Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

El pasado sábado 7 de julio fue capturado en el municipio de Mondomo, Cauca, Jesús Vargas Cuajiboy, alias 'Reinel', miembro de la disidencia de las Farc al mando de alias Guacho. Reinel es señalado de ser uno de los responsables del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio.

El 26 de marzo de 2018 Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, miembros del medio ecuatoriano, fueron secuestrados por orden de alias Guacho y posteriormente asesinados en la frontera colombo - ecuatoriana. Según la Fiscalía General de la Nación, Reinel habría sido el encargado de custodiar al equipo periodístico durante el tiempo que estuvieron en cautiverio.

El domingo 8 de julio se realizaron en Cali las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y de medida de aseguramiento. Reinel fue sindicado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado, sin embargo este no aceptó los cargos. El juez ordenó medida de detención para Vargas, por lo que será trasladado en las próximas horas a la cárcel de máxima seguridad en Combita, Boyacá.

La FLIP reconoce los esfuerzos de las autoridades judiciales por identificar y dar con el paradero de Jesús Vargas Cuajiboy. Se trata de un avance que contribuirá al esclarecimiento de los hechos y a la búsqueda de justicia. No obstante, la Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que continúe con estas labores de investigación para dar con el paradero de toda la cadena criminal y, de esa manera, sancionar a los responsables materiales e intelectuales del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos.

En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Santiago de Cali, Valle del Cauca. 22 de junio de 2018.

La delegación de familiares del equipo periodístico de diario El Comercio, secuestrado en territorio ecuatoriano el pasado 26 de marzo y asesinado en Colombia en fecha por determinar, nos permitimos informar a la opinión pública que:

1.       El pasado jueves 21 de junio, a través de la cuenta de Twitter del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tuvimos conocimiento del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida que podrían corresponder a nuestros familiares.

2.       El viernes 22 de junio nos desplazamos desde Quito (Ecuador) a Cali (Colombia) permaneciendo a disposición durante la mayor parte del día y hasta las 20:30 en las instalaciones de Medicina Legal SIN que se nos diera información oficial concluyente sobre la identidad de los cuerpos por parte de las autoridades colombianas. En todo momento el director regional de Medicina Legal nos indicó que los procedimientos se extenderían hasta el martes 26 de junio.

3.       Una hora después de nuestra salida de la sede del Instituto de Medicina Legal, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa colombiano afirma que en un 99% los cuerpos corresponderían a nuestros familiares. Información que no nos fue proporcionada durante nuestra prolongada estancia en el lugar donde estos datos se pueden originar.

4.       Hemos insistido desde el inicio de esta pesadilla que es fundamental que las familias tengan acceso prioritario a la información, esto ha sido transmitido a las autoridades colombianas y dicho compromiso ha sido desconocido sin miramiento del impacto que tiene sobre nuestro dolor, nuestras familias y el derecho a la información que le asiste a la sociedad ecuatoriana.

5.       Transcurren horas trascendentales, más no concluyentes, sobre el caso que nos convoca. Lamentamos que el Gobierno Colombiano prefiera la figuración pública y alterar los protocolos de intercambio de información.

Con base en lo anterior exigimos:

Al Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, indicar las razones por las cuales en su nombre se transmite públicamente información que no es de conocimiento de los familiares, resaltando además, cuál es el sustento legal que respalda esta actuación cuando aún no han concluido todas las etapas de peritaje .

A la Cancillería ecuatoriana, a enviar notas de protesta diplomática en aras de velar por el cumplimiento de los derechos que nos asiste como víctimas.

A la CIDH, en el marco del Equipo de Seguimiento Especial, a vigilar el compromiso adquirido por el Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, con respecto al flujo de información desde las autoridades hacia los familiares.

A la sociedad ecuatoriana y colombiana, les pedimos solidaridad y sumarse a este llamado desde el duelo de los familiares. Este atropello, falta de sensibilidad y de humanidad no puede permitirse.

Los hechos de las últimas horas sientan un precedente de falta de seriedad para el tratamiento de este caso, siembran sospechas alrededor del ocultamiento de información a los familiares. En estas condiciones se afecta la confianza sobre el resto de acciones que realizó y realiza el Estado colombiano para la investigación. Nos preocupa que los compromisos de palabra, que las más altas autoridades del país nos han hecho en múltiples ocasiones, sigan perdiendo su valor. 

*En la mañana del sábado 23 de junio, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado en el que también expresó su descontento con el manejo de la información por parte del Gobierno colombiano. Vea el comunicado a continuación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que este próximo 15 de junio de 2018 será la primera reunión de trabajo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que fue conformado para investigar y esclarecer el secuestro y asesinato del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio. A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de FUNDAMEDIOS, del Ecuador.

A través de un comunicado, Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento.

Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el Equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo; el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma tentativo, el ESE planea presentar su informe para diciembre de este año.

En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de suma importancia que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, el cual esperan sea célere y transparente con la debida cooperación del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 12 de abril de 2018 medidas cautelares en favor de Ortega, Rivas y Segarra, dando respuesta favorable al pedido hecho el pasado 10 de abril por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.

La CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión estarán a cargo del Mecanismo Especial de seguimiento a las medidas cautelares. Según comunicó la CIDH, el ESE estará conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Ecuador, como la responsable del mismo, con el apoyo del Secretario Ejecutivo, o de quien él designe, así como del equipo técnico de la sección de medidas cautelares y del Relator Especial de Libertad de Expresión.

La Fundación para la Libertad de Prensa y Fundamedios informan que entre el 15 y el 17 de mayo, una delegación de familiares de los periodistas ecuatorianos, compuesta por Raúl Borja, Cristian Segarra y Ricardo Rivas; estará en Bogotá para reunirse con autoridades colombianas. 

50 días después de que iniciara la labor periodística en la que fueron secuestrados y posteriormente asesinados los reporteros Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra; las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes frente al deber de procurar justicia en este crimen.

Los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio esperan que haya receptividad por parte de la sociedad y las autoridades colombianas con el fin de que haya un avance en las investigaciones y en la sanción a los responsables de estos hechos.

A través de un derecho de petición firmado por 178 personas, y en el marco de un debate de control político al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, realizado en la Comisión Segunda del Senado de la República, la FLIP dirigió una serie de interrogantes sobre la forma como el gobierno de Colombia actuó ante el secuestro y desaparición de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Tras la desaparición de los trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, varios grupos de periodistas en Colombia se reunieron en las plazas principales de sus ciudades para expresar el rechazo a este acto atroz y solidarizarse con las familias de las víctimas. Los miembros de la red de corresponsales de la FLIP, en distintas regiones del país, recolectaron firmas para exigir al Ministerio de Defensa de Colombia que esclarezca qué gestiones se hicieron para cuidar la vida del equipo periodístico y lograr su liberación.

El derecho de petición solicita la siguiente información:

1. Toda la documentación sobre los operativos realizados por las diferentes entidades de la fuerza pública en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador entre los días 26 de marzo y 13 de abril del 2018.

2. Información sobre los canales que el gobierno colombiano adelantó con el fin de lograr la liberación de los trabajadores de El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Esto incluye: recuento, indicando asunto, duración, fecha y hora de llamadas realizadas a funcionarios del gobierno ecuatoriano, a entidades humanitarias, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y grupos ilegales; recuento de los diferentes acuerdos que se lograron con ese tipo de entidades con respecto a la situación de los trabajadores de El Comercio.

3. Recuento y descripción de las hipótesis que se manejaron con respecto al secuestro y al asesinato de los trabajadores de El Comercio durante el desarrollo de los hechos.

4. Cuántos "operativos de control territorial" (dada la respuesta del Mindefensa el 10 de abril al diario El Colombiano) se llevaron a cabo en la zona (y agregaría específicamente los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo) entre el 26 de marzo y el 13 de abril, y en qué consistieron los mismos.

5. Número de personal militar y policial que fue desplegado en la frontera durante esos días.

Adicionalmente, en el marco del debate de control político al Ministro de Defensa, que se realizó el pasado martes 24 en la Comisión Segunda del Senado, Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, expresó estas y otras inquietudes al Ministro y los miembros de la cúpula militar allí presente.

“El Ministro Villegas dijo a la W Radio el pasado 28 de marzo que se estaba prestando colaboración al gobierno ecuatoriano a través de la experiencia del ejército, del gaula, y vía inteligencia militar.  ¿Qué pasó con los organismos humanitarios? ¿CICR, Conferencia Episcopal, el párroco?”, preguntó al ministro el director de la FLIP.

Y es que según los datos de la Fundación, en los últimos 7 casos de secuestros de periodistas en Colombia, nunca la liberación ha sido un asunto exclusivo de la fuerza pública.

En la FLIP no hay dudas sobre en quiénes recae la culpa, y así lo expresó Vaca en el Senado: “Debo ser claro en que la primera responsabilidad cae sobre las estructuras criminales salvajes que operan en el margen fronterizo. Sin embargo, es importante esclarecer si lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades contribuyó a este fatal desenlace”.

Veinte días han pasado desde la desaparición del equipo periodístico del diario El Comercio y sus cuerpos no han podido ser recuperados. La FLIP se solidariza una vez más con las familias de las víctimas e insiste en el llamado a las autoridades de Colombia y Ecuador para que aceleren los procedimientos necesarios para dar con los restos de Rivas, Ortega y Segarra.

Exigimos a las autoridades den respuesta a la solicitud de información hecha por la FLIP. Argumentos como la defensa de la seguridad nacional no deberían primar en este caso ya que, como lo advierte el derecho de petición, “nos permitimos recordar que el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014 establece que “Las excepciones de acceso a la información contenidas en la presente ley no aplican en casos de violación de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y en todo caso deberán protegerse los derechos de las víctimas de dichas violaciones.” El secuestro y asesinato de Ortega, Rivas y Segarra son una violación de derechos humanos”.


Vea aquí el derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa.

Desde que empezó el 2018 a la fecha se han presentado 150 violaciones a la libertad de prensa, que han afectado a 177 víctimas. En 2017, para esta misma fecha, la FLIP había registrado 87 ataques al periodismo. El periodo electoral ha potenciado las agresiones y por eso la Fundación, desde la campaña #VotoInformado, ha invitado a los candidatos y sus seguidores a promover un ambiente favorable para la libertad de expresión. Las regiones con más ataques son, sin contar a Bogotá, Tolima, con 16 casos; y Antioquia y Norte de Santander, cada uno con 11.

El secuestro y desaparición de los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador en la frontera colombo-ecuatoriana es sin duda el caso más grave en lo corrido del año. Además de la responsabilidad del grupo criminal liderado por alias Guacho, se destaca la inacción por parte del gobierno colombiano y la falta de coordinación de este con las autoridades ecuatorianas.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se cumplen 20 días desde que se confirmara la desaparición del equipo periodístico ecuatoriano y es lamentable que todavía no se recuperen sus cuerpos. El pasado 24 de abril, la FLIP radicó un derecho de petición al Ministerio de Defensa para indagar por las acciones del gobierno durante las tres semanas de secuestro para facilitar la liberación de estas personas y cuidar sus vidas.

Entre otros hechos destacados, la FLIP rechazó la decisión de la Fiscalía de no declarar el caso de Nelson Carvajal como un crimen de lesa humanidad. Esto sucede en un contexto en que, de 158 casos de asesinatos de periodistas entre 1938 y 1958, solo 24 cuentan con condena de autor material y 3 de autor intelectual.

Este ha sido un año en el que también se ha agredido constantemente a la sátira y el humor. Primero, un seguidor del Centro Democrático presenta una tutela contra Matador. Después el alcalde de Floridablanca presentó un denuncia por injuria y calumnia en contra de Diego, caricaturista de Vanguardia Liberal. Por último, otro seguidor del Centro Democrático amenaza a Matador en redes sociales. La FLIP espera que la justicia colombiana obre en favor de la libertad de expresión en estos y otros casos en los que se intente penalizar la sátira.

En el Informe anual de la FLIP, presentado el pasado 9 de febrero, se destacó, entre otras cosas:

El aumento de ataques contra la prensa: 310 en total, un 43,5% más que en el 2016. Dentro de estas cifras el caso más grave es el asesinato de Efigenia Vásquez en el Cauca.

En los últimos seis años, la Corte Constitucional ha tomado al menos ocho decisiones regresivas en la protección de la libertad de expresión en Internet. Esto ha implicado posiciones restrictivas en el uso de redes sociales, medidas desproporcionadas para los medios de comunicación como el deber de actualización, entre otras.

La falta de resultados efectivos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en la promoción y defensa de la libertad de expresión. Las principales acciones de Santos, como la política pública promovida por el Ministerio del Interior y el proceso de reparación colectiva a la prensa tomaron años de trabajo y miles de millones de pesos en inversión sin que se diera ningún resultado. Esto se agrava al recordar que el presidente ha sugerido abiertamente a los grupos económicos del país que presionen indebidamente a los medios de comunicación para que adopten posiciones editoriales favorables a su gobierno. A lo anterior se suman los discursos del presidente en los que emite juicios sobre lo que él considera que es buen o mal periodismo, lo cual lo aleja de su obligación de garante y promotor de la libertad de expresión.

Con más de medio año por delante, el panorama es incierto y preocupante. La FLIP espera que los nuevos líderes políticos que llegarán al Congreso el 20 de julio, y a la presidencia el 7 de agosto, abracen las banderas de la libertad de prensa como una garantía fundamental para la democracia.

Han pasado tres días desde que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó el vil asesinato de los tres trabajadores del Diario El Comercio y los cuerpos no han sido recuperados. Esto a pesar de que las Misiones del Comité de la Cruz Roja Internacional en Quito y Bogotá han manifestado su disposición a activar su acción humanitaria.

Fundamedios y la FLIP han sido enfáticos en que los Gobiernos de Ecuador y Colombia no debían iniciar acciones militares y policiales en los dos lados de la frontera hasta que no se recuperaran los cuerpos. Sin embargo, se han iniciado operativos que han dado con la captura de por lo menos 43 personas acusadas de pertenecer al autodenominado Frente Oliver Sinisterra.

Los familiares de las víctimas tienen derecho a recuperar los cuerpos. Y en este sentido, exigimos al Frente Oliver Sinisterra que ofrezca las facilidades para que la Cruz Roja Internacional actúe.

Adicionalmente, Reporteros Sin Fronteras, Fundamedios y la FLIP, instan a los gobiernos de Ecuador y Colombia para que creen las condiciones necesarias para dicha entrega.

La Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, reunida en pleno en Bogotá, condena el cobarde asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del grupo disidente Frente Oliver Sinisterra. Los tres trabajadores fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera de Colombia con Ecuador. En Colombia, desde 1993, con el caso de Danilo Alfonso Baquero, no se presentaba el homicidio de un periodista mientras estuviera privado de su libertad. En Ecuador es el primer caso de este tipo.

Los miembros de la Asamblea de la FLIP (periodistas, investigadores, analistas de los medios de comunicación) se solidarizan con los familiares de las víctimas y envían un mensaje de unión. Más allá de fronteras o formalismos, este es un ataque contra la libertad de prensa en Colombia.

Para la comunidad periodística en Colombia es una vergüenza que una organización armada ilegal, relacionada con Colombia, esté involucrada con este crimen atroz contra la prensa.

El Presidente ecuatoriano confirmó la muerte de los trabajadores de El Comercio en una rueda de prensa. La FLIP expresa su solidaridad con las familias y allegados de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y los acompaña en su dolor.

El presidente Moreno se refirió en sus declaraciones a la "repatriación" de los cuerpos. Esto demuestra, una vez más, que el manejo de la información por parte de ambos gobiernos ha sido precario. En un comienzo, las autoridades colombianas habían afirmado que los trabajadores de El Comercio estaban en territorio ecuatoriano. 

El asesinato es la forma de censura más extrema. Los integrantes del “Frente Oliver Sinisterra” actuaron en contra de todos los estándares internacionales humanitarios y de libertad de prensa.

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no lograron un trabajo conjunto y eficaz para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se acudió de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para que facilitaran la liberación.

Desde que se supo del secuestro, Fundamedios Ecuador, junto a otras 60 organizaciones (entre la que se encontraba la FLIP), insistieron a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenin Moreno que trabajaran en conjunto para lograr la liberación de los periodistas.  La gravedad de estos casos exige un actuar más responsable de los Estados en prevención, protección y sanción de los responsables.

El 12 de abril a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia e (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Esta tercera obligación sigue vigente y la FLIP exige a los gobiernos de ambos países que la cumplan sin mayor dilación y a la CIDH solicita que realice un seguimiento detallado de esta.

De igual modo, la FLIP exige a las autoridades colombianas y ecuatorianas trabajar con urgencia para lograr la pronta entrega de los cuerpos a sus familiares. La Fundación insta a los entes judiciales y órganos de control de los dos países a que agoten sus recursos investigativos para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen atroz, además de verificar si se realizaron operativos militares que hubiesen puesto en riesgo la vida de los tres trabajadores de El Comercio. Tras haber superado los años más atroces de violencia contra la prensa, es muy decepcionante que estos crímenes sigan sucediendo.

Firman

Asamblea de la Fundación para la Libertad de Prensa

La Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y La Federación Nacional de Medios Comunitarios (FEDEMEDIOS)

A las 9:30 de la mañana, RCN Noticias entregó a la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- un comunicado firmado por “Dirección Frente Oliver Sinisterra” con relación a la situación de los trabajadores de El Comercio secuestrados el 26 de marzo. Una vez recibido, la FLIP hizo entrega del documento al Ministerio de Defensa de Colombia. Fundamedios hizo entrega a la Secretaría de Comunicación y Ministerio del Interior de Ecuador. 

El comunicado recibido por la FLIP afirma que los tres trabajadores de El Comercio están muertos y pide generar condiciones humanitarias para la entrega de los cuerpos. 

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana el Ministerio de Defensa de Colombia se comunicó con la FLIP para decir que el gobierno “no ha hecho acciones ofensivas, solo actos de control de territorio”. El Ministerio no dio ninguna confirmación de autenticidad del comunicado. 

Una vez vencido el ultimátum dado por el Presidente Lenin Moreno, los gobiernos colombiano y ecuatoriano no han confirmado la autenticidad de las fotos filtradas el día de ayer. 

La FLIP, Fundamedios y Reporteros sin Fronteras rechazan cualquier acción ofensiva por parte de los gobiernos ecuatoriano y colombiano mientras se mantenga la incertidumbre.

_{Viernes, 13 April 2018 00:02}

Mientras haya incertidumbre, no proceden acciones militares

Fundamedios, FLIP.

Nueve horas después de que los gobiernos de Ecuador y Colombia conocieran tres fotografías explícitas, las declaraciones públicas de las autoridades de ambos países no son concluyentes sobre la situación del equipo periodístico ecuatoriano.

En una rueda de prensa concedida en Ecuador, el presidente Lenin Moreno anunció que daba un plazo de 12 horas para recibir pruebas de supervivencia del equipo de El Comercio secuestrado hace 18 días en la frontera colomboecuatoriana. Luego de ese plazo, anunció “acciones contundentes” contra el grupo ilegal.

Fundamedios y la FLIP advierten a las autoridades de ambos países que hasta que no se confirme que estas personas se encuentran sin vida, iniciar una acción militar va en contra de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En estas circunstancias, un plazo de 12 horas solo expresa incertidumbre y falta de control frente a la situación. Fundamedios y la FLIP lamentan que las autoridades de los dos gobiernos no puedan aportar pruebas contundentes sobre la situación y paradero de los periodistas.

_{Jueves, 12 April 2018 17:21}

FLIP exige al Gobierno pronunciarse sobre fotografías relacionadas con los periodistas ecuatorianos

Hacia la 1:30 pm. de hoy, 12 de abril, Noticias RCN conoció 3 delicadas fotografías de los tres trabajadores de El Comercio secuestrados por disidencias de las Farc y puso ese material en conocimiento de la FLIP. A las 3 de la tarde, la Fundación las entregó al gobierno colombiano. Por su parte, Fundamedios informó al Estado ecuatoriano sobre lo sucedido.

Una hora después de que la FLIP entregara las imágenes, el vicepresidente Óscar Naranjo respondió que se está dando trámite para hacer las verificaciones correspondientes y para establecer contacto con las autoridades ecuatorianas.

A las 5 de la tarde, RCN Noticias hace público su conocimiento de las fotografías. Antes de esto, Fundamedios había entregado el material a los familiares de los tres secuestrados.

Previamente, a las 10 de la mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los tres periodistas. Esta decisión ordena a los Estados ecuatoriano y colombiano a: (1) adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida de los tres periodistas, (2) garantizar que estos puedan desarrollar sus actividades periodísticas sin intimidación, amenazas u otros hechos de violencia y (3) informar sobre acciones adoptadas para investigar los hechos.

Según el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

La FLIP condena la actuación de los gobiernos de Ecuador y Colombia por su falta de diligencia en proteger la vida de los reporteros. Los gobiernos de Lenin Moreno y Juan Manuel Santos no han trabajado conjuntamente para conseguir la liberación oportuna de los tres trabajadores. Adicionalmente, no se ha acudido de manera eficiente a organizaciones internacionales humanitarias o a otros posibles mediadores -como la iglesia católica- para facilitar la liberación.

Debido a la gravedad del contenido de las imágenes y al clamor de las familias por conocer la verdad, la FLIP le exige al gobierno colombiano que se pronuncie sobre la veracidad de las mismas. En el mismo sentido, la FLIP enfatiza que los gobiernos ecuatoriano y colombiano deben actuar de forma más diligente, armónica y transparente. La gravedad de los hechos exige acciones más responsables.