Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas del Canal 2 en Cali, José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago. El día de hoy, viernes 4 de junio, en medio de un cubrimiento de manifestaciones, agentes del ESMAD dispararon en dirección de los periodistas, a pesar de que estos estaban plenamente identificados como prensa. En la misma zona, un miembro de la brigada de derechos humanos afirmó que un policía dijo que el periodista “aguanta para pegar un tiro”.

Canal 2 es un medio comunitario asociado a la Corporación Cívica Daniel Gillard y que ha realizado el cubrimiento de los hechos sucedidos en el Paro Nacional. Durante este tiempo, su seguridad e integridad se han visto comprometidas por las estigmatizaciones y agresiones que provienen de la fuerza pública y de civiles armados.

En primer lugar, el 10 de mayo, en el sector de la Portada al Mar, los periodistas se tuvieron que resguardar de disparos provenientes de ciudadanos en edificios aledaños. Durante esta misma jornada, los reporteros señalaron que tuvieron un bajón de señal cuando se acercó la volqueta del ESMAD, se presume la utilización de inhibidores de señal por parte de esta institución. 

El segundo evento se presentó el 20 de mayo. Los periodistas reportaron que un camión de policía, sin placas traseras y conducido por un civil, se encontraba transportando miembros de la fuerza pública y, al presentarse una confrontación, casi son atropellados por el vehículo.

La última agresión se registró el 28 de mayo, en el sector de Ciudad Jardín. Los reporteros estaban realizando el cubrimiento de civiles que disparaban con armas de fuego contra manifestantes, y varios disparos pasaron muy cerca de ellos. Todo esto sucedió a pesar de que gritaron que eran prensa y de que estaban plenamente identificados como periodistas. 

Los reporteros narraron a la FLIP también que durante una de las jornadas de cubrimiento, en el sector de San Nicolás, un policía les tomó fotografías de sus rostros. A esta acción se suman estigmatizaciones provenientes de miembros de la fuerza pública, que dicen, por ejemplo, que “los vándalos también se visten de periodistas”. 

Canal 2 ha sufrido también acciones arbitrarias en sus redes, por ejemplo, parte del contenido que han difundido en redes sociales ha sido bloqueado y censurado.

El trabajo periodístico de este medio ha sido de suma importancia durante esta coyuntura. En un panorama que necesita de transparencia y esclarecimiento de los hechos, han estado registrando material de primera mano, incluso poniendo en riesgo su seguridad, para informar a los ciudadanos. Del mismo modo, han visibilizado a los puntos de concentración que han protagonizado el paro en Cali, y en donde se ha presentado hechos de violencia contra los y las manifestantes.

En Cali las agresiones hacia periodistas durante las manifestaciones han sido especialmente graves, hasta la fecha la FLIP ha documentado 31 casos de agresiones contra periodistas. Después de Bogotá, es la ciudad con más agresiones registradas.

La FLIP hace un llamado a la fuerza pública a que evite las estigmatizaciones contra periodistas que hacen cubrimiento del Paro Nacional desde las calles. Esta situación agrava el riesgo al que se exponen y facilita repercusiones por los contenidos que difunden.

Así mismo, insistimos en la necesidad de que la Alcaldía de Cali condene enfáticamente esta y otras agresiones que se han presentado contra la prensa en Cali. Solicitamos a la Defensoría que estudie este caso y emita las alertas necesarias para la protección de la prensa en Cali. Además, se debe realizar un monitoreo de la grave situación que presentan los periodistas en el marco de estos cubrimientos y que rindan cuentas frente a los hechos acontecidos durante el paro.

 

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Se cumple un mes desde que miles de ciudadanos salieron a las calles de todo el país a ejercer su derecho a la protesta y el panorama para la prensa no puede ser más desalentador y preocupante. Estos 28 días de Paro Nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades.

En este periodo, la FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 186 víctimas. Dentro de los hechos más graves se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales. En este contexto, las mujeres periodistas han sido víctimas de 30 agresiones, entre las que se encuentran las agresiones físicas (10), el robo o eliminación del material periodístico (5), las detenciones ilegales (3) y las amenazas (4).

Es altamente preocupante que la violencia contra la prensa mantenga su intensidad con el correr de los días, los mismos ataques que se han presentado desde el día uno de protestas siguen afectando a  periodistas hoy; y no hemos visto que las autoridades se hayan esforzado por proteger a la prensa y defender el derecho a la libertad de expresión. 

Por el contrario, un aspecto que eleva nuestra preocupación es que el agresor más frecuente ha sido la fuerza pública con 87 ataques. Es decir, el 52% de las agresiones fueron cometidas por uniformados, quienes han intimidado, amenazado, agredido, obstruido y estigmatizado a los y las periodistas.También preocupan los 55 ataques cometidos por ciudadanos particulares que intentan censurar y obstruir el trabajo de las y los periodistas.

En estos 28 días hemos registrado el más alto número de agresiones contra las y los periodistas que cubren las masivas manifestaciones sociales. En el paro agrario de 2013 (25 días) registramos 24 agresiones; en el paro nacional de 2019 (40 días) documentamos 76 ataques a la prensa. Esto quiere decir que ya se duplicó la cifra de agresiones registradas hace dos años, en un menor tiempo.

 

 

Fuerza pública: patea, golpea y dispara contra periodistas

Miembros de la Policía Nacional, y especialmente del Esmad, han atacado constantemente a periodistas que cubren las manifestaciones sociales y que muchas veces registran casos de abuso de fuerza. En la documentación de los 87 casos, desde la FLIP hemos identificado una serie de patrones dentro de los distintos tipos de agresiones documentadas que dan cuenta de que dichas agresiones han tenido como finalidad atentar contra la libertad de prensa. Se destacan los disparos directos, las agresiones con gases lacrimógenos, los golpes con elementos como escudos o bolillos, los ataques con taser, y los golpes como patadas y puños. 

 

El 22 de mayo la FLIP registró tres agresiones a periodistas independientes en Medellín. Los periodistas denunciaron haber sido impactados con cápsulas de gases lacrimógenos, piedras y haber sido pateados por parte de miembros del Esmad. Dos de estos casos ocurrieron cuando los periodistas estaban grabando la detención de dos personas en medio de las manifestaciones en el Parque de la Resistencia.

Algunos miembros de la Policía Nacional también han deslegitimado la labor periodística y estigmatizado a las y los reporteros. Las y los comunicadores han manifestado que los han señalado de ser infiltrados y hacer parte de grupos armados. 

Además, a inicios de mayo el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, repitió de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de “terrorismo”. 

Los señalamientos y ataques provenientes de las autoridades, en este caso de la fuerza pública, se convierten en un factor de riesgo que compromete la integridad de los y las periodistas que cubren la protesta social y generan un ambiente de hostilidad para la prensa que perjudica la pluralidad en el debate público. Con todo esto se afecta gravemente el derecho constitucional de publicar y recibir información de interés público. 

El 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirma que junto a su Relatoría de Libertad de Expresión han “observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”. Además, recuerdan que las autoridades deben brindar protección a las y los periodistas que informan sobre lo que sucede en las protestas.  

 

Particulares: manifestantes agreden y obstruyen el trabajo de la prensa

Durante este mes, en la FLIP hemos registrado 55 ataques a periodistas por parte de particulares que participan en las manifestaciones sociales. Dentro de estos ataques hay 15 amenazas, 9 agresiones físicas y 2 daños a la infraestructura de medios.

Entre el 9 y el 11 de mayo, cinco periodistas fueron amenazados por personas que se encontraban en la jornada de manifestación en la ciudad de Cali. Uno de los periodistas tuvo que salir de emergencia del lugar y denunció seguimientos posteriores. Además, hemos conocido que corresponsales de medios nacionales han enfrentado distintas agresiones y obstrucciones por parte de los manifestantes. Incluso, en algunos casos las y los periodistas han salido a hacer la reportería sin ningún distintivo del medio de comunicación para evitar así ataques.

La labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la ciudadanía pueda conocer los hechos de las manifestaciones y con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas. Alentamos los ejercicios de crítica hacia los medios de comunicación y los contenidos que comparten, sin embargo, es indispensable que las audiencias manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y sin atentar contra la libertad de prensa.

 

Solicitudes:

La FLIP expresa su extrema preocupación por las constantes agresiones contra las y los periodistas que cubren el Paro Nacional. Teniendo el cuenta el alto nivel de violencia contra la prensa, la Fundación hace las siguientes solicitudes:

  • Al gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, a que rechace públicamente la violencia contra la prensa y a que envíe un mensaje de cero tolerancia a los ataques por parte de miembros de la fuerza pública. 

  • A las autoridades nacionales y locales a que respalden el trabajo de las y los periodistas que informan a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

  • Al Ministerio de Defensa a que no estigmatice la labor de la prensa y de las personas que usan las redes sociales para informar sobre el Paro Nacional.

  • A la Procuraduría General de la Nación a que asuma las investigaciones de las agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y servidores públicos, y que sancione a los responsables. 

  • A la Fiscalía General de la Nación a que investigue con diligencia los ataques contra la prensa y dé con los responsables de estas agresiones. 

  • A los convocantes del paro a que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.
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  • Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas.

  • A los a periodistas se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida.

  • La FLIP le exige al Ejército que investigue los hechos y que imparta instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garante de la libertad de prensa

 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.

Osorio le manifestó a la FLIP que el siete de agosto fue intimidado por integrantes del Ejército Nacional mientras realizaba el cubrimiento de un operativo de erradicación forzada en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa, Meta. En la denuncia que el comunicador dirigió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación aseguró que miembros del Ejército lo señalaron de ser guerrillero y le afirmaron que la próxima vez “no le volarían solo un dedo”.

Es importante recordar que el pasado cuatro de junio, mientras Osorio hacía otro cubrimiento periodístico en la vereda Tercer Milenio, recibió dos impactos de fusil que le destrozaron tres dedos. Por estos hechos la FLIP le solicitó al Ejército Nacional información sobre las sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. El pasado seis de agosto la institución respondió que la oficina jurídica estaba adelantando las investigaciones disciplinarias y que el proceso apenas se encontraba en etapa preliminar.

Adicionalmente, Álvarez y Osorio aseguran que el ocho de agosto fueron detenidos durante seis horas por integrantes del Ejército en una casa de la vereda de Nueva Colombia. Los periodistas estaban en ese sector para cubrir la detención de un grupo de campesinos. Los dos reporteros aseguran que los uniformados los señalaron de ser guerrilleros y les dijeron que “no dieran papaya” porque los iban a matar.

Las amenazas, las detenciones y los ataques directos que han sufrido los comunicadores de Voces del Guayabero durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en esta región dan cuenta de la falta de garantías para ejercer su labor informativa. Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas que se encuentran en riesgo por las acciones militares de la fuerza pública.  

La FLIP rechaza las violaciones a la libertad de prensa denunciadas por los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida. En ese sentido, la Fundación le exige al Ejército Nacional que investigue con celeridad a los uniformados responsables y se emitan las sanciones correspondientes. Adicionalmente, le solicita que se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es un necesaria para la transparencia alrededor de los operativos militares. 

La FLIP les reitera a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la necesidad de crear un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística. 

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los ataques a periodistas y medios de comunicación que se dieron el pasado 8 de noviembre. Durante las manifestaciones del Paro Nacional se registraron distintos hechos de violencia contra la prensa provenientes tanto de algunos manifestantes como de miembros de la fuerza pública.

La FLIP ha registrado tres ataques a las instalaciones de RCN Radio en Bogotá en las últimas semanas. En las manifestaciones del 10 y 17 de octubre, un grupo minoritario de participantes de la protesta atacó la sede de la emisora en Bogotá. La situación escaló en las manifestaciones de ayer, 8 de noviembre. La sede del medio de comunicación fue atacada con papas bomba. Las explosiones fueron tan graves que hirieron a dos miembros de la Policía que se encontraban allí custodiando las instalaciones.

Por otra parte, la agencia de comunicaciones Colombia Informa también denunció que el periodista Luis Fernando Castillo fue agredido por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Popayán (Cauca). El comunicador fue golpeado a pesar de portar chaleco e identificarse como periodista de este medio. La FLIP solicitará a la Policía que se investigue y sancione disciplinariamente a los funcionarios involucrados en estos hechos.

La FLIP rechaza con vehemencia las agresiones contra medios y periodistas y las obstrucciones de su trabajo. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

La FLIP hace un llamado al movimiento estudiantil para que sea garante de la libertad de prensa y para que tramite sus diferencias con los medios por vías distintas a la agresión. También hace un llamado a la Policía Nacional para que investigue a los funcionarios que agredieron y obstruyeron el trabajo de la prensa y tome las medidas disciplinarias correspondientes.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los señalamientos que emitió un teniente de la Policía en contra de la emisora Manantial Stereo 98.2 de Convención, Norte de Santander.

Ayer, sábado 14 de abril, el gerente de la emisora Manantial recibió constantes llamadas y mensajes por Whatsapp por parte de miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) obligándolo a leer al aire dos comunicados. Debido a las presiones, el director de la emisora decidió leerlos haciendo énfasis en que el grupo ilegal los había obligado. En los dos documentos se habla de un paro armado y se hacen algunas consideraciones por los conflictos entre el ELN y el EPL. 

Además de este medio, otras emisoras de municipios del Catatumbo también se vieron obligadas a leer los comunicados. Otros medios de la región pueden estar en las mismas condiciones de Manantial Stereo.

El director de la emisora  informó a la FLIP que, después de que se leyeran los comunicados, el teniente Quintero -comandante de estación de Convención- lo llamó y le reclamó por lo sucedido. Según el periodista, el teniente le dijo que la emisora estaba haciendo apología a la guerrilla y que eran facilitadores de los grupos armados. Adicionalmente, le reclamó porque, según él, la emisora cerraba las puertas a la Policía pero las abría al delito. 

La FLIP rechaza estos hechos y condena los señalamientos del teniente Quintero. Acusar a un medio de tener vínculos con organizaciones criminales puede generarle riesgos al equipo periodístico. Esto en especial en una región como el Catatumbo, que se ha caracterizado por no tener garantías para el ejercicio periodístico. 

A pesar de que el Mayor William Moyano, comandante del Segundo Distrito de Policía, afirmó a la FLIP que no existen órdenes de estigmatizar a la prensa, para la Fundación estos señalamientos son preocupantes. No es posible que en medio del conflicto entre grupos armados y la fuerza pública, los acusados de delinquir sean los periodistas.

Es tarea de la Policía Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial en medio del conflicto, y no señalar injustamente a la prensa que cumple su deber de informar. En un Estado democrático se espera que las autoridades tengan en cuenta el contexto del conflicto y sus declaraciones nunca pueden ir en contra de los estándares de libertad de expresión.

La FLIP solicita al área de Derechos Humanos de la Policía Nacional que investigue esta grave situación y tome las sanciones pertinentes. Adicionalmente, la FLIP exige garantías plenas para el ejercicio periodístico en la región del Catatumbo.

Por otro lado, la FLIP rechaza la actitud del EPL a la hora de presionar e incluso amenazar a la prensa para que sus comunicados sean leídos al aire. Los actores armados no pueden poner en riesgo a los reporteros ubicándolos en medio del conflicto.

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La FLIP registró cinco agresiones durante la jornada de votación para Congreso y consultas interpartidistas. De estas, cuatro fueron obstrucciones durante el cubrimiento y se presentó una amenaza. Las situaciones se dieron en Sucre, Risaralda, Caquetá y Bogotá.

En Sucre, un periodista de La Silla Caribe fue intimidado por seguidores de una candidata al Senado cuando registraba un posible caso de compra de votos. En Bogotá, Pereira y Caquetá, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los periodistas argumentando que no tenían autorización para registrar lo que estaba sucediendo en los puntos de votación. Además, ordenaron a dos periodistas la eliminación del material obtenido.

Sumado a lo anterior, la FLIP recibió denuncias de varios periodistas que no pudieron obtener información oficial en los puestos de votación. Los jurados y delegados de Registraduría argumentaron que existía una “orden” según la cual ellos no podían dar ninguna clase de información relacionada con la jornada.

A pesar de que en comparación con el 2014 disminuyó el número de agresiones durante la jornada de elecciones legislativas, el panorama sigue siendo preocupante. Las condiciones que impuso la Registraduría para el cubrimiento mediático son confusas. Los agentes argumentaron sus obstrucciones con normas que no hablan del cubrimiento mediático, como la “ley de garantías”, e inclusive apelaron a la obediencia ciega de los periodistas por ser ellos la “autoridad”.

Reglas a última hora

El pasado 5 de marzo, el Ministerio del Interior expidió el decreto 430 de 2018 por “el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la República”. El artículo 11 dice que no se pueden usar “dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

La Fundación no ha encontrado información que aclare cuál es el protocolo por parte de la Registraduría para garantizar el cubrimiento mediático al proceso electoral. No son claros los criterios de acreditación ni los tiempos de respuesta.

En la página web de la Registraduría puede leerse que la Fuerza Pública no puede impedir el ingreso de los medios. “Para el ingreso a los puestos los periodistas no requieren acreditación o permiso especial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de vídeo con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados”, dice la publicación.

En resumen, no fueron claras las condiciones en las que los periodistas pueden realizar el cubrimiento al proceso electoral. La Registraduría y el Ministerio del Interior deben garantizar el libre ejercicio de la prensa en lugar de restringirlo con normas confusas.

La FLIP hace un llamado a la Registraduría para que en los próximos comicios sean claros los protocolos para el cubrimiento electoral. Estos deben estar de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de prensa. En Colombia la Corte Constitucional ha aclarado que la calidad de periodista no depende de una credencial, un acta de grado o una tarjeta profesional.

Ampliación de los casos:

En Florencia, Caquetá, el periodista Camilo Muñoz fue víctima de intimidaciones y obstrucciones por parte de la Fuerza Pública. Según el relato del director del medio Letras Claras, él se encontraba en el punto de votación Barrios Unidos del Sur y un agente de policía no le permitió hacer cubrimiento en el lugar. Después de una discusión, el periodista se fue de ahí. Muñoz informó a la FLIP que el uniformado luego le reclamó a su esposa, quien era jurado de votación, por la denuncia que había hecho el periodista. Según Muñoz, en el momento del escrutinio tampoco lo dejaron ejercer su trabajo de reportería.

También en la mañana de ayer, Juan Pablo Pérez, periodista de la Silla Vacía, se encontraba haciendo el cubrimiento electoral en Sincelejo. Pérez notó una situación en la que parecía que un grupo de militantes de algún movimiento político estaban pagando a las personas por mostrar el certificado electoral. El reportero tomó fotos de  los hechos y dos hombres que participaban en la actividad lo increparon. Le exigieron eliminar las fotos y finalmente se dirigieron a la estación de policía. Allí, uno de los hombres le dijo que no podía andar tomando fotos porque “uno no sabe qué chirrete podría aparecer”.

En la estación, los agentes no registraron ninguna denuncia ni actuaron para proteger al periodista. El comandante de la Policía de Sincelejo dijo a la FLIP que la situación “no había llevado a ningún lugar” y que estaban a la espera de una denuncia formal.

En Bogotá, varios periodistas del medio universitario Plaza Capital se vieron obstaculizados en su ejercicio de reportería. Una de ellas, Camila Carrillo, estuvo en tres puestos de votación y en todos tuvo problemas para acceder a la información. En Las Margaritas, cerca al centro comercial Cedritos, después de insistir, un uniformado la dejó ingresar únicamente en compañía de una agente de policía que verificó qué fotos tomaba.

Luego, Carrillo se dirigió al punto de votación Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, allí los uniformados tampoco le permitieron el ingreso y argumentaron erróneamente que se debía a la “ley de garantías”. Finalmente, en el Colegio Distrital Aquileo Parra dos agentes de policía le ordenaron borrar las fotos. La periodista no accedió y tuvo que irse del lugar.

Otra periodista de Plaza Capital, María Isabel Rodríguez, se encontraba en el punto de Bulevar Niza registrando la indignación de los votantes por la falta de tarjetones para la consulta interpartidista. Rodríguez habría grabado una entrevista y un agente de Policía la obligó a eliminar el video frente a él. El uniformado argumentó que “él era la autoridad y era él quien decidía”.

En Pereira, el equipo periodístico de El Tiempo fue retirado del punto Gimnasio Pereira. Un intendente de Policía pidió al fotógrafo acreditación del medio, sin embargo él trabaja como freelance. Cuando el periodista Fernando Umaña le explicó al oficial la situación, este insistió en que el fotógrafo no estaba autorizado para hacer registro en el lugar.

La FLIP solicita a la Policía Nacional a que capacite a los agentes que prestarán sus servicios en las próximas elecciones para que no violen los derechos de los periodistas. Es necesario que exista un diálogo directo entre la Registraduría y la Policía Nacional para evitar las obstrucciones injustas a la prensa.

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La FLIP rechaza las agresiones contra la prensa por parte de miembros de la Fuerza Pública durante la visita del candidato presidencial. Los reporteros afectados hacen parte de Caracol Radio, Caracol Televisión y Red Más Noticias.

El viernes 2 de marzo Gustavo Petro y los miembros de su campaña asistieron a un acto político en la Plaza Santander en Cúcuta. Durante el evento se presentaron desmanes provocados por los simpatizantes de partidos que están en oposición a Petro y uniformados del Esmad.

Debido a la difícil situación de orden público que se presentó durante el acto político y un hecho que Petro calificó como un atentado contra su vida, el candidato convocó a los periodistas de la ciudad a una rueda de prensa para dar sus declaraciones sobre lo sucedido.

En las inmediaciones al Hotel Casino Internacional, lugar donde Petro iba a dar la rueda de prensa, Jullieth Cano, periodista de Caracol Radio; Mauricio Parada de Caracol Televisión y Ligia Bejarano, de Red Más Noticias, fueron atacados por miembros del Esmad. Según los reporteros, los uniformados los golpearon a patadas, con los escudos de dotación y les impidieron entrar al evento. En medio de las agresiones, los simpatizantes de Petro gritaban “Fuera La Opinión” cuando notaron la presencia de los periodistas de este medio de comunicación.  

La FLIP expresa su preocupación por lo sucedido y le exige a la Policía Nacional que inicie la investigación disciplinaria con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La Fundación, además, le solicita a la institución que garantice el cubrimiento periodístico durante las visitas de los candidatos a las diferentes ciudades del país.  

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la detención de Erick Silva Contreras, miembro del medio de comunicación barrial Noticiero Barrio Adentro en la ciudad de Bogotá.

El pasado 14 de febrero, a las 10 de la mañana, Silva fue capturado por agentes de la Policía Nacional en inmediaciones del centro comercial Centro Mayor. El reportero estaba realizando cubrimiento de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en Transmilenio. Los uniformados argumentaron que él estaba obstruyendo la vía, alterando el orden público y perturbando el servicio de transporte. Junto al periodista, la Policía capturó a 10 manifestantes. Sumado a esto, en medio de la captura, Silva fue agredido por un agente que lo lastimó en el cuello.

Los capturados fueron llevados al CAI de Villa Mayor y luego trasladados a la URI de Molinos, al sur de la ciudad, para legalizar la captura. Desde las diez de la noche, aproximadamente, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía pero bajo custodia de la Policía Nacional. Después de 18 horas, la Fiscalía aún no ha realizado la audiencia y la situación judicial de Silva no se ha resuelto.

A la FLIP le preocupa esta detención y, en especial, la vulnerabilidad de los periodistas de medios de comunicación alternativos a la hora de cubrir las protestas sociales. La FLIP hace énfasis en que es inadmisible que se criminalice a las personas que hacen trabajos de reportería en medio de manifestaciones.

La FLIP rechaza la detención ilegal en contra del reportero y le exige a la Fiscalía General de la Nación que el periodista sea dejado en libertad. La Fundación le solicita a la Policía Nacional que aclare lo sucedido y que se inicie una investigación disciplinaria en contra del uniformado que agredió a Silva.

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Durante el año 2017 los poderes ejecutivo, legislativo y judicial faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.

 La violencia sin protección ni sanciones; la pauta oficial que compra silencios; la estigmatización de la prensa como respuesta a las críticas;  la violencia estatal y letal contra periodistas;  las decisiones judiciales que abren la puerta a la censura y, sobretodo, aquellos extensos territorios carentes de información local nos llevan a la conclusión de que es necesario explicar este “Estado depredador” de la libertad de expresión en Colombia con el fin de que las instituciones públicas dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre.

En 2017 la FLIP documentó 310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior). Además, el 8 de octubre, durante una protesta en Puracé, Cauca, asesinaron a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta que derivó en  enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD.

Vea aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Los detalles de estos 310 casos ofrecen un panorama preocupante para el periodismo. Y si se mira hacia el futuro del país, marcado por la accidentada implementación del  acuerdo de paz, y la incierta revitalización del diálogo con el ELN, hará falta atención a los riesgos que enfrentan los reporteros y las reporteras que tienen la tarea de contar qué está pasando en las regiones más apartadas, cómo se está aprovechando la inversión, de qué forma se está leyendo el país en esos territorios y cuáles son las urgencias de la población.

El problema es que los encargados de atender a las soluciones para ofrecer garantías al periodismo, en la mayoría de los casos, son su principal obstáculo. Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos.

Pero si de silencios se trata, el peor de todos puede venir del interior de los medios. Las denuncias acompañadas con la etiqueta #MeToo / #YoTambién han llegado al periodismo y ahora es tiempo de actuar para que la violencia sexual, dentro y fuera de las salas de redacción, sea denunciada.

Aquí está involucrada la sociedad en su conjunto, que no siempre es solidaria con las víctimas. Los medios de comunicación no solo tienen la tarea de construir espacios seguros para las mujeres periodistas, sino que además tienen que procurar que las periodistas hagan la reportería, libres de cualquier tipo de violencia. En esta línea, se deben construir garantías para que las mujeres denuncien la discriminación, el maltrato, el abuso y el acoso sexual sin temor a que la justicia o el poder de sus fuentes terminen en su contra.

En este informe se llama la atención sobre el papel de los miembros de la Fuerza Pública, quienes al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos.

Pero las agresiones directas por parte de los uniformados son parte de una crisis más grande. Las emisoras indígenas en el Cauca no solo han tenido que soportar históricamente el asedio de ambas partes del conflicto, sino que además se enfrentan a los obstáculos administrativos.

 

¿Quién es el responsable? La libertad de prensa tiene muchos depredadores, y uno de ellos ha sido el presidente Juan Manuel Santos.

En 8 años de gobierno, el presidente sacó a relucir su experiencia como experiodista para disfrazar su deber de responder a las críticas con irónicas clases de “buen periodismo”,  prometió cambios históricos que nunca dieron su primer paso y desperdició el tiempo, y la plata,  para atender a las urgencias de los medios en un país que ha sido silenciado por varias décadas de conflicto.

 

Este es un recorrido rápido por la taxonomía de la censura en Colombia. Los líderes que se disponen a legislar y gobernar durante los próximos cuatro años deberían alinear sus agendas para que este ecosistema tenga una mejor cara en el corto y mediano plazo.

En este año de elecciones, desde la FLIP le hacemos un llamado a todos los candidatos, sin excepción, para que sus discursos generen un ambiente favorable para la libertad de expresión, que sus diferencias con los medios se expresen a través de debates libres de señalamientos injustificados, que sus cuentas, desde ya, sean siempre claras, para que los medios y los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Deberían proponerse, en últimas, no parecerse a muchos de sus predecesores, los predadores.

Descargue aquí el informe completo: ESTADO DEPREDADOR

Publicado en Informes Anuales

En carta abierta dirigida al general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Armadas, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- denuncia la detención arbitraria de la que fueron víctimas dos periodistas del proyecto Crónicas Desarmadas el pasado 11 de noviembre en la región del Catatumbo.

Los reporteros estuvieron retenidos por cerca de 14 horas acusados de realizar sobrevuelos nocturnos de las bases militares con un dron en Tibú, Norte de Santander. Los militares implicados en los hechos intentaron decomisar el material periodístico y el dron sin ninguna orden judicial.

Puede conocer los detalles de los hechos y las consideraciones de la FLIP en esta carta.

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