Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.  

Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.

Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.

Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las reiteradas violaciones a la libertad de prensa de las que han sido víctimas periodistas que cubren el fútbol profesional colombiano. En lo que va corrido del año, la FLIP ha conocido ocho casos en los que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y el Club Atlético Bucaramanga han censurado a la prensa.

Atlético Bucaramanga, uno de los principales censores de la prensa deportiva

La FLIP tuvo conocimiento de que el Club Atlético Bucaramanga prohibió a los periodistas del programa radial El Combo de Charles, dirigido por el periodista Édgar Figueroa, el acceso a los eventos deportivos organizados por el equipo. En un comunicado publicado el 21 de junio en las redes sociales del Bucaramanga, las directivas del equipo declararon persona no grata a “Carlos Edgar Figueroa Mendoza y su equipo de trabajo por las reiteradas ofensas a la institución y las incitaciones a la violencia”. Además, señalaron que “se les restringe el ingreso a cualquiera de los eventos deportivos realizados por el Club Atlético Bucaramanga, incluyendo ruedas de prensa”.

Figueroa negó que hubiera incitado a la violencia y por el contrario, aseguró que esta decisión se produjo luego de que los periodistas de El Combo de Charles hicieran críticas a la administración y al rendimiento que había teniendo el club.

El caso del Combo de Charles no es único caso de violación a la libertad de prensa en el que se ha visto involucrado el Atlético Bucaramanga. El 23 de octubre, el club publicó un boletín en el que anunció a los medios de comunicación que se les permitiría el ingreso al entrenamiento de ese día. Sin embargo, el comunicado aclaraba “no pueden sacar imágenes donde aparezca el profesor Flabio Torres  por cuestiones que todos conocemos”. Flabio Torres se encuentra inhabilitado para dirigir desde la zona del juego al cuadro leopardo, debido a que el técnico dirigió al Deportivo Pasto en las tres primeras fechas de la Liga Águila 2018- II.

La Fundación se intentó comunicar con Fernando Rivera, jefe de prensa del equipo, para conocer las razones por las que el club tomó esta determinación, pero no hubo ninguna respuesta.

Dimayor: más casos de obstrucción

La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de noviembre el periodista John Jolmes Cardona de La Crónica del Quindío fue víctima de una obstrucción al trabajo periodístico. El reportero se encontraba cubriendo el partido entre el Deportes Quindío y el Deportivo Pereira e intentó tomar fotografías de un incidente que se presentó en una de las tribunas del estadio Centenario. Sin embargo, el periodista manifiesta que el comisario de campo de la Dimayor, Juan Guillermo Salgado, se le acercó y le dijo que no podía estar ahí, ni podía tomar fotos y que se tenía que retirar o le sería suspendida la acreditación.

Cardona, que tenía el chaleco que lo identificaba como periodista de La Crónica del Quindío, único medio impreso de la ciudad de Armenia, decidió retirarse sin tomar ninguna fotografía tras la presión e insistencia de Salgado.

Después de esto, el 9 de noviembre el periodista recibió un correo de la Dimayor diciéndole que le había sido “retirada la acreditación por ingresar al terreno de juego, violando de esta forma el protocolo de medios y falta de respeto ante un funcionario DIMAYOR”.

Frente a esto, el jefe de prensa de la Dimayor, Carlos Lajud, aseguró que el funcionario de la Dimayor le dijo al periodista que no podía entrar a la cancha pues, según el Protocolo para medios de comunicación acreditados de la Dimayor, los periodistas tienen acceso a la zona de juego, pero no al campo de juego. Sin embargo, el periodista manifiesta que, además de solicitarle que se retirará, el delegado intentó quitarle la cámara en varias ocasiones, exigiendo que borrara las fotografías que supuestamente había tomado.

Otro caso de censura en el que está involucrada la Dimayor se presentó el 22 de abril cuando la principal autoridad del Fútbol Profesional Colombiano le notificó a Caracol Radio que la credencial del periodista Luis Anaya había sido suspendida. Esta decisión se dio después de que el periodista publicara en sus redes sociales una fotografía en la que sostenía un cartel que decía: “Ya Cartagena se mamó: ¡No más Rendón! Hoy los hinchas entregan estos afiches en el estadio. @RealCartagena”.  En alusión a Rodrigo Rendón, presidente del equipo.

Otro periodista que ha visto vulnerados sus derechos por funcionarios de la Dimayor es Fredy Arango, fotógrafo del diario La Patria en Manizales, quien el 19 de marzo de 2018 cubría el partido entre el deportivo Once Caldas y Águilas de Rionegro, en el estadio Palogrande de Manizales. El encuentro se retrasó por las fuertes lluvias que obligaron a drenar la gramilla del estadio y el periodista Arango publicó fotos de este procedimiento en las redes sociales del periódico La Patria.

El comisario de la Dimayor que se encontraba en el estadio se acercó a Arango y le dijo que debía eliminar las fotos que había publicado argumentando, sin razón, que sólo estaba permitido tomar fotos del partido y que esto no incluye los demás situaciones que ocurran por fuera de este encuentro. El comisario, además, amenazó con quitarle la credencial si no borraba las fotografías.

Sobre este caso, el jefe de prensa de la Dimayor manifestó que el periodista tomó videos a la cancha y que esto no está permitido argumentando que el fútbol colombiano es un espectáculo privado y los derechos de “lo que ocurre en los escenarios deportivos” son de los canales licenciatarios.

Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por este tipo de decisiones de Dimayor, debido a que los derechos de transmisión de los partidos no pueden convertirse en una excusa para censurar a la prensa. Si bien es cierto que los reporteros deben respetar los derechos para la transmisión de los partidos, esto no significa que no puedan hacer cubrimiento de hechos de interés general que suceden en los escenarios deportivos.

Frente a lo anterior, la FLIP considera que las decisiones de retirar las acreditaciones de los periodistas resultan desproporcionadas. Es necesario recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-498 de 1994, que “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social”. Lo anterior, implica que existe un deber de garantizar acceso y transparencia para la ciudadanía. Es por eso que es problemático que se excluya del cubrimiento de todo lo que rodea al evento deportivo a un medio, pues se afecta la pluralidad de información y opinión que se debe garantizar toda sociedad democrática.

Teniendo en cuenta  lo anterior, la FLIP le hace un llamado a la Dimayor para que reconsidere las sanciones interpuestas a los periodistas y para que se generen protocolos que cumplan con los estándares internacionales de la libertad de prensa. La Dimayor, como máxima autoridad del Fútbol Profesional Colombiano, tiene la responsabilidad de garantizar el cubrimiento periodístico de los eventos deportivos, que son de alto interés público.

La FLIP considera necesario que existan garantías por parte de las directivas del club Atlético Bucaramanga, para que los medios de comunicación puedan informar sobre las gestiones de la institución. El estadio Alfonso López, en el que el Bucaramanga juega como local, es propiedad de la alcaldía y la seguridad en los estadios es responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, quienes juegan un rol de funcionarios públicos. Esta contribución del sector público acentúa la necesidad de cubrimiento y la veeduría que deben hacer los medios de comunicación frente las gestiones de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y su desempeño en los torneos.

De acuerdo a lo anterior, la FLIP le hace un llamado tanto a la Dimayor como a los clubes tomen las medidas necesarias para que, durante las instancias finales de la liga, se garantice el cubrimiento periodístico con el fin de que los ciudadanos puedan recibir información oportuna sobre los espectáculos deportivo.


Actualización

El periodista John Jolmes Cardona conoció este 15 de noviembre una carta en la que la Dimayor le anuncia al Deportes Quindío la decisión de suspender la acreditación del periodista por lo que queda de este año y no renovarla para el 2019. 

La FLIP rechaza esta decisión de la Dimayor pues considera que se trata de una sanción unilateral contra un periodista, fruto de un proceso en el que Cardona no fue escuchado. Además, la sanción impuesta es desproporcionada respecto a la conducta que supuestamente cometió el periodista.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP ha reportado los casos de amenaza ante la UNP. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.  

Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado

Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.

Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.

De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias. 

Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la obstrucción a la labor periodística de la que fueron víctimas los reporteros de seis medios de comunicación por parte del Ejército Nacional, la Defensa Civil y EPM durante la reubicación de los afectados por la emergencia en Hidroituango. Una de las periodistas recibió, además, intimidaciones por parte de los miembros de las oficinas de prensa de las entidades.

El lunes 4 de junio Paola Rojas, periodista de Noticias Uno, se acercó al albergue, ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Valdivia, donde se encuentran alojados los damnificados por la difícil situación que se vive en la región aledaña al proyecto Hidroituango. Cuando la periodista quiso entrevistarse con los afectados, miembros de la Defensa Civil y el Ejército le prohibieron el ingreso, argumentando que las personas que estaban allí no tenían permiso para hablar con la prensa por temas de seguridad.

Los damnificados alzaron su voz ante la prohibición de las autoridades y un oficial del Ejército le permitió al equipo de Noticias Uno entrevistar a las personas que se encontraban en el albergue a través de una reja. Luego de diez minutos de espera, los funcionarios del Ejército y la Defensa Civil permitieron el ingreso del equipo periodístico, pero restringieron las entrevistas con los damnificados: “EPM-Une da la orden de que ustedes pueden ingresar, me entrevistan a mí si quieren con mucho gusto, al Ejército, pero a ninguna de las personas”, aseguró la funcionaria de la Defensa Civil. Al respecto, Diego Salazar, gerente de comunicaciones de EMP, afirma que no tiene conocimiento de ninguna directriz por parte de la entidad para obstruir la labor periodística. Sin embargo, el funcionario asegura que continúan indagando en terreno sobre lo sucedido.

Luego de que el equipo de Noticias Uno terminó de hacer el cubrimiento de la situación que se vive en el albergue, la periodista recibió llamadas intimidatorias por parte de un funcionario de las oficinas de prensa del Ejército, EPM y de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En las tres comunicaciones, las entidades querían mostrar lo sucedido como un sabotaje por parte de la comunidad y presionaban a la reportera con frases como: “no queremos que luego te toque rectificar”.

Ese mismo día, cinco periodistas de la Asociación de Medios Comunitarios (AMA) intentaron ingresar a tres de los albergues de Valdivia, pero funcionarios de la Policía Nacional no lo permitieron. Según Bibiana Ramírez, una de las reporteras afectadas, el domingo 3 de junio el equipo periodístico de AMA le solicitó al Puesto de Mando Unificado (PMU) una autorización para ingresar a los albergues del municipio, pero no recibieron respuesta.

 

La FLIP expresa su preocupación por la obstrucción periodística de la que fueron víctimas estos periodistas y hace un llamado a las entidades implicadas -Ejército Nacional, EMP, Policía Nacional y la Defensa Civil- para que garanticen el cubrimiento periodístico de la situación de emergencia que se vive en Hidroituango. En situaciones de riesgo humanitario las entidades públicas deben generar condiciones favorables para el acceso a la prensa con el fin de mantener a la sociedad informada sobre sucesos de alto interés público.

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La FLIP registró cinco agresiones durante la jornada de votación para Congreso y consultas interpartidistas. De estas, cuatro fueron obstrucciones durante el cubrimiento y se presentó una amenaza. Las situaciones se dieron en Sucre, Risaralda, Caquetá y Bogotá.

En Sucre, un periodista de La Silla Caribe fue intimidado por seguidores de una candidata al Senado cuando registraba un posible caso de compra de votos. En Bogotá, Pereira y Caquetá, agentes de la Policía obstaculizaron el trabajo de los periodistas argumentando que no tenían autorización para registrar lo que estaba sucediendo en los puntos de votación. Además, ordenaron a dos periodistas la eliminación del material obtenido.

Sumado a lo anterior, la FLIP recibió denuncias de varios periodistas que no pudieron obtener información oficial en los puestos de votación. Los jurados y delegados de Registraduría argumentaron que existía una “orden” según la cual ellos no podían dar ninguna clase de información relacionada con la jornada.

A pesar de que en comparación con el 2014 disminuyó el número de agresiones durante la jornada de elecciones legislativas, el panorama sigue siendo preocupante. Las condiciones que impuso la Registraduría para el cubrimiento mediático son confusas. Los agentes argumentaron sus obstrucciones con normas que no hablan del cubrimiento mediático, como la “ley de garantías”, e inclusive apelaron a la obediencia ciega de los periodistas por ser ellos la “autoridad”.

Reglas a última hora

El pasado 5 de marzo, el Ministerio del Interior expidió el decreto 430 de 2018 por “el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones al Congreso de la República”. El artículo 11 dice que no se pueden usar “dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

La Fundación no ha encontrado información que aclare cuál es el protocolo por parte de la Registraduría para garantizar el cubrimiento mediático al proceso electoral. No son claros los criterios de acreditación ni los tiempos de respuesta.

En la página web de la Registraduría puede leerse que la Fuerza Pública no puede impedir el ingreso de los medios. “Para el ingreso a los puestos los periodistas no requieren acreditación o permiso especial por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los miembros de los medios de comunicación están autorizados para permanecer dentro de los puestos de votación con cámaras fotográficas o de vídeo con el fin de registrar todo lo que sucede durante el desarrollo de los comicios, siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados”, dice la publicación.

En resumen, no fueron claras las condiciones en las que los periodistas pueden realizar el cubrimiento al proceso electoral. La Registraduría y el Ministerio del Interior deben garantizar el libre ejercicio de la prensa en lugar de restringirlo con normas confusas.

La FLIP hace un llamado a la Registraduría para que en los próximos comicios sean claros los protocolos para el cubrimiento electoral. Estos deben estar de acuerdo con los estándares internacionales de libertad de prensa. En Colombia la Corte Constitucional ha aclarado que la calidad de periodista no depende de una credencial, un acta de grado o una tarjeta profesional.

Ampliación de los casos:

En Florencia, Caquetá, el periodista Camilo Muñoz fue víctima de intimidaciones y obstrucciones por parte de la Fuerza Pública. Según el relato del director del medio Letras Claras, él se encontraba en el punto de votación Barrios Unidos del Sur y un agente de policía no le permitió hacer cubrimiento en el lugar. Después de una discusión, el periodista se fue de ahí. Muñoz informó a la FLIP que el uniformado luego le reclamó a su esposa, quien era jurado de votación, por la denuncia que había hecho el periodista. Según Muñoz, en el momento del escrutinio tampoco lo dejaron ejercer su trabajo de reportería.

También en la mañana de ayer, Juan Pablo Pérez, periodista de la Silla Vacía, se encontraba haciendo el cubrimiento electoral en Sincelejo. Pérez notó una situación en la que parecía que un grupo de militantes de algún movimiento político estaban pagando a las personas por mostrar el certificado electoral. El reportero tomó fotos de  los hechos y dos hombres que participaban en la actividad lo increparon. Le exigieron eliminar las fotos y finalmente se dirigieron a la estación de policía. Allí, uno de los hombres le dijo que no podía andar tomando fotos porque “uno no sabe qué chirrete podría aparecer”.

En la estación, los agentes no registraron ninguna denuncia ni actuaron para proteger al periodista. El comandante de la Policía de Sincelejo dijo a la FLIP que la situación “no había llevado a ningún lugar” y que estaban a la espera de una denuncia formal.

En Bogotá, varios periodistas del medio universitario Plaza Capital se vieron obstaculizados en su ejercicio de reportería. Una de ellas, Camila Carrillo, estuvo en tres puestos de votación y en todos tuvo problemas para acceder a la información. En Las Margaritas, cerca al centro comercial Cedritos, después de insistir, un uniformado la dejó ingresar únicamente en compañía de una agente de policía que verificó qué fotos tomaba.

Luego, Carrillo se dirigió al punto de votación Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar, allí los uniformados tampoco le permitieron el ingreso y argumentaron erróneamente que se debía a la “ley de garantías”. Finalmente, en el Colegio Distrital Aquileo Parra dos agentes de policía le ordenaron borrar las fotos. La periodista no accedió y tuvo que irse del lugar.

Otra periodista de Plaza Capital, María Isabel Rodríguez, se encontraba en el punto de Bulevar Niza registrando la indignación de los votantes por la falta de tarjetones para la consulta interpartidista. Rodríguez habría grabado una entrevista y un agente de Policía la obligó a eliminar el video frente a él. El uniformado argumentó que “él era la autoridad y era él quien decidía”.

En Pereira, el equipo periodístico de El Tiempo fue retirado del punto Gimnasio Pereira. Un intendente de Policía pidió al fotógrafo acreditación del medio, sin embargo él trabaja como freelance. Cuando el periodista Fernando Umaña le explicó al oficial la situación, este insistió en que el fotógrafo no estaba autorizado para hacer registro en el lugar.

La FLIP solicita a la Policía Nacional a que capacite a los agentes que prestarán sus servicios en las próximas elecciones para que no violen los derechos de los periodistas. Es necesario que exista un diálogo directo entre la Registraduría y la Policía Nacional para evitar las obstrucciones injustas a la prensa.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las constantes restricciones y agresiones a la prensa por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en el cubrimiento de audiencias públicas.

En días pasados, algunos medios de comunicación denunciaron una agresión a la periodista de Caracol Televisión, María Camila Orozco. Estos informaron que un empresario insultó a la reportera y le golpeó la mano, tirándole el micrófono al suelo. Los hechos, que quedaron registrados en video, ocurrieron en los juzgados de Paloquemao el pasado 5 de octubre durante una audiencia en el caso de los Panamá Papers. 

En el proceso de documentación de esa agresión, la FLIP también tuvo conocimiento de una serie de intimidaciones por parte de funcionarios del CTI de la Fiscalía en contra de Orozco. La Juez del caso impidió el ingreso de cámaras de televisión a la sala. Cuando finalizó la diligencia, según relata la periodista, cerca de diez funcionarios del CTI la intimidaron y le ordenaron eliminar el material que había grabado con su celular. Además, le advirtieron que si no borraba los videos, no podía continuar en la sala. A pesar de haber eliminado parte del material que había registrado, fue obligada a salir del lugar.

Este escenario no es una excepción. El 15 de agosto, Yeison Rojas y Julieth Jiménez, periodistas de CM& y La Chiva de Urabá, respectivamente, fueron víctimas de una obstrucción por parte de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Apartadó, Antioquia. Ese día se llevó a cabo una audiencia por un escándalo de peculado, en el que están involucrados funcionarios y contratistas del ICBF. Un hombre que se identificó como funcionario del CTI prohibió el ingreso de la prensa y no permitió que los periodistas tomaran fotografías o grabaran videos afuera de los juzgados. Al sentirse respaldados por el CTI, los familiares de los acusados agredieron a los periodistas. Un familiar de una de las capturadas insultó a Jiménez y le tiró el celular al piso.

El 17 de junio, una Juez de control de garantías de Bogotá expulsó de la sala de audiencias a periodistas que cubrían un caso de corrupción en la administración de recursos de Montería. La Juez decidió hacer la audiencia a puerta cerrada como respuesta a la solicitud del fiscal, que argumentó el “alto impacto social” del caso, pues vincula a altos funcionarios públicos. Por estos hechos, la FLIP y la Asociación Colombiana de Medios de Información -AMI- (antes Andiarios) expresaron su preocupación

Para la FLIP, estas situaciones son preocupantes ya que restringen el ejercicio del periodismo. Las constantes obstrucciones de los funcionarios del CTI violan el derecho a acceder a la información. De acuerdo con la Ley 1712 de 2014, toda información en posesión, control o custodia de los servidores públicos es de carácter público y su acceso debe permitirse a todos los ciudadanos.

El carácter público de las audiencias implica que la comunidad, los medios de comunicación y los vinculados al proceso puedan tener acceso a ellas. La publicidad de los procesos es un principio que debe regir cualquier actuación y sólo por excepciones debidamente respaldadas por la Ley, puede limitarse.  Los medios de comunicación en las audiencias hacen seguimiento a la correcta administración de justicia y son una garantía al debido proceso.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura a que tomen medidas para reducir las cada vez más frecuentes restricciones a la prensa en audiencias públicas. El accionar de los funcionarios del CTI trasgrede la transparencia en los procesos judiciales. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– rechaza la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Chimichagua, Cesar, durante la visita del presidente Santos.

Este miércoles 5 de julio el presidente Santos llegó al departamento del Cesar para inaugurar el muelle flotante y parador turístico de la Ciénaga de Zapatosa y entregar 110 viviendas de interés social en Chimichagua. Periodistas de medios locales fueron discriminados y excluidos por parte de funcionarios de prensa de Presidencia cuando se dirigían a cubrir la entrega de las casas.

Varios periodistas de medios regionales asistieron al evento junto a la comitiva de comunicaciones de la Gobernación del Cesar. El equipo de comunicaciones de Presidencia les indicó que subieran al transporte asignado para prensa y así desplazarse al lugar donde se entregarían las viviendas. Sin embargo, después de unos minutos, hombres de seguridad y funcionarios de prensa los obligaron a bajar del vehículo argumentando que sólo podían estar en el bus los periodistas nacionales que viajaban desde Bogotá.

Los comunicadores que fueron excluidos son Enrique Camargo de Radio Guatapurí; Rosa Rosado de El País Vallenato; Ramón Meneses de Telecaribe y el equipo de prensa de la Gobernación. A raíz de esta situación, la FLIP conoció que este tipo de exclusiones son recurrentes por parte de agentes de la Fuerza Pública y funcionarios de Presidencia. Estos hechos desembocan en la discriminación al trabajo periodístico en las regiones y permiten que únicamente los medios nacionales accedan a información relevante para los municipios.

La FLIP expresa su preocupación por la recurrencia de estos casos. En el último año y medio se han registrado dos situaciones en las que los funcionarios de Presidencia han agredido a la prensa. El año pasado en Puerto Asís, el periodista Carlos Álvarez cubría la llegada de la primera dama Clemencia de Santos y cuando intentó tomarle fotos, una coronel de la guardia presidencial se lo impidió y le solicitó que borrara las imágenes que ya tenía.

El mismo año, durante la visita presidencial a Santa Marta, varios reporteros de medios locales fueron obstruidos en su labor por parte de escoltas y funcionarios de comunicaciones. A al menos diez periodistas regionales se les negó el ingreso a un almuerzo organizado por Presidencia en el Batallón José María Córdova mientras que los medios nacionales sí pudieron ingresar.  

La FLIP le solicita a la Presidencia de la República que garantice el cubrimiento periodístico de los medios de comunicación sin tratos discriminatorios en contra de los reporteros regionales. Se debe promover el pluralismo informativo para así fortalecer el debate público y la democracia. Es necesario garantizar a los periodistas locales un trato digno y las mismas oportunidades que tienen los periodistas de medios nacionales.

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La FLIP expresa su preocupación por la dificultad que actualmente presentan las emisoras en Chocó para obtener licencias que les permitan transmitir legalmente. Durante los últimos días, la comunidad de la región le viene haciendo un llamado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) para encontrar una solución.

Desde el lunes 8 de agosto, funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) estuvieron en Quibdó verificando que las emisoras del municipio contaran con su licencia de funcionamiento. Según reporteros de la región, al menos 5 emisoras de la capital chocoana no cuentan con esta autorización y sus gerentes se vieron obligados a apagar las frecuencias para evitar las multas y la incautación de equipos por parte de las autoridades.  

Durante los días que han estado fuera del aire estas emisoras, los ciudadanos de Quibdó se han estado informando a través de las radios comunitarias y, sobre todo, de las públicas, como la de la Policía y el Ejército. Reporteros de la región aseguran que esta problemática no es exclusiva de la capital chocoana, sino que afecta a todo el departamento.

Para la FLIP esta situación afecta gravemente la libertad de información en la región, pues cierra la posibilidad de que las audiencias tengan más medios que les permitan están bien informados y debilita la pluralidad de información y de opiniones que deben ser ideales en toda comunidad democrática.

La FLIP conoció que el próximo 17 de agosto se tiene programado un paro denominado Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó, con el que se busca rechazar la corrupción que afecta al departamento. Entre los puntos que se incluirán en la movilización está la petición de legalización y apertura de medios.

Hacemos un llamado al MinTic para que proponga alternativas que les permitan a las emisoras del Chocó obtener las licencias de funcionamiento, con el fin de enriquecer la oferta de medios en esta zona y evitar que los ciudadanos queden supeditados a la información de las emisoras institucionales del Ejército y la Policía.

 
 
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Terminó el paro de camioneros y el balance en términos de libertad de prensa no es bueno. La violencia y la censura contra periodistas no se deben repetir en futuras movilizaciones sociales. El director de la FLIP la escribe esta carta abierta a la Asociación Colombiana de Camioneros. 

Bogotá, 22 de julio de 2016

Directores y miembros de la Asociación Colombiana de Camioneros

La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– es una organización de la sociedad civil que desde hace 20 años tiene como misión la promoción de la libertad de expresión en Colombia, así como la defensa del derecho a informar y a opinar de los periodistas.  Dentro de esta labor, la FLIP tuvo conocimiento de algunas agresiones contra la prensa que se presentaron durante los 45 días del paro de transportadores en diferentes regiones del país. En esos días, la Fundación documentó 6 agresiones por parte de los manifestantes que afectaron a ocho periodistas.

El jueves 7 de julio, dos periodistas de Manizales, Yesid López y Albeiro Giraldo, fueron agredidos durante las protestas que se realizaron en la ciudad. Cuando los manifestantes se encontraban en la Plaza de Bolívar haciendo sonar la bocina de sus vehículos, López se acercó a uno de ellos para indagar por qué lo hacían. El conductor respondió enfurecido, trató al periodista de guerrillero e incitó a sus compañeros para que lo golpearan.

Giraldo, que es camarógrafo corresponsal de CM& en Manizales, se acercó para proteger a López y registrar con su cámara las agresiones. En ese momento los manifestantes atacaron por la espalda, le dañaron su equipo de trabajo y lo empujaron hacia el tumulto donde estaban agrediendo a López. Habitantes del sector ayudaron a los dos reporteros y los mantuvieron a salvo en uno de los establecimientos comerciales del sector.

El 12 de julio, Javier Jules, periodista de RCN Radio, se encontraba frente al Ministerio de Transporte en la ciudad de Bogotá. Cuando vio las pancartas de los manifestantes se acercó para entrevistar al gremio de transportadores, quienes se negaron a dar declaraciones y le lanzaron cascaras de fruta. Minutos después llegó el conductor de la emisora en el vehículo con los logos del medio de comunicación y también le arrojaron residuos de alimentos.

Uno de los departamentos donde se presentaron mayores obstrucciones al trabajo periodístico fue Boyacá. De la región conocimos reportes que sobre la vía que comunica a los municipios de Sogamoso y Tunja se presentaron intentos de hurto de equipos, agresiones, tanto físicas como verbales; y maltrato hacia medios de comunicación nacionales, en especial Caracol y RCN.

El 15 de julio los periodistas María Camila Orozco del noticiero CM& y Juan Jacobo Castellanos de Caracol Noticias, se trasladaron a Duitama para cubrir el funeral de Luis Orlando Saiz, asesinado el 12 de julio por el Esmad durante una manifestación. Cuando los reporteros llegaron al lugar, varios transportadores los insultaron y los obligaron a irse. Por la difícil situación de orden público, los periodistas abandonaron el municipio con la protección del ejército.

Dos hechos más se presentaron el 20 de julio contra periodistas de Caracol Radio. Andrea Cardona, corresponsal de la emisora en Manizales, hizo el cubrimiento de la marcha de ese día en la ciudad. Cuando llegó al lugar de los hechos, notó que los manifestantes le lanzaron objetos a una camioneta y ella se acercó a entrevistar al conductor del vehículo, pero uno de los miembros de la protesta la obstruyó e intentó arrebatarle su grabadora.

Ese mismo día, Alexei Castaño, periodista de la misma cadena radial en Bogotá, fue agredido por un sector de los manifestantes. Cuando el reportero se encontraba haciendo cubrimiento de las protestas, recibió agresiones físicas y luego fue rodeado por varias personas que lo obligaron a eliminar el material periodístico obtenido durante el desarrollo de su actividad.

Desde la FLIP expresamos nuestra preocupación por todos estos hechos ocurridos durante las manifestaciones del paro de camioneros que ustedes, como dirigentes gremiales, lideraron y mantuvieron adelante. En el mismo sentido, les recordamos a los miembros del gremio transportador que retirar a un periodista del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia y por los tratados internacionales de derechos humanos.

En este sentido, esperamos que la Asociación Colombiana de Camioneros se comprometa a garantizar el derecho a la libertad de prensa y el libre ejercicio de los periodistas en las protestas y manifestaciones futuras, y sobre todo en sus actividades cotidianas.

Es importante resaltar que las manifestaciones sociales y la protesta, si bien son una garantía de la libertad de expresión y del reclamo público de otros derechos, también se tratan de situaciones que despiertan un interés general de la sociedad colombiana y por lo tanto deben respetar el derecho del resto de la sociedad a estar informada. Por esta razón, el respeto por el derecho a la protesta social implica también que, quienes hacen uso de éste, garanticen la no interferencia de otras libertades como el desarrollo de la actividad periodística. 

 

Atentamente,

 

PEDRO VACA VILLARREAL

Director Ejecutivo

Fundación para La Libertad de Prensa

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La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – rechaza los ataques físicos y verbales que han sucedido contra varios periodistas durante las manifestaciones del paro agrario en diferentes regiones del país.

El martes 31 de mayo Oswaldo Pérez, editor de fotografía del diario El País, viajó hacia La Agustina, Cauca para cubrir las manifestaciones de la minga indígena. Cuando se encontraba en el lugar de los hechos, algunos manifestantes le impidieron al periodista tomar fotos y lo rociaron con gasolina. Además, el vehículo en el que se transportaba fue apedreado.

Otros tres hechos se presentaron en el occidente de Caldas, Norte de Cauca y en el occidente de Valle del Cauca. En estas regiones los periodistas de diferentes medios de comunicación recibieron agresiones verbales en medio del cubrimiento, se les impidió tomar fotos y realizar entrevistas.

La FLIP expresa su preocupación por los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones y espera que se garantice el derecho a la libertad de prensa en las jornadas de los próximos días. Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013 “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.”

En 2013 la FLIP registró, en un periodo de 75 días, 44 agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones. La Fundación le hizo un llamado a la Fuerza Pública, responsable del 75% de los ataques, para que brindara las garantías necesarias para el desarrollo del oficio.

En el mismo sentido, la FLIP le recuerda a los manifestantes que el retiro del escenario noticioso, el decomiso de equipos y la obstrucción al cubrimiento periodístico constituyen hechos graves de censura previa, prohibida por la constitución política de Colombia. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones sociales representan expresiones de alto interés público sobre las cuales la sociedad necesita estar informada.

La FLIP reconoce la pronta reacción de organizaciones como el Cric y la Onic, quienes rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los reporteros y asumieron el compromiso de no repetición. Sin embargo, considera problemático que se continúen exigiendo credenciales de prensa para hacer cubrimiento. Si bien es razonable sugerir que los periodistas estén identificados, esta no puede ser una condición ni un criterio de exclusión para obstruir el trabajo periodístico.

La FLIP recomienda que durante el cubrimiento de las manifestaciones, los periodistas usen vestimenta que los diferencie de la fuerza pública, respeten los cordones de seguridad dispuestos por las autoridades y procuren mantenerse como observadores de la protesta.  

 

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