Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

Publicado en Informes Anuales

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las recientes amenazas en contra del periodista Ricardo Ruidíaz. En lo corrido del año la FLIP ha registrado 20 agresiones en contra el reportero. 

El sábado 10 de noviembre, mientras el periodista estaba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía antiexplosivos hizo detonar el artefacto. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su apariencia, no se trataba de un explosivo. 

La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza esta intimidación y expresa su preocupación por la gran cantidad de amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz. 

La FLIP le exige a la Unidad Nacional de Protección que fortalezca cuanto antes el esquema de Protección del reportero y aumente el blindaje de su vehículo. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación que recaude material probatorio a través de los videos de seguridad del sector para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas de medios de comunicación alternativos y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 10 de septiembre, Martha Delgado, periodista de El Maracanazoo, recibió un panfleto en su casa firmado por las Águilas Negras en el que la amenazaban a ella, a su compañero del medio de comunicación Guillermo Castro, al periodista de El Turbión Omar Vera y a Juan Manuel Arango, de El Clarín de Colombia. Adicionalmente, en el sufragio mencionan a otros medios de comunicación como Colombia Informa y Desde Abajo.  

En el panfleto los periodistas son señalados de ser colaboradores de la guerrilla y se les envía la siguiente intimidación: “exterminaremos a estos malditos informantes de la guerrilla disfrazados de defensores de derechos humanos. Muerte a los periodistas voceros de la guerrilla acabaremos con esta plaga y sus cómplices” (SIC).

Según los reporteros que recibieron la amenaza, la intimidación se produjo luego de las investigaciones que han hecho sobre violaciones a los derechos humanos en varias regiones de Colombia. Algunas de las publicaciones que hicieron los periodistas están relacionadas con impunidad en el caso de los falsos positivos, la presunta interceptación de esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de organizaciones criminales y otras investigaciones relacionadas con despojo de tierras, entre otros.

La FLIP expresa su preocupación por el aumento de amenazas contra periodistas por parte de Águilas Negras. Entre 2016 y 2018 se han documentado 15 amenazas contra la prensa firmadas por este grupo ilegal, de las cuales ocho se han presentado en lo corrido de 2018. La del 10 de septiembre es la segunda amenaza de esta naturaleza en menos de un mes.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza y, de esta manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La Fundación le solicita, además, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo a los periodistas víctimas de estas amenazas con el fin de implementar las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida y su integridad.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El primero de marzo de 2018, Alberto Castaño recibió una amenaza proveniente de la cuenta anónima de Twitter @RodrigoDuet8. En el trino le enviaron la siguiente intimidación al reportero: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche".

Castaño recibió esta amenaza luego de publicar un informe en los portales Natural Press y mongabay.com en el que denunció el asesinato de líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia. Adicionalmente, el periodista estaba adelantando una investigación sobre deforestación y quemas de bosque en los departamentos de Guaviare y Meta.

Posteriormente, el 14 de marzo mientras Castaño estaba entrevistando a una fuente en un café al norte de la ciudad, un desconocido se sentó en la mesa de al lado y se acomodó un arma que llevaba en la cintura mientras los miraba. Minutos antes, el hombre pasó muy cerca de la mesa donde estaba el periodista y revisó con detalle un mapa en el que estaban trabajando Castaño y su fuente.   

Luego, el cinco de mayo, mientras el periodista iba en su carro fue interceptado por un desconocido en una motocicleta sin placas que llevaba un arma de fuego en la cintura. El agresor se detuvo al lado del vehículo del periodista y le dijo: “entonces qué?, periodista hijueputa, seguís azarando el parche y te vamos a pelar”. Días después, el reportero y su familia fueron víctimas de otros seguimientos en un centro comercial al norte de la ciudad.

Luego de que se produjo la intimidación, el 2 de marzo la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que iniciara el estudio de riesgo del periodista para determinar las medidas de protección que garantizaran su seguridad. Sin embargo, Castaño asegura que la entidad nunca se comunicó con él y, por esta razón, el 18 de junio el reportero decidió irse del país con su familia. El 19 de julio, la Fundación le envió una solicitud de información a la UNP para conocer el estado del estudio de riesgo del periodista, pero hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.

A pesar de su salida del país, Castaño y María Lourdes Zimmermann, quien también es periodista, continúan recibiendo intimidaciones por sus publicaciones sobre problemáticas ambientales. El pasado sábado 11 de agosto, desconocidos ingresaron ilegalmente a la cuenta personal de Facebook de la periodista y publicaron una imagen de un oso bañado en pintura roja en una foto en la que la reportera aparecía con su familia. Adicionalmente, durante los días siguientes la reportera recibió notificaciones de alerta por intento de falsificación de las claves de sus cuentas de correo electrónico.

 

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre estos hechos para dar con el paradero de los responsables.  Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El pasado 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza a un grupo de periodistas, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Entre los reporteros mencionados están Daniel Coronell, columnista de Semana; el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”; Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo y el medio de comunicación La Silla Vacía.

En el sufragio que ha circulado a través de redes sociales, los periodistas son señalados de ser miembros de la guerrilla y en consecuencia son declarados “objetivo militar”: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros (…) a partir de la fecha procederemos a la ejecución total de nuestras advertencias”.

Entre 2016 y 2018 se han documentado 14 amenazas contra la prensa firmadas por las Águilas Negras. Siete de estos casos se han presentado en lo corrido del 2018.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir futuros hechos de violencia contra la prensa.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que otorgue las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida de los periodistas.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Fernando Londoño por el desarrollo de su labor periodística y les exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 16 de julio el periodista de La Hora de la Verdad recibió dos intimidaciones a través de Twitter. En la primera, un desconocido que se identifica como ‘Vito Andolini’ escribió en su cuenta @mitovan75: “A veces me pregunto por qué no tuvimos la suerte de que esa bombita lapa que le mandó a poner el mismísimo Uribe cumpliera su cometido”. El mensaje iba acompañado de una columna que escribió Londoño en el portal Las2Orillas titulada: ‘Petro, de mal perdedor a incendiario’.

La segunda intimidación se hizo a través de la cuenta @NEO_3D como respuesta al trino inicial. La persona identificada como FEUDOMBIA PAIS TERCERMUNDISTA DE CAFRES URIBESTIAS trinó: “Se necesita un grupo que de verdad que le ponga bombas a toda esa plaga no autoatentados maricas y cortinitas de humo”. Ambos mensajes hacen referencia al atentado del que fue víctima Londoño en mayo de 2012. En esa ocasión la explosión dejó dos muertos y varias personas heridas, entre ellas el periodista, quien tuvo que ser remitido de inmediato a urgencias.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Adicionalmente, la Fundación expresa su preocupación por la situación de seguridad de Fernando Londoño y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo del periodista con el fin de proporcionar las medidas de protección adecuadas para salvaguardar su vida y su integridad.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

Este sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar. El grupo criminal emitió la siguiente amenaza: “Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”. Junto a los nombres de los periodistas aparecen también los de otros activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

El domingo 15 de julio la periodista María Jimena Duzán recibió una amenaza a través de la cuenta de twitter @Gustavo68831299. El desconocido que se hace llamar LíederSocialSigloXXI le envió el siguiente mensaje a la reportera: “la verdad colombianos hagan patria esta sra @MJDuzan deber ser violada, escupuda, pucada con motosierra y cokgada eln plaza Bolivar, hagan honor al nombre de paramilitares.”

Teniendo en cuenta la dificultad que han tenido las autoridades para investigar este tipo de amenazas transmitidas a través de internet, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que solicite el apoyo de expertos en delitos informáticos de otros países para dar con el paradero de los responsables de estas intimidaciones y que reciban las sanciones judiciales correspondientes.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos, debido a que, en el caso de Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía, los agresores sentenciaron: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”. Por lo anterior, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados a través de internet.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP ha reportado los casos de amenaza ante la UNP. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.  

Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado

Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.

Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.

De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias. 

Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida e integridad de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, quien recientemente ha sido amenazado por su trabajo en el Magdalena Medio.

Ruidíaz, quien reside en Bogotá, en las últimas dos semanas ha recibido nuevas amenazas en su contra por parte de desconocidos que le advierten que no puede visitar Barrancabermeja ni el corregimiento El Llanito. Desde hace meses, el periodista ha acompañado a líderes ambientales locales y ha hecho cubrimiento mediático  de la situación en el Magdalena Medio. La FLIP ha registrado 7* llamadas amenazantes en contra de Ruidíaz en los últimos días.

La comunidad de El Llanito y distintos líderes sociales convocaron a una manifestación pacífica en Barrancabermeja este martes 10 de abril para manifestar su inconformidad con la situación ambiental actual y el impacto de la minería en la región. Ruidíaz acompañó esta convocatoria y además hará el registro periodístico de los hechos.

Vea también: Periodista de Colmundo Radio recibió amenazas en vivo.

La más reciente ocurrió ayer 9 de abril. El periodista y defensor de derechos humanos se encontraba en un café de Barrancabermeja y un hombre lo llamó y le dijo: “Mire periodista hijueputa, siga tomando café tranquilo ahí en el centro comercial, que mañana le vamos a lanzar una bomba a la marcha”.

La Fundación informó a la UNP y a la Policía Nacional del viaje que emprendía Ruidíaz a pesar de las amenazas en su contra. La Policía se comprometió a hacer acompañamiento a Ruidíaz durante su visita a Barrancabermeja. Sin embargo, el manifiesta que la entidad no le está brindando protección. Mientras tanto, las amenazas continúan.

Si bien en noviembre de 2017 la UNP implementó un esquema de protección a Ruidíaz, la FLIP considera que estas medidas deberían fortalecerse teniendo en cuenta el alto riesgo al que se ve expuesto el periodista.

La FLIP expresa su preocupación por esta situación que pone en riesgo la integridad y la vida del reportero. Es inaceptable que la Policía de Barrancabermeja no esté tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ruidíaz teniendo pleno conocimiento de una amenaza específica para atentar contra la vida del periodista el día de hoy.

La Fundación exige a la Policía Nacional y a la UNP que actuar inmediatamente para la protección de Ruidíaz en Barrancabermeja.

*Las amenazas:

En el 2017 la Fundación registró seis amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz.

En lo corrido de 2018, la FLIP había registrado un hostigamiento en su contra que no estaba relacionado con la problemática ambiental en el Magdalena Medio.

Después de una visita de Ruidíaz a Barrancabermeja, la FLIP ha registrado siete llamadas amenazantes incluida la del pasado 9 de abril.

 

El 24 y 25 de marzo, Ricardo Ruidíaz recibió tres llamadas en las que lo amenazaron de muerte y le advirtieron que no se desplazara a Barrancabermeja y al Magdalena Medio. En la primera llamada le dijeron: “¿Aló?. Buenas. ¿Ricardo Ruiz Diaz? Vea, periodista hijueputa  no se aparezca más por acá por Barranca ni por el Llanito. ¿Oyó, gonorrea? No se vuelva a
venir más por acá, ¿oyó, hijueputa?. deje de estar haciendo marchas y toda esa vaina. Lárguese. No lo queremos ver más por acá". En las otras dos le advierten que "si se aparece en El Llanito y en Barranca le dan de baja".

Luego, el 27 de marzo, Ruidíaz volvió a recibir una amenaza. El periodista estaba en su vivienda y recibió una llamada en la que hicieron referencia al sector donde reside y además le dijeron: "Mire, periodista hijueputa, gonorrea, no lo queremos ver más en Barranca ni mucho menos en El Llanito. Si no lo bajamos allá en Bogotá, aquí sí pelamos. ¿Oyó, gonorrea, sapo, hijueputa?".

El día siguiente, 28 de marzo, el periodista recibió una nueva llamada que afecta su seguridad.  Ruidíaz se encontraba en una reunión en Chapinero, en Bogotá y una mujer lo llamó y le dijo: "Gonorrea, está parqueado en Chapinero".

El 2 de abril Ruidíaz recibió dos nuevas llamadas amenazantes. En las dos un hombre lo insultó y le dijo que no podía aparecerse en Barrancabermeja ni en El Llanito. Minutos después de la segunda llamada, Ruidíaz conoció que un líder ambiental de El Llanito acababa de ser amenazado por un hombre que le advertía que no siguiera con el asunto de la marcha.

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