Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • La periodista Silvia Duzán fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander.
  • La Fiscalía reconoció que este crimen hizo parte de un ataque sistemático de grupos paramilitares.
  • Esta declaratoría debe estar acompañada de los esfuerzos de la Fiscalía para investigar el crimen.

 

El 24 de febrero de 2020, la Fiscalía 40 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio de la periodista Silvia Margarita Duzán y de tres integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), ocurrido el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra, Santander. 

Silvia Margarita Duzán fue asesinada mientras realizaba un documental para el Canal 4 de Londres, en el que se visibilizaba a la ATCC como una iniciativa de paz surgida en el Magdalena Medio.

La decisión adoptada por la Fiscalía se dio tras las solicitudes elevadas por la Comisión Colombiana de Juristas y la FLIP. En la misma, se reconoce que el homicidio de Silvia Margarita Duzán y de los tres integrantes de la ATCC, se dió en el marco de un ataque generalizado y sistemático por parte de miembros de grupos paramilitares contra la población civil. 

La Fiscalía reconoció que el homicidio de Duzán generó un grave impacto para el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia, pues de acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el asesinato de periodistas es la forma de censura más extrema, que no solo vulnera la libertad de expresión de la persona afectada, sino que además genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en los demás periodistas y viola el derecho de la sociedad a buscar y recibir información.  

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, ya que esta declaratoria tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos.

Sin embargo, esta decisión resulta tardía, pues se adoptó a tan solo dos días de que se cumplan treinta años de la ocurrencia de estos hechos, sin que se presenten avances significativos en la investigación y judicialización de los responsables. 

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que adelante una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre superar el escenario de impunidad que por treinta años ha prevalecido en este crimen. 

 

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El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

Luego de veinte años de investigación, la Fiscalía General de la Nación no ha identificado y llevado a la justicia a toda la cadena criminal que participó en el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres. Pocos días después de iniciar la investigación, se capturó a Jorge Eliécer Espinel Velásquez, alias “El Parce”, y Rodolfo Nelson Rosado, alias “El Pichi”, autores materiales de los hechos, a quienes se les condenó a 472 meses de prisión. 

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación sigue una línea de investigación a partir de las declaraciones del paramilitar Luciano Rojas Serrano, alias “Alex”, quien dice haber sido el encargado de contratar a los sicarios que acabaron con la vida de Guzmán Quintero Torres, por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Rojas Serrano aceptó los cargos por homicidio del periodista Quintero Torres y se está a la espera de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar dicte la sentencia. 

El 12 de septiembre de 2019, faltando tres días para que el asesinato prescribiera, la Fiscalía 77 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres, reconociendo que el mismo se dió en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia. 

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, debido a que la misma tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos. No obstante, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre sancionar a los responsables.

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El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Por un lado, en el proceso que se adelanta contra Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'J.J.') y Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevo de Pizca'), se llevó a cabo la lectura de alegatos de conclusión en donde las partes del proceso recogieron sus argumentos con el fin de exponer al juez por qué debe condenarlos o absolverlos.

En su intervención, la Flip solicitó al juez que condenara a los acusados teniendo en cuenta que la agresión a Jineth Bedoya Lima se enmarca en un escenario de agresiones a la prensa y a las mujeres por parte de estructuras paramilitares. La Fiscalía y el Procurador del caso igualmente solicitaron que tanto ‘J.J.’ como ‘Huevo de Pizca’ fueran condenados. Las partes quedaron a la espera la decisión del juez.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la sentencia de primera instancia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, mediante la cual ordenó la exclusión de Alejandro Cárdenas y Mario Jaimes Mejía (Alias 'Panadero') de Justicia y Paz. Con esta decisión, tanto ‘J.J.’ como el ‘Panadero’ pierden el beneficio de una pena alternativa y deberán cumplir penas ordinarias en caso de que sean condenados en los múltiples procesos que se adelantan en su contra.

La Flip reconoce estas actuaciones como un avance en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas y exhorta a las autoridades judiciales para que continúen su labor en la búsqueda de verdad y justicia para Jineth Bedoya. Sin embargo, la Flip no desconoce que los 17 años que han transcurridos sin justicia efectiva se han constituido en una nueva forma de revictimización para Bedoya.

Por ello, la Fundación reafirma su compromiso sobre este caso e insiste en la necesidad de avanzar en el proceso con celeridad y diligencia de tal forma que se logre garantizar la verdad y la justicia.

Con lo anterior, se sentaría un importante precedente no sólo para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, sino también para todas aquellas periodistas que han experimentado la crueldad de la guerra como consecuencia de su compromiso con contar la verdad.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado allí por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

En marzo de este año, la periodista fue revictimizada al ser llamada una vez más a contar lo ocurrido en mayo de 2000.

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El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil. 

La Fiscalía determinó que “en atención al carácter inalienable de los derechos violados, la gravedad de los hechos, el derecho de las víctimas y la obligación de investigar y juzgar a los presuntos responsables por parte del Estado, este despacho declarará la imprescriptibilidad de la acción penal”.

El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrió el 13 de agosto de 1999. La investigación por estos hechos ha tenido varias dilaciones y montajes para evitar sancionar a los responsables, que involucra a altos funcionarios públicos como  José Miguel Narváez (exsubdirector del DAS) y el Coronel (r) Plazas Acevedo. La FLIP, junto con los familiares del periodista y otras organizaciones, venía solicitando desde tiempo atrás esta declaratoria debido al carácter sistemático de la violencia que sufrieron Garzón, otros periodistas y defensores de derechos humanos para la época.

La Fiscalía concluyó que el asesinato de Jaime Garzón Forero obedeció a que “fue considerado en los informes de inteligencia del Ejército una persona que por sus labores humanitarias a favor de la paz con los grupos insurgentes, estaría favoreciendo dichos grupos”. Razón por la que fue declarado objetivo militar.

Por su parte, Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores y periodistas del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 a raíz de sus trabajos sobre investigación social en el Urabá antioqueño y en el páramo de Sumapaz.  En la investigación por estos hechos se encuentra vinculado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Según la Fiscalía, los asesinatos de estos tres periodistas, y el de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y  Eduardo Umaña, coincidían en que “todos denunciaron amenazas y seguimientos; los perpetradores fueron los sicarios de la temida banda La Terraza de Medellín; la orden siempre vino de Carlos Castaño, pero con anuencia de agentes del Estado”. Además afirmó que las investigaciones judiciales se desviaron y fueron “ejecuciones extrajudiciales”.

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria se acompañe con investigaciones y juicios más efectivos. Solo así se lograrán avances significativos, los cuales puedan llevar a la sanción de todas las personas responsables. Igualmente, teniendo en cuenta que esta declaración de lesa humanidad hace que estos delitos no puedan prescribir, la FLIP solicita que esto no se convierta en un incentivo para que estas investigaciones se dilaten aún más en el tiempo sin resultados y sin consecuencias. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – considera positiva la condena proferida por el Consejo de Estado en contra de la Nación por el crimen de Jaime Garzón. Además hace un llamado a las autoridades judiciales para que incorpore las consideraciones de este fallo dentro de los procesos que se siguen en contra los exfuncionarios presuntamente responsables del crimen.

El miércoles 14 septiembre el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía y al antiguo DAS como autores determinantes en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el alto tribunal reconoció el homicidio como un crimen de lesa humanidad.

Según el fallo proferido por la entidad judicial, el coronel del Ejército en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, son responsables de los seguimientos ilegales en contra de Garzón. Se les atribuye, también, la responsabilidad de compartir con Carlos Castaño la información recogida durante esos operativos ilícitos.

Por estos hechos, el alto tribunal determinó que el Estado era responsable por la permisividad frente a los vínculos existentes entre fuerzas estatales y los grupos armados al margen de la ley. Consideró, además, que el asesinato se cometió con fines terroristas y que fue una vulneración grave a los derechos humanos, especialmente por la indefensión en la que se encontraba el periodista para el momento del crimen.

En cuanto a la reparación, el Consejo ordenó que el Estado debe pagar casi 700 millones de pesos, equivalentes a 200 SMLMV, a la familia del periodista. El comandante general del Ejército y el director general de la Policía deberán presentar excusas públicas a los familiares de la víctima y citar con anticipación a los medios de comunicación para el cubrimiento del suceso. Este acto solemne debe realizarse dentro de los siguientes dos meses a la ejecución del fallo.   

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá crear un link, que tendrá que estar disponible en la web durante al menos seis meses, para que los ciudadanos puedan consultar la decisión del Consejo de Estado. Se enviará, también, una copia de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica para contribuir con este caso a la construcción de la memoria sobre los crímenes ocurridos contra la prensa en medio del conflicto armado interno.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que asuma su tarea de individualizar y castigar a todos los funcionarios que pudieron haber participado del crimen desde el interior de las instituciones públicas mencionadas en el fallo.

Hasta la fecha ningún funcionario o exfuncionario ha sido condenado por el asesinato de Garzón. La única sentencia existente que vincula a algún autor determinante se profirió en 2004 en contra de Carlos Castaño, sin embargo, para esa fecha el jefe paramilitar ya había desaparecido. 

 
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