz también fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional durante el cubrimiento de la marcha en la Plaza de Bolívar. Andrade recibió un fuerte impacto en su cabeza que ocasionó una herida que debió ser suturada con cuatro puntos. En el caso de Ruíz, miembros del Esmad lo hostigaron, dañaron sus audífonos y revisaron el material que habría registrado con su cámara.

Otros ataques con gases lacrimógenos o chorros de agua a presión fueron dirigidos directamente contra grupos de periodistas en el ejercicio de su labor informativa, algunos de ellos quedaron registrados en video. La periodista Stephanie Valencia, de CityTV, y su equipo fueron víctimas de uno de estos ataques.

Con el fin de prevenir este tipo de hechos de violencia, el miércoles 20, la FLIP se reunió con miembros del área de derechos humanos de la Policía Nacional y con la subdirección del Esmad. Durante el encuentro, los uniformados dieron a conocer las acciones emprendidas para garantizar la labor periodística durante las manifestaciones. Sin embargo, dichas acciones demuestran nuevamente ser insuficientes. Por esta razón, la Fundación pondrá en conocimiento de las autoridades las agresiones registrados durante el cubrimiento del paro para que inicien las investigaciones.

La FLIP rechaza los ataques contra la prensa que se presentaron durante la jornada de movilizaciones y le exige a la Policía Nacional que tome las acciones necesarias para identificar a los agentes responsables de estas agresiones y emitir las sanciones correspondientes. La ausencia de resultados ejemplares representa un mensaje equivocado para los demás miembros de la fuerza pública y pueden ser entendidos como un acto de tolerancia a la violencia contra la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones.

La FLIP le recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber frente al cumplimiento del Código de Policía, que establece en su artículo 21 que cualquier ciudadano pueda grabar los procedimientos policivos sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía conciba la presencia de los periodistas y medios de comunicación en sus operativos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.

Finalmente, la FLIP hace un fuerte llamado a la Policía Nacional para que garantice la labor de la prensa en estos escenarios. A partir de su condición como funcionarios del Estado, los uniformados tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los periodistas que se encuentran en este tipo de cubrimientos y de garantizar el derecho que tienen las audiencias de acceder a información de interés general, como lo son las movilizaciones sociales. 

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La FLIP expresa su preocupación por el exilio de los periodistas de Caracol Televisión en Cali, Eduardo Manzano y Alexander Cárdenas, y por las amenazas contra el reportero de este mismo medio Arlex Piedrahita. La Fundación le hace un llamado a las autoridades para que investiguen los hechos y garanticen la seguridad de los comunicadores.

Después de los hostigamientos de los que fueron víctimas Alexander Cárdenas y Eduardo Manzano, los dos reporteros decidieron salir del país. El pasado 19 de septiembre dos hombres desconocidos fueron hasta la casa de la hermana de Cárdenas, en donde se estaba hospedando el camarógrafo, con el fin de conocer su paradero. Luego, el 27 de octubre, Manzano fue interceptado por un hombre en una moto que lo siguió por varias cuadras cuando el periodista conducía su vehículo

Posteriormente, el 28 de octubre, el periodista Arlex Piedrahita recibió una amenaza en la que le decían que lo tenían ubicado y que debía abandonar su medio de comunicación y la ciudad donde desarrolla su labor periodística. El periodista recibió esta intimidación un día después de que regresara a trabajar luego de las amenazas ocurridas el 1 y 4 de agosto de este mismo año contra él y sus compañeros Eduardo Manzano, Alexander Cárdenas y otros dos reporteros. Las intimidaciones contra los reporteros han sido producto del cubrimiento de la problemática de cultivos ilícitos en el Cauca y las denuncias que han hecho sobre la presencia de los carteles mexicanos, aliados con las disidencias de las Farc en ese departamento. 

Las constantes amenazas y el incumplimeinto por parte de la Policía Nacional para la implementación de las rondas policiales obligaron a  Manzano y a Cárdenas a abandonar el país para salvaguardar su integridad y las de sus familias. De la misma manera, Piedrahita continúa enfrentando la misma situación de riesgo sin recibir atención oportuna por parte de las autoridades. A esto se suma que las medidas que otorgó la Unidad Nacional de Protección (UNP) a los reporteros son insuficientes y no tuvieron en cuenta los hechos ocurridos el 19 de septiembre y el 27 y 28 de octubre. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce por trámite de emergencia las medidas de seguridad para el periodista Arlex Piedrahita y tenga en cuenta los nuevos hechos en el estudio de seguridad de Cárdenas y Manzano con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Además, le exige a la Policía Nacional que cumpla con los tiempos y la frecuencia de las medidas de protección establecidas por la institución.  

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Publicado en Pronunciamientos
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